Las altas tasas de desempleo y la gran proporción de trabajos de mala calidad en el estado hacen prever a académicos y a un dirigente sindical que 2013 será decisivo para recomponer o llevar la situación hasta el grado de crisis laboral. Sin embargo, el cambio de administración y la reticencia gubernamental para admitir el problema hacen temer que la política laboral predominante sigan siendo el maquillaje de cifras y el optimismo infundado.
Despidos en la burocracia, desempleo y un alarmante número de personas carentes de seguridad social aquejarán a Jalisco en 2013, advierten el sindicalista Cuauhtémoc Peña Cortés y la académica María del Rosario Cervantes, quien atribuye la situación a 30 años de políticas neoliberales en México.
Cervantes, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara (CUCEA-UdeG), asegura que en algunos municipios 90% de la población carece de seguridad social y se les niega su derecho a la salud porque las instituciones o los planes de gobierno no cubren a toda la población.
La problemática tiende a crecer en las localidades marginadas o con pocas fuentes de empleo, como las del sur, Los Altos y la Sierra Huichola, donde programas como el Seguro Popular no cubren las necesidades de todos los ciudadanos.
La investigadora indica que otra situación de suma gravedad es la poca generación de nuevas fuentes de trabajo para los jóvenes en general, y específicamente para los recién egresados de las universidades: “Aquellos ciudadanos que apenas terminan sus estudios tienen posibilidades muy limitadas para conseguir trabajo en el corto plazo”.
A pesar de que las autoridades estatales aseguran que Jalisco se mantiene por arriba de la media nacional en la generación de nuevas plazas de trabajo y que la tasa de desempleo es de 5.48%, Cervantes se muestra escéptica.
Sostiene que el gobierno de la entidad y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) establecen una serie de parámetros que tienden a maquillar la realidad del desastre. Por ejemplo, explica que en 2011 y 2012 hubo despidos constantes de trabajadores y que los pocos empleos recuperados vinieron con menor salario. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló con preocupación que no se había cumplido la meta de generar 50 mil plazas anuales.
“Esto es el peor escenario posible que se le puede ofrecer a las nuevas generaciones, éste es el México (y Jalisco) que nunca imaginamos –sintetiza –. Son muchos factores que se conjuntan al amparo del desarrollo del sistema neoliberal en el que se encuentra inserto nuestro país; las empresas del gran capital tienen todo tipo de beneficios y cada vez son más amplios los sectores de la sociedad excluidos del desarrollo.”
Dice que Jalisco es afectado por la propuesta de país errática: “Los empleos que se han generado en los últimos años se ubican en el sector informal o se producen bajo condiciones precarias de atención a los derechos de los trabajadores, con sueldos muy bajos y plazas subcontratadas, o sin seguridad social”. De igual forma, añade, tampoco gozan de derechos de antigüedad y tienen pocas posibilidades de obtener la jubilación conforme a la ley.
A causa de la extendida informalidad del empleo en Jalisco, comenta Cervantes, miles de empresarios no pagan impuestos, por consiguiente no generan riqueza para las ciudades y entonces “los estados del país se vuelven débiles. Por eso hay una cantidad enorme de municipios sobreendeudados, un problema que apenas se empieza a conocer, y que tampoco pueden cobrar impuestos. La actividad económica está estancada porque los cambios bajo el sistema neoliberal fueron para favorecer a los dueños del gran capital y no a la economía en su conjunto”.
Para ella, el colapso económico, la falta de empleo, las nulas oportunidades de desarrollo para grandes sectores de la población y el aumento de la delincuencia están vinculadas:
“Hay una relación muy fuerte entre política neoliberal y crimen organizado en México, porque los promotores del neoliberalismo no dejaron salidas y desmantelaron al Estado en materia de seguridad social; lo hicieron ‘blandito’ para las grandes empresas, que ahora se despachan como mejor se les antoja ante la falta de controles hacia ellas, y ponen de rodillas a los gobiernos.
“Yo se lo digo a mis alumnos: el reto que ustedes tienen para cambiar a este país es enorme. No hay salida fácil ni solución evidente, se requiere de una reforma política y social sin precedente, de un gran debate para cambiar las cosas en este país, y no veo por dónde vaya a empezar.”
La falta de inversión en educación pública, “un fenómeno que algunos investigadores definen como la ‘privatización silenciosa’, da como resultado un fenómeno combinado: por un lado no inviertes en esa materia a la par del movimiento y del crecimiento de la población; y por otro, se reporta el empobrecimiento y la precarización del empleo”.
Tal escenario provoca una sobreoferta de universidades privadas de muy baja calidad, de bajo costo pero que no capacitan a los estudiantes para salir al mercado laboral.
El 31 de octubre pasado, el dirigente de la Coparmex en Jalisco, Óscar Benavides Reyes, llamó la atención sobre la necesidad de crear en Jalisco al menos 80 mil nuevas plazas en 2013 para atender la demanda de los jóvenes que llegan a la mayoría de edad y buscan empleo, ya que cerca de 50% de ellos carece de la posibilidad de trabajar o estudiar.
Sin embargo, el gobierno del estado minimiza el problema con el argumento de que, según el Inegi, entre 2011 y 2012 la tasa de desempleo o “desocupación” en la entidad disminuyó de 5.3% a 4% de la población económicamente activa y, por lo tanto, Jalisco rebasa la media nacional en generación de nuevas plazas.
La investigadora María del Rosario Cervantes considera que ese dato oficial es una falacia, ya que muchas de las nuevas plazas que se abren son de bajos sueldos, mínimas prestaciones en caso de que las haya, o de plano sin seguridad social, es decir, se trata de empleo de mala calidad.
Ajustes de cuentas
El investigador Bernardo Jaén, también de la UdeG, aseguró que el regreso de los priistas a las administraciones municipales y al gobierno del estado pone en riesgo 20 mil de las 120 mil plazas de la burocracia estatal (Proceso Jalisco 402). Al respecto, el dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña, indica que, con la llegada de las nuevas autoridades, los panistas buscan protegerse y resguardar a sus compañeros de partido por encima de los derechos de todos los trabajadores.
Por esa razón, explica, al cambio de administración a partir del 1 de marzo (cuando asuma la gubernatura Jorge Aristóteles Sandoval) sucederán los despidos igual que ocurre desde octubre pasado, cuando arribaron las nuevas autoridades municipales. “Las administraciones del PRI o del PAN a nivel municipal resultan igual de agresivas con los empleados a los que no quieren o que les parecen incómodos”, comenta.
En Tepatitlán, dice como ejemplo, el alcalde panista Jorge Eduardo Gutiérrez Arana corrió a la dirigente del sindicato independiente afiliado a la FGTEM, Martha Cleotilde Gutiérrez Navarro, porque a su parecer habla muy fuerte.
“La representante del sindicato democrático tiene más de 20 años laborando para la comuna; llega el nuevo presidente y la manda al rastro, debido a que no pertenece al grupo del nuevo alcalde. La corren de su trabajo y ahora se debe limitar a recibir vacas o a barrer corrales. Yo hablé personalmente con el presidente municipal y el asunto es que, o desconoce la ley o la prepotencia del señor es a plenitud, porque argumenta que él la puede correr o mandar a donde quiera.”
Según Peña, hay municipios que tienen abiertos decenas de juicios laborales. Dice que el de Guadalajara lleva más de mil 200 juicios y lo sigue Zapopan.
“No hay orden en la administración pública en materia de regulación de sueldos –critica Peña–, más bien enfrentamos un sistema caótico. En la LIX Legislatura del Congreso de Jalisco se registró el caso de un intendente que ganaban cerca de 30 mil pesos y de secretarias que ganan cuatro o cinco veces lo que percibía cualquier persona con ese mismo perfil de puesto. Tenemos una aplicación de sueldos y salarios basado en la discrecionalidad y una ley de servicio civil de carrera muy bonita, pero que no tienen nada que ver con la realidad.”
Por eso, señala, los trabajadores tienen la expectativa de que el gobierno entrante fortalezca las instituciones, de lo contrario se van a perder las fuentes de trabajo. Por eso se queja de la enorme cantidad de subcontrataciones que proliferaron en la administración estatal en los 18 años de gobiernos panistas:
“Es el caso del personal de aseo en el Tren Ligero, en Educación Pública y muchas otras instancias que tienen empleados subcontratados. Quienes los contratan no les pagan siquiera el mínimo que marca la ley, no hay vacaciones o no les pagan sus descansos.”
Lo peor es que algunas empresas de subcontratación, afirma, fueron creadas por personas o familiares de panistas en el poder para gozar de los beneficios que les otorgaba el conocer las necesidades de las dependencias.
“Los trabajadores del Sistema Colectivo de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome) no tienen Seguro Social, se les regatea el tiempo para tomar sus alimentos o para ir al baño, se les limitan los minutos para hacer sus necesidades fisiológicas. Hablamos de una moderna esclavitud. Me pregunto dónde están los inspectores de la Secretaría de Prevención Social y dónde Ernesto Espinoza Guarro (titular de esa dependencia), para vigilar que se cumpla la ley en el estado (…) Desafortunadamente, a los panistas lo que no les gustaba de la ley, no lo cumplían”, acusa.
Otro ejemplo que destaca el sindicalista es el de los policías en los niveles municipal y estatal: no se les reconoce una relación laboral, se les considera trabajadores de confianza, carecen de derechos laborales y las lesiones que sufren en el servicio o por accidentes no son consideradas enfermedades de trabajo.
“Convierten la afectación en enfermedades generales y se niegan a pagarles lo que en realidad les corresponde. Hay compañeros que se han caído de las patrullas, lo que significa un accidente de trabajo, pero al atender las secuelas, el servicio médico lo convierte en una enfermedad general. Así, sales perdiendo, porque tu incapacidad la cuentan como enfermedad general.”
Acerca de los políticos y empresarios que se han beneficiado con sus contactos en los gobiernos del PAN, dice que ahora se dedican a acomodar a sus compañeros de partido o excolaboradores. Menciona como ejemplo a Guillermo Martínez Mora, excandidato a la alcaldía de Zapopan, exsecretario de Educación y actual diputado local, quien encabeza la Comisión de Educación en la LX Legislatura:
“Maestros que tienen entre cinco y 12 años de servicio en los Colegios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco son desplazados, les quitan sus horas de clase y en su lugar están metiendo a puros panistas, con sueldos entre 60 mil y 80 mil pesos.”
