La muerte de un trabajador de la empresa automotriz Honda a finales de marzo pasado detonó una serie de problemas en esa firma japonesa asentada en Los Altos desde hace 25 años. El accidente ocurrió tres días después de la visita del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien, según algunos trabajadores, aprovechó el aniversario para externarle su respaldo a los directivos ahora que dos sindicatos se disputan la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
El 25 de marzo último, tres días después de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz visitara las instalaciones de la planta de ensamblaje automotriz Honda en el corredor industrial de El Salto, el trabajador Armando Arana Torres, de 38 años, murió prensado por el conductor de un tráiler que realizaba maniobras para enganchar un contenedor.
Y aun cuando la familia de Arana Torres, quien llevaba 17 años y siete meses trabajando en la empresa nipona, optó por no hacer declaraciones sobre el accidente en espera de que la empresa le pague una indemnización, algunos trabajadores que asistieron al sepelio de su compañero aseguran que hasta ahora los directivos no han hecho ningún ofrecimiento.
Consultados por el reportero, ellos indican que los deudos de Arana temen hacer declaraciones porque en la empresa trabajan otros parientes suyos y temen que los despidan.
Al funeral de Armando acudió Alberto Regalado, delegado del Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), perteneciente a la CTM, quien reprochó al representante sindical de los trabajadores de Honda, José Luis Solorio, su falta de liderazgo para exigir medidas de seguridad al interior de la planta.
Solorio, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), acusó a Regalado de haber traicionado el movimiento obrero, toda vez que abandonó la organización para pasarse al SETEAMI. Regalado se limitó a responder que la empresa iba a exponer su postura en un comunicado. Hasta el cierre de edición aún no lo había hecho.
La falta de seguridad
De acuerdo con la necropsia del Servicio Médico Forense (expediente 756), Arana Torres falleció a causa de una contusión de tórax y abdomen de tercer grado.
Los médicos que lo atendieron en la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social refieren que el trabajador llegó sin signos vitales al área de urgencias donde trataron de resucitarlo; no pudieron. El cuerpo fue trasladado a la Unidad Médica Familiar 39 pero tampoco ahí lo lograron.
Y aunque la muerte Arana es la primera que ocurre en esa empresa que lleva 25 años funcionando en el corredor industrial de El Salto, el STUHM insiste en que se debe a la negligencia de los directivos por la falta de medidas de seguridad.
La Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado emitió un reporte sobre los accidentes de trabajo en el cual indica que Arana Torres, quien era auxiliar de producción en el departamento de estampado Muv, se encontraba en el área de soporte de actividades de mantenimiento en el momento del accidente.
La propia empresa lo admite: en el percance influyó la ausencia de avisos preventivos, incluso precisa que en lo que va del año se han registrado al menos ocho accidentes menores.
En el apartado de “hechos”, refiere que alrededor del mediodía del 25 de marzo (el día del accidente) solicitó al operador de un tractocamión de la empresa prestadora de servicios Adecco mover la caja seca (contenedor) de la rampa 32 al área de motocicletas. Durante la maniobra, el vehículo se echó de reversa y atrapó al empleado de Honda entre la caja y el muro.
En su reporte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local indica que Arana Torres tenía 14 años y 7 meses laborando en la planta con un sueldo diario de 289.90 pesos. Personal de la dependencia acudió al lugar del accidente el 27 de marzo a realizó una “inspección extraordinaria” para verificar si las medidas de seguridad e higiene de la planta eran las adecuadas.
Sin embargo, el gerente senior jurídico legal de la División Administración y Relaciones Gubernamentales de Honda, Alejandro Salaiza Rubio, les impidió la entrada. Les dijo que el centro de trabajo se encuentra regido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y se comprometió a entregarles copia de la última inspección realizada por la institución para el martes 2 de abril.
El secretario del Trabajo estatal, Eduardo Almaguer, confirma que la única autorizada para inspeccionar la planta automotriz es la dependencia federal, por lo que su personal sólo levantó un acta circunstanciada de los hechos. Dice que aunque conoce las quejas de los obreros de Honda, así como las acciones del STUHM por obtener el contrato colectivo de trabajo, él no tiene competencia para intervenir en los asuntos laborales de la empresa.
Solorio señala que Arana había hecho reclamos por las condiciones de riesgo laboral. A causa de sus reclamos, los directivos solían moverlo de área a su antojo. Según el dirigente del STUHM, el día del accidente Arana aceptó a regañadientes moverse a la planta de motocicletas para pintar las rampas de desembarque, a condición de que le colocaran señalamientos de seguridad.
Los directivos, insiste, le negaron su petición y amenazaron con despedirlo si se rehusaba a hacer la labor. Mientras Arana pintaba de amarillo una de las rampas de desembarque, el tráiler entró en reversa para enganchar un contenedor y lo prensó.
Los accidentes
José Luis Solorio comenta que los trabajadores que presenciaron el accidente vieron a Arana escupir sangre. Refiere también que de las 17 y las 20 horas se suspendieron los trabajos en cada departamento y se difundió un comunicado al interior de la planta para notificar el deceso de Arana.
Según él y otro sindicalista llamado Celestino Pallares, no es la primera vez que ocurre un accidente en la planta. El año pasado, un grupo de trabajadores estuvo a punto de morir cuando revisaban una camioneta que se volteó.
El 10 de enero de 2012, un autobús de la empresa que trasladaba al personal a sus domicilios se incendió cuando circulaba por la carretera a Chapala; 19 personas resultaron heridas. El 20 de marzo último, otro autobús de personal estuvo a punto de incendiarse a causa de un corto circuito mientras se dirigía a la Hermosa Provincia a dejar a los trabajadores.
Pallares agrega que tan sólo en el área de ensamble de la planta automotriz se han reportado 180 puntos de riesgo, pero la empresa no toma medidas de seguridad al respecto.
Él y Solorio fueron despedidos de Honda en 2010 cuando iniciaron los trámites para obtener el registro oficial del STUHM, que finalmente le fue concedido en agosto del año siguiente. Pese a tener la representación legal, la campaña de desprestigio contra Solorio continuó.
En marzo de 2012, el dirigente sindical fue acusado del robo de una pluma a un guardia de seguridad de la empresa cuando él y otros sindicalistas repartían volantes a sus agremiados. Incluso fue arrestado, aunque recuperó su libertad dos días después tras el pago de una fianza.
Solorio refiere que cuando lo despidieron, el personal de recursos humanos le dijo que no era productivo, aunque durante dos años fue encargado de área y su desempeño en el departamento de soldadura recibió halagos.
El 12 de octubre de ese año Ricardo Chávez, otro sindicalista, también fue despedido luego de que personal de recursos humanos de la empresa encontró en su área de trabajo un paquete de folletos del STUHM en los cuales se explicaba cuáles eran sus derechos laborales.
“No me dieron un solo papel que explicara las causas de mi despido ni me dijeron cuánto me iban a dar (de liquidación) por tantos años de labor; en la Junta Federal tampoco me informaron nada”, relata. Hasta ahora no ha sido notificado oficialmente de su despido.
Chávez tenía cinco años de antigüedad en la planta y se desempañaba como inspector de calidad de los vehículos antes de que se les ensamblaran el motor y la transmisión. Todos los días, dice, revisaba 130 unidades durante su jornada que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a 16:00 horas.
Antes de su cese, el gerente de recursos humanos, Miguel Enrique García Leal, y el director general de Honda de México, Jesús Báez, lo llamaron a un cubículo para decirle que tenían las instrucciones de despedir a todo aquel trabajador que no estuviera en las filas del SETEAMI, el sindicato blanco.
Presión cetemista
Armando Arana Torres murió tres días después de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz visitara la planta automotriz con motivo de su 25 aniversario. Ese día el mandatario anunció que habrá apoyos fiscales en el uso de la tierra industrial y se comprometió a impulsar reformas para que haya justicia laboral.
Solorio y Pallares sostienen que la asistencia de Sandoval Díaz a Honda no es casual, pues en dos meses aproximadamente la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal realizará la toma de nota para determinar cuál de los dos sindicatos –el STUHM o el SETEAMI– tiene más afiliados.
Refieren que el mandatario fue a dar un espaldarazo a la planta automotriz porque saben que el STUHM ha ganado simpatía entre los trabajadores e intentan desaparecerlo a toda costa.
Según Pallares, cuando el gremio obtuvo oficialmente su registro, el SETEAMI lo impugnó con el argumento de que no tenía afiliados. Solorio agrega que la CTM ejerció presión en la empresa para que sus directivos amenazaran a los trabajadores con el despido si optaban por adherirse al STUHM.
Relatan que, aun cuando el STUHM logró su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 11 de agosto de 2011, el 7 de noviembre de 2012 esa misma instancia se lo retiró, por lo que sus dirigentes interpusieron un amparo ante la Secretaría Auxiliar de Amparos, Junta Especial número 15 (expediente 243/2012).
“Próximamente se estará dando un recuento y sabemos que quiere darle un espaldarazo a la empresa y al sindicato cetemista. Ya sabemos que la CTM y el PRI son lo mismo. (El gobernador) vino a apoyar a la empresa”, reitera Solorio.
Y se queja: La nueva reforma laboral faculta a la empresa para mover de área a su gusto a los trabajadores, convirtiéndolos en multifuncionales, mientras el SETEAMI –el que ostenta el contrato colectivo de trabajo– no hace nada por impedirlo.
