Después de que las huelgas de los mineros se multiplicaron en Sudáfrica y de que la matanza de Marikana provocó un escándalo internacional, las compañías mineras empezaron a ceder: otorgaron a regañadientes aumentos salariales. Pero el daño estaba hecho: los dirigentes del Congreso Nacional Africano –en el poder– y del Sindicato Nacional de Mineros cayeron en el desprestigio. Un caso fue insólito: Cyril Ramaphosa, prominente figura del CNA, fundador de ese sindicato y a la vez ejecutivo de la compañía minera Lonmin, envió correos electrónicos en los que pedía a las autoridades que reprimieran a los trabajadores.
PARÍS.- Nadie puede parar la onda de choque que provocó en Sudáfrica la huelga de los 28 mil mineros de Lonmin y la matanza de 34 de éstos en Marikana el pasado 16 de agosto.
Con la tragedia de Small Koppies el país empezó a escribir un nuevo capítulo de su historia posterior al apartheid que amenaza con ser sumamente conflictivo.
Se calcula que en los dos últimos meses más de 100 mil trabajadores paralizaron las actividades de las mayores mineras del país: Lonmin, Aquarius, Impala Platinum, Anglo American Platinum, Royal Bafokeng Platinum, Xstrata, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Gold One, Harmony Gold, Kumba Iron Ore y Samancor.
Los mineros de Lonmin no fueron los primeros en movilizarse. Durante 2011 y sobre todo en los primeros meses de 2012 hubo numerosos brotes de descontento en la zona minera de Rustenburg.
Destacan los frecuentes enfrentamientos entre mineros de Impala Platinum y la policía que frenaron las actividades del grupo a partir de enero pasado. Alarmados por las posibles consecuencias de la matanza de Marikana en sus propias minas, a comienzos de septiembre los directivos de la empresa otorgaron a sus trabajadores un aumento salarial de 4.8%.
Muy poco tiempo después de los mineros de Lonmin, los de la mina de Amplats, perteneciente a la corporación Anglo American Platinum, lanzaron su propia batalla salarial. El paro causó conmoción en ese grupo minero de fama internacional. Se trata del mayor productor de platino del orbe que emplea a 100 mil trabajadores en el mundo, 76 mil de los cuales trabajan en Sudáfrica.
Este consorcio tiene su sede en Londres y se enorgullecía de estar encabezado por una mujer, Cynthia Carroll, una estadunidense de armas tomar. A lo largo de sus casi siete años en el poder fascinó a los accionistas de Anglo American Platinum al reducir costos de producción –a expensas de los mineros– y aumentar las utilidades de la compañía.
Su estrella empezó a palidecer con la caída del precio del platino en el mercado internacional, a consecuencia de la crisis de la industria automovilística mundial. Cabe recordar que el platino es un elemento capital en la construcción de los convertidores catalíticos de los motores.
Carroll se consternó cuando constató que las cuatro primeras semanas de huelga le costaron a su empresa 130 millones de dólares. Viajó a Sudáfrica, rechazó las reivindicaciones de los trabajadores, exigió firmeza a las autoridades del país y regresó a Gran Bretaña.
A mediados de septiembre Anglo American Platinum paró por completo sus actividades y cerró sus minas con un doble propósito: por razones de seguridad y para romper la huelga. Abrió de nuevo sus puertas en los primeros días de octubre. Más de 12 mil huelguistas no se presentaron a trabajar. El 5 de octubre todos fueron despedidos.
Mientras tanto el sindicato NUMSA, totalmente desacreditado entre la base minera, se lanzó a la reconquista de su prestigio perdido. Logró negociar un acuerdo global para las minas de platino con la Cámara Minera que aceptó aumentos de salario progresivos que no fueron detallados públicamente. Por su parte, los representantes de Anglo American Platinum autorizaron que se dejara sin efecto el despido de los 12 mil mineros.
El acuerdo se dio a conocer el pasado 25 de octubre y los mineros volvieron de inmediato al trabajo. Al día siguiente Carroll presentó su renuncia; sus comentarios al respecto fueron escuetos. En cambio, analistas sudafricanos e internacionales se expresaron con toda claridad: la ejecutiva ya no respondía a las expectativas de los accionistas por lo que ya no merecía su salario anual de 3.5 millones de dólares.
Reivindicaciones
Iniciadas en las minas de platino, las huelgas se extendieron rápidamente a las de oro. La mayoría de los 24 mil trabajadores de las seis minas de la trasnacional Anglo Gold Ashanti (cuarto productor de oro del mundo) detuvo la producción durante siete semanas. Los mineros lograron su objetivo: Aumentos salariales que oscilan entre 11 y 20.8%. Según la dirección de Anglo Gold Ashanti, el pasado 25 de octubre 98% de los mineros reinició sus actividades.
Ese mismo día los mineros del grupo Harmony Gold (quinto productor mundial de oro) también finalizaron su huelga. Más de 25 mil de los 36 mil trabajadores de las distintas minas de la corporación lograron frenar la producción varias semanas.
Por otro lado, 23 mil 600 de los 35 mil 700 trabajadores de la emblemática mina de oro Gold Fields se quedaron con los brazos cruzados a partir del 21 de septiembre. No fue sino hasta el 19 de octubre cuando reiniciaron labores, luego del despido de 8 mil 500 de sus compañeros.
Ante la magnitud del problema, el presidente Jacob Zuma anunció un amplio programa de desarrollo de las ciudades mineras.
Después de notificar que la industria minera había perdido alrededor de mil millones de euros (unos mil 300 millones de dólares) a causa de las huelgas, la Cámara Minera reconoció, a regañadientes, que era necesario mejorar las condiciones de vida de los mineros.
A los sudafricanos les sobran razones para desconfiar de esas tardías tomas de conciencia. Y no cabe duda que el escándalo Ramaphosa dará al traste con sus últimas ilusiones.
Denunciado y exhibido por los investigadores de la Fundación Bench Marks al día siguiente de la matanza de Marikana, por ser miembro del consejo de administración de Lonmin, el exfundador del sindicato de mineros, Cyril Ramaphosa, hoy multimillonario, multiplicó desde el 16 de agosto último sus “gestos de buena voluntad” en un intento por limpiar su imagen.
No se limitó a entregar dos millones de rands (unos tres millones de pesos) a los familiares de los mineros asesinados para cubrir sus gastos funerarios, sino que se confesó públicamente en una entrevista difundida por la SABC (Radio Televisión Nacional de Sudáfrica) el pasado 20 de septiembre.
Dijo: “Pienso que se puede culpar a muchos de los que estamos involucrados en Lonmin. Marikana no debió haber ocurrido. Realmente se nos puede señalar y hay altos responsables que admiten esa culpabilidad. Pero aceptarla significa que tenemos la obligación de asegurarnos de que eso nunca volverá a ocurrir”.
Sin embargo Ramaphosa no ahondó en los motivos de la culpabilidad de “los altos responsables involucrados en Lonmin”.
El pasado 23 de octubre una suerte de wikileakazo lo desenmascaró. El escandalo estalló durante las audiencias públicas convocadas por la Comisión Farlam que investiga la matanza de Marikana. Fue provocado por el abogado Dali Mpofu, quien defiende a 200 de los mineros detenidos el pasado 16 de agosto.
El abogado entregó a la Comisión Farlam copias de correos electrónicos en los cuales Ramaphosa no sólo apoya la represión contra los mineros sino que aconseja que se lleve a cabo.
En una de esas comunicaciones le dice al jefe del Departamento Comercial de la mina de Lonmin, Albert Jamieson: “Los eventos terribles que siguieron no pueden ser considerados una disputa laboral. Tienen un claro corte criminal y deben ser calificados como tales. Urge una acción concomitante para enfrentar esa situación”.
Según los medios sudafricanos ese correo electrónico fue enviado el 15 de agosto, a las 2:58 de la tarde; es decir, 24 horas antes de que la policía disparara contra los mineros en Small Koppies.
Los correos electrónicos exhibidos por Mpofu muestran cómo Ramaphosa pide al ministro de la policía, Nathi Mthethwa, que “tenga mano dura para con los mineros”. También evidencian la labor de cabildeo de los directivos de las compañías mineras con Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales. En un mail advierten a la funcionaria que su “silencio y su falta de acción” ante la huelga de Marikana pueden resultar “nocivos para ella y para el gobierno”.
En otro correo electrónico titulado “security situation”, Ramaphosa escribe a uno de sus interlocutores no identificado: “Usted tiene toda la razón en insistir sobre el hecho de que la ministra Shabangu y, por cierto, todos los miembros del gobierno necesitan entender que estamos enfrentando una situación esencialmente criminal. Lo recalqué al ministro de Seguridad Nacional”.
Otras comunicaciones electrónicas de Ramaphosa con Senzeni Zokwana, presidente del NUMSA y Mike Teke, vicepresidente de la Cámara Minera, revelan la intención de Ramaphosa de pedir la intervención del secretario general del CNA en el asunto de Marikana.
La masacre de Small Koppies sacó a Ramaphosa, uno de los hombres fuertes de su partido, de la carrera presidencial pero no le impedirá jugar un papel importante en el congreso del CNA a realizarse del 16 al 20 de diciembre próximo en la ciudad de Mangaung.
De hecho la actitud desastrosa del gobierno y del CNA ante la crisis social planteada por la explosión minera se explica en gran parte por los preparativos de ese evento. Los líderes políticos del Congreso Nacional Africano se muestran más obsesionados por sus luchas internas que por los gritos de alarma que lanza la inmensa población negra desatendida.
Por si eso fuera poco, varios medios de prensa encabezados por el diario electrónico Daily Maverick afirman que va aumentando la presencia policiaca en la zona minera de Rustenburg, así como el hostigamiento hacia los trabajadores.
Denuncias periodísticas
El pasado 1 de octubre las fuerzas policiacas detuvieron a 26 huelguistas de la mina de cromo Samancor, cerca de Marikana, para sofocar de manera expedita el inicio de un paro.
Dos semanas después, el 16 de octubre, la policía intervino en la mina de hierro de Sishen, de la compañía Kumba Iron Ore. Desalojó a 300 huelguistas. Todos fueron despedidos. Muchos siguen detenidos y acusados de extorsión, intimidación, robo y daño en propiedad ajena.
Por su parte los mineros de Marikana amenazan con reiniciar su movimiento de huelga, en esta ocasión para protestar contra la persecución policiaca de que son objeto sus líderes.
El fotógrafo y reportero sudafricano Greg Marinovich, el primer periodista en investigar a fondo la matanza de Marikana y en denunciar la saña con que actuó la policía contra los mineros, sigue muy de cerca la situación. Publicó un largo reportaje al respecto en el Daily Maverick.
“Xolani Nzuza, importante líder del comité de huelga de Marikana y otro huelguista apodado Mzet fueron detenidos el 18 de octubre. Todavía no se conoce oficialmente el motivo de su detención. La policía mencionó al abogado de Nzuza dos asesinatos supuestamente perpetrados por su cliente: uno en agosto, otro en septiembre.”
Según Marinovich, el día 17 el servicio de seguridad privada de Lonmin intentó detener a Thembele Sohadi, apodado Rasta, otro líder de la huelga de agosto, en la misma mina de Marikana al momento en que llegaba a trabajar. Rasta se resistió ante la mirada impávida de la policía apostada afuera de la mina y que parecía esperarlo. Alertados por sus gritos otros mineros acudieron para ayudarlo. Los vigilantes lo soltaron. Los directivos de Lonmin niegan que su personal de servicio actúe como representante de la policía dentro de la mina.
Marinovich asegura que la policía busca detener a los principales líderes de los mineros y a los testigos de la matanza de Marikana para impedir que testifiquen ante la Comisión Farlam.
El reportero relata con detalles el caso de Bangile Mpotye, quien fue detenido en un tugurio de Nkaneng el mediodía del pasado 14 de octubre por policías vestidos de civil, así como uniformados que lo subieron a un minibús.
Después de muchos esfuerzos los abogados del ACMU dieron con él y se enteraron de que estaba acusado de fraude. Según la policía, Mpotye falsificó documentos personales que entregó a la administración de la mina.
Ese despliegue policiaco para capturar a una persona acusada de un delito menor da lugar a suspicacias. En realidad, Mpotye resultó herido en la cadera por una bala de goma el 16 de agosto en Small Koppies. Logró huir de los policías que lo perseguían pero fue detenido la noche del 20 de agosto en su casa.
Fue violentamente golpeado frente su mujer y luego torturado durante los cuatro días que duró su detención. Tuvo el valor de contarle a la prensa lo que le había pasado. Detalló cómo la policía le arrancó declaraciones por medio de la tortura. Acabó su relato de la siguiente manera:
“Es triste que nuestro propio gobierno negro nos haga eso. Tanta dureza nos recuerda los tiempos del apartheid. Nunca más volveré a votar por el presidente Jacob Zuma.”
Su esposa se refugió en el Cabo Oriental en casa de sus familiares. Mpotye sigue detenido.
El dilema
Tan imprevisible y desconcertante a nivel político, tan violenta en términos humanos y tan insegura a escala económica es la situación sudafricana que el semanario británico The Economist acaba de dedicarle un amplio informe especial en un tono bastante severo.
El reportaje se titula “Cry, the beloved country” (Llora, el país amado, como una novela publicada por Alan Stewart Paton en 1948, al inicio del apartheid, y cuyos 12 millones de ejemplares vendidos en el mundo permitieron que se tomara la medida de ese régimen racista). The Economist agregó un subtítulo poco halagüeño: “El triste declive de Sudáfrica”.
La prensa sudafricana destacó algunas de las observaciones más demoledoras del informe.
“Bajo el apartheid asumir una responsabilidad dentro del CNA implicaba riesgo y sacrificio. Hoy significa repartirse el pastel. Responsabilidades políticas a nivel local o nacional permiten tener acceso a fondos públicos y prebendas por parte de empresas deseosas de comprar influencia política.”
El presidente Zuma sale mal parado en la radiografía de The Economist:
“Bajo su mandato el CNA buscó limitar la independencia de las cortes y de los procuradores de justicia, de la policía y de la prensa. Se confundieron los intereses del partido y los del Estado, se otorgaron contratos para obras públicas como si se entregaran recompensas por lealtad (…) Eso redujo la competitividad económica y dio un gran impulso a una élite negra fabulosamente rica. El resultado: la riqueza no circuló y no alcanzó a los estratos sociales más bajos.”
Mientras que en Sudáfrica todo el mundo habla en voz baja de lo que podría pasar con Zuma durante el próximo Congreso de Mangaung, los analistas de The Economist no vacilan en aseverar:
“Aun cuando ningún líder pueda presentarse como alternativa en el CNA, el partido debería botar a Jacob Zuma.”
The Wall Street Journal, The Washington Post y el Financial Times no se quedan atrás. No son, por supuesto, las condiciones de vida, de trabajo o de desempleo que flagelan a la mayoría de la población negra del país las que les preocupan, sino la caída en las “calificaciones” de Sudáfrica en el mercado financiero mundial por parte de las agencias Moody’s o Standard & Poor’s.
La prensa anglosajona dista de ser la única en alarmarse. La inquietud de los sudafricanos es palpable y se refleja cada vez más en el CNA.
No son tanto las violentas diatribas del muy radical Julius Malema, quien dirigió la Liga de la Juventud del CNA durante casi cuatro años antes de ser expulsado el pasado 29 de febrero, sino las amargas reflexiones del expresidente Thabo Mbeki las que dan la medida del trastorno prevaleciente en ese partido.
Nunca Mbeki se había pronunciado sobre la política interior de su país. Pero no aguantó más y se soltó en una conferencia sobre Steve Biko –héroe del CNA asesinado en la cárcel en 1977 por el régimen del apartheid– que dictó, el pasado 19 de octubre, en la Universidad de Fort Hare de la provincia del Cabo Oriental.
“Debo confesar que mientras estaba trabajando en esta conferencia me sentí profundamente perturbado por un gran sentido de malestar porque nuestra amada patria está perdiendo su rumbo y porque nos estamos dejando ir hasta el costoso desastre de una crisis prolongada y endémica”, confesó.
Y agregó: “Hoy estamos aquí reunidos en Fort Hare, pero por mi parte no sé con seguridad dónde quedará parada mañana nuestra nación, y tampoco sé lo que yo debería hacer para enfrentar esa situación peligrosa e inaceptable de falta de dirección y de esa deriva nacional”.
Para rematar dijo: “Mi sentimiento de malestar nace también de esa fuerte convicción que percibo en el país de que no podremos enfrentar nuestros grandes retos en el futuro. Y eso por supuesto lleva a dudar del futuro mismo de la nación”.
Por su parte Mosima Gabriel Tokyo Sexwale, actual ministro de Vivienda, quien estuvo preso en Robben Island y hoy es también un empresario multimillonario con grandes intereses en las minas de diamante y obvias ambiciones presidenciales, afirma categórico que el CNA sólo tiene dos opciones: cambiar o desaparecer.
