Hace tres décadas el gobierno estatal entregó en comodato al ayuntamiento de Zapopan un predio con la condición de que lo destinara a obras de uso social y recreativo, pero los posteriores alcaldes optaron por fragmentarlo y comercializar algunos predios a particulares. El escándalo estalló durante la administración de Héctor Vielma Ordóñez –actual jefe de asesores del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval–, el más complaciente de los alcaldes zapopanos, según los vecinos de Santa Fe.
Los terrenos de una franja del predio Los Colomos que el gobierno de Jalisco entregó en comodato al ayuntamiento de Zapopan en 1983 por tiempo indefinido hoy alberga distintos comercios tolerados por las propias autoridades municipales, se quejan los integrantes de la mesa directiva de la colonia Santa Fe.
La administración que encabezó el priista Héctor Vielma Ordóñez durante el trienio anterior, dicen, no sólo fue complaciente con los invasores, sino que hasta les otorgó licencias para que operaran sus negocios; incluso muestran al reportero una copia del oficio que acredita los permisos.
El 15 de enero último el director del área de comercio de Inspección a Reglamentos, Luis Carlos Romero Gavica, suscribió el folio DIGR/DIR de Comercio/2013/01/091 en el que documenta la operación de cinco establecimientos comerciales en un tramo de la avenida Patria que va de la calle Altamira a Eva Briseño con licencias expedidas en 2012, último año de la administración Vielma, quien ahora es jefe de asesores del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.
Los negocios incluyen un local de venta de alimentos con domicilio en Patria 3541-A a nombre de Juan Pablo Martínez Juárez con cédula municipal 1006050024, expedida el 25 de mayo de 2012; un autobaño con venta de accesorios ubicado al lado del primero adjudicado al Grupo Xavakar cuyo número de licencia es 1006029538; una oficina con cédula municipal 1006051409 a nombre del empresario Ignacio Cubero Velasco, dueño de Mudanzas Cubero; un estacionamiento con 40 cajones en la calle Eva Briseño 712 en el cruce con avenida Patria.
El quinto predio, en esta última arteria, en la convergencia con Guadalupe Victoria, recibió del ayuntamiento zapopano el permiso de construcción C/D-0308-11E el 23 de octubre pasado.
Incluso hay un sexto predio, el de calle de Matamoros 58, esquina con Patria, que actualmente se encuentra cercado y sin actividad comercial, según expone Romero Gavica en su oficio:
“Conforme a los planos con los que actualmente cuenta esta comisión, se encuentra dentro del perímetro comodatado por el gobierno del estado al municipio de Zapopan, por lo que se puede considerar como predio de posesión municipal invadido.”
Reacios a proporcionar sus nombres –“denunciar implica un riesgo”, dicen–, los vecinos aseguran que el dueño del salón de eventos La Fresneda se apropió de un predio adjunto. Refieren incluso que el dueño de ese salón de eventos le organizó una comida al priista Aristóteles Sandoval cuando éste se encontraba en campaña.
Frente a esta edificación se encuentra la Torre Platinum de 18 pisos que en 2008 recibió el premio Distinción CICEJ otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco como el mejor proyecto estructural. Según los afectados, este inmueble invadió también una parte del área de Los Colomos cedida a Zapopan para destinarlo a obras de beneficio público.
En avenida Patria está la unidad deportiva El Polvorín –también sobre terrenos cedidos– que los particulares intentan invadir desde hace años. Durante la administración del panista Juan Sánchez Aldana (2007-2009), la entonces titular del Consejo Municipal del Deporte, Lucy Barriga Hernández, firmó un contrato de arrendamiento con el empresario Pedro García Haro para que instalara un campo de gotcha (de simulación bélica) en la unidad deportiva, ignorando por completo el convenio de comodato.
El año pasado, Vielma Ordóñez ordenó la modificación de los planes parciales de desarrollo urbano que tenían un uso de suelo eminentemente habitacional en la colonia, a un suelo mixto, que permite la combinación de vivienda con fábricas, bodegas y bares. A ello se debe que algunas antiguas fincas hayan sido derribadas para construir edificios de gran tamaño, dicen los afectados.
Y señalan el almacén de la empresa Sistemas en Panel y Construcción (Sipcon) que se encuentra en la calle Eva Briseño 574, la cual supera en altura a las viviendas de la zona.
Según el convenio de comodato expedido por el gobierno estatal el 26 de julio de 1983, el ayuntamiento de Zapopan tenía la encomienda de preservar el área donada a actividades de recreación, esparcimiento y culturales al aire libre.
Sin embargo, las autoridades incumplieron, pues a principios de los noventa se dieron las primeras invasiones de particulares en esos terrenos. El 8 de mayo de 1991, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural de Jalisco (Sedeur), Enrique Dau Flores, giró un oficio (SEDEUR/0464/91) al presidente municipal zapopano Nicolás Orozco Ramírez para pedirle el desalojo de las personas que “se han adentrado en los terrenos de dicha dependencia”.
Le informa también que las invasiones se avistaron al norte de la avenida Patria, a partir de la calle Altamira por el oriente y hasta el ingreso del club de futbol Atlas por el poniente.
Dau Flores, quien hoy es titular de la Consejería del Poder Ejecutivo en la administración de Aristóteles Sandoval, adjuntó un plano topográfico en el que se observa la superficie aproximada del predio: 41-84-40 hectáreas. “He de agradecer a usted que tomando como base los linderos establecidos en dicho plano se hagan respetar cabalmente los límites de propiedad estatal a efecto de mantenerlos libres de ocupación”, escribió el entonces titular de la Sedeur.
Pese a lo anterior, el 20 de noviembre de 2012 el director de Patrimonio Municipal, José Abelardo Jasso Amador, le escribió a la mesa directiva de la colonia Santa Fe (oficio 1462/P0167/2012) que desconoce las medidas y proporciones del predio denominado Colomos y que dentro de su área sólo se encuentra copia del convenio de comodato entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Zapopan, el cual, a su vez, “carece de algún plano que especifique las medidas exactas del predio de propiedad estatal”.
El 4 de marzo último el regidor del Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Recuperación de Espacios, Hugo Rodríguez Díaz, solicitó a la directora general de Padrón y Licencias, Karla Torres Cervantes por escrito (oficio HRD/0100/2013/069) que en lo sucesivo se abstenga de renovar o refrendar las licencias de operación a los giros comerciales ya citados porque puede estimular la creación de derechos de posesión en contra de los derechos de propiedad del gobierno del estado.
Hasta el cierre de edición, la petición del regidor no había sido atendida; sólo le han comentado de manera verbal que los terrenos invadidos pertenecen al gobierno del estado. Rodríguez Díaz se pregunta: ¿por qué razón el ayuntamiento zapopano otorgó licencias a los invasores?
“La administración anterior hizo la modificación del uso del suelo y en algunos lugares 10 días después le dan los permisos. Esa zona estaba considerada como zona verde, y en los papeles ya le permite darle una licencia porque ya es uso mixto. Eso, a todas luces, es una sinvergüenzada”, señala el regidor.
Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, abunda: en el anterior Plan Parcial de Desarrollo Urbano predominaban las áreas verdes en el lugar en cual están asentados los comercios; en el nuevo, aprobado en sesión de ayuntamiento la madrugada del 28 de septiembre de 2012, tres días antes de que Vielma dejara el ayuntamiento, se estableció el uso comercial y de servicios para esa zona.
“Esto permite que cualquier persona llegue a ventanilla y le otorguen un permiso de construcción”, indica. E insiste en que el gobierno del estado también es culpable de la invasión de los terrenos, pues tiene documentos para probar que él es el propietario; sin embargo, no ha hecho nada para reclamarlos.
“Hay un polígono perfectamente definido –sostiene Cárdenas–. Conocemos documentos que datan de 1987 –son las escrituras que amparan esos predios–. Además, hay dos cartografías, una de 1980 y otra de 1992, así como otros documentos a favor de las autoridades.”
Hay una actuación de dolo en la modificación de los planes parciales de desarrollo urbano, lo que llevó a los vecinos a interponer un recurso de impugnación ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para pedir la nulidad de esos permisos.
Cárdenas resalta que si el tribunal acepta su demanda, también se echaría abajo la posibilidad de que los comercios asentados obtengan un refrendo de su licencia.
El reportero buscó a un representante del área jurídica de Zapopan para conocer su opinión. Hasta vienes 19 no hubo respuesta.
La mesa directiva de la colonia Santa Fe, donde se localizan los predios, ha solicitado al ayuntamiento zapopano la restitución de éstos al dominio público. El síndico Armando Morquecho Ibarra asegura que nada puede hacer para recuperarlos porque, arguye, existe una resolución judicial que ampara a los presuntos propietarios.
Se trata de una revisión del juicio de amparo número 141/91 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado con fecha del 26 de mayo de 1993 interpuesto por los particulares Mario Martín del Campo Altamirano y Miguel Castillo Mora en contra del gobierno del estado por el presunto despojo de 3 mil 59.83 metros cuadrados de terreno ubicado en la avenida Patria, entre las calles de Emiliano Zapata a Eva Briseño. En su alegato exponen que ellos son los auténticos propietarios y señalan al ayuntamiento de Zapopan como la entidad ejecutora del presunto acto de despojo.
