El deterioro del sistema de procuración e impartición de justicia en el estado no sólo se aprecia en los índices de impunidad; también se evidencia en casos concretos, como el de una familia que se ha cansado de denunciar el “atentado contra el pudor” cometido contra sus hijos. Con tal de no seguir el caso, funcionarios del Ministerio Público dijeron que si no hay rastros físicos de violación, no hay delito que perseguir; también señalan que, si el agente del MP así lo desea, puede carear a los menores con su agresor.
Con lágrimas, Leticia reclama justicia para sus cuatro hijos (tres niñas y un niño entre los tres y 10 años) que sufrieron atentados contra el pudor por parte de su primo Eloy Jacobo, de 15 años, impune por la negligencia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), hoy Fiscalía General.
Desde que interpuso la denuncia, la señora se enfrentó al monstruo burocrático: al principio no le querían tomar la declaración, el expediente no quedó registrado en el sistema, su esposo fue amenazado por personal del Ministerio Público con el arresto e incluso se le prohibió entrar para exigir justicia; le tomaron la misma declaración tres veces, dos de ellas en su domicilio particular; y ahora no le quieren entregar copias del expediente.
Leticia recuerda que durante un tiempo cuidó a Eloy Jacobo como a un hijo. El 17 de septiembre de 2012, cuando celebró la primera comunión de dos de sus hijas y el aniversario de la de ocho años, esta última, al ver entrar a Eloy con su familia, empezó a llorar aparentemente sin motivo y ya no quiso soltarse de los brazos de su mamá.
Después de este incidente, la niña le gritó desde el baño. “Cuando ella estaba haciendo pipí, sangró. Yo pensé que era su regla, pero a los cinco días ella me dijo lo que le había pasado”.
Leticia no informó en el acto a su esposo, pues lo iban a someter a una operación y no quería que este hecho lo afectara. Una vez que se lo dijo, ambos decidieron hacer la denuncia.
Previamente ella les informó a los padres del menor lo que había hecho, y varios testigos escucharon cuando Eloy aceptó los señalamientos de la niña. Al principio los padres dijeron que Eloy debía asumir las consecuencias, pero después se fueron de la colonia para protegerlo.
El 22 de octubre de 2012 Leticia y su esposo fueron a la PGJ, donde fue atendida por la agente número 10 del MP, Luz María Domínguez Rodríguez, receptora de denuncias por delitos cometidos en agravio de menores, sexuales y de violencia intrafamiliar. Desde el principio la funcionaria fue renuente a tomar sus declaraciones y le preguntó a la señora si contaba con un examen ginecológico para sostener su acusación.
“Luego luego me dijo que no era abuso sexual. Molesta, le pregunté por qué. Y ella (la agente del MP) me dijo: a ver, ¿la niña cambió de forma de ser? Le contesté que sí a esa y a varias preguntas. Entonces cambió de parecer y dijo que sí procedía la denuncia (…) y nos dijo que aunque la niña sólo hubiera sido tocada es violación. Primero se puso a la defensiva, pero después nos dio buen trato”, recuerda Leticia.
Una vez que aceptó tomar la querella, la funcionaria le pidió las fechas en que sucedieron los hechos, “si no, no podría integrar la denuncia”.
“Le respondí que la niña estaba confundida, ella dice que los meses son años y los días los ve como meses. Nos dijo que teníamos que salirnos para quedarse a solas con la niña y sacarle las fechas. Conversó con ella como 10 minutos. Nos volvió hablar y dijo que la niña fue atacada más o menos desde mayo y que fueron varios atentados. Volvió a pedirnos que saliéramos otra vez que porque quería sacarle fechas, pues si estábamos presentes la niña no iba a decir nada”, relata Leticia.
Tras tomar la declaración, la agente del MP giró el oficio 2450/2011, dirigido al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a fin de que se le practicara un examen ginecológico a la niña, “así como otros dictámenes pertinentes”, y pidió que los resultados se enviaran a la Agencia 9 del MP.
Hay daño pero no delito
El 29 de octubre, dos agentes de la PGJ fueron al domicilio de Leticia. “Me hicieron las mismas preguntas: cómo pasó, cómo me di cuenta, por qué no actué de inmediato. Y me dijeron que iban a ir al domicilio del muchacho, que era mi vecino”, recuerda la entrevistada.
Tras la visita de los agentes a la casa de Eloy Jacobo, su familia se fue de la colonia. La afectada sospecha que los agentes pudieron recibir alguna gratificación de sus padres para que no lo arrestaran, ya que sí existen pruebas de su delito.
El 31 de octubre se le practicó el examen ginecológico a la niña, y 15 días después el psicológico. En diciembre Leticia fue por los resultados, pero le dijeron que regresara en enero.
A principios de 2013 Leticia y su esposo acudieron a la Agencia 9 del MP, como les indicaron; de ahí los enviaron a la Agencia 13, donde les informaron que su denuncia no estaba registrada en el sistema con el número de averiguación previa 6679/2012, como se muestra en el documento firmado por Domínguez Rodríguez.
Debido a esto, la persona que los atendió les anotó de su propia mano y en el mismo oficio que ahora su caso quedaba registrado con el “expediente de investigación 175/2012”.
El mismo día les informaron a los padres de la menor afectada que aún no tenían los resultados médicos y les recomendaron que esperaran otra semana. Cuando fueron a recoger los resultados por tercera vez, resultó que no los tenían en la Agencia 13, sino en una ventanilla de control de la PGJ, donde les indicaron que deberían ir a la Agencia 12.
“Ahí nos atendió el secretario Omar Navarro, quien nos dijo que no había nada que hacer porque el resultado ginecológico mostró que no hubo penetración y que nos fuéramos. Le informamos que la niña había sido tocada por mi sobrino y que incluso nos dijo que le había bajado su pantalón y su pantaleta, lo cual él (Eloy) había admitido, pero el funcionario insistió en que no había nada que hacer”, recuerda Leticia.
La afectada le comentó que la licenciada Luz María Domínguez afirmó que aunque no hubiera coito, la denuncia procedía por atentados al pudor y amenazas de muerte (pues el primo le advirtió a la niña que si lo acusaba mataría a sus padres), daño moral y agresión (durante uno de los ataques, Eloy Jacobo intentó estrangularla para que no gritara). Aun así, Navarro no cambió su postura. Según él, no había delito que perseguir puesto que el agresor era menor de edad.
Leticia le preguntó al secretario sobre el resultado del examen psicológico y Navarro respondió que la niña mostraba una baja autoestima y temor, entre otros factores que confirmaban el ataque. Aunque la señora insistió en que tomara en cuenta ese resultado, Navarro volvió a negarse.
Al contrario, dice Leticia, repitió que si “yo sabía que ya varias veces había atentado mi sobrino contra mi hija, por qué no lo había denunciado antes. Le dije que apenas me enteré y que todavía se demoraron en dar fechas para los exámenes. Me quiso cuatrapear, me quiso voltear las cosas”.
Aunque el funcionario se negó a darle seguimiento al caso, les recomendó a los afectados que siguieran acudiendo a la terapia que les estaban prestando en Províctima desde que presentaron la denuncia. Fue cuando el esposo de Leticia le exigió a Navarro justicia y, al calor de la discusión que se suscitó, le dijo “que cómo chingados ponía tanto peros para detener a alguien que había dañado a su hija”.
El secretario le dijo al padre de la menor que se tenía que retirar o pediría que lo arrestaran, y le advirtió que “estaba vetado en la procuraduría” y no podía volver a entrar.
Cuando iban saliendo de la Agencia 12, Leticia se dio cuenta de que había olvidado los documentos de la denuncia en el escritorio de Navarro. “Regresé por los papeles y fue cuando me atendió la licenciada Rebeca Sánchez Vargas. Yo estaba llorando y ella preguntó si me había golpeado mi esposo. Le dije que no y le comenté que Omar Navarro se negaba a seguir la denuncia. La licenciada Rebeca me dijo que le explicara a mi hija que no fue abusada porque no hubo daño, no hubo violación”, dice Leticia.
La agente del MP validó la postura de Navarro: repitió que no había delito “porque la niña no estaba dañada”.
Leticia le mencionó a Sánchez Vargas que su sobrino no podía quedar impune, puesto que podría repetir lo mismo con otras menores y que el examen psicológico demostraba que su hija sí había sufrido atentados al pudor. Después de mucho insistir, la agente del MP le comentó que iba aceptar que procediera la denuncia, pero ella debía tomar en cuenta que su hija iba a carearse con el agresor. La señora se rehusó, pero la licenciada Rebeca le dijo que era la única manera de continuar con el caso.
El artículo 115, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco estipula que “cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, en ningún caso estarán obligados a carearse con el inculpado”.
Leticia le recordó a la licenciada que el careo era contra la ley, pero la funcionaria contestó: “Si yo quiero, los careo a fuerzas”. En todo caso, Sánchez Vargas accedió a darle curso a la denuncia.
A principios de marzo pasado acudieron por segunda ocasión al domicilio particular de Leticia un policía y una trabajadora social de la Fiscalía General a tomarle declaración. “Ella me preguntó cómo me había dado cuenta de la agresión. Le platiqué otra vez lo mismo y le comenté que en los estudios ginecológicos no apareció que hubiera sido violada, pero ella me dijo que a lo mejor mi hija tiene un himen elástico por eso no hubo rompimiento y el ginecólogo no encontró evidencia”.
Ante la indiferencia e ineptitud de la Fiscalía General, Leticia acudió a la Procuraduría Social en búsqueda de ayuda jurídica, ahí le dieron un oficio para que pidiera copia de su denuncia, incluyendo los resultados médicos. Sin embargo, Omar Navarro se negó a recibirle el oficio, con el pretexto de que le faltaba el motivo para solicitar copia del expediente.
Leticia regresó con un nuevo oficio, el cual entregó en el módulo de información. Cuando regresó el 26 de marzo por la copia del expediente a la Agencia 12, Navarro le dijo que “le iba a enviar un oficio a su casa, con una notificación en la cual tienes que explicar por qué ocupas el expediente y lo tienes que entregar a la licenciada Rebeca para ver si lo autoriza”.
Leticia, quien no tiene los recursos económicos necesarios para sostener su caso, espera que su hija reciba justicia a través de los abogados de la Procuraduría Social.
Cada semana acude a terapia con su familia a Províctima. Ahora sabe que los cambios radicales en el comportamiento de sus hijos, como el aislamiento o la negativa de uno de ellos a que lo bañen y lo toquen, son consecuencia del atentado al pudor que sufrieron.
