En materia laboral, la delegación estatal del IMSS no sabe cómo detener las millonarias sangrías que le causan las indemnizaciones por despidos injustificados. Y aun cuando su director jurídico, Víctor Manuel Ávalos Ibarra, intenta minimizar la situación y arguye que 90% de las querellas las gana la dependencia, lo cierto es que este año tuvo que desembolsar más de 6 millones en un juicio laboral.
En los últimos ocho años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Jalisco malgastó cantidades incuantificables en el pago de finiquitos y salarios caídos a cientos de trabajadores que despidió de manera injustificada.
El último cese masivo se efectuó la semana pasada y alcanzó a 80 empleados del Centro Médico Nacional de Occidente, a quienes se les acusó de un supuesto fraude por 10 millones de pesos a través del sistema de incapacidades en lo que va de 2012, explican a Proceso Jalisco los defensores de los perjudicados.
La rescisión del contrato afecta por igual a enfermeras del Hospital de Pediatría (28) y a médicos, enfermeras especializadas, trabajadoras sociales y personal administrativo de la Clínica 3, que llevaban entre 10 y 20 años laborando en la institución, según el abogado Francisco Javier Alcaraz Paz.
Sus ingresos mensuales promedio oscilaban entre los 19 mil y 27 mil pesos. Según el litigante, el IMSS tendrá que pagar alrededor de 600 mil pesos por cada uno de los denunciantes, lo que representa una erogación cercana a los 50 millones.
Los directivos del instituto aducen que el personal sancionado otorgó a los pacientes una incapacidad pero en diferentes clínicas, lo que resulta inverosímil.
“Alguien que conoce (el sistema) alteró las computadoras. Se conoce el nombre de los pacientes que estaban asignados (al personal despedido), pero los médicos no son responsables, pues no tienen acceso a los expedientes ni a las notas; ellos sólo entregan las incapacidades.
“Tiene que ser un administrativo o un técnico. Se puede cambiar por la computadora a un paciente a cuatro o cinco clínicas u hospitales y de aquí a que lo detecten, el defraudador, al día siguiente de que recibió la incapacidad, va a cobrar”, expone Alcaraz.
Añade que la orden de cesarlos proviene de la Ciudad de México. Y como no se hizo una investigación adecuada, están “haciendo (despidos) al vapor en busca de culpables”.
En 2010, el instituto rescindió 25 contratos de personal adscrito a la clínica 43; al año siguiente despidió a otro centenar de empleados del Centro Médico de Occidente, dicen algunos de los denunciantes, quienes piden omitir sus nombres.
Según ellos, cuando Miguel Ángel van Dick era secretario general de la Sección III Jalisco sólo hubo tres despidos, pero al poco tiempo los afectados recuperaron su puesto. No obstante, sus sucesores, Francisco Castillo (2004-2008) y Clara Gómez Caro (2008-2013) permitieron los despidos.
Clara Gómez, quien hoy es diputada local por el PRI, dicen, incluso metió a la nómina a sus parientes, aun cuando no cumplían con la antigüedad requerida.
Algunos fueron comisionados por el sindicato, entre ellos su hijo Francisco Édgar Ruiz Gómez, y tres sobrinos: Eduardo, Alfonso y Michel Paulina Trejo Gómez, quienes sólo se presentan a cobrar su cheque cada quincena, según el Movimiento de Resistencia Sindical de los Trabajadores del Seguro Social (Proceso Jalisco 416).
Los primeros ceses
Dos de las personas corridas –Javier y Juan, como se identifican–, quienes laboraban en la desaparecida Coordinación Regional, contrataron al despacho Rivero.
En 2004, cuando fue cesado, Javier llevaba cuatro años laborando en el IMSS, donde ganaba 46 mil pesos al mes, explica su abogado, Jorge Rivero Coronado.
Su caso, dice, es particular, pues él se encargaba de la compra de insumos. Para correrlo, sus jefes inventaron que Javier no siguió las políticas de compra y porque “en una junta de licitación le dijo a unos proveedores que sus productos carecían de la calidad que requería el Seguro”.
Rivero comenta que Javier nunca los descalificó, “sino el Departamento de Guarderías, la instancia encargada de comprar los alimentos para los menores. Pero Ramón Arámbula, del departamento jurídico, lo despidió”. En septiembre de ese año Javier presentó una demanda por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 18 (expediente 257/04).
Ocho años después, la autoridad resolvió a su favor, por lo que el IMSS tuvo que pagarle más de 6 millones de pesos, que se redujeron a 3 millones 425 mil pesos tras el pago de impuestos.
Durante el proceso, el instituto interpuso tres amparos –3099/2011, 405/2011 y 533/2011– para evitar el pago de sueldos caídos. Sin embargo, tuvo que depositar diferentes fianzas para garantizar el pago del afectado, que ascendió a casi 1 millón de pesos.
El IMSS debe darle a Javier unas liquidaciones complementarias, puesto que “no se le indemnizó conforme al contrato colectivo, sino conforme a la Ley Federal del Trabajo”, sostiene Rivero Coronado.
“Es una de las liquidaciones más caras que ha pagado el Seguro Social este año –dice–. Aunque hay dos más”; otra es la del excoordinador regional, a quien se le deberá entregar 8 millones de pesos, menos los impuestos correspondientes.
La reportera intentó conocer la opinión del director jurídico del IMSS, Víctor Manuel Ávalos Ibarra, pero se negó porque, dijo, el procedimiento aún está en curso. Sin embargo, comentó que hasta ahora los montos pagados no rebasan los 3 millones de pesos.
El abogado Rivero Coronado insiste: el IMSS paga “liquidaciones sin sentido, pues se empecinan en prolongar los juicios”.
El otro trabajador, Juan –quien llevaba 18 años laborando en el Departamento de Cobranza a Patrones del instituto y cobraba 17 mil pesos al mes–, interpuso su querella en septiembre de 2007 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 17 por despido injustificado (expediente 731/2007).
Según su abogado, la dependencia deberá pagarle 1.7 millones de pesos, además de reinstalarlo. El instituto se niega a devolverle su cargo porque, según el litigante, “al parecer quieren ese puesto para los que van a entrar del PRI”.
Ahora, dice, están despidiendo a personal de medio nivel para meter en su lugar a gente que les ayudó durante la campaña, aunque no estén calificados.
La versión oficial
La Dirección Jurídica del IMSS sostiene que gana la mayoría de los juicios laborales, pero algunos abogados consultados por la reportera sostienen que eso es falso.
Ávalos Ibarra asegura que en este momento el IMSS enfrenta 2 mil juicios laborales tramitados por empleados o extrabajadores que reclaman la reinstalación o alguna prestación.
En 2012, dice, se resolvieron mil 200 juicios, de los cuales mil fueron con laudos absolutorios al no acreditarse las prestaciones que reclaman; el resto fueron condenatorios, por lo que el IMSS tuvo que pagar 27 millones de pesos por sueldos caídos.
De acuerdo con su titular, la Dirección Jurídica gana 90% de las querellas interpuestas por los empleados o extrabajadores del IMSS por despido, pero el litigante Rivero Coronado asevera que como abogado llegó a la conclusión de que “el Seguro Social y su departamento jurídico pierden todos los juicios”.
–¿Es verdad que el IMSS Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de presentación de juicios laborales? –pregunta Proceso Jalisco a Ávalos Ibarra.
–No puedo precisar el dato. Lo que sí le puedo decir es que a nivel central –incluidos el Distrito Federal y el Estado de México– se manejan 40 mil asuntos, contra 2 mil que traemos (en Jalisco).
La mayoría de las inconformidades de algunos empleados o de extrabajadores que piden su reinstalación es el pago del finiquito o el reconocimiento de una prestación laboral.
Los procesos laborales son lentos, lo que implica una inversión de tiempo y recursos económicos. En este momento hay demandas que datan de 2003.
“La razón –justifica Ávalos– es que la ley contempla muchos incidentes. Cuando analizamos un laudo y determinamos que la sentencia se dictó en exceso o no se tomaron en consideración las excepciones que hicimos valer, nos vamos a las siguientes instancias. El tiempo es un poco largo.”
“Lo normal es que, desde que se interpone un juicio hasta que se resuelve, median dos o tres años”, dice.
–¿Por qué no se sientan a negociar con la contraparte para evitar un juicio largo y costoso?
–Porque no tenemos la facultad de negociar. Cuando las prestaciones que nos reclaman son procedentes o que hubo una omisión al momento de dárselas, por supuesto que nos sentamos y llegamos a un acuerdo. (Pero) necesariamente buscamos que sea un laudo; y si en el laudo ya determinaron que no tenemos la razón y no tenemos los elementos para revertirlo, acatamos los términos en que fue dictado.
Ávalos Ibarra dice que la cantidad más alta que han pagado por concepto de salarios caídos fue de 3 millones de pesos, en tanto que la mínima ha sido de 40 mil pesos.
El dato contrasta con la indemnización a un cliente del despacho Rivero Abogados –Javier–, quien recibió 3.4 millones de pesos, libres de impuestos.
