Por los cambios a la Constitución de Jalisco que hemos visto en los últimos días, vamos a vivir un sexenio de arrebatos e improvisaciones; de iniciativas, proyectos, acuerdos y modificaciones a modo, sobre las rodillas para hacer y deshacer conforme sean las corrientes de los vientos, o a conveniencia de quienes nos gobiernan, no de los gobernados. El artículo 53 constitucional del estado establecía hasta el pasado miércoles 20 que para ser procurador de justicia se requería no haber ocupado el cargo de gobernador o secretario, jefe o titular de departamento de alguna dependencia del Ejecutivo durante el último año. No obstante, con el voto favorable de 80 de los 125 ayuntamientos y la unanimidad de los diputados locales, la Constitución se modificó con la mano en la cintura, se echó por la borda y se acomodó a la propuesta del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y de su secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, quienes habían designado a Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco como encargado del despacho de lo que fue la Procuraduría General de Justicia, ahora llamada Fiscalía General. Nájera, por su condición de secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio pasado –no descansó siquiera durante la noche del 28 de febrero al 1 de marzo–, obviamente estaba impedido para asumir el cargo. Algunos pensamos (yo inocentemente, por ejemplo) que nombrarían temporalmente a un fiscal y esperarían que pasara un año para hacer el enroque, si el asunto era cumplirse el capricho de que Nájera ascendiera al puesto de fiscal general, pero no. Creí, pobre tonto, por ejemplo, que los priistas guardarían ciertas formas y mantendrían al exsecretario de Seguridad muy ocupado en hacer lo que le gusta ser y hacer, policía e investigador. Ni Aristóteles ni Zamora se aguantaron las ganas e impusieron su ley con la complicidad de la mayoría de los ayuntamientos, preponderantemente priistas, de los partidos políticos y, por supuesto, de los diputados locales que tanta pena ajena nos dan. Quién sabe qué cosas más veremos. El sexenio apenas comienza con el viejo “¿nuevo?” PRI, luego de 18 años de un panismo que, en lugar de sazonar, se pudrió.
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También por decisión del gobernador, Elke Tepper García, enfrentada casi siempre al presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, y no todas las veces con la mejor razón en su calidad de síndico durante el trienio pasado (2010-2012), fue designada presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sin tener antecedentes en esta área, donde tradicionalmente han sido las centrales obreras, ahora venidas a menos, las que han impuesto su ley, mayoritariamente a conveniencia de los patrones. Y cuando el secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, tampoco es un experto en la materia, salvo pruebas en contra una vez que ambos estén en el ejercicio pleno de su labor, las cosas ahí podrían complicarse, sobre todo en contra de la parte más débil, el asalariado, pues sabido es que los asuntos laborales requieren, además de conocimiento de la materia, mucha dedicación y vocación de servicio. Pero hay que darles el beneficio de la duda. Almaguer ha pedido a la parte patronal y trabajadora su apoyo “para cambiar algunas prácticas”. Expresó al asumir el cargo que “este tribunal laboral en los últimos años tiene señalamientos de que por dentro y por fuera tiene una mala administración de la justicia y de corrupción e impunidad, que afecta tanto a los trabajadores como a los patrones”.
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El miércoles 20 se registró en Tonalá una trifulca entre ejidatarios y policías, con saldo de varios heridos, dos de ellos de gravedad, y 16 detenidos. Todo empezó cuando los uniformados trataron de desalojar a numerosos habitantes de la zona que se ostentan como dueños de las tierras e impidieron el arribo de camiones donde la Universidad de Guadalajara construye un Centro Universitario. El problema consiste en que los campesinos que se dicen verdaderos dueños del lugar no fueron tomados en cuenta cuando supuestos impostores vendieron a su nombre 61 hectáreas al ayuntamiento de Tonalá para, a su vez, cederlas a la UdeG. Según los integrantes del núcleo ejidal de Tateposco, los señores Antonio Durán Ramos y Eusebio Salazar Pajarito enajenaron lo que no era suyo y ahora el problema se ha agravado. En tanto, el ayuntamiento tonalteca, que tiene un ínfimo presupuesto comparado con el de la UdeG –más de 11 mil millones de pesos, que doblan al de Guadalajara–, se endeudó al menos durante 15 años sin tener siquiera la certeza de que los vendedores eran los verdaderos dueños del predio (Proceso Jalisco 320).
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