Malversación, desvío, dispendio y uso discrecional de los recursos públicos; uso indebido de atribuciones y funciones; protección a funcionarios implicados en tráfico y abuso de menores, corrupción policiaca, endeudamiento excesivo, la mentada y encubrimiento, entre otros, son parte de los agravios cometidos por Emilio González Márquez durante su gestión. Para los entrevistados, esos motivos son suficientes para someterlo a un juicio ciudadano; de hecho organizaciones civiles ya formaron un tribunal ad hoc.
Gilberto Parra Rodríguez, dirigente del Movimiento por la Dignificación del Adulto Mayor, destaca el doble discurso con el que se condujo Emilio González Márquez durante su gestión recién concluida el 28 de febrero, y habla del “misterio de los 120 millones de pesos” que debió asignar en 2012 al Programa de Adultos Mayores pero no lo hizo.
Aun cuando en su campaña se comprometió a hacer hasta lo imposible para ayudarlos –habló incluso de crear una ley especial para protegerlos– nunca les cumplió. Prueba de ello, dice Parra Rodríguez, es que el año pasado la partida asignada el Congreso estatal a los ancianos fue de 200 millones de pesos, pero González Márquez sólo entregó 92 millones.
En diciembre de 2100, Parra y su movimiento reunieron 75 mil firmas y con base en la Ley de Participación Ciudadana, presentaron una iniciativa popular para exigir al Legislativo la promulgación de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, la cual establece:
“Las personas adultas mayores de 60 años con una residencia de cuando menos tres años ininterrumpidos en el estado, recibirán una pensión económica equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, excepto aquellos que reciban una pensión o ayuda económica, de igual o superior monto al establecido en este ordenamiento, ya sean federales, estatales o municipales.”
Asimismo, la ley marca que “el Ejecutivo entregará una cantidad para que se iguale el monto”; lo que equivale a un apoyo mensual de 940 pesos “y no los 500 pesos que daba Emilio en su programa de Setenta y Más”, insiste Parra.
En un artículo transitorio de la ley se prevé que éste entrará en vigor cuando el gobernador publique el reglamento para hacer viable la distribución del recurso, para lo que se le otorgaron 120 días –el plazo se cumplió el 26 de abril de 2012–, pero González Márquez no cumplió.
Según datos del Consejo Estatal de Población (Coepo), en 2010 había 304 mil jaliscienses con más de 70 años, 80% de los cuales vivía en la zona metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), alrededor de 25% de los ancianos cuenta con alguna pensión. Con base en esto, dice Parra, “pensamos que el apoyo debe otorgarse a cerca de 250 mil ciudadanos que estaban registrados en el padrón antes de que el dadivoso González Márquez comenzara a congraciarse con las televisoras y con los destacados jaliscienses que se beneficiaron con el corredor o con la golfista Lorena Ochoa”.
Doña Catalina González Rodríguez, de 77 años, critica a González Márquez “por su conducta y falta de ayuda a los que viven en la pobreza, mientras que regala nuestro dinero a los ricos como Lorena Ochoa, Vicente Fernández y Sergio Checo Pérez”.
Dice que recibía mil 500 pesos cada tres meses, pero en junio del año pasado se los quitaron “por decisión del gobernador”.
El juicio ciudadano
A mediados de febrero pasado, integrantes del Movimiento por la Dignificación del Adulto Mayor y agrupaciones civiles decidieron conformar un tribunal ciudadano para enjuiciar a González Márquez; convocaron a los jaliscienses a expresar los agravios de que fueron objeto por parte del tercer gobernador panista y les pidieron presentar evidencias incriminatorias.
El Tribunal Ciudadano quedó integrado por Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala; Salvador Peniche Camps, experto ambiental; Juan Manuel Negrete Naranjo, Premio Jalisco a las Letras 2004 y colaborador de este semanario; María Antonieta Flores Astorga, Premio Nacional de Periodismo 2009; Jorge Gómez Naredo, ganador del Premio Jalisco de Periodismo y colaborador de La Jornada Jalisco; María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Jesús Torres Nuño, presidente de la Cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc); Enrique García Becerra, geógrafo en planeación y medio ambiente, y Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C.
Para Flores Astorga, vocera del Tribunal Ciudadano, es importante que la sociedad juzgue a sus mandatarios y se manifiesta para que los agravios no queden en el olvido: “Y no se les olvida lo que Emilio hizo, como la mentada y otros casos emblemáticos, como las 15 mujeres que han muerto este año sin ningún consignado por feminicidio, la muerte de Miguel Ángel López Rocha y el endeudamiento excesivo, entre otros casos”.
Mónica Pérez Taylor, quien formó parte del tribunal ciudadano que hace seis años juzgó la actuación de Francisco Ramírez Acuña –a quien se acusó de violar derechos humanos de los altermundistas– explica: “Si bien un tribunal ciudadano no emite sentencias vinculatorias, sí tiene un peso moral y ético, y es importantísimo dar cauce a los reclamos de una sociedad que se siente burlada”.
Considera que entre los agravios de González Márquez a los jaliscienses sobresale el donativo millonario al clero para la construcción del Santuario de los Mártires y la mentada de madre que se dio casi en paralelo, así como la lucha de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para evitar la construcción de la presa El Zapotillo, los escándalos por violaciones a los derechos humanos y tráfico de menores en el Consejo Estatal de Familia y su apoyo incondicional a las Villas Panamericanas y Chalacatepec.
Para Elsa Stettner, del Movimiento contra Arcediano, las acusaciones contra el exmandatario deben ir acompañadas de “acciones jurídicas” para llevarlo a los tribunales institucionales, a fin de que se emita una sentencia vinculatoria en su contra.
“Me parece que tenemos un (ex)gobernador que nunca debió llegar al cargo. Cuando nos la mentó, debimos quitarlo. Es increíble que una persona que proviene de una familia disfuncional haya llegado a gobernar y se haya mantenido a pesar de mentarnos la madre. Soy de las que pienso que merece la horca, pero antes de que lo ejecuten, que devuelva todos sus bienes”, expone.
El consultor Fernando Rico Murillo, experto en proyectos hidrológicos, considera que el mayor agravio de González Márquez es el “descomunal gasto” en planes relacionados con el agua.
Y pone un ejemplo: en las presas de Arcediano y El Zapotillo –“que son inviables”– se han gastado más de mil y 3 mil millones de pesos, respectivamente.
Es falso, dice, que en la primera se hayan invertido 700 millones, como dicen las autoridades; lo mismo sucede con los reportes financieros relacionados con proyectos como el de los Juegos Panamericanos, toda vez que “se mandaron a realizar estudios al extranjero y se gastó el recurso sin reserva alguna”.
En otro asunto relacionado con el agua –“que evidencia el mal gobierno de Emilio González”–, el entrevistado recuerda el desvío de casi 400 millones de pesos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y el mal uso del dinero, vía crédito, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a Jalisco. El tema, todavía no se resuelve, aun cuando se sabe que el extitular de la dependencia, Rodolfo Ocampo decidió invertir parte de esos fondos en la bolsa de valores, donde se perdieron alrededor de 20 millones de pesos.
Los protegidos y los agraviados
La trabajadora Érika Estrada comenta a la reportera que durante su gestión, Emilio González Márquez protegió a su escolta Raúl Esparza, El Zurdo, implicado en la muerte de un joven hace 12 años –el 31 de julio de 1999–, del cual culparon a su expareja Alejandro Gritti Rubio, con quien procreó dos hijas. Desde entonces, dice, Alejandro está prófugo.
Ella insiste en que “por el bien de sus hijas y la reputación a que tienen derecho”, las autoridades deben arrestar a Esparza, el presunto autor del homicidio, ahora que su patrón dejó de tener fuero. Así, dice, quedará sin efecto la orden de aprehensión contra Gritti (expediente 108449) arraigada en el Jugado Primero de lo Penal.
Dice que lleva años aportando pruebas y testimonios de que Alejandro no cometió el asesinato, pero las autoridades no le hacen caso; peor aún, dice, “cada que movemos al caso, nos amenazan”.
Érika relata que Gritti estuvo preso del 31 de julio al 3 de agosto de 1999 a causa de una riña en las inmediaciones de un casino donde se celebraban los 15 años de la hija de un policía, en la calle Privada Antonio Medina y Ricardo Palacios, colonia El Carmen, en Guadalajara. En la refriega hubo varios disparos que hirieron a tres personas, una de las cuales falleció.
La trifulca comenzó cuando algunos de los policías que acudieron a la fiesta vestidos de civil, la mayoría adscritos al servicio de vigilancia del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, golpearon a unos jóvenes que presuntamente habían robado un celular y los hicieron huir.
Diez minutos después los adolescentes regresaron y comenzaron romper los parabrisas de los autos estacionados en la zona. Los policías salieron del casino y se desató una batalla campal que terminó a balazos.
Si bien Gritti salió libre bajo fianza, el 16 de agosto siguiente, las autoridades giraron otra orden de aprehensión en su contra. Desde entonces ha sobrevivido gracias a la ayuda de familiares y amigos. Ha recurrido a instancias defensoras de derechos humanos y a la Presidencia de la República en busca de ayuda pues, dice Érika, “hay interés en convertirlo en chivo expiatorio”.
Su “delito”, según Érika, es haber acudido a la fiesta de una quinceañera en un auto rojo, vestido de pantalón blanco, con camisa a cuadros y ser mecánico eléctrico. E insiste: la salvación de Alejandro es que es diestro, mientras que el joven murió de un cachazo propinado por un zurdo; y Esparza lo es, de ahí su apodo.
Alejandro fue incriminado por una mujer que asegura que el adolescente fue golpeado con la cacha de una pistola. Su agresor, dijo, era “un sujeto de pantalón blanco y camisa a cuadros con carro rojo”. De acuerdo con el inculpado, Esparza también vestía pantalón blanco, camisa a cuadros y llegó a la fiesta un LTD rojo.
Y aunque en la prueba de radizonato dio positivo, él alegó que ello se debe a que como mecánico maneja cotidianamente plomo, combustibles y baterías. Uno de los lesionados aseguró que quien le disparó era zurdo, “pero tampoco le han dado valor ni en la averiguación previa ni en el juzgado”, dice Alejandro a la reportera.
Las autoridades, dice, “no le hacen caso a mis testigos ni me aceptan las pruebas que presento. El año pasado, en la procuraduría, ya ni nos dieron copia de recibido. Llevo 13 abogados y la conclusión es que debo estar adentro para que me ayuden, pero yo no quiero ir a la cárcel nomás porque hay línea de ayudar al escolta del (ex)gobernador”.
