La reciente aparición del cuerpo mutilado de Candelario Hermilo Domínguez Rodríguez, un exescolta de Emilio González Márquez, en un paraje de la carretera Sayula-San Gabriel, agudizó el miedo en esa región antaño apacible, donde la violencia se ha intensificado en los últimos dos años, según los entrevistados. Desde el año pasado la investigadora de la UdeG Rosa Yáñez Rosales difundió una carta para advertir a las autoridades sobre la situación. Nadie le hizo caso. Hoy, dice, Llano Grande es un tiradero de cadáveres.
Los habitantes de los municipios de Sayula y San Gabriel, que antaño fueron la fuente de inspiración en el desarrollo de la literatura del escritor Juan Rulfo, viven sometidos por el miedo y la zozobra que provocan bandas de criminales que actúan con plena impunidad y se dedican a secuestrar, extorsionar y asesinar a presuntos enemigos o a quienes no acceden a sus exigencias o reclamos.
Hasta hace dos años, ambas comunidades, unidas por una vía de 40 kilómetros de camino sinuoso y lleno de contrastes, eran orgullo de los lugareños por la tranquilidad del entorno. Pero la violencia desatada por los grupos criminales terminó con la vida apacible y hoy la mayoría evitan salir a carretera cuando acaba la tarde y se recluyen en sus casas antes de las 10 de la noche.
También suprimieron los paseos en las faldas de la sierra de Apango, repletas de pinos y cerros cubiertos de maleza en los primeros 12 kilómetros del recorrido hacia el Llano Grande. Es ahí donde el hampa siembra el miedo, mata y suele cobrar extorsiones, comentan a Proceso Jalisco.
A finales de 2012 desaparecieron siete hombres en Jiquilpan, municipio de San Gabriel; además, dicen los pobladores, los secuestros, asesinatos y cobros de extorsiones se cuentan por decenas. Se quejan de las autoridades porque, arguyen, no hacen nada por detener a los criminales.
Hablan con temor del hallazgo, el pasado 23 de marzo, del cuerpo desmembrado de Candelario Hermilo Domínguez Rodríguez, quien fue escolta de Emilio González Márquez cuando éste ocupó la Casa Jalisco; había desparecido tres días antes.
Los ejecutores de Candelario abandonaron los restos a la altura de los kilómetros ocho y nueve de la carretera Sayula-San Gabriel. Estaban repartidos en 27 bolsas de plástico y, según los testigos, sus genitales colgaban de las ramas de un árbol. Los forenses tardaron más de una semana en identificarlo.
Según Rosa Yáñez Rosales, catedrática de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la inseguridad se incrementó desde diciembre pasado. Al parecer, comenta al reportero, a los siete plagiados en Jiquilpan “se los tragó la tierra. Sus familiares nos indican que nadie los está buscando; dicen que no existe mayor interés por parte de las autoridades (ni estatales ni federales) para localizarlos.
“Hay mucho miedo y más porque el último secuestro ocurrió en plenas fiestas de Jiquilpan, celebradas a finales de diciembre.”
En menos de un año, agrega, la carretera Sayula-San Gabriel se convirtió en “tiradero de cadáveres”. Hoy, el modus operandi de los delincuentes es arrojar a los ejecutados desde vehículos en movimiento o abandonar los cuerpos mutilados en decenas de bolsas de plástico, como en el caso de Candelario.
Yáñez Rosales dice que aun cuando lanzó la voz de alerta hace cinco meses, en las postrimerías de la gestión de González Márquez, no fue escuchada. Confía en que la administración de Aristóteles Sandoval tome cartas en el asunto.
Siguen las ejecuciones
En San Gabriel, los vecinos toman medidas extremas contra la violencia, sobre todo por la presencia de halcones que vigilan a todos los que entran o salen del poblado.
“Desde que vas llegando y tu carro es desconocido para esos sujetos, se te emparejan o te paran. Te preguntan quién eres, a dónde vas. Eso le ha pasado a mucha gente”, comenta al reportero Rosa Yáñez.
La población se queja porque “no se ve ningún tipo de apoyo”. Los padres recomiendan a los jóvenes no salir después de las 10 de la noche, les aconsejan extremar sus actos cuando vayan por la calle, que eviten a los desconocidos.
“Nadie se explica tanto desinterés de las autoridades estatales para frenar la ola de violencia. Están sucediendo cosas muy graves y ni quisiera se atreven a averiguar; hoy, cualquier ciudadano común tiene más información que el Ministerio Público y las autoridades estatales”, sostiene.
En Sayula la población aún se estremece por el hallazgo de las bolsas con los restos del exescolta de Emilio González Márquez. La noticia trajo a la memoria de los vecinos tres acontecimientos similares ocurridos entre mayo y junio de 2012, que todavía no se aclaran.
En mayo del año pasado una llamada anónima dio pistas a la Policía Municipal para la localización de restos humanos a la altura del kilómetro ocho de la citada carretera. Lo uniformados y peritos acudieron al lugar y descubrieron tejidos y osamentas de Javier Rodríguez, un habitante de Usmajac, Sayula, según publicó el periódico regional El Sur el 16 de ese mes.
Dos días después, en la misma ruta, fue abandonado un cuerpo masculino sobre de carretera. En las inmediaciones había varias bolsas con restos humanos.
En la misma región sur, sobre la carretera libre Guadalajara-Ciudad Guzmán, cerca de la zona de los anteriores hallazgos, fueron abandonadas bolsas de plástico negro con osamentas humanas, según informaron los medios del sur de Jalisco el 30 de junio siguiente.
A diferencia de lo ocurrido con Candelario Hermilo Domínguez Rodríguez, a los desaparecidos de la región nadie los busca y el trabajo de los investigadores (si acaso existe) no se ve por ningún lado. “Se descubre que no hay ningún interés de las autoridades para buscar a los desaparecidos. Si se quisiera averiguar, no es demasiado difícil dar con las respuestas”, comenta.
Autoridades indolentes
De los siete levantados en Jiquilpan, comenta Yáñez, cinco eran jóvenes campesinos de familias de escasos recursos. Reitera la entrevistada:
“Si realmente existe el interés de las autoridades por aclarar esos secuestros y poner orden a la inseguridad, ya se tendría que ver los resultados. Esta parte de Jalisco es una zona ampliamente conocida, sus accesos no están tan intrincados, hay carretera pavimentada desde Guadalajara hasta San Gabriel y construida desde los años setenta. Por desgracia no se ve el interés por castigar a los culpables.”
Reconoce que de mayo de 2012 a la fecha la carretera que une a las dos poblaciones se ha convertido en un “tiradero de muertos”, a pesar de que la ruta es bastante transitada.
“De Sayula a San Gabriel son 40 kilómetros y el camino corresponde a una carretera asfaltada, el tráfico es nutrido y desde mayo y junio del año pasado se vive esa situación en lo que corresponde del kilómetro ocho y hasta el 10.”
Recuerda que antes había por la zona un batallón militar, pero fue retirado hace tiempo. En la última semana de diciembre la misma maestra Yáñez denunció esa grave situación mediante una carta enviada a la opinión pública.
“Por este medio –escribió– me dirijo a ustedes para denunciar que en la comunidad de Jiquilpan, población ubicada a tres kilómetros de la cabecera municipal de San Gabriel, Jalisco, a 40 km de Sayula y a 26 km de Tapalpa, la noche del 25 de diciembre se perpetró el secuestro de dos jóvenes, quienes se encontraban en la plaza de dicha localidad. Uno de ellos, cuya identidad se desconoce, opuso resistencia ante el inminente secuestro, fue golpeado en la cabeza y habiendo perdido el conocimiento, fue subido a una camioneta pick up, junto con Mateo Valverde Maravilla, quien tiene 24 años”.
En esa ocasión ofreció datos de personas privadas de la libertad en forma ilegal. “Al secuestro o desaparición forzada de esos dos jóvenes, se suma a la de Jorge Luis Ramírez Rosales, de 24 años, secuestrado el pasado 25 de noviembre en las inmediaciones de la misma localidad”.
Los dos adolescentes mencionados, los hermanos Cipriano y Juan Arreola Solano, vecinos de Jiquilpan, desaparecieron a mediados de octubre de 2012. En esa entrevista, Yáñez habló del temor de los habitantes de Jiquilpan, una población con menos de mil 800 personas.
Al final de su carta, la catedrática de la UdeG demandó a las autoridades su intervención inmediata. Pasaron cuatro meses y nadie la buscó. Lamenta que el reciente hallazgo de los restos humanos de Candelario quiera verse como un asunto aislado, ajeno a la violencia que envuelve el sur del estado. Y mientras las autoridades municipales y estatales minimizan las muertes de civiles, el dolor de las familias pobres y atemorizadas de Llano Grande se incrementa.
