Los últimos días de su gestión en el ayuntamiento zapopano, Héctor Vielma consintió que los regidores redujeran los planes parciales de desarrollo de 152 a sólo 12, lo que detonó una cascada de amparos y críticas vecinales a las autoridades. La impopular medida tiene paralizado al municipio y a su alcalde, Héctor Robles Peiro, pues ahora no se puede dar ninguna licencia de construcción ni iniciar ninguna obra. De no detenerse esa medida, dicen los inconformes, se trastocarán definitivamente el entorno y la vida de la ciudad.
Las obras y permisos de construcción, en el surponiente del municipio de Zapopan, están suspendidas como consecuencia de amparos promovidos por vecinos inconformes con los cambios a los planes parciales de desarrollo que de último minuto aprobó el alcalde priista Héctor Vielma Ordóñez.
El problema es mayúsculo, pues ahora el ayuntamiento zapopano presidido por Héctor Robles Peiro no sólo podrá otorgar permisos o expedir licencias de construcción hasta que se resuelvan los juicios.
“Hay una especie de stand by en materia de obras”, precisa Alberto N., inspector de Obras Públicas Municipales, quien ha laborado en la dependencia durante las últimas administraciones, incluidas las panistas.
“Nunca antes se había visto algo similar en la zona conurbada”, asegura. Y expone: con la instrucción judicial se detuvo el progreso, pero también el deterioro ambiental y se puso freno a los especuladores. La “veda” abarca desde El Colli, pasando por la franja del bosque de La Primavera, hasta Tesistán.
Datos de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) indican que ocho de los 12 planes parciales de desarrollo de Zapopan están impugnados por vecinos, asociaciones de colonos, inversionistas y ambientalistas. En dos casos –el número 9, que corresponde a Base Aérea-El Bajío y el número 12, que abarca Tesistán– incluso se dictaron las suspensiones para evitar el otorgamiento de nuevos permisos y autorización de cambios de uso de suelo.
Según Alberto, quien pide omitir su nombre verdadero para evitar represalias laborales, a principios de diciembre de 2012 las áreas de Inspección a Reglamentos y Obras Públicas informaron al personal acerca de las suspensiones judiciales y las repercusiones para el municipio. Sus titulares giraron instrucciones a los inspectores para que estén atentos y reporten cualquier “acción constructiva”.
A su vez, la comuna ya presentó un recurso de revisión ante el tribunal federal para combatir la suspensión de obras. El problema es enorme para el ayuntamiento y para los ciudadanos que desean legítimamente mejorar su patrimonio mediante la ampliación de su casa o la construcción de una nueva, dice el inspector a la reportera.
Durante su gestión, que concluyó el pasado 30 de septiembre, Vielma Ordóñez decidió fusionar los planes parciales de desarrollo y redujo los 152 existentes a sólo 12: “Por eso, cuando un grupo de vecinos mete un amparo por el plan parcial que le corresponde a su colonia, afecta una zona muy grande, que antes equivalía a 15 o 20 planes parciales”, indica el entrevistado.
Cambios de última hora
Desde 2003, vecinos de Pinar de la Venta y Rancho Contento han establecido compromisos para proteger el Bosque de La Primavera y El Bajío. El 14 de noviembre pasado la asociación civil Pinar de la Venta Por un Medio Ambiente Sustentable y 14 ciudadanos promovieron un amparo buscando la protección de la justicia federal al área boscosa y las zonas de recarga hidrológica.
El caso se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo (expediente 2401/2012-1) y la suspensión definitiva fue otorgada por el juez Óscar Arturo Murguía Mesina dos días después. El dictamen fue debidamente notificado al ayuntamiento el día 27 de ese mes.
De acuerdo con la resolución, de la cual Proceso Jalisco tiene copia, Murguía Mesina ordena que “no se autoricen los cambios de uso de suelo ni se emitan permisos sobre la zona que comprenden las áreas de transición, de protección al acuífero y el área natural protegida del Bosque de La Primavera y sus alrededores”.
El amparo fue promovido por el interés legítimo y derecho a un medio ambiente sano, justifica Alejandro Cárdenas, presidente de Pinar de la Venta Por un Medio Ambiente Sustentable. La suspensión fue otorgada en forma inmediata para efecto de que no se otorguen licencias ni permisos de construcción ni cambios de uso de suelo a fin de proteger la zona.
Cárdenas advierte que la reciente aprobación de los planes parciales de desarrollo va a traer serias consecuencias a los habitantes de Zapopan debido a que prácticamente toda el área urbana del municipio será susceptible de intercalar vivienda con negocios.
El también presidente del Parlamento de Colonias hace notar que se cometió el error de autorizar uso industrial a lo largo de la carretera a Nogales, por la cercanía con la Primavera, donde predomina el uso habitacional jardín. A juicio de Cárdenas, Vielma Ordóñez dejó una mala herencia para Zapopan, “siendo el medio ambiente y el patrimonio de los ciudadanos los más afectados”.
En la sesión de ayuntamiento “desaseada” –realizada horas antes de que expirara la gestión de Vielma Ordóñez–, los regidores aprobaron cambios a los planes basados en un modelo de ciudad compacta, que no aplica para nuestra realidad. La propuesta “salió curiosamente de un grupo de gente que está pensando en el negocio”, sostiene Cárdenas, experto en desarrollo urbano y sustentabilidad.
Esas modificaciones, dice, avalan que en casi todas las colonias se admitan giros de uso mixto vecinal. Las normas se adecuaron para dar cabida a una ciudad de estilo europeo, que no es aplicable en nuestro entorno porque carecemos de la infraestructura y los servicios de primera.
Con la intención de “desincentivar” el uso del automóvil, los lugares de estacionamiento permitidos para la actividad habitacional en Zapopan disminuyeron 75%, pues el ayuntamiento eliminó las clasificaciones por densidad de vivienda. De esta manera, el criterio se estandarizó a un cajón por unidad habitacional en cualquier tipo de densidad.
En esa última sesión de ayuntamiento que comenzó el 27 de septiembre y concluyó la madrugada del día 28 –tres días antes de que Robles Peiro relevara a Vielma Ordóñez–, los ediles incorporaron algunas de sus propuestas al documento que finalmente fue aprobado.
Carlos Aldana Ortiz, abogado del Parlamento de Colonias, informó que los vecinos impugnaron los planes parciales de desarrollo ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) en octubre pasado, pues el procedimiento no se ajustó a la ley. Según él, no se permiten ajustes de último momento, por lo que espera que el tribunal declare la nulidad.
Los planes parciales estuvieron expuestos desde agosto de 2012 en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), para conocimiento de la población. Vielma se mostró orgulloso del trabajo en las comisiones edilicias, así como por la participación de expertos; incluso declaró que Zapopan contará con instrumentos de control territorial para blindar zonas vitales –algunas de las cuales se han visto amenazadas por el desarrollo urbano–, como El Bajío y La Primavera.
El ayuntamiento emitió un comunicado de prensa en el que pregonó que los ordenamientos territoriales aprobados “garantizan el cuidado y protección en áreas naturales y zonas de crecimiento en el municipio”.
El polígono controlado
Para el abogado Carlos Aldana Ortiz, “hay vicios de origen”, toda vez que se violaron los artículos 123 y 138 del Código Urbano que rige sobre la materia. Y reitera: “Es preocupante la modificación a la ley, ya que, entre otros aspectos, se reducirán los cajones de estacionamiento y las áreas verdes, mientras se permitan más usos comerciales en zonas habitacionales”.
Y cita algunas de las ilegalidades cometidas: “No se hicieron el Programa de Desarrollo Urbano obligatorio ni los dictámenes de manifestaciones de impacto ambiental; se incumplió el procedimiento para la consulta, que ordena al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano realizar estudios, y se aprecia falta de identidad entre lo que se aprobó y planteó”.
El artículo 138 del Código Urbano establece que los planes y programas deben ser revisados y aprobados durante el primer año de ejercicio de los ayuntamientos, lo que, en el caso del Vielma, debió ocurrir en 2010 y no “al cuarto para las 12”, comenta el abogado.
Juan José Sánchez, administrador de la asociación vecinal del fraccionamiento Lomas del Valle, afirma que se cometieron graves errores que trastocarán la vida de la ciudad y que hay situaciones aberrantes que deben ser rectificadas, como el hecho de eliminar la obligatoriedad de construir cajones de estacionamiento en los negocios situados en avenidas donde circule alguna ruta de transporte público.
Un ejemplo de lo que el arquitecto Sánchez califica como “aberrante”, es que para el caso de que no exista un uso especificado en el plan parcial, el ciudadano puede apelar a la homologación. En caso de que no exista un giro en el reglamento, la Dirección de Planeación deberá autorizarlo; a ella le corresponderá hacer el dictamen correspondiente y actuar en forma separada de la Dirección de Obras Públicas.
Asegura que el ayuntamiento engañó a los ciudadanos en la consulta, puesto que no les mostraron un manual creado ex profeso para la modificación de los planes parciales, el cual contiene nueva simbología que la población desconoce: “Por eso decimos que están viciados desde su origen”, remarca.
Es el caso de la creación de nuevos polígonos como el denominado “de potencial desarrollo”, en los que incluso se podrán hacer transferencias de derechos.
En el caso de los vecinos de Lomas del Valle y otras colonias como Ciudad Granja, hay cierta tranquilidad, porque lograron que su zona fuera catalogada como polígono controlado. Ello les permite tener injerencia en el desarrollo de su polígono y cualquier tipo de autorización que se tramite ante la autoridad municipal.
En contraste, para los habitantes de Lomas del Valle será un candado, en tanto las autoridades judiciales no enmienden la plana y cancelen las modificaciones aprobadas en las últimas horas de la administración de Vielma Ordóñez.
