Sigue detenido el ambicioso proyecto turístico del “Nuevo Cancún” que el exgobernador Emilio González apoyó hasta el punto de desalojar con violencia a los ejidatarios del lugar y financiar el proyecto con las pensiones de los burócratas. Una auditoría independiente, a la que tuvo acceso este semanario, demuestra que el fideicomiso donde se juega el destino de los recursos estatales perdió más de 70 millones de pesos tan sólo en el primer año.
La auditoría que el despacho Mancera S.C., integrante de la firma Ernest & Young Global, le aplicó al Fideicomiso Chalacatepec reveló que éste sufrió pérdidas por 72.2 millones de pesos durante su primer año.
Hace tres años, el entonces gobernador Emilio González anunció que reviviría un proyecto del exmandantario priista Guillermo Cosío Vidaurri para construir un complejo turístico, “como Cancún, pero bien hecho”, en mil 200 hectáreas que incluyen siete kilómetros de playa cerca de los esteros de Chalacatepec y Xolaparam, de los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, municipio de Tomatlán (Proceso Jalisco 274).
Hasta la fecha el ambicioso proyecto sigue detenido.
El 26 de noviembre de 2009, el consejo directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) aprobó por unanimidad que se invirtiera parte de los fondos de los trabajadores en un fideicomiso. Según la escritura pública 13,527, este instrumento de inversión, designado como F/380, se constituyó el 10 de diciembre de 2009 con vigencia indefinida y carácter irrevocable.
El Ipejal tiene una participación de 48.5% en el F/380. El resto de fideicomitentes y fideicomisarios son los desarrolladores Chala Mar, S. de R. L. de C.V.; Chalalegre S. de R. L. de C.V., y Paraland, S. de R. L. de C.V. Como fiduciario aparecen la casa de bolsa y el banco Monex.
Durante el proceso electoral de 2012 Monex y Soriana estuvieron involucrados en el escándalo de las “tarjetas de beneficio” –una especie de monederos electrónicos o vales de despensa– que el PRI repartió por miles, por lo que el PAN y la coalición Movimiento Progresista lo acusaron de coaccionar el voto a favor de Enrique Peña Nieto.
Los desarrolladores privados aportaron inicialmente al fiduciario 18 inmuebles y 14 millones 15 mil dólares; posteriormente aportarían otros inmuebles “bajo opción” y en un plazo no mayor de 90 días a partir de la firma del convenio.
A su vez, el Ipejal se comprometió a entregar casi 89 millones de dólares (provenientes de las pensiones de los burócratas de la entidad): 75 millones 736 mil por el valor de los inmuebles –los terrenos expropiados a ejidatarios– y 5 millones 800 mil 600 cuando los desarrolladores presenten los inmuebles bajo opción. Además, el instituto depositará 13 millones 214 mil dólares “en concepto de aportación de capital para infraestructura”.
La participación de los particulares será de 51.5% del patrimonio y el resto para la dependencia estatal.
El 11 de diciembre de 2009 se modificó el mencionado convenio por la ampliación de patrimonio cuando los empresarios aportaron al fideicomiso un inmueble bajo opción: un terreno de 91 hectáreas.
De acuerdo con el contrato, la principal actividad y finalidad de la alianza es el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la zona de “Param” (Paranam) y Chola, en Tomatlán, Jalisco, donde los terrenos aportados al F/380 suman mil 200 hectáreas.
La auditoría que practicó Mancera, S.C., al fideicomiso abarcó las cuentas desde diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 y demostró que los empresarios 801 millones 639 mil 928 pesos.
En el dictamen, fechado el 14 de marzo de 2011 –del que Proceso Jalisco tiene copia– y firmado por el auditor José María Tabares Cruz, se detalla que el patrimonio se constituyó con terrenos aportados por los desarrolladores que en ese momento tenían un valor de 2 mil 25 millones 847 mil 200 pesos, mientras que los del Ipejal sumaban mil 155 millones 928 mil 989.
“Dentro del mismo contrato del fideicomiso se establece que los fideicomitentes pueden disponer de la cantidad correspondiente a la aportación del capital por el valor de los inmuebles aportados –se establece en el dictamen de la auditoría–. El 11 de diciembre de 2009, los desarrolladores realizaron un retiro de patrimonio por poco más de 801 millones de pesos.”
Continúa: “Por los ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, el fideicomiso determinó pérdidas fiscales por la cantidad de 71 millones 250 mil 675 pesos y 588 mil 816 pesos, respectivamente, las cuales sólo podrán ser disminuidas de las utilidades de ejercicios posteriores derivadas de las actividades realizadas a través del mismo fideicomiso”.
El pasado 15 de febrero, al participar en la glosa del último informe de gobierno panista, el entonces director general del Ipejal, Salvador Sánchez Guerrero, admitió que la inversión de casi 89 millones de dólares se recuperaría hasta 2015, aunque inicialmente se previó para 2012.
Los auditores independientes concluyeron también que el fideicomiso derivó 43 millones 484 mil 495 pesos para gastos de operación. Durante la segunda sesión ordinaria del comité técnico del F/380, el 28 de abril de 2010, se aprobó que la empresa Rasaland Resort recibiera casi 8 millones de dólares por “concepto de gastos de administración, supervisión, coordinación del diseño, construcción, desarrollo y promoción del proyecto Chalacatepec”.
En el dictamen del despacho Mancera, S.C., se indica que el análisis se realizó “con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto”.
Según las escrituras públicas 138,652 y 138,651, las empresas Chala Mar y Chalalegre se constituyeron el 7 de septiembre de 2007 como sociedades, en tanto que Paraland se registró el 30 de mayo del mismo año ante el notario público 20 del Distrito Federal, Luis Felipe del Valle Prieto (escritura 138,341).
En los mismos documentos del Registro Público de la Propiedad se establece que el apoderado legal de Chala Mar y Chalalegre es José Cabral Moreno, a quien Juan Cristóbal Bremer Villaseñor le otorgó ese poder legal. Y los socios son Rasa Land Development, Alianza Solaris y Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney, todos representados por Eloísa González Aktories. A su vez, los socios de Paraland son Rasaland Development y Nayarasa, representados por Bremer Villaseñor y González Aktories, respectivamente.
El corredor inmobiliario y desarrollador turístico Santa Cruz Mahoney vive en Tlajomulco de Zúñiga, pero aparece como ejidatario en La Peñita de Jaltemba, Nayarit (La Jornada, 10 de febrero de 2010).
En el convenio se especifica que en el fideicomiso se contempla un comité técnico, el órgano encargado de tomar decisiones y dar instrucciones al fiduciario. Dicho comité debe estar integrado por seis miembros: tres representantes de los empresarios y el resto de los funcionarios del Ipejal.
El 14 de marzo de 2011, cuando los auditores independientes entregaron el dictamen, formaban ese comité técnico los empresarios Gabriel del Valle Sánchez de Movellán, Santa Cruz Mahoney y Gerardo Infante Guízar, así como los funcionarios del Ipejal Salvador Sánchez Guerrero, director general; Eduardo Mar de la Paz, presidente del Consejo Directivo, y Luis Adrián Carero Figueroa, director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Otro problemita
El pasado 4 de abril, el juez quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo le concedió al ejidatario José Guadalupe Valadez Parra, del Centro de Población José María Morelos, una suspensión para no afectar los bienes del ejido reclamados, entre ellos más de mil hectáreas que fueron incorporadas al fideicomiso del proyecto de Chalacatepec (juicio de garantías 711/2013).
El asesor legal de los ejidatarios, Pedro León Corrales, afirma que con esa resolución del juez se detienen las obras del desarrollo turístico Nuevo Cancún o Chalacatepec.
“Se concede la suspensión de plano con la finalidad de evitar afectaciones de los bienes del ejido interpositor del amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, salvo si es consumado, es decir, si los bienes se encuentran en posesión de terceras personas mediante cualquier acto jurídico o si ya existió un decreto expropiatorio. Lo anterior hasta en tanto no se resuelva sobre el fondo del asunto”, ordenó el juez.
León Corrales expone que el recurso legal se interpuso contra las secretarías de Desarrollo Agrario a nivel nacional y local, de Comunicaciones y Transportes, el ayuntamiento de Tomatlán, el Registro Público de la Propiedad, la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado.
“El amparo de Chalacatepec cubre 6 mil hectáreas del proyecto turístico, entre ellas las del ‘Nuevo Cancún’ y más de 300 hectáreas de la aeropista, así como 40 hectáreas de la carretera, que va de Manzanillo a Puerto Vallarta”, especifica el abogado.
Agrega que los ejidatarios se inconformaron porque no fueron consultados sobre la venta de las tierras, y recuerda que la pasada administración se apoderó de ellas mediante la fuerza pública.
En su solicitud de amparo, el ejidatario Valadez Parra señaló que se incumplió la resolución presidencial del 12 de abril de 1960, relativa a la dotación de ejidos, puesto que no se consumó en todos los predios previstos. Se citó a audiencia para el próximo 3 de mayo.
Santa Cruz Mahoney, vocero de los desarrolladores, declaró en 2010 que los terrenos adquiridos para el proyecto estaban libres de problemas jurídicos. Minimizó las inconformidades de ejidatarios:
“Hay un grupo de campesinos que recibieron pagos de Rasaland por sus posesiones frente al mar, considerando que eran sólo posesionarios; otro grupo tiene parcelas contiguas pero no se les compraron sus predios y además tienen la precariedad de la posesión, lo que motiva sus quejas” argumentó Santa Cruz en aquel entonces.
Por su parte el actual titular de Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas, no quiso calificar la inversión que hizo la dependencia en el proyecto de Chalacatepec a la luz del dictamen de la auditoría:
“La cuestión inmobiliaria sabemos que tiene su tiempo y sus formalidades (…) Sobre el tiempo se va a ir determinando si es lo adecuado, si se tiene que hacer alguna gestión para continuar o hacer alguna otra, pero son operaciones que, considero en lo personal, están protegidas”, declaró el funcionario (Milenio, 16 de abril de 2013).
