Y la maquinaria se volvió chatarra

Marco Antonio Orozco Álvarez Malo, propietario de la agencia FTO México –quien hace dos años vendió 39 motoconformadoras fabricadas en China al gobierno encabezado por el panista Emilio González Márquez– reclama el pago de 2.5 millones de pesos por un presunto incumplimiento de contrato.

El proveedor comenta que, de no recibir esa cantidad, presentará una querella porque aun cuando entregó puntualmente la maquinaria y posteriormente le dio mantenimiento a petición de las autoridades, éstas no sólo no le pagaron, sino que ahora las unidades están abandonadas en una planta de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) en Zapopan.

Se queja porque, dice, hace más de cuatro meses, a finales de la administración de González Márquez, entregó las facturas correspondientes pero nunca cobró sus emolumentos. Lo peor, según él, es que probablemente algunos colaboradores del entonces mandatario hicieran efectivos esos documentos ante la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Administración.

Al principio, precisa, la deuda era de 1.6 millones de pesos; al final se le sumaron alrededor de 900 mil pesos por las nuevas reparaciones y reposición de piezas. E insiste: todo está documentado.

El 28 de febrero, último día de la gestión de González Márquez, las máquinas reparadas estaban listas e iban a ser enviadas a los ayuntamientos beneficiados por el programa “Peso a Peso” para el desarrollo de infraestructura rural. El propósito, dice el proveedor, era no dejarle el problema a la administración de Jorge Aristóteles Díaz.

Los funcionarios emilistas le pidieron a Orozco poner en las facturas el concepto “reposición de piezas por daños” y “vandalismo” porque, insiste, las máquinas prácticamente estaban desmanteladas, a pesar que Sedeur las tuvo bajo su resguardo:

“Les robaron baterías, faros y cuchillas. Por esas piezas se facturaron 566 mil 921 pesos y otros 289 mil 364 por el gasto en consumibles”, puntualiza.

En 2011, este semanario informó que la Secretaría de Administración invirtió 6.4 millones de dólares en la compra de 39 motoconformadoras que no reunían los requisitos técnicos ni la calidad necesaria, “por lo cual se encuentran en calidad de inservibles dentro del patio de depósito de la Secretaría de Desarrollo Rural” (Proceso Jalisco 429).

Y aun cuando las máquinas chinas fueron devueltas al proveedor, Orozco sostiene que las unidades sí reúnen los requisitos solicitados por la Seder y sostiene que cualquier motor requiere mantenimiento periódico, como en el caso de las máquinas chinas.

Cuando se divulgó que éstas eran inservibles, diputados, alcaldes y líderes campesinos comenzaron a presionar a las autoridades. Ricardo Serrano, entonces titular de Administración –dependencia que ahora abarca también las áreas de Planeación y Finanzas–, llegó a un convenio con Orozco, incluso se comprometió a pagarle 800 mil pesos, equivalente a casi la mitad del adeudo, así como lo que resultara de las nuevas reparaciones.

El 1 de febrero pasado se levantó un acta circunstanciada en el patio de máquinas de la Seder, de la que este semanario tiene copia, sobre la entrega-recepción de las motoconformadoras.

Por parte de la Seder suscribió el documento Héctor Gabriel Chaires Muñoz, director de Infraestructura Rural, y Johana Minerva Melchor, responsable del jurídico. Por Administración lo hizo Juan Carlos García Gómez, director de lo Consultivo y Contencioso, quien fue asistido por dos abogados de su área; también acudieron el encargado de patio de máquinas y Julio Alejandro Arias Íñiguez, un mecánico especializado.

“Las máquinas quedaron listas, reparadas y con las piezas faltantes repuestas. El dinero para pagarnos iba a salir de una partida de la Seder y los recursos ya estaban etiquetados. Sospecho que fueron a parar a algún lado porque hasta la Secretaría de Hacienda ya me requirió el pago de los impuestos y el gobierno de Jalisco a mí no me ha cubierto mis facturas. Me devolvió las máquinas y las arreglé, pero no me pagó ni las recogió”, denuncia el proveedor.

Durante la diligencia, Arias Íñiguez dijo que, entre otras fallas, las unidades tenían deficiencias recurrentes en el sistema hidráulico, lo que impedía operar dos mandos al mismo tiempo, así como calentamiento de motor, activación de mandos involuntaria, problemas para centrar y alinear las cuchillas a cero grados y desprendimiento de cabinas.

 

Los 30 millones faltantes

 

La Contraloría del estado decidió auditar las dependencias donde se cometieron los presuntos desvíos de recursos, entre ellas la de Administración y la Seder, para determinar el destino de 30 millones de pesos que, según la dependencia, “andan flotando”. El propietario de FTO recibió con beneplácito la noticia.

Un peritaje realizado el 14 de junio de 2012 por la empresa Capacitación y Servicios Profesionales, SC (Casepro) y firmado por Alejandro Quiroz Ibarra indica que la compra de la maquinaria a FTO no es objetable, aunque indica que 36 máquinas no cumplían con los estándares de calidad, mientras que las otras tres tienen fallas a causa del uso indebido, entre ellas la falta de guardas y el daño en las mangueras.

Según el perito, las máquinas “presentan un claro abuso de operación y manejo (…) pero cumplen con los estándares de calidad acorde al precio, así como también con todos los requisitos para los cuales fueron diseñados y adquiridos”.

El reporte de Casepro contrasta con la opinión de los técnicos de la Seder, quienes aseguran que 16 de las motoconformadoras son inservibles, entre ellas las destinadas a los municipios de San Sebastián del Oeste, Atemajac de Brizuela, Zapotlán El Grande, Cuautla, Tequila, San Ignacio Cerro Gordo, Jesús María, Autlán de Navarro y Tepatitlán de Morelos.

El proveedor Orozco considera que algunos de sus competidores orquestaron una campaña de desprestigio en su contra “dolidos por la penetración de la marca YTO”, que hoy detenta 95% del mercado de las motoconformadoras.

Desde 2007, cuando la firma de origen chino se estableció en México, ha vendido más de 2 mil máquinas, entre ellas 80 motoconformadoras similares a las adquiridas hace dos años por el gobierno estatal. Hasta ahora, asegura Orozco, quien distribuye en México los productos de la firma asiática, no ha habido ningún problema; incluso presume que vende a Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz.

Según él, el gobierno de Jalisco se ahorró casi 1.5 millones de dólares con la compra de las 39 motoniveladoras marca YTO, pues la empresa Magussa Industrial, que en 2008 ganó la licitación, cotizó el lote en 8.3 millones de dólares. Muy por encima de las otras compañías concursantes.

–Pero el equipo no sirve –insiste la reportera.

–Porque tienen casi un año sin mantenimiento y fueron usadas en forma excesiva.

Desde que se entregó, reitera Orozco, “nuestra empresa financió los servicios de mantenimiento por un periodo de un año para cada motoconformadora”.

Hasta ahora, dice, el gobierno no ha liquidado los gastos erogados por herramientas de desgaste y de ataque, según lo mencionan las bases de la licitación. Para exigir el pago de esa deuda, el proveedor interpondrá otro juicio.