La proliferación de fraccionamientos en Tlajomulco de Zúñiga es producto de las políticas erráticas y la complicidad –cuando no abierta corrupción– de alcaldes y funcionarios municipales, dicen especialistas en desarrollo urbano. Y mientras decenas de miles de familias habitan miniviviendas chatarra, los beneficiados son los desarrolladores inmobiliarios, entre ellos los hermanos Arturo e Iván Cordero, quienes se dan la gran vida en amplios y lujosos edificios.
En la construcción de los nuevos fraccionamientos en Tlajomulco de Zúñiga –la mayoría de los cuales se caracterizan por tener viviendas chatarra– intervinieron varios factores: la corrupción por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la codicia de los desarrolladores, sostiene el urbanista Francisco Valladares García.
Profesor e investigador de proyectos urbanísticos en la Universidad de Guadalajara (UdeG), Valladares es contundente: los constructores se apoyaron en las políticas federales impulsadas por los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Durante su gestión en Los Pinos, dice, ambos querían que cada trabajador contara con una vivienda. Sin embargo, “lo único que hicieron fue enriquecer a quienes tenían las reservas urbanas en sus manos, pero sobre todo a corporativos inmobiliarios como GIG y Homex”, asegura.
Proceso Jalisco buscó a Armando Gómez Flores, quien junto con su hermano Raymundo –exsenador priista– es socio de esa firma, para conocer su opinión acerca de esos conjuntos habitacionales cuestionados por su ínfima calidad, la falta de servicios públicos y los innumerables problemas derivados de ello.
Hasta el cierre de edición y pese a que se comprometió a responder, Armando Gómez nunca se comunicó.
Valladares García, consultor para municipios en materia de desarrollo urbano, refiere que la problemática social que viven los trabajadores que adquirieron su casa a través de su crédito Infonavit no sólo es culpa de los constructores, sino del propio ayuntamiento que, puntualiza, “se ha caracterizado por tener administraciones públicas corruptas”.
El especialista, quien obtuvo su doctorado con la tesis La corrupción urbanística en Tlajomulco de Zúñiga, periodo 1998-2006, comenta que en ella documenta que la construcción de vivienda en lugares inadecuados se debe al cohecho que priva en todas las áreas del ayuntamiento e incluye al propio presidente municipal y a sus principales colaboradores.
Todos los expresidentes municipales de Tlajomulco: el priista Guillermo Sánchez Magaña, el panista Andrés Zermeño y el perredista Enrique Alfaro Ramírez han obedecido a los intereses de los empresarios como Raymundo Gómez Flores y de Enrique Michel, dueño de dulces La Rosa, relata.
Y aun cuando Alfaro Ramírez diga que él no fue “partícipe de todas las corrupciones, pasó como presidente del Consejo de Colaboración Municipal, luego fue secretario general del ayuntamiento y regidor; él sabía todo. Y cuando vio la oportunidad política, dijo que iba a cambiar las cosas: sí le bajó (cuando fue alcalde). Sin embargo, los problemas ahí están y una administración no los va a cambiar”, insiste Valladares.
El colmo fue el priista Ernesto Díaz Márquez –alcalde de Tlajomulco en el trienio 1998-2000–, quien en la LVI Legislatura, como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, “borró cualquier evidencia” de su responsabilidad en el caso de los fraccionamientos irregulares.
Valladares precisa que los exalcaldes contaron con la complacencia de los gobernadores panistas Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, quienes no “actuaron como la Ley Orgánica del gobierno del estado y como la Ley General de Asentamientos Humanos los obligaban”.
Y aunque el alcalde Ismael del Toro intente corregir los errores urbanísticos de sus antecesores, dice, tendrá problemas puesto que los promotores inmobiliarios tienen gran influencia. Lo mismo sucederá con el gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien no sabe del tema. Lo más probable es que se siga reproduciendo “una cultura de la indiferencia y del oportunismo económico”.
Para Valladares, el Infonavit también participó en el engaño a los trabajadores “al haber permitido que esas viviendas se edificaran en condiciones de pésima infraestructura urbana y edificación”.
Durante su gestión, el presidente Ernesto Zedillo modificó la ley del Infonavit y encauzó a los trabajadores a comprar “esa porquería de viviendas que son un insulto a la dignidad humana y un perfecto asalto al patrimonio individual que tanto defiende la Constitución política. Al Infonavit lo único que le importaba era colocar créditos sin ningún tipo de supervisión”, dice.
En 2003, el instituto otorgó 67 mil créditos para vivienda y terrenos en Tlajomulco –el fraccionamiento Santa Fe tiene 50 mil habitantes, lo que representó “demasiado dinero, laxitud, demasiada irresponsabilidad y desvergüenza de autoridades estatales, municipales y federales. Estas últimas debieron supervisar la aplicación de esos créditos, como lo marca la Ley General de Asentamientos a través de la Sedesol.
Pero la dependencia optó por buscar sólo el voto y se olvidó del bienestar de la ordenación territorial y de los adquirientes.
Según Valladares García, valuador inmobiliario desde hace más de 30 años, una vivienda de interés social se cotiza en 300 mil pesos, de los cuales el desarrollador obtiene una utilidad de 150 mil pesos; ¡50%!
–A eso hay que restar “la mochada” que se entrega a las autoridades…
–La mochada es lo que favorece las grandes utilidades… Y como el ayuntamiento no les exigió la infraestructura debida, convirtieron el terreno rústico en “suelo urbanizado”.
El investigador calcula que Tlajomulco perdió la tercera parte de su territorio de cultivo, el más fértil del valle de Toluquilla, para edificar viviendas de interés social.
Insensibilidad
Entrevistada en sus oficinas, la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Lorena M. Limón González, deslinda a los desarrolladores de los fenómenos de vandalismo, drogadicción y prostitución asociados a la mayoría de los fraccionamientos recién creados en Tlajomulco.
Incluso los defiende: “Son ellos los que están propiciando dinámicas de integración entre los habitantes”.
Antonio Miranda Herrera, vicepresidente de vivienda de la cámara, la secunda. Las viviendas, dice, fueron creadas bajo un régimen condominal en el que habitantes y autoridades municipales deben hacerse cargo de la seguridad y los servicios del fraccionamiento. Según él, “ahí está el problema del que no conocen mucho (los habitantes), por lo que lo dejan pasar”.
Cuando se le señala a Miranda Herrera que muchos fraccionamientos no han sido recibidos por el ayuntamiento de Tlajomulco, responde que ello quizá se deba a que el constructor no ha finalizado procesos administrativos, pero no necesariamente porque carezcan de infraestructura.
Con respecto a la calidad de las viviendas, Limón admite que algunas de ellas quizá tengan problemas, pero son sólo unas cuantas. En tanto que el coordinador alterno de la CMIC, José Luis Lares Rangel, asegura que las viviendas no siempre son de baja calidad, sino que las personas están acostumbradas a los muros de ladrillo y desconocen la existencia de otros materiales.
Limón dice estar tranquila porque, como institución, la cámara reconoce los problemas relativos a la construcción de casas habitación, pero también, dice, ha generado propuestas para repoblar Guadalajara. Dice incluso que no fue un error expandir la urbe hacia lugares apartados, pues los fraccionadores no tenían alternativa por los costos de la tierra; además, construir en pleno centro de Guadalajara es sumamente costoso.
Miranda Herrera menciona que desde hace tiempo se le ha planteado al ayuntamiento de la repoblación de Guadalajara y existe al menos de palabra un proyecto para levantar edificios de cuatro a cinco niveles cuyo costo sea asequible a familias de bajos ingresos.
La presidenta de la CMIC indica que la asociación cuida que las construcciones que realizan sus integrantes sean de calidad. Cuando se le cuestiona si Homex y Arcor son miembros de la cámara, Limón titubea. Al final responde que en Jalisco por lo menos no lo son.
Los contrastes
En contraste con las precarias viviendas chatarra que construye Arcor en el fraccionamiento Los Silos, los dueños de la promotora, los hermanos Arturo e Iván Cordero, tienen lujosas oficinas. Iván, por ejemplo, es propietario del hotel Boutique Demetria, un edificio vanguardista, ubicado en avenida La Paz, cerca del cruce con Unión, en la llamada Zona Rosa de la ciudad que congrega a las colonias Americana y Lafayette.
El edificio emerge en medio de dos casas antiguas que forman parte del concepto: una fue diseñada por el arquitecto Luis Barragán; la otra, de estilo modernista, es obra de Pedro Castellanos y en ella predominan el concreto, el acero y el vidrio.
Según informó la revista Obras, del Grupo Expansión, en su edición del 24 noviembre de 2012, el complejo arquitectónico alberga en el inmueble modernista una discoteca y un salón de eventos, en tanto que en la diseñada por Luis Barragán se encuentra una tienda de arte.
La torre de 15 pisos se erige en una superficie de 15 mil metros cuadrados, cuenta con 10 departamentos con 37 habitaciones, dos restaurantes y una alberca en el techo, además de un spa, una galería de arte y un skybar; también, una biblioteca, un gimnasio, salón de lecturas, sauna, cabina de rayos UVA, lavandería y sala de conferencias.
Cuenta con múltiples accesorios como lámparas, herrajes y piezas de arte de la colección del propio Iván Cordero que también están a la venta. La grifería es diseño de la compañía Urrea, nombre de otro accionista de la constructora Arcor: Víctor Urrea.
Dispone además de terminados en sapelly (madera africana de color rojizo), ébano y nogal. El servicio de cocina está a cargo del chef Antonio De Livier, reconocido como uno de los 20 mejores de México. El edificio es custodiado de noche y día por personal de seguridad de traje negro.
En su página web hoteldemetria.com destaca una galería de fotografías de las principales suites que están a disposición de un público de alto poder adquisitivo. Cada una posee acceso con tarjeta de seguridad, iluminación confort, camas king size, televisión LCD de 42 pulgadas, duchas de triple acción (lluvia-cascada-masaje), climatizador, carta de almohadas, acceso wifi, y presume ser uno de los pocos hoteles que admiten mascotas.
El costo por noche se cotiza en dólares, según las medidas de la habitación. La de 45 metros cuadrados cuesta 180 más 16% de IVA y otro 3% sobre hospedaje. El precio de una de 100 metros cuadrados es de 550 y la suite presidencial, que dispone de 180 metros cuadrados de terraza y jacuzzi para 10 personas, ronda los mil 600 dólares, que equivale a 20 mil 415 pesos.
El de Iván Cordero es, de acuerdo con el director general de Patrimonio Cultural del gobierno del estado, Modesto Alejandro Aceves, uno de los edificios que violentaron los planes parciales de desarrollo urbano al excederse en su volumetría (Proceso Jalisco 297).
Por el contrario, en el fraccionamiento Los Silos la vivienda más pequeña tiene 30.19 metros cuadrados. En ese espacio apenas caben una recámara, una sala, cocina, baño y comedor, y su precio se cotiza en 233 mil pesos, cantidad con la que se pagarían 11 noches en la suite presidencial del Hotel Demetria.
El nombre de Iván Cordero aparece con frecuencia en revistas de arquitectura e interiores nacionales e internacionales, así como en las de la prensa rosa. En Quién, del Grupo Expansión, se consignó la apertura de su edificio el 15 de abril de 2011. Ese día hubo una fiesta a la que asistieron más de 400 invitados, entre ellos el líder moral de la Universidad de Guadalajara: Raúl Padilla López.
La misma revista destaca que al siguiente mes hubo otra fiesta a la cual asistieron personajes de la farándula, entre ellos la modelo y conductora de televisión Monserrat Olivier y la empresaria Bárbara Coppel.
Este semanario buscó al propietario del edificio y a su padre, Arturo Cordero, así como al accionista Víctor Urrea para pedirles su opinión sobre las condiciones infrahumanas en que viven cientos de familias en el fraccionamiento que ellos impulsaron por el rumbo de la carretera a Chapala, frente a la Arena VFG, propiedad del cantante Vicente Fernández.
El personal de las oficinas de su constructora Arcor informó que ninguno de los tres se encontraba, aunque tomaron nota de la solicitud de entrevista. Sin embargo, impidieron que los reporteros observaran la maqueta del fraccionamiento que se exhibe en un salón anexo a la recepción.
