En vísperas de que este jueves 15 se reinicien en La Habana las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, los delegados de la guerrilla fijan su postura ante puntos clave de la agenda de diálogo: la desmovilización militar, la opción de la lucha armada, el papel de Estados Unidos, el narcotráfico… Lo hacen en respuestas por escrito a un cuestionario que les envió el diario ecuatoriano El Telégrafo, con cuya autorización Proceso reproduce fragmentos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “no están negociando nada porque nada tienen que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado”, afirman los delegados de la guerrilla que participan en las conversaciones de paz con los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos.
Y señalan: “No habrá desmovilización (de las FARC). Llegaremos a acuerdos sobre la dejación de las armas” cuando “éstas pierdan su sentido al resolverse las causas de la guerra”.
En respuesta por escrito a un cuestionario que les envió el diario ecuatoriano El Telégrafo, cinco delegados de las FARC –Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París– piden “mirar el proceso (de paz) con objetividad y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia”.
Rechazan con “vehemencia” que las FARC sean narcotraficantes y admiten que lo único que hacen es “cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de la hoja de coca”. Niegan igualmente que lleven a cabo actividades terroristas dirigidas contra los ciudadanos o sus bienes y sostienen que, “si por situaciones de confrontación hemos hecho algún daño a la población civil, esa no ha sido nuestra intención y estamos dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido”.
“Fuerza beligerante”
–¿Cuáles fueron los principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en Colombia?
–Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al conflicto social y armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen al pueblo y somos parte sustancial del mismo. Tras más de 50 años de continuos fracasos del Estado y los sucesivos gobiernos en la lucha contrainsurgente, ahora dan muestras de realismo político y militar. Nos buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.
–¿En qué momento y cuáles son los elementos que incidieron para que Juan Manuel Santos decida tratarlos como fuerza beligerante y no como terroristas?
–Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El cumplimiento del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el gobierno anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los programas impuestos: el Plan Colombia y sus variantes, el Plan Patriota y el Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en cabeza de Juan Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto social y armado que afronta el país.
“Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro carácter de fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través del derecho, pese a que tengamos todos los requisitos: somos una organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos desplegados en todo el territorio nacional; nuestros combatientes visten uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el programa revolucionario de la nueva Colombia, la patria grande y socialismo.
“La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos que nos la han achacado. Usted puede ver a los señores del gobierno reunidos con nosotros, a representantes de prestigiosos gobiernos aportando al proceso que se inicia, y puede leer el alud de pronunciamientos hechos a diario. En ninguna parte aparece el término al que usted se refiere.”
–Muchos analistas, de tendencia liberal, dicen que ustedes se sientan a dialogar porque están en una situación de “derrota estratégica”.
–Con vencidos o derrotados no se dialoga. Se impone la voluntad del vencedor. Esa es la esencia de la guerra.
–¿Es legítimo sentarse a negociar con un Estado que muchas veces ha actuado de acuerdo con los lineamientos de Estados Unidos de considerar a Latinoamérica como un patio trasero de experimentos bélicos para apropiarse de recursos naturales?
–Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado.
“La permanente injerencia de Estados Unidos y de otras potencias en Colombia es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro pueblo. Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el área de la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado hace rato.
“El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington, declara la guerra y la desarrolla. Son ellos, Estados Unidos, quienes tienen que pararla. Es con ellos que debemos entendernos. Los vietnamitas, mientras enfrentaban la guerra de agresión de Francia y luego de Estados Unidos, dialogaron con sus agresores sin abandonar los principios. Es una enseñanza que hay que tener en cuenta.”
La bandera de la paz
–(…) ¿Existe consenso al interior de las FARC de que es la hora de negociar la paz y abandonar las armas?
–La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes hemos planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el gobierno, de eso que no quepa la menor duda.
“Este es un proceso que apenas comienza. Cada punto de la agenda contempla unos subpuntos que habrá que desarrollar con creatividad para ir encontrando fórmulas de acuerdos que deben comenzar a plasmarse en la vida práctica de la sociedad colombiana. Si en la refrendación e implementación de los acuerdos se van obteniendo resultados concretos, se transitará hacia un país que ataca las causas que han dado origen al conflicto; seguramente esto hará innecesario el uso de las armas que legítimamente hemos empuñado hasta el momento.
“La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP. Por tanto, si dejan de existir las causas que hicieron tronar las armas, éstas se silenciarán y no tendrán ninguna utilidad.”
– (…) ¿Aún consideran la lucha armada como una alternativa militar y política mientras en la mayoría de países, sobre todo en el sur de América, hay procesos políticos que los más optimistas han calificado de progresistas? ¿Cómo miran ustedes esos procesos?
–Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho a luchar por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y riquezas. La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada específicamente. Ésta no surge por decreto de nadie. Obedece a factores muy específicos de cada sociedad. Como revolucionarios nos solidarizamos con todas las luchas de los pobres de la tierra.
“En Colombia no se permite hacer política de otra manera. El carácter violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales, plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza el terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman.
“Una larga lista de otros factores hace que nuestro país sea tierra fértil para la expresión armada de la lucha; sin ir más lejos, la desigualdad social. Nuestro país ocupa el vergonzoso cuarto lugar sobre la lista a nivel mundial… y ¿qué decir de la corrupción? Nuestros gobernantes, metidos hasta los tuétanos en negocios sucios, no respetan ninguna norma moral, mucho menos una carta ética. Y como corolario, el hecho real de que en nuestro país aquel que disienta del sistema y sus políticas se convierte automáticamente en objetivo militar.
“En otros países de la patria grande se dan procesos en los cuales hay gobiernos que consultan y representan los intereses populares, toda nuestra admiración y solidaridad para con ellos. Entre otras cosas esa realidad influye positivamente en este nuevo intento de salida dialogada al conflicto (…)”
–Frente a las dificultades jurídicas que pueden derivarse si ustedes se desmovilizan, como producto de estas conversaciones, ¿qué salidas concretas proponen para cambiar la percepción de una opinión pública formada en la desconfianza y en la idea de que muchas de sus acciones fueron criminales y que deben pagar por ellas antes de pensar en una abierta participación política?
–Ya tenemos claro que no habrá desmovilización. Llegaremos a acuerdos sobre la dejación de las armas, en el sentido en que éstas pierdan su razón de ser al resolverse las causas de la guerra. No es posible mirar la institucionalidad de una manera estática. Si estamos levantados contra ella actualmente, no es con esa misma institucionalidad que se construirán los caminos de la paz. Se deben hacer cambios, y es la mesa de conversaciones la encargada de proponerlos y de construir los acuerdos necesarios para atender las situaciones derivadas de los mismos.
–De llegar a un acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de desmovilización que asegure a los guerrilleros no sólo una situación jurídica segura, sino una reintegración social paulatina? ¿Y una reintegración económica?.
–Desafortunadamente, la desinformación es la cuarta arma en la guerra. Los medios de comunicación hacen mella. Pensamos que lo positivo es mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia. Nos preguntas sobre la reintegración nuestra a la sociedad, a la economía, y nuestra respuesta no puede ser más que otra pregunta: ¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?
“El proceso de construcción de la paz con justicia social resolverá los problemas de la población colombiana en general. Los guerrilleros y las guerrilleras nos incluimos ahí. En otras palabras, resueltos los problemas de pueblo, del cual somos parte esencial, estarán resueltos también los problemas de la guerrillerada.”
Narcotráfico
–Desde diversas esferas siempre se ha relacionado a las FARC con el narcotráfico; pero es el Estado el principal responsable de no controlar la producción y el tráfico de alcaloides. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a un tema que no sólo le concierne a toda la sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este negocio?
–Estamos de acuerdo con usted sobre la responsabilidad del Estado en ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los pobres del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto usado por los gringos para agredir a los pueblos. Citemos sólo tres ejemplos: la invasión a Panamá; el Irangate, para financiar actividades encubiertas (como llaman a los delitos de los organismos de inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su descarado intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.
“Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y no lo hemos sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína. Lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de la hoja de coca. Eso es lo que llaman participación en el narcotráfico. Muestra palmaria son nuestras propuestas de soluciones posibles a este nefasto problema. En 1993 propusimos atacar el fenómeno del narcotráfico como un problema social y de salud, y no con soluciones represivas y medidas de policía.
“Después, en el 2000 propusimos la legalización del consumo de sicotrópicos; nos miraron con desdén y sin embargo esa realidad se abre paso actualmente como forma de solución.
“Igualmente, en el mismo año, en el marco de los diálogos desarrollados con el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó una audiencia pública internacional sobre el tema. Allí propusimos un plan elaborado por el comandante Manuel Marulanda para erradicar los llamados cultivos ilícitos. El plan fue visto con buenos ojos y recibió comentarios positivos, pero a la hora de ponerlo en práctica ningún país, ninguna organización, ninguna personalidad dijo nada y allí quedó, en el olvido.
“Otro elemento para sus conclusiones: ¿Por qué las recientes avalanchas de declaraciones, denuncias y confesiones hechas por los narcotraficantes siempre vinculan a políticos en ejercicio, militares en ascenso, ganaderos vinculados con paramilitares, y empresarios? ¿Quiénes son lo que verdaderamente lucran con ese negocio? ¿Cuáles son los mea culpa de las FARC luego de tantos años de lucha y dolor para quienes están dentro y fuera de la guerrilla en Colombia?
“No es posible abordar la tarea de la construcción de la paz pensando únicamente en las responsabilidades de la guerrilla, desconociendo la realidad, olvidando quiénes son los verdaderos causantes de la violencia y viendo como única salida la claudicación del pueblo que lucha por sus derechos.
“Nunca nuestro Ejército ha realizado operativos contra objetivos civiles, está en nuestros lineamientos éticos proteger a la población, sus bienes. Es más, hace parte de nuestra esencia como Ejército del Pueblo. Preguntémonos, más bien, ¿quién se esconde tras la población civil?, ¿quiénes tienen los cuarteles e instalaciones en medio de los poblados desconociendo la normatividad internacional?, ¿quiénes se atrincheran en las escuelas?, ¿quiénes se hacen transportar por civiles? Y un largo etcétera de violaciones a las leyes que rigen la guerra.
“Si por situaciones de la confrontación hemos hecho algún daño a la población civil, esa no ha sido nunca nuestra intención y estamos dispuestos a aclarar cualquier duda en ese sentido.”
