El terremoto de 7.2 grados Richter que el miércoles 7 azotó Guatemala –con saldo de al menos 52 muertos y 24 desaparecidos– golpeó a los más desprotegidos de esta nación: 6 millones 700 mil personas –casi la mitad de la población del país– se encuentran en riesgo permanente, pues viven en casas precarias en una zona altamente sísmica. En el municipio de San Marcos, donde se concentra la mayor parte de las pérdidas humanas y materiales, 66% de la población vive debajo de la línea de pobreza y 36% pertenece a los grupos etnolingüísticos maya mam y maya sipakapense.
SAN MARCOS, GUATEMALA.- “Papá, me voy contigo”, insistía el pequeño Édgar aferrándose a la pierna de su padre, Mario Ramírez. Desde que comenzaron las vacaciones escolares a finales de octubre, el niño se rehusaba a quedarse en casa con su madre, su abuela y sus hermanos. Aunque sólo tenía seis años, Édgar creía que ya era todo un hombre y que como tal su deber era salir cada mañana, como hacía su padre, a ganarse el sustento.
El padre finalmente cedió ante la insistencia de su hijo. El miércoles 7 al amanecer salieron de su casa, bajaron la vereda empinada que conduce a la arenera y Édgar vio fascinado cómo su padre comenzaba a faenar con la pala para sacar el material que se vende a las constructoras locales. No se conformaba con observarlo a la distancia, sino que insistió en acompañarlo hasta el fondo del barranco y ponerse manos a la obra.
De pronto, a las 10:38 de la mañana el suelo comenzó a temblar, luego hubo una fuerte sacudida y el enorme paredón de tierra porosa se vino abajo.
Mario tomó a su hijo e intentó correr. No le dio tiempo. Cinco de los seis hombres que trabajaban en el lugar, más el pequeño Édgar, quedaron sepultados bajo toneladas de arena. Entre las víctimas se encontraba Cruz Abel de León, de 73 años, quien había sido propietario de la arenera casi 50 años.
Los bomberos llegaron pronto al lugar, en la aldea El Recreo, a cinco minutos de la cabecera de San Marcos, un departamento fronterizo con México. Durante la tarde lograron extraer cuatro de los cadáveres, incluyendo los de Édgar y su padre. Los rescatistas siguieron trabajando hasta que oscureció, pese a que algunas de las muchas réplicas del sismo estuvieron a punto de enterrarlos a ellos también.
La mañana del jueves 8 regresaron y lograron sacar otros dos cuerpos. Pero faltaba el de Wilfredo Andiano Fuentes, de 21 años. Su madre, Gomercinda Fuentes, una mujer que no supera los 50 años pero que perdió precozmente la dentadura, miraba con impotencia cómo los 40 rescatistas removían la tierra, adentrándose cada vez más en el barranco, con la esperanza de ver una mano, un pie o un fragmento de tela que se asomara entre la arena.
Luego de que el terremoto abriera enormes grietas en las paredes de su casa, Gomercinda Fuentes llamó a toda la familia para asegurarse de que estuvieran bien. Cuando su nuera le contó que el paredón de la arenera se había desplomado, llegó corriendo al lugar, donde se había levantado una enorme nube de polvo. El jueves al anochecer el cadáver de su hijo seguía sin aparecer.
Mientras, en la iglesia –un galerón rudimentario con piso de tierra y techo de lámina– familiares y amigos caminaban, en fila y con la cabeza gacha, delante de cuatro féretros: tres grandes y uno pequeño, pintado de blanco, que contenía el cuerpo de Édgar.
“Salieron para ganarse el pan de cada día; no había otro trabajo más”, dijo María Cristina Orozco, madre de Mario Ramírez y abuela de Édgar. La casa de dos habitaciones donde vivía con otros seis familiares puede derrumbarse en cualquier momento y aún no sabe a dónde se irá a vivir mientras llega la ayuda que prometió el presidente Otto Pérez Molina, quien dijo el jueves 8 por la mañana, en conferencia de prensa, que el gobierno sufragaría el costo de la reconstrucción de todas las viviendas dañadas y el entierro de las víctimas.
En el casco urbano de San Marcos la mayoría de las viviendas muestran enormes grietas y cuarteaduras. En las calles se ven montículos de cascajo por doquier; hasta la estatua que adorna una de las vías de acceso a la ciudad pareciera haber perdido el equilibrio y se inclina como si estuviera haciendo malabarismos.
Los edificios más antiguos y las viviendas de adobe fueron los más propensos a derrumbarse y sufrieron los peores daños. Para la tarde del jueves 8 se había logrado restablecer el suministro de energía eléctrica en el departamento, pero la población seguía sin agua potable, pues el terremoto rompió las tuberías.
También hubo reportes aislados de especulación en las tiendas y en algunas líneas de transporte.
En la aldea San Rafael Soche, a cinco minutos del casco urbano, está uno de los 13 albergues habilitados en el departamento de San Marcos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres (Conred), entidad gubernamental encargada de coordinar la evacuación rápida de la población y de distribuir ayuda humanitaria mediante la organización de comités locales.
Pero el jueves por la noche el salón comunitario que fungía temporalmente como albergue estaba vacío: Muchos de los afectados se rehusaban a dejar sus viviendas por temor a que fueran saqueadas y preferían quedarse en casa, pernoctar con un vecino o familiar que viviera en la misma cuadra o, en algunos casos, dormir en la calle.
Francisco Pérez, de 38 años, trabajó como albañil durante cuatro años en Atlanta, y con las remesas que le enviaba a su familia cada mes fueron mejorando poco a poco su vivienda; la pequeña casa de madera y lámina fue sustituida por una casa de tabique de dos pisos y tres habitaciones. En 2003 quedó terminada, con una pequeña abarrotería en el frente, donde trabaja su esposa, Marina Gómez.
Pérez, quien ahora trabaja como chofer, se encontraba en el municipio de Pajapita, cercano a la frontera con México, cuando ocurrió el terremoto. “Como iba manejando no sentí nada hasta que pasé por una gasolinera y me dijeron”, relata. Regresó de inmediato a San Rafael Soche. Su esposa y sus tres hijos se encontraban bien, pero el suelo y las paredes de la vivienda presentaban grietas de varios metros, las puertas ya no cerraban y el televisor y otros electrodomésticos se hicieron pedazos.
Por la noche la familia percibió dos réplicas, pero se negó a trasladarse al albergue. Tienen miedo de perder los enseres que adquirieron con tanto sacrificio y se aferran a la esperanza de que la vivienda pueda ser reforzada y de que no sea necesario demolerla.
Según la Conred, 762 personas están pernoctando en los 20 albergues que fueron habilitados en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. La cifra es baja si se toma en cuenta que 2 mil 263 viviendas fueron dañadas, 554 de ellas muy severamente. Pero cuando ocurre un desastre de esta magnitud, la mayoría de la gente prefiere quedarse en casa de un familiar.
Promesas de ayuda
Los trabajadores de la arenera se encuentran entre las 52 personas que perdieron la vida –las autoridades calculan que esa cifra podría elevarse a medida que vayan avanzando las tareas de rescate– en el terremoto que sacudió a Guatemala la mañana del miércoles.
El Instituto de Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó como de 7.2 grados la intensidad del movimiento que se originó en el municipio de Champerico, en la costa del Pacífico, y se hizo sentir en todos los departamentos del país, con la excepción de Petén, así como en México y El Salvador. Después del terremoto el Insivumeh ha reportado 70 réplicas de entre 3.9 y 4 grados Richter.
Durante la conferencia del jueves 8, Pérez Molina enumeró los estragos que había ocasionado el terremoto: 52 muertos (40 en San Marcos, 11 en Quetzaltenango y uno en Sololá), 24 desaparecidos, 14 heridos y 6.7 millones de personas en riesgo (casi la mitad de la población del país).
San Marcos, el departamento donde se concentra la mayoría de las pérdidas humanas y materiales, tiene 995 mil habitantes, 75% de la población vive en áreas rurales y 36% pertenece a los grupos etnolingüísticos maya mam y maya sipakapense. El 66% de los habitantes del departamento vive bajo la línea de pobreza (46% en pobreza no extrema y 20% en pobreza extrema).
Después de la conferencia, Pérez Molina se trasladó en helicóptero a Quetzaltenango, donde visitó la sede departamental de la Conred y una escuela habilitada como albergue en la aldea Lagunas Cuaches, en el municipio de San Juan Ostuncalco, donde Roberta Romero había pernoctado con sus cinco hijos: El menor tiene apenas un año y lo carga en la espalda envuelto en un chal, como es costumbre entre las mayas.
En Quetzaltenango la temperatura en noviembre y diciembre puede descender hasta 5 grados centígrados durante la noche. Después del terremoto Roberta Romero y sus hijos durmieron en el piso helado hasta que alrededor de las 11 de la noche el personal de la Conred les llevó colchonetas y ponchos.
Pérez Molina entró y salió de la oscura galera con la velocidad de un relámpago. “Ayer cuando el temblor se terminó mi casita y mi cuarto se fue de un lado”, le explicó Romero al mandatario. “¿La casa era de ustedes? Si es así, es más fácil para nosotros ayudarles a reconstruir, ¿oye?”, le respondió Pérez Molina con el rostro inexpresivo que lo caracteriza. Delante de las cámaras de televisión, un acompañante del presidente anotó el número del documento de identificación personal de la mujer para generar la impresión de que la ayuda prometida ya se estaba gestionando.
Pero las familias que se hallaban en el albergue aseguran que fueron sus propios comités comunitarios de desarrollo (Cocodes), agrupaciones de vecinos que gestionan proyectos de beneficio para la comunidad, los que llegaron primero a constatar los daños a las viviendas y buscaron a vecinos cuyas casas no hubieran sufrido tantos daños para que pudieran albergar a los damnificados. “Los Cocodes y los comités están al tanto para cualquier necesidad”, explicó Romero.
