Las autoridades de Guadalajara no están a la altura del crecimiento de la urbe. Precisamente con motivo de la presentación del proyecto de Movilidad y Accesibilidad Preferencial por el alcalde Ramiro Hernández, organizaciones que defienden las causas de los discapacitados reclaman que no se les haya incluido en la planeación, y recuerdan que un idéntico “desprecio” hacia la población impidió que otras administraciones avanzaran en ese aspecto hacia la modernidad y la integración de la ciudadanía.
El proyecto de Movilidad y Accesibilidad Preferencial que el ayuntamiento de Guadalajara echó a andar el 7 de enero es una incógnita. Aunque el presidente municipal, Ramiro Hernández García, lo presentó e hizo un recorrido por el primer cuadro de la ciudad con los medios de comunicación, a las asociaciones civiles que apoyan a personas con discapacidad se les negó el derecho de conocerlo.
Desde agosto del año pasado, la presidenta del Centro de Educación y Rehabilitación para Personas con Parálisis Cerebral (Ciriac), María Lucina Bravo Chávez, solicitó a las autoridades municipales que le permitieran ver la propuesta para tener la oportunidad de hacerle observaciones, pero nunca le respondieron y en días pasados se enteró de que el municipio ya había comenzado los trabajos.
De acuerdo con un boletín de prensa que colgó el ayuntamiento en su portal en internet, la obra se asignó a la empresa Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., y la inversión es de 39.8 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano.
El proyecto consiste en ofrecer facilidades de paso a las personas con discapacidad en banquetas y esquinas de un segmento de la Avenida 16 de Septiembre, desde el templo de Aranzazú, sobre Prisciliano Sánchez, hasta la calle Juan Álvarez; y en la Avenida Juárez, desde Ocampo hasta la Calzada Independencia.
El boletín no ofrece más datos y en su sitio web no se encuentra el proyecto ejecutivo. Además, los trabajos en las banquetas se han ocultado tras una malla.
La Secretaría de Obras Públicas entregó copia de dos láminas con otros pocos detalles: se instalarán 2 mil 100 milímetros de guías táctiles, semáforos auditivos en cuatro cruceros y rampas de cinco a ocho centímetros en todas las esquinas.
También se reubicará equipamiento urbano, como basureros, teléfonos públicos y postes de señalización, y se colocarán mapas de ubicación y direccionales hechos de lámina perforada antigrafiti, con iluminación nocturna y en lenguaje braille. Se pretende rehabilitar jardineras, poner señales para peatones y ciclistas y reductores de velocidad para los automóviles.
El titular de Obras Públicas, Carlos Felipe Arias García, asegura que el proyecto sí se les dio a conocer a las asociaciones civiles en una reunión a la cual convocó el DIF Guadalajara. Allí, afirma, estuvieron empresarios del Centro Histórico y la organización Guadalajara Incluyente, en un trabajo que coordinó el secretario de Promoción Económica, Pedro Ruiz Gutiérrez.
Pero Lucina Bravo reitera que no se les invitó y dice no conocer la agrupación citada por el funcionario. En la página electrónica de Guadalajara Incluyente no hay referencias al encuentro mencionado por Arias García ni se menciona la adaptación de las banquetas y esquinas del primer cuadro de la ciudad.
La presidenta del Ciriac relata que insistió en conocer con detalles el proyecto porque en la administración del panista Alfonso Petersen Farah (presidente municipal de Guadalajara de 2007 a 2009) se remodelaron las banquetas de la Avenida Vallarta con resultados desastrosos. A la organización, que tiene su domicilio en esa arteria, le bloquearon el acceso durante siete meses y en ese lapso los automovilistas tenían que estacionarse en doble fila, por lo que los niños atendidos en el Ciriac no podían entrar en su silla de ruedas y tenían que pasar por una zanja.
Al final quedaron en evidencia los defectos de ese trabajo: los albañiles clavaron en la acera una cubeta con un poste de teléfono adentro. Lucina Bravo expone que el proyecto de accesibilidad de Guadalajara debe dirigirse a distintos tipos de discapacidad, pues las personas en silla de ruedas no son las únicas que utilizarán las banquetas.
“Hay personas de talla baja, las alturas (de la banqueta) también deben adecuarse. Hay personas ciegas que necesitan de guías táctiles, personas sordas que necesitan señalización. Debe ser un proyecto integral”, argumenta.
Otra organización que manifestó su inconformidad con la forma en que se anunció el proyecto es Ciudad para Todos: “Es un baldazo de agua fría. No estábamos enterados (del arranque de los trabajos). Queremos analizar y ver el proyecto ejecutivo y la zona a desarrollar; preguntarles (a los funcionarios del ayuntamiento) qué es lo que pretenden”, declaró al diario Milenio Felipe Reyes, integrante de esa agrupación (7 de enero de 2013).
Reprocha que el secretario de Promoción Económica, Pedro Ruiz, no cumplió su promesa de mantenerse coordinado con ellos porque el proyecto excluye a la zona del parque Morelos, donde se planea construir la Ciudad Creativa Digital.
Al parecer sólo el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Coedis) conoció previamente el plan de Movilidad y de Accesibilidad Preferencial. Carlos Ignacio Ramírez García, coordinador de Diseño Universal y Accesibilidad de este organismo que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH), asegura que el proyecto reúne los estándares de calidad internacional y que el ayuntamiento lo buscó para pedirle asesoría en algunos aspectos.
Ramírez García explica que en cada esquina, en un área de aproximadamente 120 manzanas, se instalarán guías táctiles para orientar a invidentes y débiles visuales, además de indicarles si en el camino existen obstáculos, como el equipamiento urbano. Además, dice, habrá tótems en sistema braille para indicarles dónde están ubicados.
Ramírez García precisa que durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 el gobierno estatal tuvo que habilitar decenas de inmuebles y calles para que pudieran desplazarse personas discapacitadas. Señala que el aeropuerto internacional de Guadalajara fue uno de esos lugares, pues carecía de tales facilidades.
Desprecio gubernamental
Hace cuatro décadas no existía la mínima infraestructura para personas discapacitadas en la ciudad. Fue entonces cuando Jesús Hugo Monroy tuvo un accidente.
Él, que tenía 24 años, iba con cuatro amigos rumbo a Puebla. Su auto derrapó en una pendiente por exceso de velocidad y se estrelló en un puente. El conductor falleció ahí, otro joven sufrió una fractura de cráneo que lo dejó hemipléjico y Monroy quedó parapléjico.
Cuenta que por aquellas fechas un grupo de estadunidenses jubilados llegó a Guadalajara para establecerse en forma permanente. Entre ellos había algunos discapacitados, de los que aprendió mejores técnicas para desplazarse.
“No sufrí, busqué la manera de vivir. No me quedé en la casa. Cuando yo me accidenté no había rampas ni nada; es nada más tener ganas de vivir”, reflexiona.
Poco después del accidente, Monroy se convirtió en activista de las causas de los grupos vulnerables y fundó la Asociación de Lisiados de Jalisco; en la actualidad es presidente de la Federación de Asociaciones en Favor de Personas con Discapacidad. Y, en esa calidad, afirma que durante 40 años ha tenido que lidiar con los gobiernos para exigirles banquetas con rampas, elevadores en edificios públicos y otra serie de mejoras de accesibilidad, pero todos los gobernantes han reaccionado con mayor o menor desprecio ante tales necesidades.
Recuerda que entre 1973 y 1976 el entonces presidente municipal de Guadalajara, Juan Delgado Navarro, empezó la construcción de rampas, trabajo que continuó con el gobernador Flavio Romero de Velasco (1977-1983), pero éste mandó hacer en la Plaza Tapatía unas rampas con pendiente muy inclinada, que en lugar de facilitarle las cosas a las personas en sillas de ruedas, las ponían en peligro. Al mandatario siguiente, Enrique Álvarez del Castillo (1983-1988), tuvieron que rogarle para que interviniera en el caso de las banquetas de la Calzada Independencia.
“Lo he visto muchas veces: nos han prometido muchas cosas y no nos cumplieron nada. Todos los políticos son iguales, les vale. No les interesan más que sus intereses particulares”, reitera.
Después de 1988 no se desarrolló más infraestructura para la población discapacitada hasta el arribo de los gobiernos del PAN en 1994, a los que su organización les exigió el doble porque el “humanismo” está inscrito en los principios doctrinales de ese partido. Sin embargo, señala, fue a regañadientes que hubo avances en ese periodo: se adaptaron unidades del transporte público y se continuó la construcción de rampas en varias calles de la ciudad.
Recuerda que, en una reunión con el gobernador Francisco Ramírez Acuña, éste les dijo que las rampas no cambiarían su situación y que esas obras no eran redituables políticamente. En cuanto al actual mandatario, Emilio González Márquez, dice que cuando ganó las elecciones les confió su intención de desaparecer el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) porque le parecía muy costoso y desde su punto de vista el DIF Jalisco ya cumple la función principal del organismo.
Pero en vez de desaparecer al IJAS González Márquez creó la Secretaría de Desarrollo Humano y su órgano dependiente, el Coedis: “O sea que ahora hay cuatro dependencias que tienen las mismas funciones y obligaciones, y no hacen nada porque todo su presupuesto se va en sueldos (…) Ellos (los políticos) tienen sus compromisos de campaña, necesitan acomodar a su gente para que viva del presupuesto”, explica.
Lucina Bravo califica la de González Márquez como una administración de claroscuros, pues aunque hubo derroche de dinero en los Juegos Panamericanos de 2011, también se fortalecieron instalaciones para los discapacitados.
Con todo, lamenta que cada año disminuye la partida presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Humano para apoyar a las organizaciones civiles. En 2012, ejemplifica, sólo se ejercieron 20 millones de pesos, cuando en 2008 fueron 100 millones.
El 28 de agosto pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) publicó su Diagnóstico y pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a las que México está suscrito.
Una de las conclusiones de la comisión es que los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara ni siquiera conocen la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado, lo que impide que brinden orientación y atención de calidad a la población que la requiere. También detectó que, si bien algunas dependencias municipales habilitaron rampas en la entrada de sus edificios, éstas no cumplen los lineamientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006.
La CEDHJ menciona que el Coedis no ha propuesto al Ejecutivo estatal ni a los ayuntamientos políticas públicas para la inclusión laboral, con el argumento de que cuenta con poco personal. El organismo tampoco brinda asesoría a personas con discapacidad por motivos de discriminación, debido a que no tiene área jurídica.
En cuanto a la Secretaría de Salud Jalisco, el diagnóstico de la comisión determinó que no cuenta con personal para atender a usuarios con discapacidad sensorial (sordos) mediante el lenguaje de señas y que no tiene banco de prótesis.
En el documento se indica que el DIF Jalisco realiza funciones que no están establecidas en la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad ni en las disposiciones del Código de Asistencia Social. Entre ellas, menciona que supervisa instalaciones públicas y privadas basándose en criterios doctrinales y no en la Norma Oficial Mexicana.
Además, dice el organismo, el DIF otorga una calcomanía de identificación para los vehículos de personas con discapacidad, pero carece de fundamento legal para ello.
La CEDHJ encontró también que varias dependencias municipales y estatales tienen rampas exteriores, pero no adentro, y carecen de cajones de estacionamiento exclusivos, además de que los módulos de atención al público no son aptos para las personas de baja estatura.
La comisión emitió varias recomendaciones a dichas instituciones, pero no reporta ningún avance.
