Pese a que en 2011 la Comisión de Acreditación de Agencias de Seguridad Pública certificó a la policía tapatía y le entregó un protocolo de seguridad, un grupo de uniformados comenta a Proceso Jalisco que las medidas simplemente no se aplican, como quedó demostrado el sábado 1, cuando los gendarmes arremetieron contra los jóvenes que se manifestaron contra Peña Nieto.
“Nos valen madre los derechos humanos; lo que sí nos preocupa son las denuncias penales”, comenta un policía de Guadalajara, quien conoce bien la forma en que operan las corporaciones policiacas durante las movilizaciones.
Ha vestido el uniforme durante 32 años, 14 de ellos en la corporación tapatía y el resto en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En su cuerpo se observan incluso las huellas de algunas batallas: una cicatriz en la espalda y otra en forma de un gusano alargado en el antebrazo izquierdo.
Entrado en años, obeso su cuerpo, admite: “Ya no estoy para estos trotes”. Incluso prepara ya su jubilación. Hoy, comenta, se conforma con custodiar la puerta de un edificio público al lado de un joven uniformado.
Recuerda aun la represión del 28 de mayo de 2004 contra un grupo de altermundistas durante la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Esa vez, dice, participó el operativo contra los jóvenes, que recibieron a los uniformados con piedras, palos, e incluso cabinas telefónicas.
Sobre el operativo del sábado 1 que, según las autoridades “fue brillante y profesional (Proceso Jalisco 422), el veterano policía justifica la acometida porque, insiste, “las agresiones ponen en riesgo la vida de los uniformados”, aunque admite que en actos de ese tipo gente inocente resulta dañada.
Aun cuando existen protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública –la policía municipal de Guadalajara incluso tiene el suyo, que le entregó la Comisión de Acreditación de Agencias de Seguridad Pública en 2011 cuando fue certificada– nunca se apegan a ellos.
En sus más de tres décadas, dice, jamás leyó un documento de ese tipo para saber cómo actuar ante las contingencias. Lo que sus superiores le enseñaron es la forma adecuada de usar el PR24 (una versión moderna de las macanas) para “prevenir” y “restringir” el arma de 24 pulgadas. Aunque al final, inmersos en la trifulca, los policías golpean donde pueden.
Una mujer policía, también a punto del retiro, secunda a su compañero: “El día de la manifestación del #Yosoy132 (los policías) iban a controlarla para evitar que llegara a (la avenida) Las Rosas. Esa era la orden, por eso bloquearon con vallas, pero perdieron el control”.
Además, precisa, en la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara los únicos que reciben capacitación son los altos mandos y sus incondicionales, pese a que ellos sólo dan órdenes desde el escritorio y nunca están al frente de las batallas.
Según ella, los estatutos de la corporación, indican que la capacitación debe hacerse cada seis meses, aunque en los últimos dos años no ha habido ningún adiestramiento. “Aquí hay una mafia”, dice la agente que fue desplazada a una subzona.
Sobre el grupo táctico Lobos –el único que recibe entrenamiento especial en el manejo de armas, defensa personal y localización– la situación es crítica, dice la mujer, pues ellos cuentan con perros amaestrados para detectar droga. Sin embargo, los animales no son entrenados de manera adecuada.
Su compañero retoma la palabra. El gobierno se acabó el presupuesto, por lo que ahora no hay dinero ni para uniformes y botas. Mientras expone, simula que está en combate y toma posiciones de defensa. Saca su pistola y suelta un tiro: “¡Policía, deténgase!”, exclama.
Antes, dice, había en el ayuntamiento un equipo de inteligencia al que llamaban Centauros. “Eran chingones”, apunta. Pero se amafió y tuvieron que desintegrarlo en 1999. Ellos atendían los homicidios, robos y secuestros; eran intocables”.
Algunos aun están en los Lobos. Y cuando Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco llegó a la Policía de Guadalajara en 2003 se creó el Escuadrón de Reacción en Incidentes Críticos (ERIC) con una treintena de agentes.
El equipo recibió capacitación en del FBI en San Antonio, Texas, así como de la Guardia Civil Española y la policía colombiana. La agrupación desapareció en 2007 por órdenes de Macedonio Tamez Guajardo, quien asumió como director de Seguridad Pública.
El desprecio
El entrevistado asevera que hubo varios mitos sobre el ERIC, al que muchos llamaban el SWAT tapatío. Por principio, dice, “no daban el ancho”; además, se invertía un dineral en ellos para traerlos bien armados con sus pistolas glock de fibra de carbono con cargadores de 17 cartuchos, botas de 180 dólares y salarios de 32 mil pesos al mes.
Insiste en que los únicos policías adiestrados para controlar manifestaciones son los antimotines de Seguridad Pública. En el estado ninguna otra corporación realiza simulacros, dice, que se realizan en las instalaciones del Club Despeja, en Tlaquepaque; incluso admite que participó en algunos.
Ante cualquier acto de resistencia, los uniformados deben estudiar con detalle a sus potenciales agresores y sólo cuando reciban la orden deben ir tras su presa. Sin embargo, dice, algunos elementos disfrutan al golpear a la gente.
Vuelve al 28 de mayo de 2004 cuando, dice, a él y sus compañeros les enardeció que “aquellos cabrones (los altermundistas) veían que no respondíamos a sus agresiones. Por eso cuando nos dieron la orden de atacar hasta los escogimos para darles en la madre”.
En situaciones de ese tipo, lo mismo que cuando hay encuentros deportivos, a veces se exceden los policías. Relata que en una ocasión intentó calmar a sus compañeros, pero le respondieron: “¡Déjame! Son unos pinches perros”.
Ambos entrevistados se quejan también del maltrato y menosprecio de la clase política. Cuando tienen que cuidar a algún personaje, como el gobernador, por ejemplo, simplemente no duermen. Y aun cuando las jornadas pueden durar hasta un día completo, no se les pagan horas extras.
También mencionan los acuartelamientos que, dicen, “son brutales, pues por lo general los amontonan en una sala oscura y húmeda”. El veterano calcula que a los elementos que trabajan bajo el esquema de 24×24 (un día de trabajo por otro de descanso) les roban mil 200 dólares por año. Refiere que no es la primera vez que recibe esa clase de intimidaciones, y está seguro que le seguirán molestando.
Policía al estilo Durazo
El regidor del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, quien hasta hace un año militó en el PRI, dice que desde que el partido recuperó las riendas en el ayuntamiento tapatío con Jorge Aristóteles Sandoval, la policía municipal regresó a los tiempos de Arturo El Negro Durazo.
“Quieren seguir con estándares de épocas ya superadas, de los sesenta, los setenta, cuando el policía era considerado el estrato social más bajo”, comenta el entrevistado.
Según el manual que la Comisión de Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA, por sus siglas en inglés) –un organismo internacional encargado de certificar a las corporaciones de seguridad creado en 1999 y del que México forma parte– que se le entregó al cuerpo de policías de Guadalajara, existen seis niveles de resistencia para el uso razonable de la fuerza: cada uno obedece una forma de actuar.
En los dos primeros, sólo se pide a los elementos girar instrucciones verbales de advertencia, sobre todo si las personas no oponen resistencia. Sin embargo, en varios videos y fotografías del sábado 1 se observa que los agentes arremetieron contra la multitud en las inmediaciones de la FIL, aun contra los que están sentaron en el pavimento.
Algunos agentes consultados comentan que la certificación de la CALEA es sólo un negocio. Su costo, dice, es de 18 mil dólares al año.
La policía tapatía también desconoció el Acuerdo 04/2012 de la Secretaría de Seguridad Pública federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuyo artículo V, capítulo II expresa que los elementos evitarán la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública y privada, así como de instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también poseen manuales de uso de la fuerza pública que son obligatorios para México, ya que forma parte de ambas instituciones. El de esta última señala que los cuerpos de seguridad “reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.
