El domingo 20, se realizó en la comunidad de Tiroma, ejido de Ayotitlán, una asamblea del Consejo de Mayores de las poblaciones indígenas de la Sierra de Manantlán, con representantes del Congreso local, las comisiones de derechos humanos de Jalisco y de Colima, las comunidades de la UdeG y de la Universidad de Colima… Todos están alarmados porque ya se cumplieron tres meses del levantón que sufrió el defensor de derechos humanos Celedonio Monroy, sin que la procuraduría estatal informe de avance alguno en las investigación, si es que existe.
AYOTITLÁN.- Tres meses después de la desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) no ha esclarecido los hechos.
De nada han valido la movilización y las gestiones de sus familiares, de organismos de derechos humanos, de diputados locales y de representantes de las comunidades indígenas; las autoridades responsables de la investigación no han reportado avances sobre el caso.
Monroy Prudencio, defensor de los derechos de los pueblos indígenas del ejido Ayotitlán, enclavados en la Sierra de Manantlán, fue sacado de su domicilio en la comunidad Loma Colorada, municipio de Cuautitlán la noche del 23 de octubre de 2012 por un grupo de hombres fuertemente armados.
Según su esposa, Blanca Esthela González Larios, quien esa ocasión fue golpeada y encañonada, eran ocho hombres, la mayoría con uniforme militar y pasamontañas, quienes llegaron en dos camionetas con el pretexto de buscar armas y se llevaron a Monroy con rumbo desconocido.
A partir de entonces inició el peregrinar de los familiares del activista, quienes han recurrido a las procuradurías y a las comisiones de derechos humanos de Jalisco y Colima, al ayuntamiento de Cuautitlán, al Ejército, al Congreso de Jalisco y a otros instancias, pero no han obtenido ningún resultado.
Liberato Monroy Alvarado, padre de Celedonio, dice que la familia está muy preocupada porque a pesar del tiempo transcurrido no han visto avances en las investigaciones de la Agencia del Ministerio Público de Cuautitlán.
“Llevan tres meses y las cosas están como al principio, no nos dan ninguna información, qué pistas llevan ni nada. Pensamos que no hacen la investigación ni la búsqueda, no le están dando importancia a este asunto”, dice el hombre de 58 años, quien ante la falta de empleo en su comunidad se dedica a la albañilería en los municipios colimenses de Minatitlán y Manzanillo.
Blanca Esthela González narra en entrevista que el primer problema lo encontraron en la agencia del Ministerio Público, donde al día siguiente de los hechos el titular de la mesa, José Iván Sizzo Rueda, se negó a recibir la denuncia.
“Nos dijo que no podía levantar el acta porque tenían que pasar 72 horas, pero le dije: ‘Señor, a mi esposo lo sacaron de mi casa en mi presencia, ¿por qué voy a esperar todo ese tiempo?’. Él se portó muy prepotente, entonces un primo de mi esposo se dirigió a la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Autlán y desde allá lo obligaron a tomarnos la declaración”.
Días después la mujer fue a preguntarle al agente del MP si sabía algo de su esposo y como respuesta escuchó: “Yo no sé nada, si usted sabe algo dígame para ir a buscarlo”. Ella replicó: “Pero es su trabajo, señor, si no ¿para qué vengo a poner mi denuncia? ¿Entonces para qué vengo a pedir su servicio?”.
Ante esta penosa situación, Blanca Esthela se puso a llorar ahí mismo. “La gente que me vio –recuerda– dijo que ese señor así está acostumbrado a tratar así a la gente. En otra ocasión que fuimos a buscarlo trató de sacar a mi suegro de la oficina, que porque él no fue testigo y nada tenía que hacer ahí. Le dije que él es el papá, el más interesado, y que como familia tenemos todos el interés, pero ese licenciado se enoja porque los familiares van y preguntan por Celedonio, dijo que nos pusiéramos de acuerdo para ir a preguntar al mismo tiempo, no uno por uno, porque no tiene tiempo de estarnos atendiendo”.
La esposa de Monroy afirma que las investigaciones del MP no han dado hasta ahora ningún resultado. “Lo más que han ido a vernos han sido tres veces y siempre es para preguntarnos si sabemos nosotros algo, cuando ellos son los que deben de buscar”.
María de Jesús Prudencio Elías, madre de Celedonio Monroy, explica que la situación ha sido muy difícil para la familia, pues ella sufrió hace cuatro años una fractura y tiene que apoyarse en una andadera ortopédica para caminar; y su esposo muchas veces ha tenido que dejar de trabajar para gestionar la búsqueda de su hijo.
Prudencio Elías, de 54 años, considera que el MP “no sirve, no echa a la gente que tiene para buscar, nos sentimos muy solos. Si ellos quisieran ya lo hubieran buscado, tienen el mando para hacer justicia con una gente perdida, pero no lo hacen. He rezado de todo, pero qué me gano; Diosito no me dice dónde está mi hijo. Quisiera que me dijera ‘está ahí’, pero ni lo sueño ni lo veo ni nada. Nada más tengo la esperanza de saber de él. Ojalá que en unos días de estos me dijeran dónde está, yo con eso quedo contenta”.
Celedonio Monroy tiene 37 años y es el mayor de seis hermanos. Con un gran esfuerzo de sus padres, en 2005 se graduó como licenciado en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima y regresó a su comunidad, donde no consiguió empleo y laboró como albañil al lado de su padre.
En 2009 fue nombrado director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, donde participó en las luchas de los pueblos de la región, sobre todo en la defensa del ambiente en la Reserva de la Biósfera de Manantlán, en la promoción de la Ley Estatal Indígena y en la defensa de los derechos humanos.
Su esposa comenta que en ese puesto Celedonio Monroy ganaba 2 mil 500 pesos quincenales, pero no dudaba en apoyar con 50 o 100 pesos a campesinos que viajaban a la cabecera municipal para realizar algún trámite y no tenían para comer.
El 29 de septiembre de 2012 concluyó su gestión y se quedó sin empleo. Su secuestro ocurrió 24 días después, la víspera de un viaje que planeaba hacer al puerto de Manzanillo para una entrevista de trabajo en el ayuntamiento.
Vianey Amezcua Barajas, quien fue profesora de Celedonio en la Universidad de Colima, señala que en esa casa de estudios existe una gran preocupación por él. Su desaparición, dice, constituye también un agravio para los estudiantes y profesores universitarios, “máxime cuando se sabe que Celedonio, una vez que egresó de su carrera, se fue a su comunidad y se dedicó a trabajar por ella, a aplicar lo aprendido directamente en beneficio de su pueblo”.
De acuerdo con Amezcua Barajas, con su trabajo Celedonio Monroy estaba retribuyendo a la sociedad lo que recibió a través de la educación pública: “Es un digno ejemplo de que ese objetivo se cumple; parte de la gente de la comunidad dice que le quitan a un luchador, preocupado por la comunidad y no por él mismo, no por posicionarse en un cargo político”.
Presión a la procuraduría
El domingo 20, unos días antes de que se cumplieran tres meses de su desaparición, los padres, la esposa y algunos hermanos de Celedonio asistieron a la asamblea ordinaria del Consejo de Mayores, en la comunidad de Tiroma, aledaña a la cabecera del ejido Ayotitlán. El punto central que trataron los 200 representantes de 32 comunidades nahuas de la región fue la desaparición de Monroy.
A esa reunión, encabezada por representante del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Robleda, asistieron entre otros el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich; el presidente del Consejo de Vigilancia de la Comisión Estatal Indígena, Miguel Monroy Gerardo; el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Germán Cuevas; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora; y el jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, César Díaz Galván.
Aunque en la asamblea del 27 de noviembre de 2012 se había comprometido a asistir, el presidente municipal de Cuautitlán, Pedro Sánchez Orozco, esta vez envió a Alejandro Brambila como su representante.
En la asamblea, la esposa de Celedonio Monroy expuso que los resultados de las investigaciones han sido nulos, pidió el apoyo del presidente municipal de Cuautitlán para participar en la búsqueda y reconoció que el ayuntamiento ha apoyado económicamente y con atención psicológica a ella y al resto de la familia.
A su vez, Brambila recordó que la presidencia municipal no tiene la facultad de perseguir delitos, pero aseguró que el alcalde ha gestionado con la PGJ la agilización de las investigaciones: “Ha hecho lo humanamente posible en apoyo a la señora particularmente, a la familia del compañero Celedonio, y también hemos hecho las gestiones ante la PGJ, que tiene agentes del MP prepotentes, que no son muy humanistas que digamos”.
El diputado Clemente Castañeda, de la primera bancada del Movimiento Ciudadano, informó que después de una reunión de la comisión legislativa a su cargo con dependencias estatales y federales, en la que se abordó el asunto de la desaparición de Celedonio, “la realidad es que la investigación ha ido a paso muy lento, lamentablemente mucho más lento de lo que nosotros esperábamos”.
Dijo que entre otras cosas se acordó que la siguiente semana la PGJ les proporcionará información y el diputado se comprometió con el Consejo de Mayores a compartir esos datos. “La labor de los diputados no es la de hacer investigación, no podemos entrometernos en la labor del Ministerio Público; nuestra labor es seguir presionando al Poder Ejecutivo permanentemente para que haya resultados inmediatos”, dijo.
El representante del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla, le respondió: “Lo que yo le diría al señor diputado es que a ver si no se tardan mucho para que siquiera nos den informes sobre lo que pasó, cómo fue, si (Celedonio) está muerto, si está vivo, si está en alguna cárcel, pero queremos saber ya, que nos diga la autoridad con presión de ustedes”.
El visitador adjunto de la CEDHJ, Germán Cuevas, informó que recientemente la averiguación previa del caso ya se radicó a la agencia del MP para delitos de alto impacto en Tlajomulco y “una vez que esté la integración, se va a tener que llamar a quien se tenga que requerir en este asunto. Sin embargo, hemos visto que ha sido un poco lento, no obstante esa situación de cualquier forma ya está caminando”.
El factor Manantlán
Liberato Monroy está convencido de que la desaparición de su hijo fue “por causa de la política, porque él no tenía problemas personales; él ayudaba a la gente, iba a varias comunidades indígenas, lo convidaban a trabajar en eso; había participado con compañeros de aquí y en otras zonas de Michoacán y Guerrero, él defendía cosas de las comunidades, a eso se dedicaba”.
La madre de Celedonio, María de Jesús Prudencio, comenta que nunca le platicó que tuviera algún problema. “Él nada más decía que sentía que les estorbaba a los señores presidentes municipales porque ayudaba a la gente. El presidente, que era Jesús Delgado, se enojaba porque a mi hijo lo seguía más gente que a él. Le decía que si andaba de candidato en campaña o qué. Celedonio no le hacía caso. Si la gente se lo pedía, la ayudaba. Hasta se endrogaba a veces para llevar a curar enfermitos”.
Blanca Esthela González recuerda que a mediados de junio de 2012, cuatro meses antes de la desaparición de su esposo, éste sufrió una agresión de seguidores del actual presidente municipal, Pedro Sánchez Orozco, quien entonces se encontraba en campaña.
Esa vez Celedonio Monroy trasladaba en una camioneta prestada a una persona enferma a recibir atención médica, pero en el camino fue bloqueado por simpatizantes de Sánchez, quienes golpearon el vehículo y al propio Celedonio, acusándolo de transportar armas. Ello originó una denuncia penal que hasta la fecha no ha sido resuelta.
Después de la desaparición de Monroy, su esposa fue a pedir informes al MP sobre esa denuncia y, según dice, el titular de la mesa le comentó que ambas partes se denunciaron mutuamente. Blanca Esthela González considera que ese hecho debe ser una de las líneas de investigación sobre la desaparición de su esposo:
“Puede haber relación entre una cosa y otra; cuando me entrevisté con el presidente municipal le hice saber mi inconformidad porque era gente de su campaña. Yo no le estoy echando la culpa a él, pero él no sabe qué clase de gente está juntando”.
El presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, quien acudió a la sesión del Consejo de Mayores a petición de la esposa de Celedonio Monroy, señala en entrevista:
“Hay una gran riqueza forestal en la Sierra de Manantlán, hay recursos minerales y eso ha generado la codicia, la ambición de mucha gente. Pudiera darse el caso de que, por la postura ideológica de Celedonio, por su compromiso con sus hermanos de clase, pudiera haber sido considerado un estorbo para quienes buscan la forma de tener beneficios de esos recursos”.
Chapula considera importante que la autoridad municipal coadyuve en las investigaciones, pues si bien es cierto que es competencia del MP, todas las autoridades son auxiliares de éste por mandato de la ley, “entonces tienen que colaborar, sobre todo porque Celedonio fue director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento”.
Dice que aunque el hecho ocurrió en Jalisco, el caso tiene interés para Colima porque los derechos humanos son universales, no tienen fronteras. “El asunto es competencia de las autoridades de Jalisco desde el punto de vista legal, pero además es una persona que vivió y trabajó en Colima, además de que su esposa, originaria de nuestro estado, nos ha pedido la colaboración y se la estamos brindando”.
Por su parte, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, manifestó que la indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco es la que está generando los principales problemas en esa zona, porque “a veces da la impresión de que no quedan claramente definidas plenamente las competencias ni las responsabilidades”.
Entrevistado el 12 de enero pasado, cuando acudió a al informe del presidente de la CDHEC, Álvarez Cibrián hizo votos por que el conflicto limítrofe sea resuelto pronto por las instancias federales que conocen del caso.
Está consciente de que dicho conflicto no le compete a las comisiones de derechos humanos, pero argumenta: “A final de cuentas nos corresponde estar viendo por la ciudadanía y en este caso por un grupo altamente vulnerable, como son las poblaciones indígenas”.
