A sólo dos meses de que asumió la gubernatura Jorge Aristóteles Sandoval los juzgados de lo Penal recobran el ritmo perdido durante la administración de Emilio González Márquez, aseguran jueces y especialistas consultados por Proceso Jalisco. Lo paradójico es que si antes estaban semiabandonados y con poco presupuesto, ahora que se empiezan a desempolvar expedientes congelados –como el que interpuso Ulises Solís, El Archi, contra el púgil Saúl, El Canelo, Álvarez–, los impartidores de justicia están saturados.
Por diversas razones –de índole político, personal o económico–, durante su gestión, el panista Emilio González Márquez retuvo importantes expedientes penales en la desaparecida Procuraduría General de Justicia que encabezó Tomás Coronado Olmos.
En lo concerniente a lo político, el propósito de González Márquez era no dañar la imagen del PAN, pues él y el partido pensaban mantenerse en el poder. Los pronósticos no se cumplieron, pese a que en 2012 el mandatario invirtió más de 213 millones de pesos en publicidad y relaciones públicas. El partido cayó al tercer lugar, comenta a este semanario un juez, quien pide omitir su nombre.
Según él, durante la administración de González Márquez, en la procuraduría bajaron las consignaciones en alrededor de dos tercios. Y pone como ejemplo que en sexenios anteriores, incluidos los de los panistas Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, llegaban a algunos juzgados de lo Penal alrededor de 20 expedientes. Durante la administración anterior bajaron a seis u ocho, y ahora, con la llegada del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz empiezan a fluir de manera normal.
En contraste, los casos de narcomenudeo se dispararon en más de 50% en los 16 juzgados penales del orden común, aseguran el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial estatal, Jesús Muñoz Dueñas, y el expresidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, Miguel Valenzuela González.
Otros colegas suyos, quienes piden también el anonimato, aceptan que desde el arribo de Aristóteles Sandoval, muchos de los “casos gordos” que estuvieron congelados durante la pasada administración comienzan a destrabarse. Ello se debe, arguyen, a que el panista perdió su influencia, sobre todo en los medios, con los que solía congraciarse.
Según Muñoz Dueñas, hoy el Poder Judicial de Jalisco requiere de la apertura de siete nuevos juzgados penales para atender las demandas. Dice que la administración de González Márquez regateó los recursos a la institución, lo que provocó una sobrecarga de trabajo para jueces y empleados.
Uno de los casos más escandalosos y manoseados con fines políticos, dicen, corresponde a la AP15729/2011, registrada el 25 de octubre de 2011 y que implica al boxeador Saúl, El Canelo, Álvarez Barragán, acusado de golpear al también pugilista Ulises El Archi Solís, a quien provocó daños irreversibles. Según el expediente, Saúl Álvarez acusó a Solís de cortejar a su expareja con la que procreó un hijo.
Empleados del Poder Judicial admiten que El Canelo fue uno de los beneficiados durante la administración de González Márquez por su maridaje con el consorcio Televisa. Tal fue la protección, comentan al reportero, que González Márquez lo impuso como embajador de los XVI Juegos Panamericanos, cargo que duró unos cuantos meses, pues el boxeador rompió con el panista luego del incumplimiento de contrato por parte de la administración estatal.
El gancho publicitario
La primera gran pelea del Canelo fue el 11 de julio de 2011 contra el argentino Luciano Cuello. El escenario fue la arena del cantante Vicente Fernández García (VFG), quien apoyó totalmente a su paisano. El encuentro fue transmitido por Televisa y lo pactaron el gobierno estatal y la cervecería Modelo. Nunca se conoció el monto de ese millonario acuerdo.
El Canelo liquidó a su rival en el sexto round, casi a la mitad de la pelea pactada a 12 asaltos, lo que dejó insatisfechos a González Márquez, las empresas copatrocinadoras e invitados especiales, entre ellos al empresario Arturo Elías Ayub, la conductora de Televisa Andrea Legarreta y su esposo Érick Rubín, así como el cantante Alejandro Fernández.
Pese a ello, Emilio González se mostró satisfecho por la publicidad desplegada sobre el cuadrilátero y en dos de las esquinas del ring. La estrategia armada por el mandatario consistía en utilizar al peleador jalisciense como un gancho para los XVI Juegos Panamericanos.
Y mientras la administración estatal se comprometía a patrocinar al boxeador, éste debía portar el logo de los Panamericanos en los calzoncillos en cada pelea. Por esas fechas, el entonces gobernador distraía sus quehaceres gubernamentales, empeñado en buscar la candidatura del PAN para la Presidencia de la República.
No obstante, El Canelo rompió con el gobierno de González Márquez después de tres peleas patrocinadas y ante la negativa de la administración estatal de pagar la suma pactada entre las autoridades y el pugilista.
En torno al manejo de las denuncias contra del boxeador por sus agresiones al Archi en la barranca de Huentitán, el líder de los sindicalizados del Poder Judicial aclara que el manejo discrecional de una denuncia contra Saúl Álvarez y la retención del expediente en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (hoy Fiscalía General) se convirtió en una sobrecarga de trabajo en los juzgados penales.
Ahora, dice Muñoz Dueñas, cuando el juez emita la orden de aprehensión contra El Canelo, enfrentará la presión de la opinión pública y de los patrocinadores del boxeador. Ya no es posible ocultar el caso: “Se trata de un personaje seguido por amplios sectores de la población por su arrastre entre los seguidores del boxeo y porque antes de quererlo ver en la cárcel, todo mundo lo quiere ver ganar y poner el nombre de México en alto”.
Hace dos semanas el Ministerio Público solicitó al juez séptimo de lo Penal, Alejandro Guevara Pedroza, se obsequie una orden de aprehensión contra el boxeador y su hermano Juan Ramón Álvarez por el presunto delito de falsedad de declaraciones en su intento por proteger al Canelo.
Lo cierto es que tres días antes de la reciente pelea del Canelo contra Austin Trout, celebrada en Texas, el caso Archi revivió cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco solicitó la orden de aprehensión contra los hermanos Álvarez.
En su denuncia, El Archi acusa al boxeador de una agresión que le causó tres fracturas en la mandíbula y una lesión cerebral que le provoca una doble visión –diplopía oblicua–. La querella fue presentada el mismo día de los hechos ante la Agencia 2 del Ministerio Público, pero la indagatoria se mantuvo congelada por más de año y medio, presuntamente por la protección gubernamental que recibía El Canelo.
Fue hasta el 10 de febrero de 2011 cuando El Canelo respondió a las acusaciones ante el Ministerio Público. Lo hizo en un escrito fechado el 31 de enero anterior, en el cual se deslindó de las acusaciones y aseguró que sólo se trató de un incidente protagonizado por su hermano Juan Ramón Álvarez.
En su testimonial, el boxeador argumentó: “Niego los hechos que aparecen en mi contra; esto es, niego cualquier tipo de participación en los hechos que señalan El Archi y sus testigos. Como lo manifesté, mi hermano Juan Ramón Álvarez fue quien tuvo alguna diferencia con el denunciante”.
Semanas después, Juan Ramón admitió haber sido el agresor, según consta en otro documento entregado el 1 marzo de 2011, en el que se alude al incidente de la barranca de Huentitán.
Alrededor de las 7:40 horas –relató Juan Ramón Álvarez–, cuando se dirigía a la pista para comenzar su rutina (de ejercicios), vio al Archi, quien empezó a decir: “¡Eh, pinches hermanos putitos, ese Canelito es producto de la publicidad y valen pura madre. A lo que yo le contesto: ‘¿Qué, estás ardido porque mi hermano te superó?’.
“Y en eso se me dejó venir a golpes, esquivando yo el primero y conectándome uno en las costillas. Y yo lo golpeé en la quijada con el fin de detener su agresión, lo que así sucedió. En eso llegó un muchacho y le dijo al Archi: ‘Ya déjalo, luego nos la sacamos’, por lo que continuamos nuestro camino a la pista.”
El Archi desmintió esa versión e insistió en que se trataba de un montaje para proteger al Canelo.
Las omisiones
Jesús Muñoz Dueñas afirma que ahora los 16 juzgados penales de Jalisco también atienden expedientes de narcomenudeo, lo que significa una sobrecarga de 40% al 50%, a pesar de que están semiabandonados.
Otro caso que también quedó liberado fue el del asesinato de la modelo venezolana de 25 años Daisy Yenire Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado el 16 de diciembre de 2012 junto a un canal de aguas residuales al oriente de Guadalajara, luego de una denuncia anónima.
El cuerpo presentaba heridas de bala en la cabeza y los peritos lograron identificarla gracias a un permiso de residencia expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Daisy fue privada de su libertad de manera ilegal la noche del 12 de diciembre. Apenas hace unos días la fiscalía solicitó la consignación de sus dos presuntos asesinos, según denuncia Muñoz Dueñas.
El expresidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco Miguel Valenzuela, insiste en que por encima de la presión a los jueces existen condiciones objetivas que evidencian la saturación en los juzgados penales. Este asunto debe ser atendido con urgencia, sobre todo en los procesos de narcomenudeo.
Y, al igual que Muñoz Dueñas, destaca que el aumento en las cargas de trabajo provoca sobrecalentamiento en las correas de transmisión de los juzgados penales.
Valenzuela insiste: Por encima de la presión que pudiera representar la llegada de expedientes rezagados prevalece el escaso desarrollo de infraestructura en los juzgados, la falta de personal y los efectos de una raquítica promoción para el desarrollo de nuevos espacios, como sucedió durante la administración de Celso Humberto González Rodríguez en el Supremo Tribunal de Justicia.
