La delincuencia organizada amedrenta desde hace varios meses a curas asentados en Jalisco, aun en la histórica zona cristera. Muchos de ellos han sido secuestrados o han huido de su diócesis para salvar la vida, se quejan los jerarcas de la Iglesia católica, quienes lamentan que las autoridades policiacas no hagan nada para dar seguridad a las poblaciones sojuzgadas.
LAGOS DE MORENO.– Durante el último año y medio las amenazas, agresiones y extorsiones a representantes del clero en las diócesis de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Colima y Zacatecas no han cedido.
Las autoridades eclesiásticas contabilizaron 40 acciones en ese lapso contra sus representantes en la región centro-occidente, quienes, dicen, han sido hostilizados lo mismo por pistoleros al servicio de los narcotraficantes, que por caciques o empresarios depredadores.
Uno de los casos es el del sacerdote Juan José Pelayo, quien durante 10 años desarrolló proyectos en favor de los indígenas nahuas de Telcruz y Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en la sierra de Manantlán, y tuvo que salir huyendo a causa de las amenazas de los caciques de la región.
Cuenta al reportero el caso del presbítero Jesús Flores Preciado, oriundo de Tuxcacuesco, Jalisco, quien fue asesinado el 6 de febrero último por unos asaltantes que irrumpieron a la iglesia de Cristo Rey, en la capital de Colima, donde oficiaba.
La muerte de Flores Preciado desató protestas y manifestaciones de sus feligreses. Diez días después del homicidio, el 16 de febrero, alrededor de 6 mil colimenses realizaron una Marcha Por la Paz, que fue encabezada por el obispo Luis Amezcua.
Pelayo menciona otros casos: el del padre Santiago Álvarez, en Zamora, Michoacán, quien fue secuestrado el pasado 27 de diciembre y aún no aparece; y el del laguense Porfirio Galindo, quien tuvo que dejar la diócesis de Aguascalientes y trasladarse a España.
Galindo, dice el entrevistado, fue golpeado y secuestrado la noche del 12 de noviembre de 2011 en un falso retén por un grupo de sujetos armados a la altura del kilómetro 70 de la carretera que une a Lagos de Moreno y Ojuelos, cuando se dirigía a oficiar misa en el poblado de Ciénega de Mata. Iba acompañado por dos adolescentes: Jorge Dueñas, de 16 años, quien fungía como su acólito, y Rolando Rosales, de 19.
Los agresores despojaron a Galindo de la camioneta que conducía, una Liberty azul, y se dedicaron a asaltar a otros automovilistas. Según su abogado, Juan Carlos Rodríguez Rizo, Galindo se salvó de ser ejecutado, no así sus dos ayudantes, quienes fueron secuestrados.
Cuando estaban a punto de asesinarlo, relata el abogado, los maleantes encontraron su rosario en una de las bolsas de su ropa, así como un escapulario en el pecho de Galindo y una identificación. Eso le salvó la vida:
“Lo dejan en libertad y los criminales le piden disculpas. Le dicen que los perdone por el error, pero el presbítero les aclara que él no tiene nada que perdonar y exige que le regresen al joven de 19 años que le acompañaba y a su acólito de 16, pero los criminales le dicen que ellos no pueden quedar libres”.
Galindo quedó tirado sobre carretera, semidesnudo. Poco después, ya en la madrugada del 13 de noviembre, unos lugareños que circulaban por la zona lo trasladaron a un lugar seguro.
El obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, denunció la agresión contra sus representados, incluso los jerarcas de Los Altos enviaron un documento al presidente Felipe Calderón para solicitarle su intervención ante la ola de violencia.
En marzo de 2012, Galindo participó en una manifestación en contra la inseguridad organizada por diversos sectores en Lagos de Moreno, luego del secuestro y asesinato de Magaly Jiménez, estudiante del Conalep y exalumna de la Universidad de Guadalajara.
Entonces ofreció su testimonio a los medios de comunicación: “El 12 de noviembre fuimos secuestrados Jorgito, Rolando y yo –relató–. Es una experiencia que a nadie se le desea. Despertar (al día siguiente) todo golpeado y gritar: ¡Yo estoy vivo!… ¿Dónde estás, Jorge (Dueñas)? Yo estoy vivo, y tú, no sabemos… Rolando (Rosales) tampoco sabemos” (nada de ti).
Sus superiores le recomendaron a Galindo de que se fuera del país. Y aunque no quería hacerlo, tras varios meses de consultas, finalmente accedió irse a España a continuar sus estudios.
Impunidad
El padre Juan José Pelayo, de la diócesis de Autlán, que trabaja en la zona costera, indica que los sicarios y las bandas de la delincuencia organizada no sólo atentan contra los líderes sociales, también hostigan a los religiosos que se atreven a levantar la voz por los atropellos que sufren las comunidades.
Cientos de pescadores, dice, han padecido los embates de empresarios y desarrolladores urbanos empecinados en ejecutar proyectos turísticos en detrimento de los ecosistemas, dice.
Cita el caso de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, quienes desaparecieron en mayo de 2011 en Tomatlán, cuando viajaban a Guadalajara para participar en una reunión en la Secretaria del Medio Ambiente.
También se refiere al asesinato de Aureliano Sánchez, el pescador que encabezó las manifestaciones contra la privatización de las playas en el litoral de la Costa Sur, que afectan Tomatlán y La Huerta. El crimen se cometió el 13 de julio del 2011 en el poblado de Emiliano Zapata, señala.
En los dos casos mencionados, según Pelayo, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) no ha hecho las indagatorias porque, admite, aun cuando presentan las denuncias sobre los atropellos nadie “tiene los pelos de la burra en la mano para demostrarlo”. Pero aclara que tampoco pueden permanecer callados.
“Nosotros damos apoyo a las familias desamparadas –alrededor de 20–. Uno de los chamacos viene a la parroquia y lava la camioneta que usamos para nuestras labores pastorales; nosotros le ayudamos, aunque sabemos que eso no es suficiente”.
Entrevistado el domingo 10 en la Catedral Metropolitana tapatía, el cardenal José Francisco Robles habló de la presión a los sacerdotes católicos que, dijo, ocurre en todo el país; también aludió a las agresiones, secuestros y el asesinato del presbítero de Colima, José Flores.
En Jalisco, comentó, por lo menos tres presbíteros han sido víctimas de la extorsión telefónica, aunque no por ello se van a pedir “garantías especiales” para los sacerdotes, pues siempre “pedimos la seguridad para toda la ciudadanía”.
A finales de 2008 este semanario informó sobre el aumento de las presiones de grupos del crimen organizado contra sacerdotes de la diócesis de Guadalajara que trabajan en la frontera de Jalisco con Zacatecas, muchos de los cuales huyeron a causa de las amenazas de muerte por parte de los delincuentes que operan en la parte sur de aquel estado (Proceso 1660).
Pelayo advierte: “Vienen tiempos difíciles para los religiosos”. En muchas partes, insiste, la situación es más grave porque nadie se mete con los delincuentes, quienes presionan o corrompen a las autoridades. En algunas partes de la entidad incluso cobran “derecho de piso” a los comerciantes establecidos o a los empresarios locales.
En otras, enganchan a los jóvenes y los convierten en narcomenudistas. “Yo creo que es muy grave lo que se enfrenta. Por desgracia, no todos los religiosos nos animamos a denunciar”, comenta Pelayo.
