En la política también hay modas. Y desde el momento en que el PRI regresó al mando del gobierno federal, apenas en diciembre del año pasado, vino a inaugurar la moda de los pactos.
Una de las primeras acciones de la administración de Enrique Peña Nieto fue la de promover el llamado Pacto por México. A favor de esta iniciativa consiguió sumar el apoyo de las dirigencias de los tres principales partidos (PRD, PAN y, obviamente, PRI) con el explícito fin de “sacar adelante las grandes reformas que requiere el país”, algo que el tricolor no podría hacer por sí solo, pues para ello se precisa el respaldo de diputados y senadores de otras fuerzas parlamentarias.
Más allá de la temprana “grieta” que, según Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, apareció en el Pacto por México a causa del evidente uso electoral (a favor del PRI) que desde la Secretaría de Desarrollo Social, en connivencia con autoridades de Veracruz, se ha hecho recientemente de algunos programas sociales, no parece que esa pretendida estrategia se haya desacreditado, pues ha seguido teniendo imitadores entre distintos gobiernos estatales, municipales, así como entre otro tipo de instituciones públicas, como algunas universidades, cuyos directivos buscan estar a tono con los nuevos tiempos políticos del país.
En Jalisco la moda peñanietista empezó desde la pasada precampaña electoral, a finales de 2011. A la hora de escoger a su aspirante a la gubernatura, el PRI se decidió por la persona que más se pareciera (en la fachada y más allá de ella) a quien por entonces era ya su candidato presidencial: el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Fue precisamente esta rebuscada semejanza con el modelo mexiquense –y no sus eventuales cualidades políticas– lo que permitió que Aristóteles Sandoval Díaz fuera el contendiente ungido del PRI al gobierno de Jalisco, no obstante el cuestionable desempeño que acababa de tener al frente de la alcaldía de Guadalajara, a la cual convirtió en sólo dos años en la más endeudada del país.
En la memoria de muchos jaliscienses se mantiene aún la imagen de Sandoval Díaz haciendo campaña por la gubernatura con un ajuar sui generis: vistiendo una ajustada camiseta de color claro, con mangas largas y estampados los colores y las siglas del PRI, pero sobre todo con el nombre y el apellido agigantados de su héroe político: Enrique Peña Nieto, quien por cierto escogió el centro de Guadalajara (la Plaza de la Liberación) para realizar su primer mitin en busca de la Presidencia de la República, ocasión en la que Sandoval Díaz hizo el papel de su chambelán.
Ya como gobernador (electo desde julio de 2012, y en activo a partir del pasado 1 de marzo), al jalisciense le ha dado por querer imitar casi en todo al mexiquense. Al igual que este último, y en un “pacto” tácito con las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de Jalisco, promovió una reforma para hacer reacomodos en el organigrama gubernamental, reforma que hasta ahora no ha tenido más resultados prácticos que confundir a la gente (el procurador, por ejemplo, ya no es conocido con este nombre, sino como “fiscal central”, y para enredar más el asunto tiene por superior inmediato a un “fiscal general”). También, a quererlo o no, esa restructuración ha hecho más aparatosa y obesa la punta de la pirámide burocrática.
Más recientemente, y ante la complicación por haber sido denegado en varias ocasiones desde el ámbito judicial un aumento “inminente” a la tarifa del transporte urbano de Jalisco y de manera particular al de la zona metropolitana de Guadalajara, Sandoval Díaz y colaboradores discurrieron hacer, a las volandas, un “pacto” con las principales asociaciones de camioneros, al que le dieron el nombre de Nuevo Modelo de Transporte Público, mediante el cual los firmantes se “comprometen”, por un lado, a mantener la tarifa actual y, por el otro, a corregir las graves anomalías del obsoleto sistema de transporte urbano, a fin de ponerlo al día y “hacerlo digno” de los jaliscienses.
Y, apenas el pasado 20 de abril, el gobernador se presentó sorpresivamente en Temacapulín, un pueblo de los Altos de Jalisco que, junto con Acasico y Palmarejo, había sido desahuciado por su predecesor en el cargo, Emilio González Márquez. Sandoval Díaz acudió para expresar su “respaldo” a los habitantes de esas poblaciones amenazadas por la construcción de la presa de El Zapotillo. En esa visita el mandatario propuso a los vecinos hacer un frente común y establecer “mesas de trabajo” para demostrarle a la Comisión Nacional del Agua que existen “otras alternativas” (sic) que permitirían salvar a los pueblos en cuestión. Por el bien de los habitantes de aquella zona y de los intereses de Jalisco, es de desear que esa iniciativa, a la que siguiendo la moda peñanietista bien podría bautizarse como “Pacto por Temaca”, sea un verdadero compromiso gubernamental para preservar ese poblado y no sólo una mascarada política o un “apoyo” de dientes para afuera.
Otro personaje de la comarca que tampoco ha querido permanecer al margen de la moda de los pactos es el nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien el mismo día que asumió el cargo (1 de abril) convocó al gobierno de Jalisco y a las autoridades federales a lo que él llamó un “Pacto por los Jóvenes de Jalisco”. En términos llanos, ese “pacto” consistiría en que se acuerde un incremento significativo al subsidio (estatal y federal) a la casa de estudios, a fin de que en un plazo de seis años (léase durante el rectorado de Bravo Padilla) la UdeG pueda ampliar su matrícula tanto de preparatoria como de licenciatura. En el caso del bachillerato, se buscaría que la cobertura en el estado pasara “de 68% a cuando menos 80%”, y en el de educación superior “de 33% a cuando menos 50%” (Mural, 3 de abril).
Lo que el nuevo rector no dice es que, de un tiempo para acá, buena parte del subsidio de la UdeG ha ido a parar a empresas y proyectos ajenos a la razón de ser de una universidad pública, como el llamado Auditorio Telmex, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara o a una feria anual del libro en Los Ángeles, California, los cuales consumen fondos públicos que, en circunstancias normales y racionales, deberían emplearse para ampliar y mejorar los servicios educativos de la institución.
Lo peor del caso es que esa tendencia anómala no parece que vaya a ser corregida por el nuevo rector, quien desde que hizo público su interés por ocupar el que, en teoría pero no en la práctica, es el más alto cargo de la UdeG, dejó en claro, muy calculadamente, que las empresas y los proyectos creados o promovidos por el verdadero mandamás de la universidad pública de Jalisco (el exrector Raúl Padilla) no sólo se mantendrían, sino que serían fortalecidos. De este modo, ¿cómo no pensar que el cacareado Pacto por los Jóvenes de Jalisco (“una prioridad irrenunciable, un compromiso ético y moral con nuestros jóvenes”, según Bravo Padilla) no es sino otra forma de obtener más dinero público para los negocios cuasi privados de quien encarna el poder tras el trono en la UdeG?
Así anda esta parte del mundo, con el regreso del PRI a las más altas esferas gubernamentales: con la nueva moda política de los pactos, al menos por lo que corresponde a la temporada primavera-verano 2013.
