El paro de transportistas que afectó al 90% de los usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara –el segundo en los últimos tres meses– movilizó a líderes sindicales, quienes prestos se fueron hacia el TAE para exigir a los magistrados invalidar el juicio de nulidad que les impide elevar las tarifas. Detrás de esa movilización las autoridades dejan hacer a los concesionarios, y éstos aprovechan para echar por delante a los choferes, pero se niegan a aumentarles sus emolumentos.
El reciente paro general de transportistas urbanos que presionan para que se incremente el precio del pasaje –convenido por los concesionarios y los líderes sindicales del gremio con la presunta anuencia del gobierno estatal –afectó a 2 millones de usuarios y molestó a los propios conductores porque, dicen, no percibieron ganancias.
Al igual que en agosto último, el lunes 12 mas de 90% de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin trasporte durante 12 horas, luego de que los conductores de las más de 4 mil unidades se negaron a cubrir sus rutas.
Los agremiados a la Alianza de Camioneros de Jalisco, así como los de la CTM y de la CROC maniobraron a sus anchas, mientras el gobernador Emilio González Márquez optó por dejar el asunto en manos de la Comisión Tarifaria, aun cuando esta carece de representación popular, como sucedió hace tres meses durante el primer paro parcial (Proceso Jalisco 406 y 410).
El lunes 12 los macrobuses del sistema articulado (BRT), controlados por la Alianza de Camioneros que preside Jorge Higareda, permanecieron inmóviles gran parte del día; lo mismo sucedió con los cada vez más limitados sistemas paraestatales de transporte citadino como el Tren Eléctrico Urbano, que incluye al Pre-Tren con sus dos rutas de escasos 30 kilómetros, y el decaído Trolebús.
Para el urbanista Mario Córdova España, especialista en temas de movilidad, el paro de labores concertado entre los dirigentes gremiales y la Secretaría de Vialidad y Transporte tiene un propósito definido: presionar para que se eleven las tarifas e invalidar el juicio de nulidad interpuesto en septiembre por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
La suspensión provisional contra el alza tarifaria fue otorgada a la federación el 1 de septiembre por la Quinta Sala del TAE, encabezada por Patricia Campos González. Esa medida dejó sin efecto la decisión de la Comisión de Tarifas que el 15 de agosto pasado autorizó el incremento al precio del pasaje de seis a siete pesos.
En su segundo paro, los transportistas presionaron al TAE para que la magistrada Campos se excusara ante ellos porque, dijeron, “existen conflictos de interés”, ya que, como docente de la Universidad de Guadalajara, estaba favoreciendo a la FEU.
El pleno del TAE respondió que el jueves 15 resolvería si la petición de los camioneros es procedente o no, lo que permitiría destrabar el asunto sobre el aumento al precio del pasaje. Al final, los magistrados decidieron por unanimidad que Campos continuara en su cargo.
Los choferes afiliados al Sindicato del Autotransporte Palmac-CROC tomaron la medida luego de que los dueños de las unidades se negaron a autorizarles un aumento salarial, so pretexto de que mientras no suba la tarifa del servicio de seis a siete pesos, no puede atender su demanda.
Los choferes piden que sus ganancias por el porcentaje por cada boleto vendido se incrementen 33%; es decir, que se eleven de 1.20 a 1.60 pesos.
Propuestas de risa
Tras el segundo paro, la Secretaría de Vialidad y Transporte emitió un comunicado para informar que 95% del transporte público –integrado por al menos 5 mil 100 unidades– se sumaron a la suspensión de labores. Personal de la dependencia, patrullas municipales y del estado, así como unidades de bomberos y particulares coadyuvaron al traslado de los usuarios que se quedaron sin transporte.
Córdova España insiste: “El comportamiento de la Secretaría de Vialidad fue de total respaldo al paro. Eso hace presumir que hubo algo, un trasfondo político. Y aunque es una suposición, las evidencias hacen pensar que había un acuerdo entre gobierno y los líderes del transporte público.
“Si los trabajadores reclamaran mejores condiciones de trabajo, ya hubieran hecho un paro a los empleadores desde hace mucho tiempo. Entonces, es una situación que combina los intereses de los transportistas con los de los conductores, porque su sueldo depende de un porcentaje de los ingresos. Es este el esquema hombre-camión que prevalece, lo cual es sumamente perverso”.
También advierte que, aun cuando algunas rutas están saturadas en los corredores principales, algunos choferes suelen acelerar sus unidades para ganarle a sus compañeros y obtener más ganancias. Además, como cada día deben entregar una suma fija a sus patrones, durante sus jornadas hacen hasta lo indecible por sacar el mejor partido y atentan contra la seguridad de los ciudadanos.
Córdova España critica al titular de Vialidad y Transporte, Diego Monraz Villaseñor, porque, afirma, en lugar de revocar concesiones a los choferes paristas, optó por acompañarlos y manifestarles su respaldo ante las autoridades administrativas.
Se queja porque el lunes 12 por la mañana los titulares de las secretaría de Gobierno y de Vialidad, Víctor Manuel González Romero y Diego Monraz, respectivamente, se reunieron con los representantes sindicales en el Palacio de Gobierno, donde acordaron acudir al TAE.
Monraz, indica, acompañó a las oficinas del TAE a los líderes Antonio Álvarez, de la CROC; Raúl Jiménez Pulido, de la Alianza de Camioneros, y Juan Carlos Villareal, del Frente Unido de Subrogatarios, quienes pidieron a los magistrados agilizar el juicio de la suspensión en contra del alza de la tarifa de seis a siete pesos.
En el lugar fueron recibidos por el presidente del tribunal, Horacio León, y los magistrados Laurentino López y Alberto Barba, quienes se comprometieron a acelerar el juicio, según los representantes de los choferes. Jiménez Pulido habló propuso una tarifa emergente porque, dijo, “los trabajadores no soportan ya la que rige desde hace tres años; tampoco los permisionarios”.
El especialista en movilidad recuerda que el gobernador González Márquez, a través de un tuit, descartó la propuesta. Incluso, indica Córdova, ante la mala calidad del servicio del transporte público no procede la aplicación de una tarifa emergente ni un subsidio.
–Si el gobernador aseguró que no habrá una tarifa emergente, ¿por qué pactaría con los transportistas el paro camionero? –se le cuestiona al especialista.
–No quiero pensar que el gobernador haya pactado eso, sino que las instituciones existentes para regular el sector lo permitieron y sabían que iba a ocurrir ese paro; incluso se sumaron a él, acreditando su legítima demanda.
–¿Por qué el gobierno del estado no puede controlar a los transportistas?
–Es un problema de décadas. Los dejó crecer por las relaciones clientelares-políticas y después, cuando llegó la alternancia de gobierno hace 18 años, no supo cómo resolverlo. Algunos gobernantes se negaron a hacer algo, como fue el caso del antecesor de Emilio González (Francisco Ramírez Acuña), aun cuando fue director del Sistecozome, pues se mezclaron los intereses privados con los políticos.
En suma, dice, en los últimos 50 años el modelo de transporte que se ha sostenido es perjudicial. Ello se traduce la cada vez más alta incidencia de accidentes viales y la ineficiencia del servicio, así como las pérdidas de tiempo y la inseguridad para los usuarios.
Complicidades
Córdova España recomienda al próximo gobierno estatal, que encabezará el priista Jorge Aristóteles Sandoval, plantear una “reforma legal y normativa que cambie el statuo quo en favor de la implementación de un transporte público eficiente y moderno y con mejores beneficios al usuario y transportistas”.
Sugiere también modificar la actual estructura técnica y administrativa, pues existe duplicidad de funciones entre algunas dependencias que regulan el funcionamiento del sistema de transporte público en todas sus modalidades.
Ante el planteamiento de abrir otra ruta, el especialista la considera insuficiente pues, dice, se generan más de 4 millones de viajes en el transporte público cada día.
“Si sumas los 220 mil que genera el Tren Ligero, más los 120 mil del Macrobús, son 330 mil; cantidad mínima frente a los 4 millones de viajes al día. Entonces, la red de transporte masivo es muy incipiente, debe crecer de manera significativa para que participe más en el volumen de viajes realizados por día”, señala.
En el sistema actual de transporte público, la mayoría de los usuarios se trasladan en autobuses. Muchos de ellos tienen que transbordar porque, subraya, “el sistema está diseñado para que los transportistas ganen a costa del usuario”.
Frente al paro del lunes 12, el gobernador González Márquez, en lugar de sancionar a los empresarios transportistas y revocarles la concesión, se limitó a decirles: si las tarifas no les son redituables, pueden devolver el permiso.
La Secretaría de Vialidad anunció en un comunicado que tomará algunas medidas en caso de otro paro. Por lo pronto, anunció la instalación de un módulo afuera de las oficinas centrales para que los camioneros que consideren que sus ingresos son insuficientes, soliciten su renuncia a la concesión.
Quienes acudan al módulo deberán llenar un formato. La dependencia se compromete a comprarles sus unidades por medio de la paraestatal Servicios y Transporte e incorporarlas a su parque vehicular.
También advierte en el comunicado que, en caso de contingencia, otorgará permisos para que particulares con vehículos de seis plazas mínimo operen en la prestación del servicio de transporte y cobren sólo seis pesos, conforme a la tarifa actual.
Los anuncios de González Márquez y de Vialidad desconcertaron a los usuarios, que los consideraron una burla. Entrevistados por los reporteros, decenas de ellos aseguran que ningún concesionario del transporte entregará de manera voluntaria su permiso, pues actualmente se cotiza en al menos un millón de pesos entre particulares.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara planteó a su vez crear cooperativas integradas por una federación de 60 sindicatos para prestar un servicio más eficiente, que incluya rutas para los universitarios. Su tarifa sería de cinco pesos a los adultos y tres pesos a menores, así como a los estudiantes y a las personas de la tercera edad.
Con las tarifas propuestas “basta para ofrecer un medio de transporte digno, eficiente y seguro”, comentó el secretario general del sindicato, Francisco Javier Díaz Aguirre.
Y explicó su esquema: un camión cuesta alrededor de un millón 200 mil pesos, por lo que se requeriría que 100 trabajadores universitarios aportaran 12 mil pesos, que se les descontarían de sus quincenas durante dos años, para convertirse en copropietarios de la unidad.
El abogado de la Alianza de Camioneros, Carlos García del Toro, declaró al Notisistema: “Ha de ser algún otro negocio de la Universidad de Guadalajara… De los 14 que tienen auméntenle uno, porque en vez de utilizarlo en educación andan haciendo cines Diana y auditorios Telmex y no sé cuántos más”.
