MADRID.- La imagen del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, llegando al juzgado de Palma de Mallorca para declarar como imputado en el juicio del caso Nóos, tuvo una enorme repercusión social. Es la primera vez que un familiar del rey Juan Carlos de Borbón se sienta en el banquillo, acusado de malversación de fondos y fraude.
Pero fue mayor el impacto el miércoles 3 cuando se conoció el fallo del juez José Castro que imputó a la infanta Cristina de Borbón por el supuesto de “cooperación necesaria” en los presuntos delitos que cometieron su esposo, Urdangarin, y el exsocio de éste, Diego Torres.
Este fallo –tardío, por ser la única integrante de Nóos que no había sido imputada– se deriva de que la hija del rey fungió como secretaria general de la promotora inmobiliaria Aizoon y como vocal en el Instituto Nóos, éste sin fines de lucro.
Y es precisamente el entramado entre ambas instancias el que se utilizó para obtener contratos por 17 millones de euros, aunque la parte central de la investigación son 6 millones provenientes del caudal público que recibieron por contratos con los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia.
Sin embargo la declaración de la infanta –inicialmente prevista para el sábado 27– se postergó pues el fiscal Pablo Horrach recurrió la decisión de Castro con el argumento de que no hay elementos suficientes para implicar a la hija del monarca español.
Por su relevancia el caso está aderezado con otros ingredientes inéditos, como el hecho de que el juez Castro recibe en la calle espontáneos aplausos y gritos de apoyo de los ciudadanos, por atreverse a juzgar a miembros de la corona.
Catorce indicios
Las 18 cuartillas del auto judicial de imputación de la infanta Cristina contienen 14 indicios de su posible implicación. Si bien el magistrado precisa que no hay “indicios racionales de que interviniera activamente en la gestión del Instituto Nóos y de Aizoon”, sí los hay de que “prestó consentimiento a que su parentesco con el rey fuera utilizado por Undargarin y Torres” para amarrar contratos.
En su auto judicial Castro recuerda las palabras de Juan Carlos de Borbón en la Navidad de 2011 –“la justicia es igual para todos”– y señala que sin interrogar a la infanta el caso se cerraría “en falso”.
El primer indicio es una carta del duque a un amigo, donde manifiesta su interés por instalarse por su cuenta con su nuevo socio y asegura que “cuenta con el conocimiento y apoyo de su esposa”.
De una serie de correos electrónicos aportados por Diego Torres para su defensa, el juez considera como indicio la autenticidad que les dio el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, cuando prestó declaración, mismos que ponen en evidencia que la infanta conocía las verdaderas actividades de Nóos.
Y argumenta: “No se acaba de entender que cuando menos no participara a doña Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado” por su vinculación con ella, con García Revenga y “con la casa de S. M. el rey”.
Tampoco encuentra una explicación coherente a que el secretario de las infantas no informara al rey de su nombramiento como tesorero del Instituto Nóos o que tampoco lo hicieran la infanta y su esposo.
El juez considera que la infanta conocía el hecho de que el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, “ordenó, recomendó o aconsejó” a Urdangarin dejar “determinados comportamientos tras conocer sus negocios” y duda que lo hiciera “a espaldas” del monarca.
Y si Juan Carlos supo que la infanta y García Revenga fueron incluidos en la junta directiva de Nóos, el juez no entiende que ella misma no llegara a enterarse, como tampoco entiende que ella fuera nombrada vocal del instituto para no participar en la toma de decisiones en las reuniones del consejo directivo, como lo declaró el secretario de Cristina.
Castro considera que Cristina pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por Urdangarin y Torres por el hecho de que su secretario y ella abandonaron la junta directiva de Nóos después de las recomendaciones del asesor jurídico de la casa real. Ni le parece lógico que García Revenga no lo hubiera comentado con la infanta.
“No se acaba de entender”, dice, que el rey “no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar” e incluso consensuara con ella “su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento”.
Asimismo advierte que hay gastos personales cargados a las cuentas de la empresa Aizoon, donde la infanta era secretaria y propietaria de 50%.
Otro indicio de su “cooperación necesaria” es que varios testigos relataron que fueron contratados como empleados y su sueldo se pagó “con dinero fiscalmente opaco”. El magistrado no descarta que Cristina pudiera saber que Aizoon, mediante la que se hicieron esos contratos, “estaba siendo utilizada para fines ilícitos”.
Diego Torres declaró al juez que las competencias deportivas Illes Balears Forum, organizadas por Nóos “se negociaron en el Palacio de Miravent (residencia de verano de la familia real, en Palma de Mallorca) y los Valencia Summit en La Zarzuela (residencia del rey) “aunque este dato no haya sido confirmado ni desvirtuado todavía”, sostiene.
También plantea que Urdangarin facilitó a una tercera persona el número de una cuenta bancaria en la que la infanta figura como autorizada.
Asimismo en la última partida de correos aportados por Torres a la causa “Urdangarin consulta con su esposa sobre la forma de comunicar la creación del Instituto Nóos”.
Sólo unas horas después de conocerse el fallo, un vocero de la casa real dio a conocer su “sorpresa por el cambio de posición expresado por el juez” al imputar a la infanta y se sumó con “absoluta conformidad” con la decisión del fiscal de recurrir al auto del juez.
Esta posición fue rectificada un día después por el heredero al trono. Durante un acto con jueces en Barcelona el príncipe Felipe destacó que la justicia es el elemento esencial para el mantenimiento del estado social y democrático de derecho. Y consideró que la función de los jueces “cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales”.
Luego se anunció que el abogado de la infanta no será el mismo de Urdangarin (Mario Pasqual Vives), sino Miquel Roca Junyuvent, uno de los políticos más reconocidos de la transición y uno de los padres de la Constitución española de 1978.
