Señor director:
Hoy quiero molestarlo solicitándole la publicación en Palabra de Lector de la siguiente carta –la tercera– que he dirigido al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, quien se niega a pagar la parte proporcional del aguinaldo y otras prestaciones a las que tenía derecho mi madre, que falleció el pasado mes de septiembre después de prestar sus servicios en el magisterio estatal por casi 50 años.
Lic. Mariano González Zarur
Gobernador Constitucional del Estado de
Tlaxcala
Con el debido respeto, señor gobernador, me refiero a mis atentos escritos de los pasados 30 de octubre y 2 de enero, marcados en su recepción con los folios 011595 y 012370 respectivamente, para manifestarle que el 16 de enero se me entregó en la DPCET un oficio que tiene fecha del 12 de noviembre pasado, firmado por el profesor Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, en el que se me comunica que la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no prevé el finiquito que estoy solicitando por la muerte de mi señora madre.
Desde mi humilde punto de vista, señor gobernador, su director de Pensiones está equivocado e insiste en presentarlo a usted como el dictador o el cacique de Tlaxcala sin sentimientos humanos, adjetivos o actitudes negativas que aún me resisto a creer, a no ser que esas sean sus instrucciones; no procede la negativa a pagar la parte proporcional del aguinaldo de 2012 a razón de los 92 días correspondientes, como lo muestran los talones de pago por ese concepto de los años 2007, 2008, 2009, 2010, que anexo al presente por si el director de Pensiones lo ignora; en 2011, ya con usted en el gobierno estatal, intencionalmente y de mala fe se cambia la palabra “aguinaldo” por la de “bono anual” y paga diferidamente en tres exhibiciones únicamente 75 días.
Respecto a las cinco despensas anuales, de las que estoy reclamando cuatro, el profesor Ordóñez sabe bien que no me refiero al concepto “P003 Despensa” marcado en el talón de pago, sino a las que físicamente y en especie recibía mi madre por intermedio de su organización sindical, a la que ustedes las hacían llegar; para mayor abundamiento, señor mandatario, anexo también un tríptico difundido por la DPSET de 2005 en el que indica este organismo, del que usted es presidente, las prestaciones a las que tienen derecho los jubilados del gobierno del estado.
Finalmente, si como dice el director del PCET, no están marcados en la ley, ¿quién es el responsable de violarla desde 1993 haciendo entrega de estas prestaciones conquistadas? ¿Se le fincarán responsabilidades o simplemente le aplicará la ley de la selva a quien ya no puede defenderse?
“El desarrollo para todos” es una invitación a la reflexión; lo invito a la misma con mi saludo afectuoso.
Atentamente
Ing. Rubén Sanluis Meneses
