Como en respuesta a sus ruegos más sentidos, el expresidente municipal de Puerto Vallarta, Salvador González Reséndiz, fue colocado por el gobernador “donde hay” con qué hacer lo suyo: en la dirección general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración y Finanzas. Conocido por las graves irregularidades en obras, en la asignación de contratos y en su gestión pública, el nombramiento de este funcionario oscurece aún más el panorama del gobierno del estado para el sexenio que comienza.
PUERTO VALLARTA.- Salvador González Reséndiz, nuevo director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, en los tres años de su administración sobre este municipio lo lanzó al voladero financiero y cometió todo tipo de excesos a través de la Tesorería Municipal.
Además, el exalcalde vallartense (2010-2012) privatizó la recolección de basura y benefició a constructoras al entregarles en dación de pago predios públicos cuyo valor real era muy superior; remodeló el malecón sin el consenso de la población y construyó un edificio destinado a la nueva presidencia municipal en total sigilo y sin aprobación de los regidores.
Pese a todo, Sandoval le dio amplias facultades a González Reséndiz para intervenir, cambiar y “nombrar libremente a todos los titulares de las direcciones generales de los Organismos Públicos Descentralizados y de las Empresas de Participación Estatal”, de acuerdo el decreto publicado el pasado 5 de marzo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
González Reséndiz fue postulado en 2009 como candidato a la presidencia municipal del balneario sin acreditar la residencia mínima en el puerto y como un completo desconocido aun en la delegación de Ixtapa, de donde es oriundo su padre, Salvador González Pimienta. Tenía sólo dos años y meses al frente de la Dirección de Desarrollo Social.
Sin embargo, la maquinaria priista lo hizo ganar con 6 mil votos más que su contrincante Ignacio Guzmán García. Para conseguir este respaldo fueron determinantes el apoyo de su padre, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y la negociación a nivel municipal del líder cetemista Rafael Yerena Zambrano.
Todo esto, con el incondicional apoyo de la entonces dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, Beatriz Paredes, madrina de su hermano mayor, Rafael González Reséndiz. Éste fue candidato y luego diputado federal por el Distrito V, mientras que su padre es diputado local.
Así, con sólo un título universitario en comercio internacional y un seminario en administración –que él reconoció en una entrevista radiofónica durante su campaña– comenzó a gobernar uno de los principales destinos turísticos del país.
En 2012, cuando sólo faltaban unos días para que finalizara su administración, la calificadora Fitch Ratings advirtió que los cambios en la contabilidad de la tesorería municipal podrían afectar resultados futuros. La entonces tesorera, Martha Alicia Peña, no entregó ni publicó ningún informe sobre el estado financiero de la presidencia municipal, como en su momento lo señaló a este semanario el regidor Carlos Efraín Yerena (Proceso Jalisco 387).
A casi seis meses de que González Reséndiz dejara la presidencia municipal, todavía se desconocía la cifra real de la deuda contraída. El actual presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, ha manifestado públicamente la cifra de 3 mil 100 millones de pesos, lo que mantiene a la comuna vallartense en la lona por sus adeudos a proveedores. Entre otros, destaca el adquirido con el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), que asciende a casi 185 millones de pesos.
Al final de su gestión, ya con Aristóteles Sandoval en busca de la gubernatura, fueron evidentes las constantes ausencias de González Reséndiz, toda vez que fue comisionado como la única persona autorizada para recibir donativos económicos a la campaña del ahora gobernador. Esta información fue corroborada en el ayuntamiento del puerto, con ganas de mostrar públicamente la cercanía de sus funcionarios con el candidato.
A sus 32 años, el exalcalde conserva la vitalidad juvenil y el gusto por los antros. Hasta hace poco se dejaba ver en compañía de otros jóvenes funcionarios en restaurantes y centros de diversión nocturnos.
Obras polémicas
En una de sus cuestionadas maniobras, González Reséndiz arrancó la remodelación del malecón y su cierre a los vehículos sin el consenso de la población y tras una amañada consulta pública.
Inicialmente, el entonces alcalde informó de una inversión de 60 millones de pesos en esa obra; sin embargo, el costo final se desconoce y solamente ha trascendido que a la empresa constructora Géminis Internacional le asignó un contrato por 51 millones 125 mil 121 pesos.
En realidad, el costo final de la obra puede ser mayor a 100 millones de pesos a pesar de que no está concluida: falta el sistema de iluminación y tiene deficiencias que denunció el Colegio de Ingenieros. El 28 de diciembre de 2011, una turista mexiquense falleció por una descarga eléctrica de alto voltaje al tocar accidentalmente una escultura (Proceso Jalisco 377). También criticaron la obra, en su momento, el grupo ecologista Iguana, presidido por Marina Pérez Villordo, y el Colegio de Arquitectos, en ese entonces representado por Raúl Enrique Sánchez Tapia.
Otra de las obras controvertidas es la Unidad Municipal Administrativa (UMA), en la colonia Portales, que González Reséndiz pretendía convertir en palacio municipal para que la antigua sede, construida en los ochenta, albergara un museo.
Como el edificio de la UMA está bajo régimen condominal, el ayuntamiento es sólo dueño de algunos pisos; el resto, incluyendo la planta baja, corresponden a una de las constructoras que realizaron la obra y que, ante la insolvencia del municipio recibieron, en dación de una parte del adeudo, valiosos predios inicialmente destinados a las áreas verdes. Entre las empresas favorecidas de este modo está la Constructora Metropolitana de Guadalajara.
La actual regidora Susana Judith Mendoza Carreño, mejor conocida como Susana Carreño, realiza una investigación sobre la UMA, y hasta ahora ha encontrado que su construcción presenta un avance de 65%, no cuenta con certificado de habitabilidad e implica riesgos para los empleados y para los usuarios de las dependencias que se mudaron ahí dos días antes de que finalizara el periodo de González Reséndiz.
Precisamente por la inseguridad, el secretario particular del actual alcalde, Oscar Pérez, cayó al vacío desde una altura de ocho metros en el cubo para un elevador y se lesionó gravemente la cabeza en octubre pasado.
Ante medios locales, Carreño dijo desconocer el costo de la UMA, quién es el propietario del terreno y otros datos básicos de la polémica obra.
Por lo pronto, pesan sobre la parte municipal de la UMA varios embargos ganados por proveedores de la pasada administración. El regidor Miguel Ángel Yerena Ruiz informó que él se enteró de que Muebles América, con sede en Guadalajara, reclama 5 millones de pesos por compras de trabajadores municipales. La presidencia municipal firmó un acuerdo para que esas adquisiciones se cubrieran mediante descuentos de la nómina, pero la tesorería retuvo los pagos y no entregó el dinero a la empresa.
Excesos y carencias
Para aparentar un gran apoyo a la educación en el municipio, se gastaron millonarias cantidades en uniformes que nunca se entregaron; en vez de ello se otorgaron vales para canjearlos por el equivalente en mercancía en la tienda La Batalla de El Pitillal, ahora desaparecida.
Para proteger a los alumnos del sol, se colocaron en las escuelas techos que resultaron ser frágiles estructuras de lámina. Las reparaciones mayores reportadas oficialmente en puentes peatonales y vehiculares también se quedaron en una mano de pintura.
El sector privado manifestó su molestia por el abandono de la ciudad. Comerciantes, restauranteros, hoteleros y automovilistas reclamaron constantemente la falta de mantenimiento de las calles, incluso de la Medina Ascencio –que es la principal del puerto–, la carretera a Ixtapa, la avenida México y la Prisciliano Sánchez.
De igual forma González Reséndiz justificó la concesión de la recolección de basura en la zona habitacional a la empresa Preactiva con el argumento de que se lograría un ahorro importante. Todo ello, a pesar de los graves problemas que causó la asignación de la construcción de estacionamientos y el tiradero de Las Palmas a la iniciativa privada por el exalcalde y ahora diputado Gustavo González Villaseñor. Ahora, Preactiva justifica su deficiente servicio por un adeudo de más de 60 millones de pesos.
En materia de seguridad pública, los delitos violentos se incrementaron y Vallarta superó a Guadalajara en los índices delictivos.
La Policía Municipal quedó prácticamente desmantelada por falta de vehículos y gasolina. El proveedor del combustible en varias ocasiones se negó a surtir a las unidades de emergencia a causa de los adeudos no cubiertos. El mismo problema se presentó en la dirección de Bomberos y Protección Civil, y en el taller municipal se argumentó que a falta de dinero y por deudas a los proveedores de refacciones era imposible poner en servicio unidades, aun de emergencia. Por la misma razón escasearon baterías, aceite y llantas.
La relación de González Reséndiz con el asesinado secretario de Turismo José de Jesús Gallegos Álvarez se fortaleció de la noche a la mañana cuando los hermanos Rafael y Salvador González Reséndiz, así como el síndico Fernando Castro Rubio adquirieron departamentos en el edificio Deck-12, propiedad de Gallegos, como difundieron varios medios locales.
El 15 de septiembre de 2012, en las fiestas de Independencia, Salvador González Reséndiz salió al balcón principal de la presidencia municipal con distinguidos invitados para su último grito oficial. Como se le olvidaron los nombres de los héroes patrios, provocó una rechifla que de inmediato acallaron los fuegos artificiales. El tropiezo fue trasmitido a nivel nacional por televisión y las redes sociales.
Ahora el exalcalde vallartense se dispone a ejercer sus dotes de administrador en la Secretaría de Finanzas del estado…
