La propuesta del doctor Agustín González (hasta el 28 de febrero director de los Hospitales Civiles de Guadalajara) de hacer obligatoria la donación de órganos para trasplante, levantó polémica. Especialistas admiten que se necesitan más órganos para salvar a miles de personas, pero advierten que, en las condiciones actuales, dicha propuesta pone en riesgo los derechos de los potenciales donantes y se presta a corrupción. Mientras, el Consejo Estatal de Órganos y Tejidos (CETOT) guarda silencio.
Después de que el director saliente de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Agustín González Álvarez, anunció que propondrá ante los Congresos local y federal que la donación de órganos sea automática, el exdirector de la Clínica del Hígado de esos nosocomios, Jorge Enrique Segura Ortega, y el presidente de la Comisión Legislativa de Higiene y Salud, Elías Octavio Íñiguez Mejía, coinciden en que esta medida se presta al tráfico ilegal y a corruptelas.
Segura Ortega e Íñiguez Mejía concuerdan en que la donación de órganos es necesaria, pero debe fomentarse sin violentar los derechos humanos de los posibles donantes y sus familiares.
Por su parte, González Álvarez planteó, los pasados 22 y 23 de febrero, en la clausura del XV Congreso de Avances en Medicina en el Hospital Civil de Guadalajara “que la donación de órganos sea automática, que no le tengan que preguntar a la gente. ¿Para qué le sirven los órganos a alguien que ya falleció o que está a punto de fallecer por muerte cerebral? No se van a ir al cielo con todo completito; los que crean que se van a ir al cielo, se van a ir con el alma, nada más”.
González Álvarez, quien desde el viernes 1 es secreytario de Salud propone que para ello se modifique la Ley Estatal y General de Salud, a fin de implantar en el país este esquema de donación que, afirmó, dio buenos resultados en naciones como España, líder mundial de trasplantes.
El doctor Segura Ortega califica la propuesta de insensata: “Los derechos humanos se verían atropellados. Incluso si una persona tiene muerte cerebral, la ley le da derechos”.
Considera que la donación automática “no es la solución al problema, porque eso nos llevaría al estado de totalitarismo o muy similar al fascismo: (es como decir) voy a necesitar esto de ti y no necesito el consentimiento tuyo ni de la familia”.
No obstante, admite que desde el punto de vista médico la propuesta del director de los Hospitales Civiles es respetable, puesto que “los órganos son necesarios para preservar la vida de las personas, pero sin violentar los derechos humanos”.
En aquellos países donde la donación es automática, el proceso es estricto y está supervisado, “no da margen para la duda de las personas”. En México, señala, “uno de los riesgos que se corre con la donación automática de órganos es que se diga que un paciente tiene muerte cerebral sin tenerla. Ese es el riesgo en un país donde no se regulan las cosas, con la normatividad corrompible en todos los niveles”.
Comenta que si el Consejo Estatal de Órganos y Tejidos (CETOT) cumpliera su función, “otra cosa sería y tendría que estar emitiendo su opinión en este momento”, ya que precisamente entre sus objetivos están los de coordinar, vigilar y promover la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos.
Este semanario documentó que, en la Cruz Verde de Zapopan, la señora María Alejandrina Ramírez falleció después de tres días de internamiento por falta de atención especializada. En ese lapso, la familia Hernández Ramírez fue presionada por personal de los servicios médicos municipales para que donara sus órganos y presumen la existencia de una red de corrupción en la procuración de órganos (Proceso Jalisco 406).
Los familiares de la señora Ramírez dicen que, tras firmar el consentimiento, la mujer fue llevada a un hospital privado donde los facultativos le extrajeron corazón, hígado, páncreas, riñones, piel, córneas y tejido músculo-esquelético.
A decir del doctor Segura, está demostrado que cuando la corrupción afecta la donación de órganos, los programas correspondientes tardan alrededor de 15 años en recuperarse. “Aquí lo que se necesita es una campaña intensa de donación de órganos que requiere de mucho trabajo a todos los niveles de la sociedad”, opina.
Incertidumbre
El médico y diputado panista que encabeza la Comisión de Higiene, Elías Octavio Íñiguez Mejía, considera que debe analizarse la iniciativa del director de los Hospitales Civiles. “Necesitamos estudiar el marco jurídico que hay en la Ley Estatal de Salud, (la propuesta de Jaime Agustín González) puede ser viable, siempre y cuando se respeten los derechos humanos que tienen los familiares del paciente”.
Recalca que “de entrada, es una buena propuesta”, pero aclara que no la apoyará “hasta que no se estudie” en el Congreso.
Aunque como médico entiende “que es preferible donar órganos a que se vayan a la sepultura, y en cambio se podría rescatar a mucha gente con la donación”, reitera la necesidad de que participen en la discusión especialistas en el tema, diputados federales, senadores y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Adelanta que por su parte propondrá una reforma a la Ley de Transplantes del estado “porque no podemos seguir haciendo esperar a tanta gente. Por ejemplo, un nefrópata se muere esperando la donación de un riñón; tenemos que hacer algo para ayudar”. Indica que en dicha iniciativa, que estará lista antes de que acabe este año, se prevé integrar en el CETOT a organizaciones civiles, y no sólo a funcionarios públicos, como actualmente sucede.
Familiares de pacientes graves han denunciado que el entonces jefe de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, Luis Carlos Rodríguez Sancho, no atendía bien a los enfermos y traficaba con órganos, pues cobraba hasta un millón de pesos por una operación, que en ese nosocomio debía ser gratuita, excepto por una cuota de recuperación (Proceso Jalisco 191).
–¿La donación automática, puede provocar tráfico de órganos? Hace tiempo se documentó que esto sucedió en el Hospital Civil –se le plantea al diputado Íñiguez Mejía.
–Existe el riesgo de que se repita, claro. Antes de la propuesta del doctor Jaime Agustín, yo propondría formar un consejo de trasplantes integrado por la sociedad civil, expertos y derechos humanos, para que no pasara eso.
“Hay que cuidar que no se trafique con los órganos; que las personas que reciban un órgano realmente estén en la lista de espera y que no se vea por el lado económico si se le ayuda o no. Y quien trafique con órganos, la ley lo dice claro, tendrá que pagar por ello. Si ya pasó (lo del tráfico de órganos en el Hospital Civil), podría volver a pasar. Por eso estamos nosotros, para que no pase.”
De acuerdo con estadísticas publicadas por el CETOT en su portal de internet, el año pasado se registraron en Jalisco 241 donaciones de órganos y tejidos, de los cuales 143 corresponden a los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca. Les sigue el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, del Seguro Social, con 29.
El mismo año, en Aguascalientes, el Estado de México, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Zacatecas y el Distrito Federal se registraron un total de 123 donaciones.
A raíz del escándalo del tráfico de órganos en el Hospital Civil, las donaciones de órganos y tejidos disminuyó considerablemente en Jalisco: si en 2004 y 2005 se realizaron 88 y 82, respectivamente, para 2009 sólo se registraron 22.
Se incrementaron levemente en años posteriores: 38 en 2010; 66 en 2011 y 58 en 2012.
La reportera solicitó la postura oficial del CETOT a su secretario técnico, Agustín García de Alba Zepeda, pero al funcionario no le fue posible cumplir con la entrevista pactada.
