Señor director:
Los que suscribimos, miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), le agradeceremos publicar la siguiente carta, dirigida al presidente de la República.
Señor presidente Felipe Calderón: Desde 2003, 130 jubilados y pensionados de Banobras, ante la amenaza de que les retirarían las prestaciones de que venían disfrutando, por sugerencia del entonces titular de la Secretaría del Trabajo, entablaron una demanda laboral en contra de Banobras para que por escrito, entre otras cosas, se les restituyeran las prestaciones que por derecho habían adquirido.
Han pasado más de nueve años y, a pesar del laudo emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que condenó a Banobras a dar cumplimiento a lo demandado, los funcionarios del banco, mediante múltiples triquiñuelas y subterfugios legaloides, se han burlado de los quejosos, ya que no ha valido la protección que les otorgó la justicia federal. No sólo se les ha dejado en la indefensión, sino que siguen ignorándolos y burlándose de ellos al desobedecer las sentencias condenatorias emitidas por una autoridad del Poder Judicial de la Federación, el juez Cuarto en Materia de Trabajo, y por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.
Hasta la fecha, los funcionarios de Banobras, en específico la directora del banco, no han dado cumplimiento a las resoluciones judiciales, ignorando dolosamente que hacerlo es una de sus responsabilidades como servidores públicos.
El colmo de lo señalado es el desacato del acuerdo emitido por el juez Cuarto en Materia de Trabajo del DF, licenciado Rigoberto Calleja López, en el amparo 1583/12-V, que promovieron los quejosos Antonino Martínez Santamaría, Gustavo Esquivel Mañón y otros, pues allí se estableció que la directora de Banobras, Georgina Kessel Martínez, no dio cumplimiento a la sentencia de amparo fechada el 21 de septiembre de 2012, en la que se le condenó a dar cumplimiento al laudo del 9 de julio de 2007, en el entendido de que tenía que reconocer por escrito a cada uno de los actores demandantes las prestaciones a las cuales tenían derecho. Hasta el momento la señora Kessel se encuentra en desacato y sigue siendo contumaz.
¿Qué se necesita para que los servidores públicos entiendan que son eso: servidores públicos y no señores de horca y cuchillo, que sus encargos son transitorios y que están obligados a cumplir con las leyes con mayor razón que cualquier simple ciudadano?
¿Qué se necesita para que los servidores públicos entiendan que la corrupción no es únicamente el robar, sino también las omisiones, la ignorancia y la irresponsabilidad en el desempeño de un cargo, por modesto que sea?
¿Qué se necesita en nuestro país para que la impartición de justicia sea “pronta y expedita” y para que después de nueve años los jubilados y pensionados de Banobras demandantes no se mueran (como ya aconteció con varios de ellos) esperando el cumplimiento a sus legítimas demandas; para que entiendan que el desacato y el incumplimiento de un laudo firme o con una sentencia de amparo, además de provocar daños y perjuicios a los jubilados, mientras más tiempo pasa más dañan al erario federal, pues finalmente los pagos deberá realizarlos el Estado, el cual, para hacerlo, tiene que echar mano de los impuestos que pagamos.
Atentamente
Antonino Martínez Santamaría
y Gustavo Esquivel Mañón
(Representantes comunes)
