Todo hace pensar que la administración del panista Emilio González Márquez se va a despedir de los jaliscienses el próximo 28 de febrero de una forma peor a la que preveían incluso los observadores más pesimistas y que su sucesor, el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, va a inaugurar la suya de la misma manera.
Y aun cuando son de partidos distintos, ambos han demostrado tener en común un estilo semejante en el manejo de las finanzas públicas, un estilo poco responsable (por decirlo de manera amable) y cuyas consecuencias padecen ahora mismo las finanzas estatales (en el caso González Márquez) y del municipio Guadalajara (en el de Sandoval Díaz).
De manera desaprensiva y frívola, uno y otro multiplicaron la deuda pública, condenando con ello a esta y a la siguiente generación de jaliscienses y tapatíos a pagar por los abusos y la incompetencia de funcionarios que estaban obligados a trabajar por el bien y la prosperidad tanto de nuestro estado como del primer municipio de la entidad. Con ese desmedido endeudamiento también estarán limitando grandemente la capacidad de maniobra de quienes acaban de llegar y habrán de seguir llegando para sucederlos en el cargo. Y eso, quiérase o no, terminará convirtiéndose en una merma en las obras y los servicios públicos durante los próximos 20 años, plazo en el que habrán de ser liquidados esos adeudos.
¿Cómo hay que llamar a quienes dejan esta lamentable herencia a los habitantes de esta parte del mundo?: ¿malos gobernantes?, ¿antítesis de servidores públicos?, ¿personas negligentes acostumbradas a vivir del trabajo de los demás? Tal vez algo peor, pues es casi seguro que ninguno de ellos recibirá ninguna sanción, a pesar de su evidente mal desempeño público, en perjuicio de la sociedad. Y ello porque si en la administración pública de nuestro país hay una de tradición arraigada ésa es la de la impunidad.
El de González Márquez es un caso ejemplar de lo que no debiera ser un funcionario público. Alguien que se burla de la buena fe de quienes lo llevaron al gobierno, que en sólo seis años triplicó la deuda de un estado de la República a cambio de obras y proyectos de un ínfimo beneficio social, cuando no de un evidente perjuicio ídem, como sería el caso de la clausurada Villa Panamericana.
Como se sabe, ese complejo fue construido en el lugar menos aconsejable del área metropolitana de Guadalajara: El Bajío, un sitio de alta fragilidad ambiental, por tratarse de una hondonada vecina al bosque de la Primavera, que cumple la función de ser la mayor zona de recarga de los mantos freáticos del valle de Atemajac, de tal forma que en el momento en que la villa de marras entre en funciones como conjunto habitacional contaminaría gravemente el agua del subsuelo tapatío, en particular la que se capta para consumo humano en el bosque de los Colomos.
Pero la Villa Panamericana es sólo la punta del iceberg, de un témpano descomunal, sucio y maloliente, que se ha ido formando durante la administración de González Márquez y seguirá a flote muchos años después de la marcha del susodicho. Cuando el personaje en cuestión llegó al primer cargo público de la entidad en 2006, Jalisco tenía una deuda de poco más de 4 mil 400 millones de pesos y todo hace pensar que a escasas seis semanas de abandonar la gubernatura, esa deuda sobrepasará los 18 mil millones; es decir que se triplicará.
¿Cómo fue que se llegó a tan lamentable situación? ¿Y a cambio de qué obras de beneficio social se contrajo tan descomunal endeudamiento? Los cerca de 14 mil millones de pesos que el gobierno saliente le agregó a la deuda pública del estado han sido a causa de la irresponsabilidad, de la falta de previsión, de la frivolidad y de la torpeza de González Márquez y algunos de sus colaboradores más cercanos, así como por la alcahuetería de los diputados de casi todos los partidos representados en el Congreso local tanto de la actual Legislatura como de las dos anteriores.
En cuanto a las obras de beneficio social, la menos mala fue la primera y única línea del Macrobús, no obstante que se apropió de la mitad de carriles de la calzada Independencia y de Gobernador Curiel, ahogando ambas vialidades, pues el resto de la infraestructura vial fue concebida para vehículos particulares, algo que, lejos de inhibir el uso del automóvil, vino a incrementarlo hasta el extremo de que ahora el área metropolitana de Guadalajara es la de mayor parque vehicular por número de habitantes.
Otra parte del descomunal adeudo (calificarlo de “histórico” es confundir lo relevante con lo deplorable) se gastó en los Juegos Panamericanos de 2011, de los cuales ha quedado la lamentable Villa Panamericana (en la que, a pesar de ser un negocio privado, el gobierno de González Márquez “invirtió” 707 millones de pesos), así como las instalaciones deportivas, que desde entonces son subutilizadas (léase que su beneficio social es punto menos que inexistentes), y cuyo mantenimiento ha representado y seguirá representando un gasto permanente para el erario. Para colmo de males, con el sospechoso brete panamericano las finanzas de Jalisco van a despedir a González Márquez y a los gobiernos del PAN con un nuevo adeudo por 2 mil 439 millones de pesos, que el martes 15 fue aprobado por el voto de 32 de los 39 diputados locales de las bancadas del PRI y PRD, así como de la mayoría del PAN. Los únicos legisladores que votaron en contra fueron los cinco representantes de Movimiento Ciudadano y dos de Acción Nacional.
Este endeudamiento sin precedentes en Jalisco consiguió justificadores imprevistos como el priista Ramiro Hernández, presidente municipal de Guadalajara, quien lo consideró como “un mal necesario”. Con ello, el primer edil tapatío se cura en salud y lleva agua a su molino partidista, pues la administración que encabeza tiene un adeudo del orden de los 2 mil 671 millones de pesos, si bien esos pasivos los heredó de su correligionario y predecesor en el cargo, Aristóteles Sandoval, cuya gestión fue concluida por Francisco Ayón López. Estos últimos consiguieron una hazaña equívoca, al convertir a Guadalajara, en escasos tres años, en el municipio más endeudado del país.
Y si a lo anterior se suman también los adeudos de los ayuntamientos de Zapopan (que con mil 457 millones de pesos figura como el cuarto municipio más endeudado del país), Tlaquepaque (que también aparece en el top ten nacional, con pasivos de 780 millones), Tonalá (cuya deuda por 703 millones lo coloca en el lugar 12 de la misma lamentable lista) y otros ayuntamientos del estado, así como el déficit que arrastra el Congreso local, no es difícil concluir que el futuro de Jalisco está muy cuesta arriba, gracias a los “servidores públicos” de la comarca que están punto de irse, a los que ya se fueron y a los que se hallan a pocas semanas de llegar.
Estos mismos “servidores públicos” (quienes han hecho de esa expresión una grosera ironía) y de manera específica el gobernador saliente Emilio González Márquez, el gobernador electo y exalcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, así como la gran mayoría de los diputados locales, están colocando, sobre quienes habitan hoy en el estado y también en los de la siguiente generación, una losa más pesada que la del Pípila, una suerte de Fobaproa estatal, una deuda descomunal como no se había visto antes en la historia de Jalisco.
