Los integrantes de la LX Legislatura, que iniciaron su trienio el pasado 1 de noviembre, están inmersos en el vértigo. Por principio tienen que atender una presunta deuda por 58 millones de pesos que reclama la consultora López Castro por un trabajo que no hizo. Hasta ahora, los diputados panistas Víctor Manuel Sánchez Orozco y Guillermo Martínez Mora han presentado dos querellas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se investigue por la vía penal a diputados de las dos legislaturas por desvíos estimados en 500 millones de pesos. Ni qué decir de la falta de fondos para pagar a los empleados del Congreso.
Por si no tuvieran suficiente con los problemas que enfrentan para el pago de la nómina y la cancelación de las basificaciones ilegales, los integrantes de la LX Legislatura –que arrancó el 1de noviembre pasado– corren el riesgo de ser destituidos si no liquidan una presunta deuda contraída por sus antecesores con la consultora López Castro.
Durante su gestión, los diputados de la LIX Legislatura pidieron un servicio a la empresa que finalmente no fue proporcionado, pero la firma insiste en cobrar el monto convenido en ese entonces: 58 millones de pesos.
El panista Víctor Manuel Sánchez Orozco, presidente de la Comisión de Peticiones y Atención Ciudadana, pide apoyo a sus compañeros “para sacar a la luz (el caso) y castigar a los implicados en el fraude al Congreso” por la vía penal y a “promover una acción de nulidad de cosa juzgada” que resuelva el problema (expediente 242/2012-2 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil).
El 24 de diciembre venció el plazo para que los diputados contestaran al juez de Distrito sobre el incidente de inejecución de sentencia promovido por la empresa. Si los legisladores no pagan los 58 millones, pueden ser destituidos, pues sus compañeros de la LIX Legislatura firmaron un convenio de pago en lugar de esperar la sentencia de un juicio que estaba en la etapa final.
Miguel Castro Reynoso, coordinador de la fracción priista en la actual Legislatura, asegura que “oficialmente” ni él ni sus compañeros están enterados del caso. Y aunque dice no estar de acuerdo con pagar por algo indebido –“no se debe pagar lo que no se debe”, enfatiza–, se acatará la instrucción de la autoridad judicial.
Nosotros le decimos al juez: “Infórmame del asunto. Nosotros vamos llegando; (la deuda) es un tema heredado. No me niego (a pagar), pero no sé de qué se trata”, puntualiza Castro. Dice que en el Congreso se tomarán las previsiones jurídicas para estar en condiciones de cumplir con el mandato judicial, aunque, insiste, “por el momento no tenemos dinero”. En tanto, los legisladores trabajan una nueva vía jurídica para evitar el pago.
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la fracción del Movimiento Ciudadano, admite que el tema de la consultora López Castro es un fraude a todas luces. “Es un cochinero que apesta”. Sin embargo, es partidario de que el Congreso pague los 58 millones de pesos para evitar el desacato y la sanción.
E insiste: los diputados están obligados jurídicamente a defenderse y resolver el conflicto con la consultora, pues está de por medio una notificación judicial para que se le pague.
El priista Miguel Castro Reynoso califica de “sospechosa” la posición de los legisladores del MC, quienes por un lado insisten en que se abra una investigación y se castigue a los responsables, pero por otro no han promovido ninguna acción en ese sentido.
La denuncia presentada por el panista Sánchez Orozco en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil (expediente 242/2012-2) fue turnada por el pleno a las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
En junio de 2011 este semanario reveló que los integrantes de la LIX Legislatura resolvieron dar por terminado el conflicto legal con la consultora, mediante el pago de casi 60 millones de pesos; incluso celebraron un convenio y desistieron del juicio, pese a que “estaba a punto de sentencia” y a no tener la certeza de que la empresa hubiera cumplido con la recuperación de los supuestos impuestos pagados de más (Proceso Jalisco 343 y 401).
“Gracias a que no hay dinero en el Congreso ni para los sueldos es que no se le ha pagado a esa empresa fantasma, creada ex profeso para robarse el dinero. Creo que no debemos pagar; para eso hay que buscar la nulidad del juicio mercantil que da origen al ilegal convenio”, reitera Sánchez Orozco.
Admite también que la supuesta deuda con la consultora López Castro es el más grave de los asuntos heredados: “Se ve que alguien encontró la forma de sacar dinero y retrata el modus operandi que han seguido algunos diputados locales” para desviar recursos a su peculio.
Antecedentes del “adeudo”
El 27 de marzo de 2009 el Congreso del Estado firma el contrato con la empresa para la revisión de pagos en exceso a la Secretaría de Hacienda y el 17 de mayo de 2010 fue emplazado por la compañía reclamando el pago de 42.3 millones de pesos.
Proceso Jalisco tiene copia de la respuesta a la demanda, así como de los análisis jurídicos elaborados para el entonces presidente de la Comisión de Administración, el perredista Raúl Vargas López, en el que se objeta el contenido, alcance y valor del contrato celebrado por el panista Alfredo Argüelles, ya que incurrió en exceso de facultades y acordó pagar intereses moratorios (a razón de 5% mensual) sin que así se le indicara.
El contrato debió ser ratificado por la Comisión de Administración, “situación que, como se evidencia, en ningún momento se realizó”, indica el documento.
Sánchez Orozco no esconde su preocupación por el riesgo de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se les destituya:
“Estos sinvergüenzas nos pusieron contra las cuerdas. El juez de distrito ya lo mandó (el caso) al Tercer Colegiado de lo Civil del Tercer Circuito, donde están analizando el incidente de inejecución de sentencia. Incluso nos emplazaron a todo el pleno y nos dieron 10 días (que se cumplieron el pasado 24 de diciembre).
“Por eso es importante que el juez conozca que estamos promoviendo otras acciones y que tenemos voluntad. Tratamos de evitar que el juez federal diga: ‘¿Te opones sólo por oponerte’.”
El legislador panista propone que dentro del Presupuesto de Egresos de 2013 se establezca una partida “para el posible pago a la consultora”, ya que al no estar prevista (la deuda), los 39 diputados podrían ser separados del cargo, como le sucedió al coordinador de los panistas en la LIX Legislatura, Gustavo Macías Zambrano, en abril del año pasado.
Con 18 años de experiencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la que se desempeñó en varios puestos –desde actuario hasta coordinador de delegaciones regionales–, el diputado Sánchez Orozco está convencido de que el tema “es penal” y que debe sancionarse a los responsables.
Dice que no le teme a las presiones de sus correligionarios, pues entre ellos hay quienes apoyan a Alfredo Argüelles, exsecretario general del PAN, a quien acusa de haber firmado el contrato de prestación de servicio con ventajas inadmisibles para la consultora López Castro y extralimitarse respecto a lo que se le instruyó en la Comisión de Administración.
“Tengo seis años en el PAN y soy más panista que ellos. Yo tengo un compromiso con las miles de personas que votaron y que piden acabar con corruptelas. Quiero reivindicar al panismo y dignificar al Congreso”, sentencia Sánchez Orozco.
El 6 y el 17 de diciembre, Sánchez Orozco presentó y ratificó, respectivamente, la denuncia penal contra los integrantes de la Comisión de Administración de las LVIII y LIX Legislaturas, sobre todo a los diputados de esta última, pues fueron ellos quienes firmaron el convenio de pago sin someterlo al visto bueno del pleno.
En concreto, el panista se refiere a los exdiputados Alfredo Argüelles y Luis Octavio Pérez Pozos, así como a los representantes de la consultora López Castro. Los acusa de los delitos de fraude, peculado, abuso de poder y los que resulten.
–¿Quiénes tienen que rendir cuentas? –se le pregunta.
–De la LVIII Legislatura, los que fueron miembros de la Comisión de Administración: Angélica Aguirre Varela (PAN), Jorge Arana Arana (PRI), actual presidente de Tlaquepaque, Luis Alberto Vélez (PVEM) y Alfonso Zárate (PT), por haber instruido a la celebración del contrato, así como a Argüelles, por extralimitarse.
“De la LIX Legislatura: Raúl Vargas (PRD), Enrique Aubry (PVEM), Patricia Retamoza Vega (PRI), Gustavo Macías (PAN) e Isaías Cortés Berumen (PAN).”
El denunciante se dice sorprendido porque su denuncia es la primera que se presenta ante la PGJE, lo que echa por tierra las declaraciones de los excoordinadores parlamentarios que, dice, amenazan con proceder también de manera penal para la solución del caso.
Eso no es cierto, comenta, pues personal de la procuraduría le corroboró que no hay ninguna denuncia. En el fondo, dice, sólo son maniobras políticas, ya que en el caso de la consultora López Castro están implicados los excoordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos.
Anunció que se presentará ante la PGJE como coadyuvante en todos los asuntos en que tiene interés el Congreso, incluyendo las últimas legislaturas y la actual. Entre ellos destacan las averiguaciones abiertas por sobreprecio, peculado, desvío de recursos, actos de simulación y otros delitos, en hechos penosamente sonados, como la compra de aire acondicionado a cifras estratosféricas, la onerosa remodelación de los baños del Palacio Legislativo, la venta de cochera de varias unidades, las basificaciones ilegales, etcétera.
El también panista Guillermo Martínez Mora presentó una denuncia penal en la PGJE, el 8 de diciembre, en contra de las dos Legislaturas anteriores por presunto desvío de fondos públicos, que se tradujeron en deudas por más de 500 millones de pesos.
