Mal empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto. El apabullante cerco policiaco y militar para impedir que las protestas se acercaran al Palacio Legislativo de San Lázaro, que provocó sangrientos choques con manifestantes; la posposición de la firma del Pacto por México y el fracaso de la operación política del PRI en su afán de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, son los tres primeros tropiezos del gobierno priista que vuelve a Los Pinos tras 12 años de mandatos panistas.
“Ha sido un amanecer violento en los alrededores del Congreso mexicano”, editorializó el periódico español El País en el reporte del sábado 1 que dio cuenta de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
No fue el único medio internacional que destacó como nota principal la ola de protestas que causó más de 92 detenidos y decenas de heridos. Lo mismo sucedió con las ediciones electrónicas de The Washington Post, Los Angeles Times, The Miami Herald y cadenas de televisión, como Univision.
Incluso The Huffington Post cabeceó así su nota sobre la integración del próximo gobierno peñista, donde se incorporaron viejos cuadros priistas caracterizados por su mano dura: ¿Retorno a la vieja guardia? La imagen de modernidad y de juventud no fue la que prevaleció en estos reportes internacionales.
Desde días antes la sombra de la violencia y el exceso de despliegue policiaco y militar se observaron en los terrenos aledaños al Congreso de la Unión. No fue el único signo de los desafíos que marcarán el inicio de este sexenio, que representa el retorno del PRI a la Presidencia 12 años después de haberla perdido ante Vicente Fox.
Los otros dos tropiezos fueron el fracaso de la operación política del PRI para que en el Senado se aprobaran las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que propuso 12 días antes en la Cámara de Diputados, y la suspensión del Pacto por México, negociado por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD pero que a última hora no fue firmado por la oposición de la mayoría de las corrientes perredistas.
El ominoso cerco
El descontento de los capitalinos por el cerco militar y policiaco en las principales arterias que conducen a la Cámara de Diputados se manifestó desde las primeras horas del 26 de noviembre. Vecinos de San Lázaro se quejaron porque no podían llegar a sus casas. El bloqueo vial incluyó las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión y las calles de Eduardo Molina, Emiliano Zapata, San Antonio Tomatlán, Zaragoza, Sidar y Rovirosa y Cecilio Robledo.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se desmarcó del operativo. En su cuenta de Twitter calificó de “ofensivo” el cerco policiaco y destacó que no fueron las autoridades que él manda las que autorizaron ese despliegue de fuerza, que no se vio ni siquiera en la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa hace seis años.
En 2006 la avenida Reforma fue escenario del polémico plantón encabezado por Andrés Manuel López Obrador demandando la apertura de todos los paquetes electorales y el conteo voto por voto. Seis años después, el bloqueo vial fue protagonizado no por simpatizantes de izquierda, sino por efectivos del Estado Mayor Presidencial (EMP).
El 29 de noviembre el EMP incrementó las restricciones al tránsito de las personas y vehículos. Selló los accesos a la Cámara de Diputados y reforzó las murallas en las inmediaciones de San Lázaro. Los peatones eran revisados con detectores de metales y rayos X.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Jesús Murillo Karam, también se lavó las manos ante las protestas de las bancadas del PRD y del PAN. El futuro procurador general –si lo ratifica el Senado– afirmó que sólo tiene atribuciones dentro del recinto de San Lázaro, no en las calles aledañas.
Pacto frustrado
Una pifia se produjo en vísperas de que Peña Nieto asumiera la Presidencia. Desde Canadá el mexiquense presumió, el 28 de noviembre, la suscripción del Pacto por México entre las dirigencias de los tres principales partidos políticos.
Peña Nieto no estaba informado de la suspensión de la firma.
En una breve conferencia de prensa realizada para “tomarse la foto”, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD (Pedro Joaquín Coldwell, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente) acordaron “seguir trabajando” en la redacción de un documento final, que se negoció en sigilo durante dos meses y que fue desconocido por la Comisión Política perredista.
“Hubo un error dentro del equipo de comunicación; ellos entendieron, por circunstancias que aún no conozco, que esto se convocaría para el jueves, lanzaron una convocatoria equivocada y después por la misma vía mandaron la aclaración de que esta invitación quedaba sin efecto”, explicó en conferencia el vocero del equipo peñista, Eduardo Sánchez.
Para defender el proyecto del Pacto por México, Joaquín afirmó en esa conferencia de prensa que “no es el PRI que esté viendo hacia la regresión ni hacia la reinstauración de un sistema político que ha sido agotado. El PRI de esta hora está por la modernidad y por la renovación del país en todos sus términos”.
Entre las 13 promesas que perfiló en su discurso del sábado 1 en el Palacio Nacional, Peña Nieto insistió en la firma del Pacto por México. Afirmó que es necesario “desterrar el encono y la discordia”, y convocó a las fuerzas políticas a firmar “un gran pacto” por el país.
Mientras pronunciaba estas palabras, en las calles del Centro Histórico se daban enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.
Los supersecretarios, en suspenso
En la conferencia de prensa conjunta del PAN, PRI y PRD del fallido Pacto por México también estuvieron los dos coordinadores generales del equipo de transición de Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes todos los comentaristas perfilaban ya como los futuros “supersecretarios” de Hacienda y Gobernación, respectivamente.
Sin embargo las nuevas funciones planeadas por Peña Nieto para ambas secretarías tendrán que concretarse después del sábado 1, ya que la alianza PAN-PRD-PT en el Senado frenó la ratificación de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.
El argumento central es que se requieren “controles” y contrapesos por parte del Senado para que el nuevo secretario de Gobernación (quien absorberá las funciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública) y el nuevo secretario de Hacienda (quien asumirá las tareas de la Secretaría de la Función Pública) sean ratificados.
Tras 48 horas de intensas negociaciones, los senadores del PRI, PAN y PRD tuvieron que admitir el 30 de noviembre que no había condiciones para que Peña Nieto empezara su gobierno con la planeada reforma administrativa ya en marcha.
Senadores del PAN y del PRD plantearon que en la minuta proveniente de la Cámara de Diputados se incluyera un artículo transitorio para que la Secretaría de la Función Pública no desaparezca sino hasta que el Poder Legislativo apruebe la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. La bancada del PRI, coordinada por Emilio Gamboa Patrón, descartó esta propuesta.
La oposición en el Senado también ha propuesto que los nombramientos del futuro comisionado general de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean ratificados por esa cámara, como se hace con los embajadores, los integrantes del Poder Judicial de la Federación y el titular de la PGR.
El PAN y el PRD insisten en que las comisiones del Congreso participen en el diseño de la estrategia nacional de seguridad, frente a la reiterada negativa del PRI.
Así lo explicó Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD: “¿Cuál ha sido la posición de los autores de la iniciativa? Negarse a aceptar que el Senado sea un órgano en donde se ratifiquen o no los nombramientos de esos servidores públicos. También se niegan a que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sea donde se reciban los informes y se evalúe el ejercicio de las políticas, de las estrategias que se estén ejecutando por la Secretaría de Gobernación en estas nuevas funciones”.
Versiones del Senado recabadas por Proceso destacaron que la reforma para la Supersecretaría de Gobernación difícilmente se aprobará luego del excesivo uso de la fuerza pública para reprimir las protestas del sábado 1 en los alrededores de San Lázaro.
