Desde la cartera de Defensa de los Trabajadores del sindicato de la Secretaría de Salud surgen fuertes denuncias contra el líder de la Sección 28, Ernesto Villanueva Villaseñor, por rebasar su periodo como secretario general, opacidad en el manejo de las cuotas sindicales y no apoyar a sus afiliados en su problemática laboral. Sin embargo, ni los gallones de la FSTSE ni del gobierno estatal han movido un dedo para arreglar la situación en ese feudo.
Ernesto Villanueva Villaseñor, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de la Salud (SNTSA), Sección 28 Jalisco, debe explicar por qué vendió plazas a precios de entre 30 mil y 100 mil pesos, rendir cuentas sobre el uso de las cuotas sindicales de 2009 a 2011 (un total de casi 79 millones de pesos) y convocar a elecciones, reclama el secretario de la Defensa de los Trabajadores Profesionales de la Medicina, Sección 28 Jalisco, Julián Claudio García.
En entrevista con este semanario, Claudio García dice que desde mayo de 2012 éste comenzó a informar a los trabajadores de las irregularidades que comete Ernesto Villanueva y esto provocó que la dirigencia lo despojara de su oficina y lo inhabilitara en su función.
Claudio García afirma que a principios de marzo pasado fue testigo de que Ernesto Villanueva entregó nombramientos afuera de un minisuper ubicado en la calle Constituyentes, esquina con 16 de Septiembre, cerca de la sede sindical.
Entre los beneficiados con estos nombramientos –irregulares, pues no pasaron por el escalafón– figura la trabajadora social Erika Trinidad Canchola López, a quien se le otorgó, a partir del 1 de diciembre de 2011, una plaza en Coesida como enfermera especialista “A” con un sueldo de 18 mil pesos netos mensuales. Los cheques que aparecen en la página de transparencia del gobierno del estado indican que ella cobraba como trabajadora social desde marzo de 2007.
El 14 de diciembre de 2012, el secretario de Salud José Antonio Muñoz Serrano designó a Christian Fernando Delgado Jurado como apoyo administrativo en salud, con un sueldo mensual de 6 mil 270 pesos. Fundamentó su decisión en el artículo 10, fracción III de la Ley de Creación del Organismo Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Sin embargo, dicho artículo y fracción estipulan que la Dirección General de Salud Pública tiene competencia para “establecer operar y coordinar el sistema estatal de Vigilancia Epidemiológica sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables confieran a otras áreas o dependencias”.
El 16 de enero y el 4 de marzo de 2013, el director de la región sanitaria XIII, Salvador Valdovinos Orozco, también autorizó dos plazas definitivas, una para Guillermina Carrillo Barocio en el puesto de apoyo administrativo, y otra para María Guadalupe Aguirre Vargas como cirujano dentista “A” del programa de Seguro Popular. Ambas personas fueron asignadas a la Centro de Salud número 4 Yugoslavia.
Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013, el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Jesús Palomino López, autorizó cinco cambios de adscripción definitiva de la oficina central al Instituto de Cirugía Reconstructiva. Las personas beneficiadas fueron María Irene Margarita García Hernández –madre del exdirector de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, José Ángel Orozco García–, así como Alicia Gómez Sánchez, Catalina Mora Ramírez, Alma Alejandra Loera González y Juanita Elizabeth Solís Torres. Ninguno de ellos aparece en la nómina que se publica en el portal de transparencia.
Por su parte, el 28 de mayo de 2012 la química Josefina Plascencia Ortiz, del Hospital General de Occidente, envió al Comité Central de Escalafón Sección 28 una solicitud para que se revise el proceso de asignación de bases. Ella está inconforme porque no se le otorgó ninguna de las bases a las que aspiraba, “siendo que los compañeros que resultaron ganadores de las plazas 189P, 190P y 191P obtuvieron menos puntos” que ella. Julián Claudio confirma que Plascencia no recibió explicación ni reparación alguna.
Contra los trabajadores
En cuanto a la rendición de cuentas, Julián Claudio García muestra una hoja de cálculo donde se informa que en 2009 el SNTSA recibió 1 millón 827mil 141 pesos por concepto de cuotas sindicales; este monto se incrementó a 2 millones 257 mil 764 pesos en 2010 y a 68 millones 577 mil 469 en 2011, tomando en cuenta la aportación federal del SNTSA, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Fondo de Ahorro Capitalizable, así como del Seguro Popular.
El aún secretario de la defensa de los trabajadores muestra a la reportera copias de cheques de la Secretaría de Salud estatal para el sindicato por concepto de las cuotas sindicales que se les descontaron a los trabajadores de la dependencia y del Seguro Popular.
Un cheque, fechado el 31 de mayo de 2010, fue cobrado por el secretario de Finanzas, Jesús Lepez Ponce, quien ahora pretende ocupar el lugar de Ernesto Villanueva. El otro tiene fecha de 25 de octubre de 2010. Ambos documentos suman 322 mil 439 pesos.
Claudio García también acusa al líder sindical y a sus secretarios de “vivir a costa del patrimonio sindical y de las cuotas que pagan los trabajadores, olvidando el bienestar de las familias que representan”.
Agrega que Villanueva negocia con las autoridades las condiciones generales de los servidores públicos, a quienes “obliga a firmar contratos temporales para conservar sus empleos, y se han despedido a trabajadores con antigüedad de hasta 20 años (…), siendo solamente un observador complaciente de la violaciones cometidas” contra los sindicalizados que debe proteger.
Cita el caso de 11 trabajadoras adscritas al Hospital Regional de Ciudad Guzmán que entre julio y agosto de 2012 interpusieron la queja 7610/12/III ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otra en el Instituto de la Mujer y una más en la Contraloría Interna de la Secretaria de Salud –expediente 240/2012/IA-2-F.A.– por el trato discriminatorio que recibían de su jefe jurisdiccional, Miguel Ángel Medina Gómez.
Las afectadas refieren que en febrero de 2011 se enteraron de que abriría un nuevo centro de salud en Ciudad Guzmán, por lo que pidieron el cambio de adscripción por escrito al líder sindical (Villanueva) y al director de Recursos Humanos de la SSJ su cambio de adscripción. Sin embargo, esos puestos se les otorgaron a otras personas.
Cuando las solicitantes cuestionaron esta decisión al jefe jurisdiccional, Medina Gómez respondió que no se les autorizó el cambio “por viejas y feas, y que como era un centro de salud nuevo, él necesitaba jovencitas bonitas, aunque no supieran hacer nada”. Las trabajadoras solicitaron ayuda a su representante sindical, que se negó a apoyarlas.
El sindicalista Claudio García señala que en casi cuatros años de gestión que lleva Villanueva –pese a que estatutariamente su periodo debía ser de tres años– no se le ha dado mantenimiento a las instalaciones del sindicato y están “cayendo a pedazos”. Además, dice, el hijo del líder sindical chocó el vehículo reservado para las labores del SNTSA.
Denuncia que además de él, la dirigencia removió sin un procedimiento previo a los secretarios sindicales Ignacio Barajas Gaytán, Sonia Figueroa y Claudia Ruiz, así como a los delegados Marcos García, Antonio Chávez y la doctora María de Lourdes Gutiérrez, quienes no se prestaron a servir a los intereses de Villanueva.
El 11 de junio de 2012, Claudio García entregó a Joel Ayala Almeida –dirigente de la FSTSE desde 1998– un informe sobre la problemática del Comité Ejecutivo Seccional 28 y le pidió que interviniera para que el “líder moral” del sindicato en el estado, José Guadalupe Ramírez Robledo, se mantenga al margen del proceso electoral y se convoque a una nueva elección. Ayala no ha respondido.
Por otra parte, los trabajadores sindicalizados de la Región Sanitaria III Altos Sur les manifestaron al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y al secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, que están en desacuerdo con el posible nombramiento de Rodrigo Alberto Landaeta Gutiérrez como director de esa jurisdicción.
En el oficio que entregaron el reciente 26 de marzo exponen que el diputado panista Elías González Íñiguez pretende imponer a Landaeta, quien “no tiene la preparación académica, ni el compromiso con la población (…) como la ha demostrado en el puesto que está desempeñando como médico de fines de semana en el Hospital de San Miguel el Alto”. Aseguran que esa designación tendría motivos políticos, como ocurrió en el sexenio pasado.
