La llegada de Tonatiuh Bravo Padilla a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, su discurso y los primeros nombramientos –varios funcionarios de primer nivel fueron ratificados– no son ninguna novedad; todo indica que no habrá grandes cambios en la casa de estudios. No obstante, es preciso conceder un tiempo razonable para que se sienta la mano de Tonatiuh. En esta ocasión no hubo aquellas expresiones claridosas como hace seis años, cuando arribó de Carlos Briseño Torres, quien mal terminó. Por lo mismo habrá que darle tiempo al tiempo para que Bravo Padilla, con inteligencia, vaya haciéndose del mando, y el rector deje de ser un mero empleado al servicio de otros intereses.
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¿Habrán de pasar años todavía para que la sociedad jalisciense –la tapatía en particular y la comunidad universitaria sobremanera– para lamentar las décadas perdidas en que la UdeG estuvo secuestrada por un poderoso grupo al cobijo de la cultura, cuyo noble manto cubre, entre otros, grandes negocios de la farándula? Esperamos que no.
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La mayoría de los funcionarios que creen que su fuero es para siempre; pocos son los entienden que esa canonjía sólo es de tres o seis años, lo que dura su gestión. Piensan también que, si cometen excesos, pocos se darán cuenta… o tal vez nadie. Así, de tanto en tanto se muestran arbitrarios, en el entendido de que no les pasará nada. Eso pudo haberle sucedido al Jesús Ortiz Uribe, expresidente municipal de Villa Corona. El 21 de febrero de 2012, agentes de Seguridad Pública de la citada población detuvieron aparentemente sin motivo a los jóvenes Carlos Francisco Miranda y Adolfo Calderón Hernández. De acuerdo con la declaración ministerial de los uniformados, el entonces alcalde les ordenó que los dejaran solos en la comandancia donde, dijo Ortiz Uribe, “unas personas” pasarían por ellos. Y así ocurrió. Posteriormente sus cuerpos fueron localizados a varios kilómetros de la cabecera municipal, pero en la jurisdicción de Cocula, en un predio conocido como La Tabla (Proceso Jalisco 417). El martes 2 la Fiscalía Central de Jalisco informó que Ortiz Uribe, del Partido Movimiento Ciudadano, fue detenido en cumplimiento a una orden del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zacoalco de Torres por su presunta implicación en los citados hechos. También fue capturado Leonardo Ortiz Hernández, quien supuestamente entregó a Miranda y a Calderón a los sicarios.
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Tras la nueva suspensión al aumento del costo del pasaje urbano decretada por el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) a petición del Partido Movimiento Ciudadano, la pretendida alza de 6 a 7 pesos tendrá que esperar de nueva cuenta. Desde septiembre pasado el mismo TAE ha otorgado otras dos suspensiones por considerarlas fuera de lugar. Y la verdad es que el transporte público tapatío está entre los más caros del país, y es uno de los más deficientes. La sempiterna promesa de mejorarlo, tanto en sus unidades como en sus rutas, nunca se ha cumplido gracias a complacientes gobiernos, priistas y panistas por igual.
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¿Por qué, si una vez electo prometió hacer lo posible para no inundar Temacapulín con la presa de El Zapotillo, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ahora la echa la bolita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), José Luis Hernández Amaya, quien afirma que el caso está en manos de la dependencia federal? ¿Qué acaso el gobierno estatal no tiene qué ver con su pueblo? ¿Qué acaso no pueden mover un dedo siquiera para sugerir soluciones como bajar de 105 a 80/85 metros la altura de la cortina y evitar inundar la histórica población de Temacapulín, lugar donde el gran poeta Alfredo R. Plascencia se inspirara tanto y escribiera, entre otros El Cristo de Temaca? Una de las soluciones podría ser la realización de una o dos presas de menores dimensiones, en el mismo cauce del río Verde, para abastecer tanto a León, Guanajuato –que ha sido la prioridad de gobierno federal en esta obra– y aumentar el caudal hacia Guadalajara. Si Jorge Aristóteles se lo propone, se encontrará una solución adecuada sin necesidad de desplazar a los habitantes de la mencionada población, igual que de los otros dos asentamientos: Palmarejo y Acasico.
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