En su edición 71, del 19 de marzo de 2006, Proceso Jalisco dio a conocer la declaración ministerial de Ignacio Flores Ruiz, amigo de la infancia del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el sentido de que 18 días antes de su asesinato se le hizo llegar un ultimátum a través del gobernador Carlos Rivera Aceves.
Presuntamente, el prelado poseía información sobre los vínculos de políticos de alto nivel con los cárteles de la droga y redes de prostitución.
Flores Ruiz narra que tres semanas antes de su muerte, el arzobispo tapatío asistió a una reunión en Los Pinos en la cual le “hicieron proposiciones indecorosas” –el declarante cita las palabras de Posadas– para que no interfiriera el trasiego “de prostitución y otras cosas” específicamente en el corredor Tijuana-Guadalajara, pues tenían noticias de que el religioso estaba dispuesto a hacer público el asunto.
Posteriormente se supo que en ese encuentro participaron el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, su asesor José Córdoba Montoya, Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio. También, a invitación expresa de Camacho, asistió el obispo de Nezahualcóyotl, José María Hernández González, de acuerdo con la declaración que éste rindió el 14 de abril de 1999 ante el grupo interinstitucional que reinvestigó el caso como resultado de las presiones del Arzobispado de Guadalajara y del gobierno jalisciense ante el gobierno federal.
Por otro lado, se informó que también asistió el delegado apostólico Girolamo Prigione, actualmente retirado en el norte de Italia.
Fernando Guzmán Pérez Peláez, que era diputado federal del PAN y quien representó al gobierno de Jalisco y al cardenal Juan Sandoval Íñiguez en el grupo interinstitucional, sostuvo su inicial afirmación de que la matanza del aeropuerto fue un crimen de Estado.
El testimonio de Flores Ruiz, del cual este semanario posee copia, está fechado el 14 de diciembre de 2001 en Celaya, Guanajuato, y fue rendido ante el agente especial del Ministerio Público federal Francisco de Jesús Díaz Macedo y los testigos de asistencia: el licenciado José Antonio Ortega Sánchez y el propio Pérez Peláez. Ahí Flores Ruiz dice que la tarde del 6 de mayo de 1993 Posadas Ocampo le confesó:
Oye Nacho, fíjate que hace algunos días me citaron en Los Pinos y me hicieron proposiciones indecorosas en el sentido de que no me metiera en el corredor Tijuana-Guadalajara de prostitución y otras cosas; a cambio me daban todo lo que yo quisiera para mi ministerio y como para mí sentí una ofensa tremenda, me levanté intempestivamente y me retiré de esa reunión. Iba a abrir la puerta para salirme de ese recinto cuando me alcanzó José Córdoba Montoya; casi me quería cachetear porque se sentía muy ofendido de mi actuación. Cogió la puerta y me la aventó detrás de mí y gracias a Dios no me golpeó (…) Estoy muy preocupado y quiero hacerte una pregunta: ¿has sentido odio por alguna o por algunas personas? Y si lo has sentido, ¿cómo es? Explícame, ¿cómo se siente?
Antes, Flores Ruiz había expresado que desde temprana edad tuvo con Posadas una amistad, “franca, directa y sin protocolos”, y cuando el religioso tenía un problema o estaba tenso, “al bromear con el de la voz, le servía de alivio, de esparcimiento”. Añade que el 5 de mayo de 1993, fecha de descanso, se comunicó con el prelado y éste le dijo:
Nacho, te espero a cenar y el de la voz le contestó: “Cómo quieres que esté en la cena, si estoy en Celaya. Entonces el cardenal le respondió: “Te espero a desayunar mañana en la mañana”.
Al día siguiente, acompañado de su esposa, Flores Ruiz salió muy temprano de Celaya. Al llegar a su casa en Tlaquepaque, como a las 10 de la mañana del 6 de mayo, encontró al cardenal en la alberca, haciendo terapia de natación porque tenía un pie lastimado. Posadas lo invitó a nadar, pero como Flores no iba preparado le dijo que se fuera a desayunar, que él ya se había tomado un refrigerio porque tenía una cita para comer con el gobernador Rivera Aceves.
Después de que Flores Ruiz y su esposa desayunaron, pasaron a la capilla, donde el cardenal celebró una misa con la pareja, tres monjas y el chofer. Luego les comentó que volvería como a las cuatro y media de la tarde y que entonces platicarían.
El emitente, con la confianza que le tenía al señor cardenal, le comentó: “Ahí vas de barbero”. Que cuando regresó lo vio muy cansado por lo que le dijo que mejor fuera a descansar un rato y que luego platicarían, cosa que hicieron después de las 18:30 horas, tras tomarse ambos una copa de whisky que el mismo Flores Ruiz le había obsequiado.
El declarante vio muy preocupado a su amigo y pensó “que algo muy grande traía dentro”. En efecto: …se derivaba de una amenaza o ultimátum por medio del gobernador de Jalisco al señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; que esto lo refiere ya que el cardenal le confió lo antes mencionado.
Flores confiesa que le duele “no haber sabido interpretar” lo que el arzobispo le confió aquel día.
Según Guzmán Pérez Peláez, después de hacer esa declaración, el señor Flores Ruiz fue amenazado y presionado para que la cambiara, aunque ya le había ofrecido una versión igual en Guadalajara a los agentes del entonces fiscal para el caso, Pablo Chapa Bezanilla.
Información mortal
A decir de Guzmán Pérez Peláez, el cardenal arzobispo de Guadalajara recibió por diferentes medios no sólo información, sino documentos que comprometían a destacados funcionarios con los cárteles de la droga. Antes del asesinato de Posadas, sujetos vestidos de negro asaltaron su residencia en Tlaquepaque y trataron de sustraer esos papeles, pero fracasaron.
“Los indicios que hay, a nivel indiciario, en el expediente, son la posible información que llegó al cardenal de la vinculación de los cárteles de la droga con políticos del sistema político mexicano de alto rango, y ahí está la declaración de este hombre de Celaya días antes del crimen y que fue amenazado para que guardara silencio respecto de la operación de prostitución y narcotráfico. Entonces, ahí hay un móvil”, afirmaba el entonces diputado Fernando Guzmán.
Decía que primero se atribuyó la muerte del prelado al fuego cruzado entre dos bandas y luego a que los pistoleros lo confundieron con Joaquín El Chapo Guzmán. Pero esto es inexplicable para él:
“Si no tenían nada en común; todo lo contrario. Después terminó siendo una confusión por inercia. Nosotros, como gobierno de Jalisco dijimos: ‘Aquí hay un crimen directo, en donde fueron citadas, fueron convocadas la banda del El Chapo y la banda de los Arellano Félix, y un tercer grupo fue el que ejecutó al cardenal de 14 disparos directísimos”, como lo afirmó el forense Mario Rivas Souza. ¿Cuál fuego cruzado? ¿Cuál confusión? Fue un crimen deliberado y directo. Un crimen de Estado.”
Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia aparecieron nuevos elementos, como las declaraciones de José Luis Thrión, un agente que trabajó para la Secretaría de Gobernación con Gutiérrez Barrios y relacionado con la intervención de los teléfonos del cardenal Posadas.
Asimismo rindió su testimonio Enrique Harari, jefe de la Policía Federal de Caminos, quien estuvo presente en el aeropuerto en el momento del crimen y reportó al subprocurador José Luis Ramos Rivera lo que acontecía. Esto provocó que el Congreso de Jalisco solicitara al procurador Rafael Macedo de la Concha que se reabriera el caso, y a decir de Guzmán Pérez Peláez entonces “es cuando se obtienen muchos adelantos”.
Recuerda: “Topamos después con la bitácora de los vuelos ordenados por Jorge Carpizo que salieron del DF a investigar un crimen antes de que sucediera. Uno de los vuelos llegó una hora antes del crimen. Estuvo en el aeropuerto media hora y media hora antes del crimen regresó a la Ciudad de México. Se presentaron denuncias por presuntas irregularidades y pérdida de documentos de parte de Carpizo. Eran varias irregularidades manifiestas de él: desde la pérdida de evidencias, fojas que faltaban…”.
Esto se sumaría a “lo que se hizo público el 23 de diciembre de 1993: van los Arellano a la Nunciatura Apostólica, Prigione va a Los Pinos para informar que ahí estaban y Carpizo no ordena su detención; y después afirmaría: ‘Yo tomé la decisión de no detener a los Arellano y se lo planteé al presidente’. Esa es la confesión de un delito porque él tenía la obligación de mandarlos detener; había dos órdenes de aprehensión, pero el presidente avaló”, critica el panista.
El reportaje publicado en el número 71 de este suplemento señala que el 24 de mayo de 2006, al cumplirse 13 años del crimen, no había sentenciado alguno porque la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado anuló las sentencias de al menos ocho pistoleros que participaron en la balacera, ya que los magistrados Luis Arturo Díaz Cedeño, Ramón Soltero Guzmán (ponente) y Tomás Aguilar Robles, encontraron serias anomalías en el proceso.
En entrevista de aquella fecha, el magistrado ponente Soltero Guzmán señaló que, si bien no se encontraron errores en las sentencias del 6 de mayo de 2004 dictadas por el Juzgado Cuarto de lo Penal, sí los hubo en el procedimiento (expediente 20/2001-D), sobre todo porque los detenidos presentaron su declaración preparatoria en el Juzgado 12 en Materia Penal, supuestamente asistidos por el mismo defensor, que no podía estar en dos lugares a la misma hora.
Otra anomalía: el expediente se integró sin las declaraciones originales de los inculpados y con fotocopias, además de que algunos de los sentenciados –hasta con 40 años de cárcel–, no firmaron ni se les concedieron los careos que pedían sus defensores.
Los detenidos eran Edgar Eduardo Mariscal Rábago, El Negro; Manuel Alberto Rodríguez Rivera, El Tahúr; Juan Enrique Vazcones Hernández, El Puma; Álvaro Osorio Osuna, El Anual; Ulises Murillo Mariscal, El Lich; Rodrigo Villegas Bon, El Roque; Santiago Nieblas, El Chapito y José Antonio Malcom, El Tiroloco. A todos ellos se les someterá a un proceso y se les interrogará prácticamente desde el principio, salvo la declaración preparatoria.
De esta forma, “el expediente del caso Posadas Ocampo es, ni duda cabe, el mayor monumento a la impunidad en la historia judicial de México, luego de que ni uno solo de los autores materiales detenidos está sentenciado”, declaró Guzmán Pérez Peláez.
