El 8 de abril de 2007 escribí en esta columna que, tras su designación como rector, Carlos Briseño Torres anunció una glasnost “…y adelantó que durante su gestión la UdeG vivirá una tercera época (Proceso Jalisco 126). La primera fue la de José Guadalupe Zuno, quien refundó la institución en 1925; la segunda, dijo, se inició en 1989, cuando llegó a la rectoría Raúl Padilla López, protector del propio Briseño. Lo que está por verse ahora es si el nuevo rector seguirá siendo fiel a Raúl… Hay quienes afirman que el poderío del Grupo Universidad –la “burguesía dorada”, como lo calificó el gobernador Emilio González Márquez– empezará a declinar. Y esa versión cobra relevancia por la cercanía manifiesta de Briseño con González Márquez. El mandatario elogió recientemente al rector, quien es, dijo, “el gran aliado de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara”. Vamos a ver si no es el principio de una maiceada”. Hasta aquí la cita… Emilio mantuvo una luna de miel con Briseño durante algún tiempo y le prometió todo su apoyo –según confesión del propio rector hecha a este reportero–, pero al final le dio su espalda. Briseño fue destituido y terminó suicidándose 15 meses después. Ahora, con Tonatiuh Bravo Padilla al frente de la casa de estudios, hay la percepción de que las cosas se manejarán de manera distinta, tanto por la habilidad del nuevo rector como por la conveniencia de Padilla López quien, se supone, parcialmente se retiraría del liderazgo del Grupo UdeG de manera paulatina a condición de quedar al frente de las empresas parauniversitarias, entre las que destaca sobremanera el Centro Cultural Universitario, con el Auditorio Telmex como joya de esta corona; además, Raúl continuaría al frente, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro, del Teatro Diana y de una decena más de organismos. ¿Habrá “cuarta época” en la UdeG?
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Lo dicho y lo escrito: en las arcas abiertas de la gestión de Emilio González Márquez (que abrió y nunca cerró el todavía gobernador), que se extingue paulatinamente, muchos funcionarios pecaron porque dispusieron de dinero sin medida y sin control. Este hecho estaba claro desde hace al menos dos años, pero quedó corroborado el pasado 29 de enero, en la comparecencia, ante diputados locales, de Carlos Andrade Garín, director del Consejo Estatal del Deporte, donde no supo explicar tantos gastos so pretexto de los Juegos Panamericanos. Eso sí, no quiso explicar cómo se hizo de muchos recursos ni cómo fue que compró una residencia de 17 millones de pesos y menos cómo se hizo de tanto dinero al grado de negarse a hacer pública su declaración patrimonial. Luego repartió culpas y, sin explicarlo a detalle, dijo que “gente muy pesada” era la que tomaba las decisiones en el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos en Guadalajara (Copag). ¿Acaso serían el mismo Emilio González, Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, o ambos? O ¿esa otra “gente pesada” es como se conoce a personas relacionadas con mafias y crimen organizado?
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Por lo que pueda ocurrir, el ayuntamiento tapatío recibirá pronto cinco pickup blindadas nivel cinco que tuvieron un costo de 6.5 millones de pesos.
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La semana pasada, el 28 de enero para ser precisos, los cinco diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) presentaron denuncia penal contra el doctor Raúl Vargas López y Enrique Aubry Palomino, quienes durante la pasada Legislatura local –la LIX– fueron coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias (PRD y PVEM) y, aparte, fungieron como presidentes de la Comisión de Administración y del Congreso, respectivamente. La causa de la demanda es un desfalco por 58 millones de pesos que irregularmente pagaron al despacho Consultora López Castro que tramitaría la devolución de impuestos para los diputados. No le pagaron, por lo que la empresa los demandó y, al final, tuvieron que cubrir la deuda más los intereses y desembolsar cerca de 60 millones (Proceso Jalisco 343). No obstante, entre los demandados no aparecen los nombres de los entonces coordinadores de las bancadas más importantes, Roberto Marrufo, del PRI, y del ahora senador José María Martínez, del PAN, cuando sabemos que ese tipo de negociaciones las hacían –siempre en lo oscurito– los cuatro coordinadores partidistas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el PMC no denunció también a éstos? l
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