Finalmente, como casi todo mundo lo preveía, Tonatiuh Bravo Padilla fue ungido nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara. Con 106 de los 182 votos emitidos en la sesión del Consejo General Universitario (CGU) del pasado 31 de enero, quien se había venido desempeñando como rector de uno de los centros universitarios metropolitanos (el CUCEA) llega al “más alto cargo ejecutivo” de la institución, lo mismo que sus cuatro predecesores, con el consentimiento del verdadero mandamás de la institución, el exrector Raúl Padilla.
Por esta misma causa, en términos generales, en la UdeG seguirá el continuismo, pues, ni aunque se lo propusiera, Bravo Padilla no representa una amenaza seria para el statu quo udegeísta. Una parte de la explicación es que todo estaba calculado en la designación del nuevo rector. Y, la otra, que la rectoría general ya no es lo que fue en otros tiempos. A raíz de la destitución del finado Carlos Briseño, ese cargo no sólo ha venido perdiendo lustre, sino también muchas de sus funciones ejecutivas.
Una parte de los integrantes del CGU llegan a ese cargo por el solo hecho de tener equis encomienda administrativa dentro de la institución, cargos que son palomeados o asignados directamente por la cúpula padillista. Y el resto de los inminentes consejeros se postula, mayoritariamente, en planillas únicas (eufemística y cínicamente, a los ungidos se les llama “candidatos de unidad”) y por los cuales sólo votan los distraídos y los acarreados en las dependencias de la UdeG, en porcentajes francamente ridículos: de 15%.
Para decirlo en pocas palabras, la democracia es una práctica ajena a la vida interna de la universidad pública de Jalisco, una práctica que tácitamente ha sido desterrada de esa institución. ¿Desterrada por qué causa? En su cinismo extremo, no pocos de los jeques udegeístas podrían responder que porque ese modalidad sencillamente no le viene bien a la institución (y la “institución”, según ese criterio, se agota en el círculo padillista) o porque la comunidad universitaria no está preparada para la democracia, repitiendo con ello la respuesta que Porfirio Díaz le diera en 1908, antes de su última relección, al periodista estadunidense James Creelman, cuando éste lo cuestionara sobre su larga permanencia en el poder, en elecciones que habían sido una mascarada y en las que no había tenido más contrincante en las urnas que un personaje excéntrico y de dudosa salud mental: Nicolás Zúñiga y Miranda que, entre otras cosas, se decía inventor de un aparato para predecir los sismos.
No deja de ser significativa la defensa oficial y oficiosa que mandos medios y bajos de la UdeG han hecho del estilo político de manejar a la UdeG, estilo que, en un descarado desplante de humor involuntario, algunos han llegado a calificar de “democracia ejemplar”. Tal fue el caso reciente de José Manuel Jurado Parres, personaje que bien podría pasar por ser el Fidel Velázquez de la Escuela Preparatoria número 5 y quien, durante la reciente pasarela de aspirantes a la rectoría, calificó de esa manera el proceso político montado para designar al nuevo rector de esa casa de estudios. ¿Cómo puede llamarse “democracia ejemplar” a la designación inducida de una persona para “el más alto cargo ejecutivo” en el organigrama de la UdeG, cuando es más que evidente que quien llega a ese puesto no lo hace con el consentimiento de la comunidad universitaria? ¿Cuál democracia entonces?
Ya sea por cinismo, por convicción o por un descarado provecho de los jeques udegeístas, lo cierto es que estudiantes, profesores y empleados administrativos de la UdeG son tratados por el cacicazgo padillista no como seres pensantes y personas instruidas, sino como menores de edad que ni siquiera merecen el derecho de elegir a sus autoridades institucionales, comenzando por el rector general. Este derecho elemental no sólo le ha sido conculcado a la comunidad universitaria, sino que tal despojo se volvió una norma que se recoge en la Ley Orgánica de la UdeG, la cual establece que la elección de las más altas autoridades universitarias no son competencia de quienes conforman esa casa de estudios, sino de un grupo de presuntos “notables”: los que integran precisamente el CGU.
Y por lo que hace al que se califica como “el más alto cargo ejecutivo” de la UdeG, se debe reconocer que éste ya no es lo que era en otros tiempos. En primer lugar porque en esa institución predominan los poderes informales, comenzando por el cacicazgo que Raúl Padilla mantiene desde hace más de dos décadas, y también porque con la destitución del finado Carlos Briseño (ese inesperado rector rebelde o incómodo para el padillato), a la rectoría general se le restaron, muy calculadamente, funciones sustantivas, comenzando por lo que ahora es el Corporativo de Empresas Universitarias, Cultura UdeG y otras dependencias que regentea directamente el cacique de la institución.
Dicho con otras palabras, con esa limitación de funciones la Rectoría General quedó convertida en punto menos que un cargo ornamental, muy parecido al de los actúales monarcas europeos, que reinan pero no gobiernan. Después del briseñazo, el descafeinado cargo de rector general sirve básicamente para cortar listones; presidir actos protocolarios; encabezar la inauguración de obras; para la recepción de visitantes distinguidos; para hacer declaraciones, previamente preparadas y avaladas por la nomenklatura udegeísta, en nombre de la institución; para dirigir las sesiones del CGU, y, desde luego, para validar legalmente las disposiciones del verdadero mandamás de la UdeG.
Convencidos de lo anterior y del degradado papel que ahora juega el rector general, los cuatro postulantes, en su presentación ante los integrantes del CGU, se esmeraron en hablar primeros de los proyectos y empresas “culturales” que regentea Raúl Padilla, al que tácitamente describieron como el Pericles de Jalisco. Entre ellos no hubo ni la más leve insinuación de que debieran revisarse algunos de los denigrantes espectáculos que fementidamente se presentan como “cultura” y los cuales no pasan de ser algunas de las expresiones más vulgares y corrientes del show business. Por el contrario, todos alabaron el descocado proyecto de ampliar la presencia de la UdeG en Los Ángeles, California, y se comprometieron a que, en caso de llegar a la rectoría, seguiría sin ningún contratiempo la construcción del faraónico Centro Cultural Universitario, el sueño más caro del padillato.
Lo anterior no sólo es una garantía de que en la UdeG y sus alrededores seguirá el continuismo o el gatopardismo (todo debe cambiar periódicamente, pero sólo para que todo siga igual), sino que los “nuevos” mandos en la universidad pública de Jalisco, comenzando por el rector general, seguirán sometidos a los dictados del principal poder fáctico de la institución (¿eres tú, Raúl?), a quien un “comprensivo” intelectual definió como un “cacique bueno”. En otra ocasión, una persona menos proclive a las definiciones esquizofrénicas llegó a la conclusión de que el grupo que controla a la UdeG –y no de ahora, sino desde hace veintitantos años– tiene todos los vicios y defectos del viejo sistema político mexicano, pero, para colmo de males, casi ninguna de sus virtudes.
