La Secretaría de Gobernación, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, así como Amnistía Internacional condenaron el atentado contra el diario Mural, de la cadena regiomontana que edita El Norte y Reforma, por considerarlos “un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión”. Hasta el viernes 19 la superfiscalía general de Jalisco no había dado los pormenores de las indagatorias.
La madrugada del miércoles 17 el periódico Mural, fundado hace tres lustros, fue objeto de un ataque con dos artefactos explosivos.
La agresión causó daños menores a la fachada de la entrada principal del rotativo, ubicada en la avenida Mariano Otero. El otro artefacto fue lanzado contra el otro acceso de Mural, el de avenida López Mateos, y causó daños a un Tsuru que se encontraba en el estacionamiento y pertenece a uno de los trabajadores. La Fiscalía General y los responsables del periódico informaron que no hubo ningún herido.
En su sitio electrónico y en su edición impresa del jueves 18 Mural informó que gracias al vehículo las esquirlas y la onda expansiva provocadas por la explosión no se extendieron.
Según la Fiscalía General de Jalisco, que encabeza Luis Carlos Nájera Gutiérrez, al filo de las seis de la mañana se recibió el reporte de dos explosiones en el diario: la primera, a las 3:24 de la madrugada, en la entrada de Adolfo López Mateos; la segunda ocurrió minutos después sobre avenida Mariano Otero número 4047.
Los peritos de la institución confirmaron que las detonaciones fueron provocadas por las granadas lanzadas contra el inmueble. En un comunicado expusieron que uno de los artefactos era de fabricación artesanal. En entrevista posterior con los medios locales, personal de dependencia reconoció que el otro explosivo era una granada calibre 40.
“La información que tenemos al momento es que son dos granadas las que le arrojaron, una al ingreso principal al periódico y otra en la parte posterior en el estacionamiento. El periódico tiene una cámara en el ingreso del estacionamiento, esperamos que ésta nos pueda dar alguna información de quién pudo haber hecho las detonaciones”, expuso el comandante Horacio Sánchez, subinspector de la fiscalía.
El video captado por las cámaras del diario y difundido en su página web, se observa al sujeto que lanza la granada y el momento en que corre hacia el lado opuesto a la avenida Mariano Otero. También se percibe el flashazo provocado por la explosión.
A su vez, los vigilantes de Mural indicaron que alrededor de las 3:30 horas escucharon dos detonaciones y al hacer un rondín detectaron los daños en el portón principal.
Hasta el cierre de edición, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del Escuadrón Antibombas de la fiscalía que acudieron al lugar continuaban sus indagatorias. No obstante, el ataque puso en alerta a los medios de comunicación jaliscienses, lo que obligó a las autoridades estatales a establecer medidas de sobrevigilancia en los alrededores de las principales empresas periodísticas.
Sin pistas
El fiscal Nájera Gutiérrez incluso habló de la necesidad de establecer un código de alerta para el resguardo de los medios de comunicación y la protección de los periodistas.
El mismo miércoles 7 por la tarde otro incidente llamó la atención de las autoridades y del gremio: unos sujetos lanzaron un objeto contra una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca estacionada el primer cuadro de la ciudad, muy cerca de las instalaciones del diario El Informador, entre las calles Juan Manuel y Liceo. La unidad se incendió, lo que alarmó a los vecinos.
Las autoridades descartaron que tratara de una nueva agresión contra una empresa periodística. El alcalde Ramiro Hernández declaró que el incidente fue una acción de vandalismo debido a que sujetos desconocidos rociaron gasolina y pretendieron incendiar la referida camioneta; dijo también que era falso que en ese sitio se hubiera localizado un explosivo.
En su cuenta de Twitter, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz condenó el atentado y dijo que en Jalisco no se tolerará la intimidación a los medios de comunicación y ofreció su apoyo para el esclarecimiento de ese hecho:
“Lamento profundamente los hechos y he dado instrucciones desde muy temprano (para) que el fiscal general y el fiscal Central (Rafael Castellanos) revisaran y llegaran a fondo”, de este asunto.
En Jalisco se carece de mayores referencias de actos de agresión cometidos contra medios de comunicación o reporteros en los últimos años, a pesar de la violencia desatada en la llamada guerra contra el narco, desatada en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
Luis Carlos Nájera mencionó que un ataque contra una empresa periodística no se había registrado en la entidad desde de la década de los setenta, cuando la guerrilla le declaró la guerra al gobierno mexicano.
El 17 de noviembre de 1974 miembros del grupo guerrillero Unión del Pueblo (UP) hicieron estallar una bomba en la marquesina del periódico El Occidental. esa información se difundió en su momento en todos los medios y hoy puede leerse en el libro Historia de la Unión del Pueblo y en el sitio https://es.scribd.com/doc/8578108/Jesus-Zamora-Garcia-Historia-de-la-Union-del-Pueblo).
Nájera Gutiérrez se mostró cauto sobre los avances de la investigación del atentado contra Mural, perteneciente a la cadena Reforma, que también edita aquí Metro, un rotativo especializado en información policíaca y sensacionalista.
En el marco de esos acontecimientos, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, llamó a la calma y pidió a la ciudadanía no atemorizarse ante ese tipo de hechos, también ofreció apoyo a los medios de comunicación en materia de vigilancia. Por su parte, representantes de diversos sectores de la sociedad condenaron el ataque al diario Mural y llamar a las autoridades a esclarecer el hecho y castigar a los responsables.
Hace poco más de dos años, en octubre de 2010, en internet se difundió una supuesta amenaza del Cártel de la Resistencia contra periodistas locales y se mencionó una lista de reporteros presuntamente ligados al narco. Las autoridades no le dieron seguimiento a ese mensaje.
En esa ocasión Telecable de Zapopan, propiedad del exalcalde Héctor Vielma Ordóñez y su familia, sacó del aire sin previo aviso un programa de información policiaca que transmitía en Canal 8. Después se supo que lo hizo por presuntas amenazas contra los colaboradores de ese espacio televisivo.
El material se podía consultar en la dirección electrónica https://www.lapoliciaca.com/nota-roja/blog-del-narco-video-miembros-de-la-resistencia-confiesan/. Hoy, en ese sitio sólo parecen comentarios vagos sobre aquel programa.
Rumores y silencios
Hasta el cierre de edición la fiscalía se ha negado a mencionar dado silencio respecto a las líneas de investigación. Sin embargo, los reporteros que cubren la fuente policíaca aseguran que no se descarta que el ataque pudiera estar relacionado con las informaciones publicadas en Metro o Mural en torno la muerte de una modelo venezolana llamada Daysi Yeniree Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado junto a un canal de aguas negras del oriente de Guadalajara el 17 de diciembre de 2012.
Mientras que dentro de Mural algunos trabajadores admiten que en los últimos meses algunos editores y colaboradores han recibido amenazas e incluso haber presentado las denuncias correspondientes. Sin embargo, los directivos eluden tocar ese aspecto.
Lo cierto es que el jueves 18, la Fiscalía General informó sobre la consignación en el Juzgado Décimo Tercero de los Penal de Juan Manuel Martínez y Julio Andrés Vázquez, presuntos acusados del homicidio de la venezolana.
La dependencia agregó que un tercer implicado, José Antonio Rodríguez, admitió que actuaba en complicidad con Martínez y Vázquez, quienes presuntamente pertenecían a un grupo criminal.
En la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación condenó el ataque a las instalaciones de Mural y, tras indicar que mantiene su compromiso con la libertad de expresión, expresó en un comunicado que “estará atenta a la investigación y sanción” de los hechos ocurridos el miércoles 17 por la madrugada.
Amnistía Internacional también emitió un comunicado en el que llama a las autoridades “a que se aseguren de que las investigaciones que se conduzcan sean eficaces e imparciales, que los resultados de estas investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta agresión rindan cuentas ante la justicia”.
Y agregó: “El pasado 6 de marzo las instalaciones del Diario de Juárez y de Canal 44, ubicadas en Chihuahua, fueron también atacadas. En los últimos años otros medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto de ataques de esta naturaleza (…) estos ataques tienen como objetivo intimidar a los medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto, deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión”.
