A la millonaria deuda acumulada durante las tres últimas administraciones priistas en Vallarta, el nuevo alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez –un antiguo panista que llegó al ayuntamiento impulsado por el Partido Movimiento Ciudadano– está sumando impopularidad política por sus constantes desatinos. No sabe cómo tapar ese enorme hoyo financiero que mantiene hipotecado al municipio, y ahora enfrenta a la ciudadanía y a los regidores de la oposición, quienes le reclaman los nombramientos de panistas recomendados desde Guadalajara.
PUERTO VALLARTA.– El triunfo del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones de julio pasado sacó a flote la corrupción de las últimas tres administraciones priistas, lo que hoy mantiene al municipio en bancarrota, pues su deuda –superior a los 3 mil 100 millones de pesos– es la más cuantiosa del estado, según admitió en noviembre el alcalde Ramón Guerrero Martínez en diversos eventos, entre ellos el Foro Agropecuario Internacional, en el que participó la embajadora de Nueva Zelanda, Chistine Bogle.
El millonario adeudo vallartense supera el de Guadalajara, que asciende a 2 mil 680 millones, lo que se refleja en el deterioro de los servicios públicos y el abandono de este destino turístico.
A ello se debe que Ramón Demetrio Guerrero Martínez, El Mochilas, haya iniciado su trienio con ese hoyo financiero, al que se suman los problemas políticos por la designación de más panistas que militantes del MC en las principales carteras del ayuntamiento, además de los enfrentamientos con los regidores del PRI, PVEM, PRD y PAN, partido en el que él militó hasta antes de que Enrique Alfaro lo invitara a competir por la alcaldía bajo el emblema del MC.
La debacle financiera se inició en el periodo de Gustavo González Villaseñor (2004-2006), quien dio en concesión el relleno sanitario a la empresa Envir Eau, de la que aparece al frente el priista capitalino Ramón Aguirre, hijo del exregente de la Ciudad de México, del mismo nombre, y la concesión de varias plazas públicas para construir estacionamientos, entre ellos el de El Pitillal.
Por diversos motivos Envir Eau no operó y, después de casi nueve años de tener en su poder la concesión, denunció vía judicial el incumplimiento de contrato por parte del ayuntamiento, reclamando como compensación una cantidad superior a los 800 millones de pesos.
El 3 de diciembre de 2008 Eduardo de Ávila Rueda, cabeza visible de Envir Eau en este puerto, difundió un comunicado en el que aseguraba que el juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa había ordenado retirar sellos de la novena clausura del relleno sanitario construido por su empresa.
Ávila Rueda declaró a reporteros locales que el ayuntamiento debía pagarle una millonaria indemnización, lo que afectaría a los vallartenses, todo ello, comentó, por “la falta de voluntad política de la autoridad municipal para resolver el problema”.
Pese a resoluciones judiciales a favor de Envir Eau, Ávila Rueda no mostró ningún documento que respaldara su dicho, aunque sí estimó que el ayuntamiento le debía más de 400 millones de pesos.
El entonces presidente municipal, González Villaseñor –quien hoy forma parte de la LX Legislatura local que arrancó el pasado 1 de noviembre–, también incumplió con el concesionario del estacionamiento construido en El Pitillal, y después de un largo juicio.
En el caso del estacionamiento subterráneo de El Pitillal, las administraciones de Bravo Carbajal y González Reséndiz nunca hablaron sobre el juicio, por lo que se desconocía quién era el representante legal y el concesionario.
Sesenta días antes de concluir la administración de González Reséndiz, el síndico Fernando Castro Rubio, quien fungía entonces como encargado de la Secretaría del ayuntamiento, comentó que la resolución había sido adversa a las autoridades, por lo que debería entregar poco más de 79 millones de pesos al concesionario de la plaza de El Pitillal.
Polémicas designaciones
El triunfo del candidato del MC, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, El Mochilas, un expanista impulsado por Enrique Alfaro Ramírez, generó expectativas entre los vallartenses, pues vieron en él la oportunidad de resarcir las tropelías de los exalcaldes priistas.
Pronto se desengañaron. Al dar a conocer su gabinete, El Mochilas puso al frente de las carteras principales a algunos expanistas, algunos de ellos “recomendados” directamente desde Guadalajara, entre ellos Eugenio González Márquez, hermano del gobernador Emilio González Márquez, quien hoy es su coordinador de asesores.
Otro caso es el de Benito Gerardo Carranco Ortiz, nombrado titular de la Tesorería. Sólo duró tres días en el cargo. Antes de trasladarse a esta ciudad, Carranco se desempeñó como delegado del IMSS en el estado.
El Mochilas también quedó mal parado ante los vallartenses en el caso de Roberto Rodríguez Preciado, a quien puso al frente de la Policía Municipal. La encomienda fue efímera, pues Rodríguez dejó el cargo 18 días después, tras un atentado del que salió ileso. Roberto es primo hermano de Tarsicio Rodríguez, exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón.
El director de Comunicación Social, Jaime Castillo Copado, trató de minimizar los hechos y ocultó información sobre el atentado. Dijo que la ciudad estaba bajo control, que solamente eran dos niños lesionados de manera leve y que el tráfico vehicular se había incrementado por los turistas de un crucero que atracó en la terminal marítima.
Eugenio González Márquez es uno de los pocos que muestra su determinación de seguir en el cargo. El mes antepasado solicitó al gobierno estatal un apoyo de 80 millones de pesos para el arreglo de vialidades, como la carretera a Ixtapa, las avenida México y Prisciliano Sánchez, así como el acceso de la carretera 200.
Asimismo, el coordinador de asesores del Mochilas pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) apoyo con maquinaria para la realización de las obras. El titular de la dependencia, Sergio Carmona Ruvalcaba, comentó que intentará reducir el monto de los recursos para atender la petición del alcalde vallartense por instrucciones del gobernador.
Por otro lado, varios sectores de la iniciativa privada, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), ya donaron material de construcción y combustibles para el bacheo en la zona centro del puerto. Y aunque en el ayuntamiento aseguran que las aportaciones son voluntarias, algunos restauranteros comentan al reportero que, en reciprocidad, las autoridades les permitirán ampliar el horario de sus negocios.
Javier Bravo Carbajal, también del PRI, sustituyó a González Villaseñor y, en lugar de conciliar los intereses, agudizó los problemas. En el caso del relleno sanitario encomendado a Envir Eau, no sólo obstaculizó la obra, sino que optó por construir un tiradero con dos celdas en el predio Los Gavilanes, en el ejido El Colorado. Hoy está parcialmente clausurado por la Profepa a causa del deficiente manejo de los residuos sólidos.
Durante su trienio (2007-2009), Bravo Carbajal confrontó a los beneficiados de los parquímetros, cuya concesión fue otorgada por González Villaseñor a la empresa Puerto Park, S.A. de C.V., con sede en Tlaquepaque. Ante la presión de los propietarios de negocios y vecinos de la zona centro, donde presuntamente se instalarían, el alcalde dejó las cosas sueltas, por lo que el ayuntamiento sería llevado a juicio.
En este asunto, al igual que en la concesión de Envir Eau y el estacionamiento subterráneo en la plaza de El Pitillal, las administraciones de Bravo Carbajal y González Reséndiz guardaron silencio. Al final se conoció que Puerto Park también reclama indemnización pues no se le permite operar. La información aún no ha sido clarificada por la administración de Guerrero Martínez.
Al término de su gestión, Bravo Carbajal dejó hipotecado al municipio por 15 años debido a un crédito que solicitó a la banca privada y que fue ejercido de manera irregular. Su sucesor, Salvador González Reséndiz (2010-2012), imitó su modus operandi de dar largas a los asuntos legales.
Cadena de desatinos
Durante su trienio, González Villaseñor despidió de manera injustificada a trabajadores municipales, muchos de los cuales lo demandaron y, tras varios años de juicio, ganaron el litigio, por lo que el ayuntamiento debe reinstalarlos; además, las autoridades deberá pagarles más de 20 millones de pesos por sueldos caídos.
Los problemas laborales no paran ahí. El nuevo director del Departamento de Cultura del MC, Sergio Zepeda Moreno, despidió sin justificación al maestro Héctor Fabián, encargado de teatro y ganador de premios estatales, y a la reconocida pintora Ireri Topete. Los dos afectados se unieron a los otros trabajadores y anuncian que realizarán una huelga de hambre si no son reinstalados; incluso piden la remoción de Zepeda.
Los agraviados se quejan porque, dicen, en sólo 15 días, Zepeda Moreno dispuso para su uso personal del fondo de caja que es aportado por las cuotas de estudiantes de teatro. El funcionario es sobrino del diputado Clemente Castañeda, coordinador de la nueva bancada del MC en el Congreso estatal. El legislador ya se deslindó de Zepeda, al decir que él no influyó para que El Mochilas lo incluyera en la nómina de Vallarta.
El mismo alcalde vallartense ya había irritado a muchos de sus simpatizantes cuando se desdijo de sus promesas de campaña, en particular de los mochivales que, según expuso, podrían ser canjeados a partir de enero próximo por cinco costales de cemento. El alcalde comentó que los mochivales eran una falacia, que él no los había repartido, y atribuyó al PRI local esa versión.
Además, ante los constantes enfrentamientos entre Guerrero Martínez y la regidora Susana Judith Mendoza Carreño con el bloque opositor –PRI, PAN, PRD y PVEM–, los dirigentes empresariales de las distintas cámaras y la Confederación Patronal advirtieron ya que de continuar los encontronazos se corre el riesgo de caer en la ingobernabilidad.
Los regidores opositores incluso presentaron un recurso en el Tribunal Administrativo para invalidar los cambios del alcalde, quien decidió convertir varias jefaturas en direcciones.
El 31 de octubre pasado, el actuario del Tribunal Administrativo Estatal Jorge González López acudió al ayuntamiento a notificar la suspensión de actos derivados de los acuerdos de cabildo realizados el 1 de octubre del mismo mes. Pese a la resistencia para recibir el documento, finalmente el síndico, Roberto Ascencio, aceptó la notificación.
En la tesorería municipal la situación no es más fácil debido a las millonarias deudas. La falta de fondos afecta incluso la nómina de pago y las compras de gasolina para los vehículos oficiales, lo que ha provocado que algunas unidades del H. Cuerpo de Bomberos se queden paradas por falta de combustible.
Poco antes de su toma de posesión, Guerrero Martínez habló de las irregularidades en el manejo de los recursos durante la administración de su antecesor Salvador González Reséndiz. Abordó el tema de nuevo cuando llegó al ayuntamiento. Luego se olvidó del asunto.
Algunos trabajadores sostienen que se dará carpetazo, sobre todo ahora que el padre de González Reséndiz, Salvador González Pimienta, es diputado en la nueva Legislatura local. Advierten incluso que a González Villaseñor le conviene defender al exalcalde González Reséndiz desde el Congreso, pues él también está implicado en diversas irregularidades, como lo documentó Proceso Jalisco en sus primeras ediciones.
Los pendientes
En 2010 González Reséndiz arrancó su administración sin recursos económicos suficientes, por lo que llamó la atención su proyecto de construcción de la nueva Unidad Municipal Administrativa (UMA).
Un año antes de terminar su gestión, él mismo anunció que se pagaría al constructor con terrenos municipales y espacios físicos en la propia UMA: la planta baja, estacionamientos y otras áreas. Su decisión desató la polémica, sobre todo porque las áreas que entregó fueron tasadas por debajo de su valor catastral.
Y aun cuando el edificio está inconcluso –se requieren 160 millones de pesos más, aparte de los 120 millones invertidos–, González Reséndiz ordenó la mudanza días antes de que finalizara su periodo, lo que provocó un caos mayúsculo entre los colaboradores de la administración que encabeza Ramón Guerrero desde el pasado 1 de octubre.
Tres días antes de la llegada de Guerrero al ayuntamiento, su secretario particular, Óscar Pérez, se dirigió a la UMA y para su mala fortuna se precipitó al vacío por el cubo del elevador. El funcionario resultó con lesiones graves en la cabeza y aún está en recuperación. Ese incidente motivó que algunas dependencias regresaran al antiguo palacio municipal.
González Reséndiz minimiza los adeudos heredados y excluye los 450 millones del crédito con la banca comercial que contrajo a 15 años su antecesor Bravo Carbajal. Hoy, los dos exalcaldes esperan la llamada del gobernador electo, su correligionario Jorge Aristóteles Sandoval, para integrarse a su administración.
Y aunque El Mochilas prometió presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado contra quienes resulten responsables de los presuntos ilícitos –el desvío de 45 millones de pesos– y otra contra la anterior tesorera municipal, Alicia Peña, todo se quedó en el tintero, pues el alcalde no alcanzó a tomar el avión que lo trasladaría a Guadalajara para realizar el trámite.
El 14 de diciembre, la dirección del Instituto de Pensiones de Estado de Jalisco (Ipejal) presentó denuncias penales contra varios ayuntamientos, en particular el de Puerto Vallarta porque, arguye, no se entregaron las cuotas ni los abonos a los créditos hipotecarios y personales de trabajadores municipales. La deuda, según datos oficiales, rebasa los 225 millones de pesos.
Con respecto a la seguridad pública las cosas no pintan bien, pese al nuevo modelo de evaluación a los policías municipales, cuyo propósito es incrementar sus salarios –8 mil pesos al mes en promedio– a partir de enero de acuerdo con su rendimiento.
Entrevistado por el reportero, el comisario Silvestre Chávez García admite que las patrullas en servicio son insuficientes para atender la demanda de seguridad en el puerto, sobre todo por el incremento en los asaltos a personas, los robos de autos y en casas habitación. Incluso pide a la población denunciar cualquier ilícito.
El propio alcalde ha modificado en múltiples ocasiones las cifras del millonario adeudo de la comuna vallartense. Al cierre de esta edición El Mochilas habló en los medios de una deuda de 3 mil 100 millones de pesos, 100 millones menos de los que se manejaron en las últimas semanas.
