Como en los viejos tiempos priistas, los legisladores locales aprobaron sin discusión una iniciativa de reforma constitucional enviada por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz para que Luis Carlos Nájera Gutiérrez fuera ratificado como fiscal general del estado. Gracias a esa “sumisión” del Congreso, el funcionario concentra el poder de los cuerpos policiacos. Integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Capítulo Jalisco advierten sobre los riesgos de una tentación autoritaria.
La modificación a la Constitución Política del estado para otorgarle a Luis Carlos Nájera Gutiérrez todo el poder sobre los cuerpos policiacos se hizo sin un diagnóstico de la realidad social, advierte el secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Capítulo Jalisco, Jorge Tejada. Y eso, puntualiza, sienta un grave precedente para los jaliscienses.
Tejada se queja porque en la mayoría de los 125 municipios de la entidad la reforma –propuesta por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz– se validó sin discusión. Dice que él pudo atestiguarlo en Tepatitlán de Morelos:
“Revisé la minuta de discusión (para saber) lo que discutió ahí, pues los cabildos representan a la sociedad, a las colonias, a los vecinos… Fui allí para ver lo que discutieron a favor de la reforma, cuáles eran las bondades y por qué modificar la Constitución, pero no hubo discusión. No hay un solo párrafo, una línea sobre eso; simplemente se presentó la reforma que venía del Congreso y a continuación se aprobó por el voto de la mayoría.”
Así pasó en algunos municipios, reitera Tejada. Y se pregunta: “¿Por qué no se discutió? Simplemente porque no hubo tiempo”, señala.
Entre los requisitos que se establecieron para los aspirantes a la Fiscalía General del Estado, Nájera Gutiérrez no cumplía con lo estipulado en el artículo 53 constitucional, según el cual estaba imposibilitada para ocupar ese cargo toda persona que hubiera sido gobernador, secretario, jefe o director de departamento de alguna dependencia durante el último año.
En Zapopan, según Augusto Valencia López, coordinador de los regidores del Movimiento Ciudadano, el alcalde Héctor Robles Peiro no permitió la discusión en torno a la reforma, por lo que simplemente se aprobó por votación simple:
“Había elementos para no avalarla porque al final los presidentes municipales operaron como chalanes del gobernador, porque él envió la iniciativa al Congreso; a cambio de unos centavos, la destrabaron y luego pusieron a operar a sus alcaldes para que entrara en vigor vía fast track.”
Valencia López menciona también que Sandoval Díaz entregó 44.6 millones de pesos al Congreso local como parte de un adelanto de las ministraciones correspondientes a abril para que los diputados saldaran las deudas que heredaron de la anterior Legislatura.
Así, en dos días Nájera Gutiérrez se convirtió en el mandamás de los cuerpos policiacos y la procuración de justicia de Jalisco, cuando los requisitos (artículo 53 de la constitución estatal) establecen que debió esperar por lo menos un año para ocupar ese cargo.
El 20 de marzo, ya con el aval de 80 de los 125 municipios, el Congreso local aprobó la reforma constitucional del Ejecutivo estatal sin mayores trámites. Ese mismo día el Periódico Oficial El Estado de Jalisco publicó la información sobre las modificaciones y remitió al Legislativo el nombre del nuevo fiscal: Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
Al día siguiente, en un acto de mero trámite, el recién designado acudió al Congreso y expuso su “proyecto sexenal” ante los integrantes de la Comisión de Justicia. Los diputados aprobaron su nombramiento; incluso le tomaron protesta a su equipo de trabajo:
Lizeth del Carmen Hernández Navarro, la fiscal de Derechos Humanos; Ruth Gallardo Vega, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Rafael Castellanos, el exdirector del Instituto de Justicia Alternativa y titular de la Notaría Pública 101 de Guadalajara, como fiscal central; Maricela Gómez Cobos, extitular de la Policía Municipal de Tlajomulco, fiscal de Reinserción Social, quien estará al mando de las prisiones de Jalisco, y Salvador González de los Santos, designado fiscal regional.
Dudas y contradicciones
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Movimiento Ciudadano, fue el único que se inconformó por la ratificación de Nájera. Si en un año no presenta resultados, dijo, deberá renunciar; también expresó sus dudas sobre la eficacia del mando policial único en la disminución de los índices de impunidad, así como sobre la capacitación y acreditación de las corporaciones de Jalisco.
“No se han dado las garantías suficientes para demostrarnos que este modelo de fiscalía general no surge de una tentación autoritaria para restaurar el viejo régimen de persecución y uso discrecional del poder público”, comentó.
El panista José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, expuso que los legisladores sólo le dieron un voto de confianza a la propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval, pues fueron él y su equipo quienes propusieron a Nájera.
Tejada insiste: aun cuando Nájera tuvo un buen desempeño como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Emilio González Márquez no había motivo para modificar la Constitución porque existe el riesgo de que esa medida se utilice en el futuro y la aprovechen servidores de dudosa reputación.
“Sin prejuzgar el trabajo del maestro Luis Carlos Nájera se pone algo en la Constitución –abunda– para que los ciudadanos nos ajustemos a las leyes, para que la sociedad camine detrás de lo que la Constitución quiere, que es el reflejo del pueblo, y no que ésta vaya detrás de una persona.”
Al actuar de esa forma, los legisladores dejaron entrever que “el grupo en el poder es quien dicta el modo de vida, y no las leyes, que deben quedar para varias generaciones”, subraya.
Y así como es cuestionable esa reforma constitucional para instalar a Nájera en la fiscalía, también lo es que se haya disminuido el perfil para quien ocupa ese cargo, sobre todo porque la dependencia tiene una “macroestructura increíble”. Resulta paradójico que hoy se le pongan menos requisitos al fiscal que a un magistrado, aun cuando éste no maneja tanto personal.
Tejada recuerda que “no en vano se estableció que (hasta antes de los recientes cambios) el perfil del fiscal central sea igual al de un magistrado, para evitar que se le diera un uso político a ese cargo.
“Te digo esto porque el perfil del maestro Luis Carlos Nájera es eminentemente policiaco, su formación y una trayectoria que si bien es destacada, muy loable, es en el ámbito operativo policial; como fiscal general tiene que supervisar áreas de estudio de la procuraduría, así como el aspecto jurídico–técnico y los procesos penales.”
Como fiscal, insiste, Nájera no sólo se hará cargo de investigaciones ministeriales y operativas, sino de procesos penales. En su trayectoria “no vemos elementos y preparación para cuestiones como protección civil, como para el desarrollo de carrera de funcionarios y mucho menos le vemos facultades en lo que atañe a los servicios periciales”.
Sostiene incluso que si Aristóteles Sandoval y su equipo pensaron en incluir a Nájera en el gabinete, tuvieron un periodo de ocho meses de transición para organizar una consulta sobre el tema pero no lo hicieron. Esperaron el cambio de gobierno, dice, para “impulsar su nombramiento”, lo cual habla de “una improvisación”, de que no se buscó un personaje con el perfil adecuado, sino privilegiar a un grupo.
Y reitera: “Pienso que el proceso estuvo desaseado, e incluso podría estar viciado de ilegalidad. El proceso de reforma incluye una discusión y en el pasado hemos visto precedentes de la Suprema Corte de la Nación en los cuales los ministros han aprobado algunos amparos de leyes pequeñas y de leyes trascendentes en varias partes de la República en los que se acredita que no existió una discusión, sino que las modificaciones sólo se hicieron en el papel; la propia Corte dijo que cuando no hay una discusión hay una violación al proceso legislativo”.
Gabriel Valencia López, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la misma Barra Mexicana Colegio de Abogados, critica también la sumisión de los legisladores porque, aduce, trabajaron al vapor. A nivel jurídico, comenta, esa acción denota que no se toma en cuenta la opinión del ciudadano.
Según él, en la aprobación de la reforma quizá influyeron los 44.6 millones de pesos que el gobernador Aristóteles Sandoval entregó por adelantado al Congreso para que saldaran las deudas heredadas por la anterior Legislatura.
Las consecuencias son “terribles” en materia de seguridad, insiste Jorge Tejada. Ahora es el fiscal el que concentra todo el poder, lo que resulta contradictorio si consideramos que Nájera conducirá las investigaciones ministeriales, dirigirá a los policías y al mismo tiempo será responsable del Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Eso quiere decir que las personas encargadas de evaluar a los funcionarios de la fiscalía o policías para saber si tienen vínculos con el narcotráfico o participan en actividades criminales, por ejemplo, son de la misma institución que los cobija.
“Eso no puede ser –reitera–. Si el fiscal general (Luis Carlos Nájera) se convierte en juez y parte de su propio personal, lo lógico es que siempre defienda a su personal”.
Tejada expone que es una ilusión pensar que el fenómeno delictivo bajará de manera paulatina con la creación de la Fiscalía General. Lo único que se consiguió con la reforma constitucional fue cambiarle de nombre al sistema de procuración de justicia del estado y concentrar a todas las dependencias en una sola.
Según él, esas dependencias también necesitan reformarse: “Los agentes del Ministerio Público actuarán con los mismos procedimientos legales, el rezago, la tecnología serán los mismos. Y eso es lo que debe atacarse. Si uno va a la Secretaría de Seguridad Pública, lo más seguro es que se encuentre con los uniformados de siempre, sin capacitación y dotados de armamento obsoleto, señala.
Advierte que la procuración de justicia sólo puede mejorar si se hacen cumplir las reformas constitucionales de 2008, que proponen los juicios orales, la implementación de un modelo policiaco preventivo y un acercamiento real a la población.
Tejada señala que la coordinación entre las policías locales puede ser efectiva en algunos casos, como las balaceras y el bloqueo e incendio de vehículos en avenidas. Pero en el caso de robos a casas habitación y a empresas, el mando único no funcionará, pues para combatir esos ilícitos se requiere de personal especializado.
