Encargados de diseñar, discutir y redactar las leyes, los diputados de las legislaturas LVIII y LIX dejan mucho que desear en el cumplimiento de sus propias normas. De eso hablan los documentos relativos a los movimientos del parque vehicular a su servicio.
Los diputados de las legislaturas LVIII y la LIX no rindieron cuentas claras en muchos rubros, incluida la flotilla oficial de vehículos.
Un documento al que tuvo acceso este semanario detalla que la anterior legislatura (LIX) contaba con 65 autos y camionetas, pero en el proceso de entrega-recepción su número se redujo a 59 sin explicación alguna.
El 13 de noviembre de 2012, el diputado Jesús Palos Vaca, del Partido Verde Ecologista de México, envió a la legisladora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión Especial Temporal para el Análisis y Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, un oficio en el que menciona:
“…En el caso de los vehículos se encontraron 50 en el estacionamiento (privado) Colón, en condiciones regulares, y a su vez hago referencia que Servicios Generales nos remitió un oficio sin número, en el cual nos informa la ubicación de cuatro vehículos en mantenimiento, y a su vez tres con reporte de robo (dichos vehículos se nos refiere son marca Nissan Tsuru modelos 2004, 2001 y 2002) uno de éstos en proceso de recuperación y los otros dos en proceso de pago por parte de la compañía aseguradora.
“De igual forma nos notificaron que dos vehículos más fueron ingresados al estacionamiento después de la revisión que se realizó, éstos son un Chevy modelo 2000 y un Platina 2008”.
El 8 de noviembre anterior, el encargado del despacho de la Dirección de Servicios Generales, Luis Humberto Navarro Sánchez, envió un oficio a Palos Vaca para informarle cuáles eran los vehículos en reparación y los robados.
En su relación, Navarro aseguró que la Durango Limited con placas JGP7952, así como dos Nissan Platina Emotion (JFY 4747 y JFZ 9121) permanecían en el taller Mecánica Avanzada, mientras que el Chevy Pop (HZS 4251) y un Nissan Platina (JFZ 9978) estaban en el estacionamiento Colón.
Agregó que un Neón LE (HZM 7945) estaba en el taller mecánico Anzaldo por la carretera Chapalilla, Nayarit, y un Nissan Platina Emotion (JFY 4751) estaba a disposición de Servicios Generales. Indicó también que de los tres Tsuru GSII robados, uno fue recuperado en Tlajomulco (JBU 4686) y los otros estaban en proceso de pago.
Faltantes
En un cotejo documental y visual que realizó este semanario en el estacionamiento Colón, propiedad de la familia Álvarez del Castillo, se encontró que faltaban al menos seis vehículos de la flotilla de la anterior Legislatura.
Dos de éstos son Jeep Commander Limited Premium 4×2, modelo 2008, cuyo valor aproximado en el mercado, se calcula, sumaría 747 mil pesos.
Dentro del actual patrimonio del Congreso tampoco está la Jeep Commander gris pizarra con placas JFZ 8737 que estaba asignada al entonces coordinador de la bancada del PRD, Raúl Vargas López.
El 5 de mayo de 2010 tres personas armadas le robaron al entonces legislador perredista esa camioneta, cuando dejó a una persona en el cruce de La Paz y Circunvalación Agustín Yáñez. Posteriormente, el vehículo fue asegurado tras el enfrentamiento de policías estatales, federales y municipales contra presuntos integrantes del Cártel del Milenio en San Cristóbal de la Barranca.
Al respecto, el vocero del grupo parlamentario del PRD, Rodolfo Castillo, asegura que se dio parte a las autoridades del robo y se levantó una denuncia penal en la Agencia 7 de la procuraduría estatal (averiguación previa 478/2010). Añade que, hecho el trámite, el Congreso cobró la póliza de aseguramiento de la camioneta y con esos recursos compró una Ford Escape 2011.
Otra Jeep Commander faltante es la identificada con placas JFZ 9137, asignada al diputado del PVEM Luis Manuel Vélez Fregoso en la LVIII Legislatura. El vehículo fue reportado como siniestrado, pero apareció sin un rasguño el 5 de junio de 2010, en el estacionamiento subterráneo que está enfrente del Congreso local.
El entonces secretario general del Poder Legislativo, Carlos Corona, se negó a presentar una denuncia puesto que, dijo, que no había delito que perseguir ante la aparición del vehículo. Sin embargo, el 30 de junio de 2010 el exdiputado panista Héctor Álvarez presentó un denuncia penal contra Vélez Fregoso por llevarse la camioneta cuando dejó el cargo, igual que contra Corona y el exdirector jurídico Antonio Rocha por conocer del ilícito y no denunciarlo.
Corona reculó y el 2 de julio de 2010 presentó denuncia penal contra quien resultara responsable de la desaparición de la camioneta. Incluso dijo que dio de bajas las placas en la Secretaría de Finanzas, por lo que quizá las nuevas sean JHU 3474.
Samuel Romero Valle, coordinador del PRD en la LVIII Legislatura, reportó que también a él le habían robado una Jeep Comander con placas JFZ 8811, pero en la relación que tiene Proceso Jalisco se reporta que en realidad fue siniestrado y su reembolso por la aseguradora estaba pendiente.
En noviembre de 2007 el Congreso local adquirió cinco Jeep Commander a 467 mil pesos cada una.
Los otros vehículos que ya no aparecen dentro del cotejo actual del patrimonio del Congreso son: un Chevy 2008 (placas JFZ 8925) blanco olímpico, un Neón LE 2002 blanco (HZM 7946) que estaba asignado al módulo de Colotlán, un Tsuru GSII 2004 (JDB 5628) y un Volkswagen blanco modelo 1998 (HZX 4267).
Venta de garage
Ante la crisis económica que atraviesa el Poder Legislativo, el sábado 16 los diputados acordaron vender los vehículos que permanecen en el céntrico estacionamiento por 2 millones de pesos. Actualmente su reguardo ahí cuesta entre 120 mil y 220 mil pesos mensuales. En febrero de 2010, el Congreso extendió el cheque 3390 por 219 mil 895 pesos a Empresas Urbanas, S.A. de C.V (estacionamiento Colón).
En julio del mismo año, la empresa entregó las facturas 6856 y 6857 por un total de 122 mil 360 pesos. Actualmente el Congreso sigue pagando pensiones de los autos, rubro en el que llegaron a gastar 2 millones de pesos.
La diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, informó que los vehículos se subastarán públicamente, pero antes la propia Comisión que preside tendrá que acordarlo para después remitirlo al Comité de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Enajenaciones. Únicamente se rescatarán nueve, en perfecto estado, para labores de mensajería, carga, traslados y notificaciones.
Aunque estas unidades parecen estar en buenas condiciones, el Poder Legislativo no hizo un peritaje de su estado real. Los reporteros comprobaron que algunos estaban cubiertos de polvo y con las llantas desinfladas, aparentemente por no haber sido utilizados en meses.
Se sabe que la actual legislatura se quedará con cinco autos, uno para uso de la Mesa Directiva y cuatro destinados a las áreas operativas.
La diputada del Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, señala que se decidió vender los vehículos como parte del pacto de austeridad que firmaron los grupos parlamentarios: “No se están vendiendo porque no funcionen, se están vendiendo porque no se les va a dar uso y el Congreso necesita dinero para cubrir su presupuesto de egresos”.
La legisladora menciona que tienen que venderse mediante un proceso de adjudicación pública pero aún no tienen claras las bases de la convocatoria. Lo que sí es seguro, afirma, es que no volverán a comprar automóviles para ellos a cuenta del erario durante el resto de la legislatura.
Por otro lado, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, indicó que como parte de las medidas de austeridad, se subastarán 500 automóviles del gobierno estatal, 35 de ellos de lujo, que estaban asignados al gabinete del exgobernador panista Emilio González Márquez y entre los cuales destacan un Honda Accord que usaba el exsecretario del Trabajo, Ernesto Espinosa, y Chrysler 300 asignado al exsecretario de Finanzas Martín Mendoza.
Asimismo se encuentran resguardados 140 automóviles que utilizaron directores generales, secretarios particulares, directores de área y administrativos.
Villanueva precisó que si se compraran este año todos esos vehículos, le costarían al erario 11 millones 600 mil pesos.
En su página de transparencia, el gobierno estatal informa que posee 2 mil 366 vehículos, 575 destinados al uso exclusivo de funcionarios, modalidad que la nueva administración pretende cancelar.
