En los concursos y licitaciones gubernamentales no hay lugar para la honestidad; hay que entrarle a la corrupción, asegura el representante de una empresa que, afirma, fue dejada fuera de una licitación de la Conade con el fin de beneficiar a un compañía en específico. Otros empresarios sostienen que en esa dependencia los concursos están amañados para favorecer a quienes están dispuestos a ofrecer 10% del monto de los contratos. Entonces acudieron al Órgano Interno de Control para denunciar estas irregularidades y confirmar si de verdad el titular de la Conade, Jesús Mena, está comprometido con la legalidad y la transparencia.
Las empresas Procesadora y Distribuidora Los Chaneques S.A. de C.V., y Pigudi S.A. de C.V., presentaron una inconformidad ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en contra del fallo de la licitación pública nacional mixta número LA-011L6I001-N6-2013, pues aseguran que con argumentos falsos funcionarios del organismo desecharon su propuesta y declararon desierto el concurso para obtener un contrato de provisión de alimentos.
El 17 de abril último, los representantes legales de ambas empresas, Huber Solorio y Gustavo Rodríguez, solicitaron al OIC la nulidad de la licitación y que se reponga el fallo para contratar el servicio de alimentación para deportistas, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y eventos organizados por la Conade para el ejercicio 2013. Además, exigen que se investigue a los funcionarios participantes en la licitación por la “probable falta de cumplimiento de sus obligaciones” dispuestas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Se trata de un contrato por ocho meses y medio en el que la empresa ganadora se hará cargo de los comedores de las instalaciones deportivas de Villas Tlalpan, Centro Paralímpico Mexicano y Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), por un mínimo de 12 millones de pesos y un máximo de 30 millones de pesos.
Los participantes alegan que la licitación estuvo amañada desde el principio, toda vez que en la misma convocatoria la Conade solicitó requisitos “absurdos” que favorecían a la compañía Productos Serel S.A. de C.V. Sin embargo, como el representante de ésta llegó tarde a la visita que se realizó en las instalaciones el 15 de marzo, quedó descalificada.
Las dos empresas que llegaron hasta el final de la licitación fueron Ituarte en Banquetes, S.A. de C.V. –actual proveedor de los comedores de la Conade gracias a que en septiembre de 2010 ganó otro concurso dirigido desde la oficina de Bernardo de la Garza (Proceso 1766)– y la propuesta que en conjunto presentaron Los Chaneques y Pigudi.
El representante legal de Pigudi, Gustavo Rodríguez, indica que cuando los funcionarios de la Conade se percataron de que la propuesta conjunta cumplía con las bases de licitación, se “sacaron de la manga” tres mentiras para desechar su propuesta: 1) que Chaneques no entregó la documentación completa; 2) que los documentos entregados por Pigudi no tenían la firma del representante común, Huber Solorio, y 3) que el laboratorio donde realizaron los estudios médicos a sus empleados no está “facultado” por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para realizar análisis de biometría hemática y química sanguínea.
“Cumplimos con todos los requisitos, presentamos el precio más bajo y aun así nos descalificaron por cuestiones muy burdas, corruptas e indignantes. Por estas anomalías estamos denunciando. No queremos que los funcionarios corruptos oculten esto. Queremos demostrar a la opinión pública que en la Conade hay una corrupción que viene de años. Al que le toca investigar y pedir explicaciones sobre este asunto que está muy viciado es al titular de la Conade, Jesús Mena”, fustiga Rodríguez.
Triquiñuelas
El pasado 9 de abril la Conade presentó su dictamen, pero en éste no explicó por qué desechó la propuesta conjunta Chaneques-Pigudi; tan sólo aludió a un artículo de la Ley de Adquisiciones, sin precisar de cuál se trataba.
En el documento puede leerse lo siguiente: “Se desecha su propuesta en virtud (de) que los escritos solicitados en el anexo técnico de la convocatoria correspondientes a los numerales 5.4, 5.5 y 5.6 fueron presentados únicamente por la empresa Pigudi y no vienen firmados por el representante común, así como (con base en) el artículo fracción VIII (sic) del reglamento de la ley”.
Indignado, Rodríguez acusa: “Cuando Alfonso Ramírez Carbajal (subdirector de Proveeduría) estaba leyendo el fallo le pregunté cuál era el artículo en el que fundamentan la descalificación y me contestó: ‘cállate y por respeto déjame leer’. Cuando terminó le insistí y tanto él como Jorge Humberto Hernández Anaya se levantaron y se fueron sin haber fundamentado bien el fallo; por si fuera poco me mandaron a un policía para que me fuera”.
Es falso, asegura Solorio, que la documentación de Chaneques estuviera incompleta. Presenta como prueba el acta con un sello de recibido de la Conade correspondiente al 2 de abril, en la que se enumeran y describen cada uno de los 35 documentos de los requisitos que la empresa presentó “en tiempo y forma”. Todos están palomeados. Añade que los documentos del expediente de su propuesta están foliados de manera progresiva. De acuerdo con el fallo de la Conade, faltan alrededor de 10 hojas.
“Es imposible que no se hayan dado cuenta que faltaban esos documentos, en caso de que no los hubiéramos presentado. No sabemos si extraviaron las hojas, las sustrajeron o qué hicieron con ellas. ¿Cómo aceptaron nuestra propuesta si faltaban esas hojas?”, alega.
Los representantes de las empresas Chaneques y Pigudi resaltan que el artículo 50 del reglamento de la Ley de Adquisiciones establece que es suficiente la firma en la última hoja de la propuesta. Por ello, los funcionarios de la Conade que la desecharon actuaron indebidamente porque ésta tenía todas las hojas rubricadas y en la última aparece la firma de Huber Solorio.
“La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integren o sus anexos carezcan de firma o rúbrica (…) cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la integren (…)”, establece el artículo mencionado.
El tercer argumento con que los funcionarios de la Conade desecharon la propuesta conjunta Chaneques-Pigudi es que el laboratorio Bioclínicos Fleming en el que realizaron a su personal siete diferentes análisis microbiológicos, físico-químicos y clínicos no está certificado por la EMA para las pruebas de química sanguínea de 12 elementos y biometría hemática.
“El laboratorio sí está certificado por la EMA, pero esta instancia no puede ‘facultarlo’ para la química sanguínea y la biometría hemática. La facultad se otorga por la Ley General de Salud, no por una acreditación. O sea, los funcionarios realizaron una modificación sustancial a los requisitos de la convocatoria a la licitación porque en la junta de aclaraciones del 25 de marzo la Conade aclaró que los estudios ‘deberán ser elaborados por un laboratorio acreditado por la EMA y éste, a su vez, deberá estar facultado para la realización de dichas pruebas’.”
La regla del 10
Entre los afectados por el diseño de las bases de licitación hechas “a modo” también se encuentra la empresa Caterpoint, representada por Ezio Chiai y Juan Carlos Vázquez, quienes se quejan de que los requisitos de la Conade son “absurdos y engorrosos”. No se orientan a buscar el mejor servicio, afirman, sino que sólo se explican por el hecho de que “el negocio” de las licitaciones en las entidades gubernamentales es muy jugoso.
Refieren que la Conade pidió que el proveedor tuviera una cocina central externa, con capacidad para ofrecer el servicio en caso de que una o todas las cocinas de los comedores de la dependencia no pudieran operar in situ.
“Preguntamos cuántas veces se había presentado una situación de esas en los últimos cinco años y respondieron que ninguna. Entonces para qué piden que tengamos mil 500 sillas y mesas, cámaras de refrigeración, congelación, almacén de abarrotes y toda esa infraestructura”, dice Rodríguez.
Por su parte, Chiai se pregunta qué caso tiene pedir en la licitación certificados de rastros y empresas procesadoras de carne con certificación TIF (sello que indica que cumple las normas del gobierno mexicano en cuanto a manejo de carnes y sanidad) si de todas maneras la Conade tiene un convenio firmado con cinco empresas encargadas de distribuir carne libre de clembuterol y otras sustancias que pueden afectar a los atletas.
“Te hacen firmar el compromiso de que si ganas la licitación sólo puedes comprar la carne con esas empresas. Pidieron escrituras de los rastros certificados de los últimos 12 meses de cómo es la movilización de reses, pollos y cerdos. ¿Para qué piden todos esos requisitos si de todas maneras vas a comprar la carne donde ellos te digan? Salía sobrando. Es un método para descalificar empresas. Todo ese teatro lo hacen para preseleccionar y descartar proveedores. Se inscribieron cinco empresas y al final quedaron dos, pero como no ganó la que ellos querían, entonces la declararon desierta y le dicen a Ituarte que siga prestando el servicio hasta que determinen que su gallo va a ganar mediante una adjudicación directa o una invitación a tres personas.”
Otro indicio de que la licitación estuvo manipulada es que la Conade no contaba con un estudio de mercado que por ley debe realizar para asegurarse de que cuando menos tres empresas en el país cumplen con los requisitos de las bases de la convocatoria; es decir, que estén en igualdad de circunstancias para participar y se evite hacer licitaciones dirigidas o a modo para una empresa.
Rodríguez dice que la empresa Ituarte en Banquetes preguntó con insistencia en las tres juntas de aclaraciones por dicho estudio, hasta que la Conade tuvo que reconocer que no contaba con él.
“Está regulado por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones; si no se cumple, se infiere que se está beneficiando a un proveedor porque se limita la participación de otras empresas. El director de Servicios, Juan Manuel González Castro, terminó por reconocer que no lo tienen, pero que luego lo iban a hacer. Por esto creemos que el proceso de licitación estuvo viciado y que la convocatoria buscó beneficiar a una empresa. Como ésta se eliminó sola por no llegar a tiempo, cuando fueron a verificar las instalaciones de Chaneques estuvieron ocho personas de la Conade buscando por todos lados algo que sirviera para descalificarnos; incluso hasta difirieron el fallo que debía emitirse el 8 de abril”, señala Rodríguez.
A su vez, Chiai insiste en que el gobierno abusa de las empresas que invierten mucho dinero para participar en las licitaciones. Afirma que Caterpoint se gastó alrededor de 300 mil pesos y tuvo a su personal trabajando día y noche tratando de cumplir “con esa bola de necedades”.
Y agrega: “Es momento de decir que hacen tan engorrosos los procesos no para lograr el mejor servicio, sino para asegurar sus negocios. Las dificultades en las licitaciones son tan altas porque los intereses en los negocios del gobierno son muy grandes porque dicen: ‘mira, aquí tenemos que ganar tanto, entonces tenemos que hacer esto’.
“Mientras no tengas un acuerdo con ellos para ofrecerles 10% del contrato, nunca vas a ganar. Los honestos no tenemos cabida en los concursos del gobierno; hay que entrarle a la corrupción. Hemos ganado otros concursos por puro merecimiento, pero no es posible que por segunda vez nos hagan algo así en la Conade. No decir nada es dejar a esta bola de corruptos haciendo lo mismo en cualquier licitación que se presente.”
Colusiones
Por su parte, Juan Carlos Vázquez hace hincapié en la forma como Ituarte en Banquetes presuntamente se benefició cuando Bernardo de la Garza dirigía la Conade. En aquella ocasión, dice, fue aún “más burdo” el procedimiento pues varias empresas fueron descalificadas con el argumento de que no se permitían propuestas conjuntas.
“No se vale que pongan requisitos que sólo un proveedor cumple, que van dirigidos para que él gane. Hace dos años nos inconformamos y denunciamos ante el Órgano Interno de Control, pero no pasó nada porque era clarísimo que estaba coludido con ellos. Con este señor Adolfo Ramos (exdirector de Servicios) se tuvieron infinidad de problemas en éste y otros servicios; él ya no está pero las dos personas que se quedaron (Alfonso Ramírez Carvajal y Jorge Humberto Hernández Anaya) son de la misma escuelita, ¿cómo es que Jesús Mena permite esto?”, señala.
El miércoles 1, Productos Serel S.A. de C.V., comenzó a dar servicio en los tres comedores de la Conade. La dependencia le adjudicó el contrato de manera directa después de haber invitado a tres participantes; uno de ellos Abadi. Esta empresa no sólo pertenece al mismo grupo de Serel, sino que ni siquiera ofrece el servicio de alimentación, ya que se trata de una distribuidora de perecederos. La otra compañía invitada fue Sanidad Hospitalaria.
El precio del servicio que ofrecerá Productos Serel a la Conade es de 81 pesos por desayuno, 83 por comida y 81 por cena, cantidades 25% más altas que las ofrecidas por Pigudi.
