Cuando los panistas llegaron al poder en Jalisco a mediados de la década de los 90 con Alberto Cárdenas Jiménez en la gubernatura, César Coll Carabias en la presidencia municipal de Guadalajara, con mayoría en el Congreso local y con gran número de las más importantes alcaldías, establecieron sus propias reglas del juego, autocalificándose de honestos, eficientes y preparados. No les importaron demasiado leyes, reglamentos o disposiciones existentes. Menos aún si darían o no resultado como gobernantes; tampoco lo que dirían sus gobernados. Con sus propias normas determinaron ganar excelentes salarios, obsequiarse las mejores prestaciones –al mismo nivel o más arriba que el de los dueños de empresas y de sus principales directivos–, como la de los famosos “seguros dotales” al término de su mandato, algo así como para vivir bien el resto de su existencia; optaron además por repartirse jugosos bonos o compensaciones a manera de autoindemnización. No pasó mucho tiempo y esa manera de compensarse al final de la administración –aunque creyeron que habían llegado para quedarse–, los del PAN extendieron ese privilegio, primero a los funcionarios de los segundos y terceros niveles. Así pasó el primer sexenio; luego el segundo, no sin angustias electorales, con Francisco Ramírez Acuña a la cabeza, y sus percepciones aumentaron considerablemente. Pero llegó Emilio González Márquez con su familia, amigos y compadres, y la administración estatal se convirtió en un festín permanente. Y por derivación o efecto espejo, hicieron otro tanto en los municipios y en los poderes Legislativo y Judicial. Todos contrataron personal a diestra y siniestra; les repartieron plazas sin ton ni son, y afiliaron a miles y miles a su partido a efecto de que, al momento de las elecciones, les cumplieran en campaña… y en las urnas. Ya basificados, los trabajadores y funcionarios de reciente ingreso, incluidos los secretarios miembros del gabinete, se creyeron con derecho a ser indemnizados, no obstante que la Ley de Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipios establece claramente que se trata de nombramientos temporales, sin estabilidad y por un periodo constitucional determinado de tres a seis años.
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Así que, al final del sexenio –también sucede al término de los trienios en municipios y en el Congreso estatal– exigen el pago de indemnizaciones y salarios caídos, como si hubieran trabajado ahí toda la vida, así hayan sido contratados como comisionistas y para un trabajo determinados, bien en el gobierno o en organismos públicos descentralizados. De esta manera, al cambio de partido en el gobierno –del PAN al PRI, en este caso– se ha propiciado una lluvia de demandas. Por lo pronto, ya son más de 110 trabajadores de confianza indemnizados, pero que, pese a la ley, firmaron jugosos convenios monetarios, y exigen finiquitos millonarios.
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Tal es el caso, por ejemplo, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), donde al ser removido su director, el panista Rodolfo Ocampo, muchos empleados de confianza quedaron fuera, y aun cuando fueron contratados de manera temporal, al menos uno de ellos cobró ya una indemnización de 12 millones de pesos. Ahora sabemos, por boca del secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, que dos prestadores externos que operaban en el SIAPA como notificadotes fiscales cobraban jugosas comisiones que les redituaba diario una percepción de entre 7 mil 730 y 8 mil 500 pesos; es decir, entre 232 mil y 255 mil pesos mensuales, lo que significa que ganaban más que cualquier gobernador, ministro o presidente de cualquier país. Por esa razón, al quedar sin trabajo en este organismo David Alfaro Ramos y Mario Alberto Hoyos presentaron sus denuncias ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje en el que reclaman su liquidaciones, así como salarios caídos, cuya suma sobrepasa los 50 millones de pesos que, según Almaguer, el departamento jurídico del SIAPA no defendió y que la presidenta de la Junta Especial número 11, Patricia Jiménez García, quien atiende casos de los burócratas, aceptó sin remilgos. En síntesis, se puede afirmar que en todo esto hay una intrincada red de corruptelas, sin excluir a mandos del SIAPA y algunos abogados que afirman que es fácil ganarle al gobierno. ¿O con quién compartirán tan millonarios finiquitos los despedidos? Además, es bueno recordar que durante la dirección de Ocampo desaparecieron más de 660 millones de pesos de Banobras destinados a la dotación de agua en colonias marginadas. Pero Ocampo sigue tan campante.
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