Libres bajo caución, Irene Toscano y Guillermo Reyes narran la arbitrariedad y el maltrato a los que fueron sometidos por las policías de Tonalá y estatal por atreverse a defender las tierras de su familia. Igual que ese matrimonio, otros poseedores y viejos ejidatarios aceptarían vender a un precio justo los predios en conflicto, pero mientras ellos hablan de recursos jurídicos y muestran documentos, el alcalde priista Jorge Arana sólo ha respondido con violencia.
Luego de que el pasado 20 de marzo el alcalde Jorge Arana le ordenó a policías de Tonalá que desalojaran con violencia a los ejidatarios del predio de Simón Ventura para entregárselo a la Universidad de Guadalajara a fin de que construya el Centro Universitario de Tonalá, Irene Toscano Flores y Guillermo Reyes Durán, que lograron su libertad bajo caución, relatan los detalles de su detención.
Toscano Flores, uno de los 16 detenidos por la trifulca en el terreno de la familia Ventura, a quien apoyaban como vecinos, recuerda que el día de los hechos, a las 10 de la mañana, varias patrullas llegaron y varios vecinos se colocaron tras la reja. “Les dijimos que no podían tomar las propiedades y los Ventura les mostraron los papeles de que tenían un amparo, pero un policía les dijo que eso no le importaba a él, que las iban a tomar a la fuerza”, dice la entrevistada.
“Pensamos que no iban a hacer nada porque estábamos detrás del cerco –prosigue–, pero aventaron la patrulla, comenzaron los golpes y los balazos. (…) Arrastraron a algunos compañeros y (ella y su marido) corrimos varios metros, pero un policía nos alcanzó y nos dijo que nos tiráramos al suelo.”
Para su mala suerte, Irene tenía un machete que usa para defender a sus borregas de los perros (“y a mí, de los mariguanos que van a la presa, pues cuando llevo a mi hijo al kínder cruzo varias parcelas que están solas”). Los policías los esposaron y los subieron a la patrulla, donde les pegaron y los pisotearon. “A todos nos golpearon, no sólo policías, también gente de la Universidad de Guadalajara nos aventó piedras”, comenta.
Toscano fue llevada a las instalaciones de la Fiscalía General, donde permaneció incomunicada y desconocía de qué se le acusaba. Ahí estuvo casi tres días. La noche del viernes 22 la trasladaron al Centro de Reinserción Femenil en Puente Grande.
Poco antes de su traslado, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) fotografió cada marca de los golpes que recibió de los policías.
Interviene su esposo. Dice que los enviados de la comisión “no hicieron mucho caso en ese rato que fueron a la procuraduría (…) Apenas le entregaron un escrito al compañero Raymundo López –otro detenido– para decirle que van a citar a uno por uno y que quieren que digan lo de los golpes”.
Toscano retoma la narración. Recuerda que estuvo presa hasta el día 23. “Cuando estaba a punto de salir del penal me detuvieron de vuelta y me llevaron a la procuraduría (hoy fiscalía). Hasta el lunes que me llevaron al penal y seguía sin saber de qué me acusaban. Luego de leer el papel me enteré que por despojo, pero es al revés: nosotros estábamos en nuestra propiedad, ellos dicen que la compraron pero no nos han dado ni un peso. Que enseñen el papel donde firmamos”, reta, indignada.
Ella leyó los cargos en el oficio D/S.J./1531/2013, del 27 de marzo, en el cual Carolina Valdez Rizo, encargada del despacho de la Inspección General del Centro de Reinserción Femenil, le ordenó a la comandante Patricia Higareda Guzmán, encargada de la oficialía del penal, que pusiera en libertad a la detenida.
En ese documento se informa de su libertad bajo caución, según oficio 2058/2013 del Juzgado Sexto de lo Criminal, proveniente del proceso 147/2013-A por los delitos de “despojo y daños en las cosas”. Se especifica que Toscano no tiene antecedentes penales.
Aunque ella está consciente de que debe firmar cada semana en el penal, el pasado jueves 18 le indicaron que tendría que ir dos veces a la semana, lo cual considera una irregularidad jurídica.
Dice que las denuncias por despojo que presentaron la UdeG y el municipio de Tonalá no tienen sentido porque eran los comuneros quienes vivían en las tierras. En cuanto a la supuesta violencia de su parte, “le dije a un policía, de los que dizque golpeamos: ‘si yo te hubiera dado un golpe, ¿a poco no me lo hubieras regresado?’”.
Toscano –delgada, morena y de 44 años– es madre de dos niños. Vive justo donde se pretende construir el Centro Universitario de Tonalá, por lo que al recobrar su libertad se siente más vigilada que cuando estaba en la cárcel:
“Me da miedo. Pasan las patrullas a deshoras de la noche, lo deslumbran a uno con las luces dirigidas a las casas. Anoche me enfermé del estómago y me daba miedo salir al baño. Los patrulleros se plantan afuera de la casa.”
Su esposo, Guillermo Reyes Durán, también estuvo detenido pero no fue consignado ante la fiscalía; sólo permaneció unas horas en la base de la comisaría de Seguridad Pública de Tonalá.
Como él salió libre primero, fue a buscar a Irene y exigió que la dejaran salir porque no había pruebas contra ella. “Yo le dije a un oficial: ‘A mi esposa la deben sacar; ella traía el machete, pero es para trabajar con las borregas, ella no hizo nada. Mira, el machete no trae ninguna prueba de sangre’. Él me dijo: ‘No te apures, ahorita te la llevas’, pero nada”, suspira.
Reyes Durán tuvo que conseguir un abogado y pagar 57 mil pesos de fianza, cantidad exorbitante porque gana lo justo para sobrevivir. Él e Irene se dedican a la siembra, crían unos cuantos animales de granja y fabrican ladrillos.
Ambos afirman que no se oponen a la construcción del centro universitario, sólo quieren una retribución por los terrenos de Antonio Reyes Antón, padre de Guillermo. “Que arreglen y paguen lo justo, que nos dejen trabajar mientras se arregla y que nos dejen salir y entrar, porque las patrullas están ahí todo el día”, comenta Reyes Durán.
Irene añade que en cualquier momento los policías pueden agredirlos “como la primera vez; lo único que pedimos es que nos dejen retirar en paz, no queremos pelear porque luego nos entamban”.
Otra cara del despojo
El 24 de abril estaba programada una reunión entre los comuneros desalojados, Édgar Oswaldo Bañales Orozco –secretario general del ayuntamiento– y Antonio Durán Ramos, quien con Eusebio Salazar Pajarito y sin ser ejidatarios le vendieron al municipio 61.6 hectáreas del ejido de San José Tateposco por 117 millones de pesos.
Con esa compraventa irregular Tonalá se endeudó por 15 años para que la UdeG construya su sede en 10 hectáreas, y el resto podrá destinarlo a espacios turísticos, culturales, comerciales y habitacionales.
El 16 de noviembre de 2010 los ejidatarios Fernando Ventura Durán, Ascensión Pajarito Ravelero y Rafael Pajarito Antón acudieron con su abogado José Enrique Velásquez a informar al entonces alcalde priista Juan Antonio Mateos Nuño que Antonio Durán y Eusebio Salazar no eran ejidatarios, como ya había resuelto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 (expediente 142/2001), por lo que la asamblea general que aprobó vender los predios al municipio era nula. Aun así, el pleno del ayuntamiento aprobó la donación de los terrenos a la UdeG (Proceso Jalisco 320).
El día del violento desalojo policiaco, el regidor del Partido del Trabajo Carlos Orozco Morales le preguntó a Bañales Orozco, en una reunión previa a la sesión de cabildo, si no existían impedimentos jurídicos para seguir con el proceso de donación. “El secretario general menciona que no había ningún problema de carácter jurídico y que, en todo caso, el ayuntamiento tenía el derecho de tomar algo que ya había adquirido”, recapitula en entrevista.
Y cuando le recordó al secretario del ayuntamiento que los ejidatarios todavía tenían opciones jurídicas, Bañales contestó que “ellos podrían seguir el asunto en el Tribunal Agrario, pero todos los recursos habían sido agotados y habían tenido una respuesta negativa”.
–Pero existen amparos, uno de ellos otorgado a la familia Ventura para que no la desalojaran del predio –se le recuerda al regidor.
–En ese sentido podríamos hablar de una falsedad en la información por parte del secretario.
–¿Cómo apoyaría a los ejidatarios?
–Estoy recabando información para presentar un punto de acuerdo en la siguiente sesión, que se realizaría el 30 abril. Nuestra posición va en el sentido del respeto al derecho que tienen los ejidatarios, dejando en claro que no estamos en contra del centro educativo.
Por su parte, el ejidatario Antonio Reyes Antón –padre de Guillermo Reyes y suegro de Irene Toscano– culpa a su cuñado Antonio Durán Ramos de la incertidumbre en que viven sus familias.
Hace más de 30 años que Reyes Antón siembra la tierra en la que ahora se pretende construir el centro universitario. “Mi coraje con él es porque no avisó con tiempo a la gente, nomás la engañó. Manejó todo a su conveniencia y él es el que se bañó de millones. Negoció todo el ejido, les dio como 70 mil pesos a varios que no tienen tierra ni derechos, y son los que lo están apoyando”, señala.
Entre dichos ejidatarios falsos menciona a Bernabé Ravelero, Dolores Ravelero, Teodoro Toscano, Félix Solano, Maximiano Ravelero, Raymundo Delgadillo y los hijos de Fernando Antón. “Son como 40 en total, gente que no tiene derecho –insiste–; a todos les pidió la firma Antonio Durán, y sin esas firmas no le hubieran soltado el dinero” los del municipio.
Dice que a principio de abril él y otros afectados se reunieron con Bañales Orozco y éste llevó al cura José Álvarez Franco, a quien le dicen el Padre Patillas. El secretario del ayuntamiento ofrecía 243 pesos por metro cuadrado.
“Le dije que no estaba de acuerdo con el precio. Tengo 10 hijos y a todos quiero darles para que se alivianen mientras se acomodan por ahí. El Padre Patillas decía que estaba bien el precio y le di en contra. Le dije: ‘Padre, esto no es suyo, qué le interesa’. Los de la otra bola dijeron: ‘Pues sí’. ¡Ellos sabrán si regalan lo suyo o no!”, dice indignado Reyes Antón. En su parcela viven él y su cónyuge, cinco hijos solteros y cinco casados con sus familias.
Otro grupo de afectados (Beatriz Miramontes Ramírez, Andrés Ortiz Cardona, Domingo Brambila Pérez, Enrique Pérez García y otras 16 personas) le dirigieron una carta al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a la Fiscalía General y a la CEDHJ para que “intervengan en los atropellos que cometieron y siguen cometiendo los integrantes del ayuntamiento de Tonalá”, tanto en la pasada administración como en la actual.
En el documento dicen que Antonio Durán “cuenta con una oficina particular auspiciada por el municipio, donde se refugia y tiene su guarida. Sabíamos que decía ser del comisariado ejidal del Ejido de San José Tateposco, pero no lo era, aun con eso celebró dos diferentes contratos de compraventa y otro de entrega ocupación previa con el municipio, lo anterior indica que es delincuencia organizada, orquestada”.
De acuerdo con este grupo, en los actos que denuncian están involucrados Bañales, Antonio Durán, Antonio Mateos y el panista Apolinar Alatorre Rodríguez, antes delegado del Registro Nacional Agrario y hoy regidor, quien otorgó la irregular constancia de comisario ejidal a Durán.
Los agraviados añaden que, en abril de 2011, la UdeG comenzó a fincar en los predios “sin tener un documento de expropiación”, por lo que “nos vimos en la necesidad de tramitar un amparo administrativo, el cual fue turnado al juez primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, quien a su vez abrió el incidente de suspensión –amparo 991/201–, dictándose suspensión definitiva el 17 de agosto del mismo año”.
Debido a que el acoso, las agresiones y el abuso de autoridad continuaron, el grupo tramitó un nuevo amparo penal “en contra de la privación de la libertad”.
Sin embargo, dicho recurso legal fue violado el 20 de marzo, cuando la autoridad municipal “se introdujo a nuestros predios haciendo uso de la fuerza pública; traían golpeadores y violentaron cerrojos, puertas y candados con el afán de tomar posesión de manera dolosa”.
Con ello, dicen, se tipifica el delito de destierro previsto en el artículo constitucional número cinco, párrafos V y VI, así como el de violación a la Ley de Amparo.
“Bañales sigue insistiendo en que ya se terminó el amparo 991/2011, a sabiendas de que está pendiente por resolverse un recurso de revisión interpuesto por nosotros”, argumentan los poseedores de los predios, quienes demandan justicia y la protección del Ejecutivo estatal.
