Mientras en la zona metropolitana de Guadalajara la violencia sigue cobrando vidas de civiles, como sucedió el pasado 31 de marzo en dos bares, la fiscalía y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval admiten que los cuerpos policiacos están infiltrados por la delincuencia. Han trascurrido dos semanas y aún no hay pistas de los responsables de los ataques. Ante el pasmo de las autoridades, el Cártel de Jalisco Nueva Generación aprovechó para posicionarse con un narcomensaje en el que asegura que es una organización “de amplio criterio”.
Los ataques a dos bares en los barrios tapatíos en San Juan de Dios y San Andrés el 31 de marzo, que dejaron un saldo de ocho muertos y al menos 15 heridos, prendieron la alerta roja en el gobierno estatal y en el ayuntamiento de Guadalajara, cuyos uniformados no supieron actuar con la rapidez requerida.
Y mientras una de las organizaciones delictivas mejor posicionadas en la entidad –el Cártel de Jalisco Nueva Generación– lanzó una proclama de guerra contra sus adversarios, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz admitió que las corporaciones policiacas están infiltradas por el crimen organizado.
Los ataques se registraron la noche del 31 de marzo, minutos después del final del encuentro futbolístico Chivas-América, que se transmitió por la televisión, lo que hizo que miles de personas acudieran a bares y restaurantes de la zona metropolitana a presenciarlo.
La tragedia se desató a las 22:05 horas en el antro Gol o Clásico, localizado entre Javier Mina y Cairo, en el barrio de San Andrés, al oriente de Guadalajara. Ahí fallecieron el estadunidense Jeff Lydell, de 45 años, y Julio Ramón Chávez, de 19, mientras que nueve parroquianos resultaron heridos.
Felipe de Jesús Garibay Valle, catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sostiene que fue el tercer gran atentado contra población civil registrado en los últimos tres años en la zona metropolitana. Según los testigos, los agresores viajaban en dos vehículos: una camioneta Chevrolet Blazer gris y una Caravan Dodge verde-azul.
Siete minutos más tarde los mismos sicarios irrumpieron en el bar Ruta 66, ubicado en la calle 66 y Javier Mina, donde dispararon contra trabajadores y clientes, incluso lanzaron una granada de fragmentación. El mesero Vicente Rojas y un cliente llamado Hugo Rodríguez cayeron fulminados.
Los días siguientes murieron seis personas más, entre ellos Alfredo Pérez Villalobos, de 33 años, quien acudió al bar El Clásico a ver el futbol; Miguel Ángel Velázquez García y Guillermo Navarrete Torres, ambos de 31, así como Karina Santos Arriaga, de 23.
Entre los heridos se encuentran Florentino Rojas Padilla, de 43 años, y su pareja, Raquel Martínez Preciado, de 39; la trabajadora de uno de los bares a quien las autoridades identifican como Lucía “N”, quien fue alcanzada por una de las granadas; Juan Pantoja, de 49; Mario Guadalupe Alatorre, de 15; María Catalina Tovar Jáuregui, de 44; Juan Manuel Álvarez, de 42, y dos personas más.
Los cuerpos policiacos y las tropas del Ejército que peinaron la zona e iniciaron las investigaciones no han detenido a ninguno de los autores de esos ataques. Hasta ahora, según el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, sólo se han identificado los dos vehículos supuestamente utilizados en los atentados.
El lunes 1 los medios locales informaron que las acciones criminales tenían como destinatario al dueño de los dos bares –aunque omitieron su nombre–, quien resultó herido y logró escapar hacia una sala de velación del ISSSTE.
El abogado Felipe de Jesús Garibay Valle recuerda el ataque al bar Butter Club en febrero de 2011, en el cual murieron seis personas y otras seis quedaron heridas. El operativo, dice, fue similar al del pasado 31 de marzo.
También menciona el que ocurrió tres meses de aquel en el salón de eventos Lydos Show Center, en Zapopan, cuando un comando armado irrumpió al convivio de aniversario de una revista grupera y provocó la muerte de una mujer y dejó 17 heridos.
Según Garibay Valle, los atentados muestran que las bandas criminales buscan a toda costa controlar la plaza de Guadalajara y cuestionan la eficacia de los cuerpos de seguridad municipal y estatal; de poco han servido las 140 videocámaras de vigilancia metropolitana, insiste.
Casi una semana después, el gobernador Aristóteles Sandoval declaró a los reporteros: “No vamos a permitir que nuestras policías estén infiltradas y atendiendo otros intereses. Debo reconocer que (la inseguridad) es un problema que se da en todo el país y hay que ir a fondo en la investigación”.
Omitió mencionar las muertes ocurridas el 31 de marzo pasado y los días posteriores. Dijo que se abrió una investigación para detectar a los elementos policiacos coludidos con los criminales. Y en torno al equipo de video terminó por admitir que algunas cámaras son obsoletas y otras llegaron incompletas, por lo que la Contraloría se puso en contacto con los proveedores “para llegar a un acuerdo”.
El video
Antes de que el gobernador hiciera esas declaraciones, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) subió a internet el video de un supuesto pronunciamiento que fue reproducido en el Blog del Narco en el que no se hace referencia a los atentados contra los dos antros tapatíos.
En la grabación, un sujeto sentado en torno de una mesa y rodeado por decenas de hombres con pasamontaña y cascos militares que empuñan armas largas expone:
“Siendo miércoles 3 de abril, emitimos este comunicado para toda la población del estado de Jalisco. Con respeto nos dirigimos a ustedes y a las fuerzas federales y municipales; el motivo por el cual hacemos este video es para puntualizar y reiterarles que somos un cártel de amplio criterio.
“Hay algunos grupos que al verse derrotados buscan la forma de desprestigiarnos con argumentos. (Como) es sabido por ustedes, nosotros no (solemos) implementar cuotas, el secuestro y la extorsión, que es cotidiano vivirlo en otros estados. Tan es sabido que aquí no se hace eso, que grandes empresarios y familias que han sido afectadas por otros cárteles en diferentes estados se trasladan aquí.
“Todos los que pertenecemos a este cártel tenemos que vivir en la clandestinidad, puesto que nuestros actos así lo requieren. Pero con el respeto a la sociedad, las autoridades, el ámbito policiaco y el pueblo mexicano se merecen, les hacemos saber que estamos en la mejor disposición de mantener los lugares donde tenemos presencia, la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos los mexicanos, y para aquellos que atenten contra el estado serán recibidos como se merecen”.
En el fondo se observa una manta que muestra las entidades en las cuales tiene presencia el CJNG: Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Guerrero.
El mensaje no alude a la supuesta detención de uno de los cabecilla de la organización en la región Valles días antes de los ataques a los dos bares de Guadalajara, que en su momento anunció el responsable de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
Según Nájera Gutiérrez, los ataques del 31 de marzo fueron contra los dueños de los antros, cuyos nombres omitió, aunque aclaró que hasta donde se sabe no tienen cuentas pendientes con la justicia.
El abogado Garibay Valle insiste: “En la medida en que se fortalece el hampa y las instituciones encargadas de la seguridad se debilitan, debemos entender que en México crece la delincuencia por la crisis económica que se vive y por los problemas en la formación cultural y educativa de los ciudadanos en el país”.
En 2002, el analista Diego Julián González Pérez, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, elaboró un mapa criminal con base en los homicidios de alto impacto registrados en la zona que va de Calzada Independencia a Tetlán, en Guadalajara, y de la calle Pablo Valdez a la avenida Revolución.
El estudio se realizó antes de que se conociera de la llamada guerra contra el narco y en momentos en que poco se conocía del narcomenudeo, comenta el autor, y adelanta que se actualizarán los datos.
La indefensión
Previo a los ataques a los dos bares, en otras partes de la entidad hubo balaceras. El día 30, por ejemplo, tropas del Ejército se enfrentaron a un grupo armado a la altura del kilómetro 25 de la carretera Tamazula de Gordiano Tecalitlán, cerca del puente Gaytán, en el sureste del estado.
El saldo fue de cuatro muertes: un soldado, dos delincuentes y un civil que presuntamente estaba siendo asaltado por éstos, mientras otro militar fue herido por una bala en una mano.
Asimismo, vecinos de Tlaquepaque comentaron al reportero que un párroco local fue asaltado y amenazado de muerte, aunque no se atreve a presentar su denuncia.
Garibay Valle reitera: los atentados a los dos bares ponen de manifiesto la incapacidad de operación de grupos criminales que ahora se disputan amplios sectores de la mancha urbana. En este nuevo escenario se diluye lo que antes era visto como la “ética” o la “filosofía” de los sicarios, pues ahora ya no respetan la vida de personas inocentes.
Hace dos o tres décadas, dice, le tocó brindar sus servicios a familias de personajes acusados de delitos contra la salud. En ese entonces el respeto a la vida de las personas ajenas a las diferencias o disputas entre las bandas era una máxima.
Incluso escribió en el periódico en el que colaboraba –pese a las burlas de algunos lectores– que “respetaba demasiado a la gente pesada”; lo que quería decir es que “ellos marcaban un profundo respeto por la gente inocente que no tenía por qué ser atacada. Pero eso ya cambió”, comenta.
Hoy, vista la incapacidad de las autoridades de los diversos niveles de gobierno para controlar a las bandas criminales, es factible que en menos de cinco o 10 años los particulares intenten hacerse justicia por su propia cuenta y se desate una fase de desorden y falta de respeto a la justicia.
Ya pasaron dos semanas de los ataques a El Clásico y Ruta 66 y ninguna autoridad ha hecho mención a los presuntos responsables ni al móvil del múltiple asesinato.
