De José Antonio Cabello Gil
Señor director:
Le solicito cumplir con mi derecho de réplica a la nota que Jorge Covarrubias firma en Proceso Jalisco 425 sobre el Colegio de Bachilleres de Jalisco (Cobaej) y mi persona. Al respecto, me permito informar a sus lectores lo siguiente:
A pesar de mis reiteradas aclaraciones, Proceso Jalisco insiste en publicar sobre mi persona afirmaciones de las que no presentan evidencias, ni los reporteros que escriben las notas ni los entrevistados a los que dan voz. Que el reportero Covarrubias afirme que en el Cobaej, que yo dirijo, “no es nuevo el uso de los recursos públicos para apoyar candidaturas, recompensar a los amigos y castigar a los adversarios”, constituye difamación y calumnia, que agravia a mi persona y daña el prestigio del Colegio, situación de la que ya en reiteradas ocasiones nos hemos ocupado en este mismo espacio.
Afirmar que se hace “uso de los recursos públicos para apoyar candidaturas” equivale a una acusación e implica una sentencia respecto a la comisión de un delito. Sentencia en un juicio sumario que emite un particular, sin pruebas ni evidencias de ningún tipo, sino basado en el simple dicho de un líder sindical que, destilando amargura, se queja hasta de su sombra.
Me reservo el derecho de llevar este asunto a los tribunales.
No obstante, sus lectores merecen una aclaración. A ellos les informo que, si bien los hechos que describe la nota respecto a las denuncias de acoso sexual que hace una alumna, fueron de nuestro conocimiento desde el 29 de junio del año pasado, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por intervención de un diputado local de la pasada legislatura, ante la cual los quejosos acudieron, a la Dirección General los quejosos no se presentaron hasta el 2 de octubre, a través de terceras personas, tres meses después de haber acudido a las instancias antes referidas.
La Dirección General del Cobaej tomó medidas al respecto el 2 y el 9 de julio, mucho antes de que los quejosos nos informaran de la situación y a tan sólo tres días de que conocimos del asunto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos nos pidió que, “sin prejuzgar sobre la veracidad o no de lo que padre e hija informan”, tomemos “medidas precautorias” para que tal maestro no esté en contacto con esa alumna. Eso hicimos y así consta en la respuesta que oportunamente se dio a tal instancia. Hubiera bastado con quitarle las horas de clase en el grupo donde se encuentra la afectada. Sin embargo, yendo más allá, lo asignamos a otro plantel para evitar cualquier posibilidad de trato con tal alumna.
Es de destacar que el padre de familia de esta alumna ha sido contactado por parte de nuestro Departamento Jurídico para continuar con la investigación que estamos realizando y poder tomar otro tipo de medidas. Sin embargo, al menos en dos ocasiones que ha sido citado para solicitarle mayores elementos, no ha acudido.
Si bien el asunto es delicado por sí mismo y constituye materia de una investigación en curso por parte de este Colegio, no podemos tomar decisiones de manera precipitada, en base a rumores o denuncias que en algunas ocasiones ni son ratificadas, o en su caso son desechadas, o ante las cuales los directamente afectados no han procedido de ninguna manera. Si la Procuraduría de Justicia lo consignase, o si recabáramos mayores elementos, procederemos con todos los recursos que estén a nuestro alcance. Estoy seguro de que Proceso no despediría al reportero Covarrubias si yo lo denuncio penal o civilmente, o si cualquiera lo denunciase de acoso sexual, lo cual puede darse, sin que necesariamente los hechos hayan ocurrido.
O el sindicalista o el reportero se equivocan cuando hablan de que en el Colegio damos “compensaciones”. A lo que se refieren es a un estímulo, que forma parte del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, y que el Colegio entrega una vez al año a docentes que atienden una convocatoria y que cumplen con los requisitos que ahí se señalan. Para valorar los expedientes de los docentes participantes se instala una mesa en cada centro escolar, que revisa cada caso y posteriormente los turna a la Mesa Estatal.
Estas dos instancias están integradas por docentes propuestos por los propios maestros en cada centro escolar, así como por directivos del Colegio. Son esos espacios y no la Dirección General los que preparan el dictamen final. Por eso, es falso lo que afirma el reportero cuando dice que, en relación con el docente Guzmán Zavala, un servidor lo “consideró digno de los estímulos que otorga… la Secretaría de Educación”; o cuando dice que, “lejos de llamarlo a cuentas”, lo premié. Decirlo así implica que la asignación de tales estímulos las hace individualmente el director general del Colegio, lo cual es falso y evidencia ignorancia del proceso referido.
O el reportero o el entrevistado son equívocos cuando dicen que los lineamientos de la Secretaría de Hacienda al respecto del Programa de Estímulos establecen que ningún docente que se encuentre “sujeto a un proceso legal” puede participar en el programa. Un docente puede estar en un “proceso legal” porque no pagó sus tarjetas de crédito o porque no paga la renta de la casa o por cualquier otra razón, y no por eso dejará de participar en el programa. A usted, a mí, al reportero y a cualquier persona nos pueden denunciar por lo que sea; pero eso no limita derechos, sino hasta que exista sentencia. Mientras tanto, las personas son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Y en sentido estricto, lo que existe hasta este momento en el asunto que nos ocupa es una denuncia, y se está integrando la averiguación previa. Nada más.
Lo que dice la convocatoria del programa es que los docentes que hayan incurrido en acciones que prohíbe la legislación laboral, y concretamente haber participado en paros y suspensión de labores, no podrán participar en el programa. Y dado que algunos docentes hicieron paro y suspendieron labores, no cubrieron dicho requisito. No pretendemos limitar la libertad de expresión de los docentes; pero tal libertad está supeditada al cumplimiento de la legislación laboral y al cumplimiento de sus responsabilidades docentes. Nadie se “inventó un reglamento interno que contradice los lineamientos de Hacienda” para la operación del programa mencionado, como lo afirma el sujeto que da la nota. La normatividad que rige a este programa es la misma que se ha utilizado desde hace varios años.
El secretario de Organización del Suacobaej miente o evidencia ignorancia (no me extraña ni lo uno ni lo otro) cuando afirma que la maestra Mireya Isela Rodríguez Orozco formó parte de la comisión estatal que validó los estímulos. Pongo a disposición de Proceso y de sus lectores las actas de las diversas sesiones que se llevaron a cabo, y en las que consta quiénes fueron los que las integraron y los asuntos que ahí se trataron.
La maestra Rodríguez Orozco es una docente reconocida por su trayectoria y compromiso con el Colegio y a quien no se le pueden imputar posibles responsabilidades de terceros, independientemente de las relaciones personales que pudiera tener. Las responsabilidades nunca son suprapersonales, de tal manera que no se le puede involucrar en la investigación que se realiza respecto de otro docente.
Por lo que toca al despido de algunos docentes a los que la nota se refiere, los contratos fueron rescindidos por causales imputables a ellos mismos, concretamente por faltar repetidamente a su trabajo y, en un caso, por agredir a un alumno, asunto del que –por cierto– la maestra responsable es confesa. Nada tiene que ver con su participación en algún sindicato o en el movimiento de huelga. Si eso alegan, es para justificar sus malas acciones y su irresponsabilidad.
Al secretario general del sindicato no se le apoyó en sus estudios de posgrado porque no cumplió con los requisitos que existen para ese programa, requisitos que acordó la Comisión Mixta de Capacitación, y de la que el sindicato forma parte. Cuando el interesado se dio cuenta de que no cumplía con uno de los requisitos establecidos, se apresuró a subsanar dicha falta; sin embargo, cuando la subsanó, ya estaba fuera de tiempo. Lo que él o cualquiera me podría reclamar es no respetar los acuerdos o los términos de la convocatoria; no por cumplirlos, como curiosamente lo hace quien ahora reclama su propia incapacidad o su descuido, o bien que pide un trato de excepción, que por supuesto no le vamos a dar.
No. En el Colegio no se “contrató a alrededor de 60 profesores que cobran sin pisar un aula”, como mentirosa y dolosamente lo dice el líder sindical. Por lo demás, la legislación y el propio Contrato Colectivo de Trabajo contemplan la posibilidad de que un colaborador del Colegio pueda tener horas de descarga para realizar funciones fuera de aula, ya sea de promoción, de investigación, de actividades paraescolares, de regularización, de gabinete psicopedagógico, entre otras. Resulta paradójico que eso reclame, cuando eso mismo nos pide para algunos de sus allegados.
Proceso se ha ganado a pulso un espacio entre las publicaciones serias en México. Que no se eche por la borda lo que tanto la revista como sus lectores hemos construido.
Atentamente
José Antonio Cabello Gil
Director general del Colegio
de Bachilleres del Estado de Jalisco
Respuesta del reportero
Señor director:
Pemítame señalar que el señor Juan Alfonso Guzmán Zavala es objeto de una denuncia penal y recibió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A su vez, José Antonio Cabello Gil se asume como autoridad laboral al mencionar que los docentes que hicieron paro de labores no pueden participar en el Programa de Estímulos al que hace referencia.
Se le recuerda que en el número 382 de Proceso Jalisco el exsecretario del Cobaej Aldo Santana documentó la utilización de fondos e instalaciones de la institución para actos proselitistas, motivo por el cual fue separado de su cargo.
En lo que toca a los señalamientos de acoso sexual hacia el profesor Juan Alfonso Guzmán Zavala, están a disposición decenas de cartas y copia de las conversaciones que las propias afectadas tuvieron con el docente a través de redes sociales que el director del Cobaej no menciona.
Atentamente
Jorge Covarrubias
