Por iniciativa de varias instituciones religiosas de Sudáfrica se creó la Fundación Bench Marks. Su objetivo: monitorear las prácticas de las trasnacionales en el país. Entre 2007 y 2012 la fundación emitió dos informes que, entre otras cosas, alertaban sobre la violencia que germinaba en el sector de las minas. Nadie les hizo caso… hasta ahora, cuando la matanza de Marikana ya ocurrió.
JOHANNESBURGO.- Los teléfonos suenan sin cesar. Empleados corren de una oficina a otra. Entran y salen visitas. Es la mañana del pasado 17 de septiembre. Las oficinas de la Fundación Bench Marks están en plena efervescencia. John Capel y David van Wyk buscan un lugar tranquilo para atender a la reportera. En vano. Se disculpan y se lanzan a hablar en medio de la agitación general.
La Fundación Bench Marks, que preside el obispo Jo Seoka, es una organización no gubernamental independiente que nació en 2001 a pedido del Consejo Sudafricano de Iglesias y del arzobispo anglicano Desmond Tutu. Contó con el apoyo del Servicio Ecuménico para la Transformación Socioeconómica, la Misión Industrial de Sudáfrica y el Departamento de Paz y Justicia de la Conferencia de Obispos Católicos. Inauguró su sede en esta ciudad en 2003.
“Nuestra misión es a la vez muy clara en su concepto y sumamente compleja de llevar a cabo. Las iglesias cristianas de Sudáfrica nos confiaron el monitoreo de las prácticas de las corporaciones trasnacionales en el país. Quieren conocer en forma detallada el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y la vida de la población más desprotegida y también sobre el medio ambiente. Les preocupa constatar que crecen la desigualdad y la pobreza mientras que las grandes corporaciones acumulan enormes beneficios”, dice John Capel, director de la Fundación.
“Les alarma aun más que estas trasnacionales se enriquezcan con la complicidad de nuestros gobernantes”, precisa David van Wyk.
En 2007 Bench Marks publicó su primer informe sobre las actividades de los cuatro principales grupos mineros del platino de la Provincia del Noroeste, concentradas en la región de Rustenburg: Anglo Platinum (el más importante del mundo), Impala Platinum, Lonmin (al que pertenece la mina de Marikana) y Xstrata. Fue demoledor. Al final del documento los investigadores de Bench Marks, encabezados por Van Wyk, hicieron una serie de recomendaciones a las trasnacionales.
“Predicamos en el desierto”, dice Capel. “Mandamos nuestro informe a los ministerios, al parlamento, a la Cámara de las Minas y a corporaciones mineras, a medios de comunicación y a expertos académicos. No pasó nada. Sólo las ONG nos hicieron caso.
“Cuatro días antes de la matanza de Marikana, el pasado 12 de agosto, presentamos nuestro segundo informe sobre las mismas minas, muchísimo más completo que el primero y más acusatorio también, porque lo hicimos en colaboración con numerosas organizaciones de la sociedad civil de las comunidades afectadas por las minas. Lo volvimos a enviar a todo el mundo advirtiendo que había riesgos serios de violencia en Rustenburg. Pasó lo mismo que hace cinco años: Todo mundo hizo oídos sordos”, enfatiza Capel.
Corrige Van Wyk: “Sólo recibimos una llamada del Comité Parlamentario para el Desarrollo de las Comunidades. Muy arrogante su vocero nos acusó de difundir estadísticas y datos falsos”.
Retoma Capel: “El 16 de agosto la masacre de Marikana provocó un shock en Sudáfrica y de repente todo el mundo recordó nuestro informe. Desde entonces es una locura. Todos quieren platicar con nosotros. Se arman polémicas en la prensa. Las corporaciones mineras cuestionan nuestro trabajo pero ninguna toma la iniciativa de demandarnos por difamación. Saben de sobra que tenemos todas las pruebas de lo que dijimos”.
Violencia de décadas
Capel y Van Wyk tienen cita en el Parlamento para animar discusiones sobre la explosiva situación de las minas, responden a ataques en su contra publicados en los diarios, corren de un debate televisivo a otro al tiempo que siguen de cerca las negociaciones entre Lonmin y los mineros de Marikana y sobre todo, los movimientos de protesta que empiezan a extenderse a otras minas de platino, como la de Amplats o a las minas de oro de Gold Fields. Sin hablar de los camioneros que paralizan parte de la economía del país y de los empleados públicos que también exigen incremento salarial.
Irónico, Van Wyk confía:
“El mismo presidente de la Cámara de la industria Minera se desplazó para vernos. Tuvimos una discusión fuerte con él en esta misma oficina. Estaba sentado justamente en la silla donde está usted sentada… Se empeñaba en convencernos de que Lonmin no era responsable de la matanza de Marikana y que en realidad todo había sido provocado por la lucha entre el Sindicato Nacional de Mineros (NUMSA) y la Asociación de Trabajadores de las Minas y de la Construcción (ACMU), el nuevo sindicato más reivindicativo. Es la tesis que presentan los medios nacionales e internacionales.
Indignado agrega: “Es inadmisible. Aun si hay efectivamente tensiones entre sindicatos, la solución para restablecer la calma no es asesinar a 34 mineros, por lo menos en una democracia digna de ese nombre”.
Capel y Van Wyk son categóricos: el punto de partida de los disturbios de Marikana fue anterior a la disputa entre el NUMSA y el ACMU.
“Todo empezó cuando guardias privados de la mina mataron a un minero e hirieron a 12 el pasado 1 de agosto. Fue por esa razón por lo que los mineros empezaron a andar con bastones, machetes y cuchillos. Temían más violencia y querían defenderse.
“Nosotros estamos en el terreno y sabemos que antes de empezar la huelga los mineros exigían negociar incrementos salariales directamente con los directivos de Lonmin y lo hacían pacíficamente. Pero los directivos de la mina no los escucharon y todo se descompuso. Confiamos en la misión de investigación encabezada por el juez Ian Farlam para que surja la verdad”, enfatiza Capel.
Agrega Van Wyk: “Las protestas tanto en la mina de Marikana como en las comunidades que la rodean empezaron realmente en mayo de 2011, cuando Lonmin despidió a 9 mil mineros.
“Muchas familias perdieron sus casas porque el sistema de acceso a la propiedad instaurado por las corporaciones mineras es totalmente perverso. Ellas construyen las viviendas que les venden a sus trabajadores mediante un préstamo bancario. Si los mineros pierden su trabajo ya no pueden seguir pagando sus mensualidades y pierden sus viviendas y sus inversiones, mientras la mina recupera las casas y las vuelve a poner en venta. ¿No le parece sumamente violenta esa practica?.
Retoma Capel:
“La exhibimos en nuestro informe junto con otras graves violaciones de los derechos elementales de los trabajadores. ¿Por qué los medios sudafricanos se empeñan en publicar exclusivamente fotos de los mineros blandiendo sus machetes en lugar de investigar lo que denunciamos? ¿Por qué nunca describen la violencia atroz, diaria, de décadas que se ejerce contra los mineros y por qué sólo hacen hincapié en sus explosiones de coraje cuando el cinismo de las mineras y sus aliados en el gobierno y en el Congreso Nacional Africano (CNA) rebasa lo que cualquier ser humano puede aguantar?”
Sobre esa “alianza” los dos expertos de Bench Marks son fuentes inagotables. Recalcan que desde el fin del apartheid las mineras cooptaron a líderes del CNA, de la Cosatu, del Partido Comunista y a gran parte de las autoridades tradicionales y jefes tribales.
Afirman que se corrompió el black economic empowerment (BEE), una de las principales iniciativas de Nelson Mandela para acelerar la integración de la población negra a la economía del país.
“En realidad el BEE sirvió esencialmente para que se creara una nueva élite negra que comparte el poder económico con la élite blanca cuyos intereses no salieron mayormente afectados por el cambio de régimen en nuestro país. El personaje que ilustra de manera emblemática y caricaturesca ese fenómeno es Cyril Ramaphosa”, señala Van Wyk.
La traición de Ramaphosa
Ramaphosa nació en Soweto en 1952. Siguió los pasos de Mandela: estudió derecho y se involucró en la lucha contra el apartheid. Se graduó como abogado y fue asesor legal del Consejo Nacional de Sindicatos (que se convirtió en la Cosatu). En 1982 fundó el NUMSA, que presidió hasta 1991.
Bajo su liderazgo el sindicato pasó de 6 mil miembros en 1982 a 300 mil en 1992, con lo cual pudo ejercer un control total sobre los mineros de todo el país.
En 1991 dejó el NUMSA para desempeñarse como secretario general del CNA. Y fue a ese título que llevó durante tres años las negociaciones de transición política sudafricana con Roelf Meyer, su contraparte blanca del Partido Nacional. Entonces Ramaphosa era uno de los grandes líderes del CNA y su sueño era suceder a Mandela en la presidencia de la república, ya que Madiba aspiraba a ejercer sólo un periodo presidencial. Las luchas internas entre los clanes del CNA lo obligaron a renunciar a esas ambiciones.
En 2002 se lanzó a los negocios aprovechando al máximo el BEE. Hoy es uno de los empresarios más adinerados y poderosos de Sudáfrica. Según el semanario sudafricano Sunday Times su fortuna actual alcanzaría 3 mil millones de rands (unos 4 mil 500 millones de pesos).
“Un barrenador de las minas tendría que trabajar 20 mil 667 años para juntar semejante tesoro”, recalca el Sunday Times antes de precisar que esa cifra no abarca el monto de sus acciones en McDonald’s, Coca Cola, Lonmin y distintas minas de carbón.
Ramaphosa fundó y preside el Grupo Shanduka, un gran fondo de inversiones que tiene intereses no sólo en el sector minero sino también en la energía eléctrica, telefonía, la banca y las aseguradoras, entre otros… El exlíder sindicalista, que sigue definiéndose como “socialista convencido”, pretende haberse alejado de la “grilla política”, pero muy poca gente en Sudáfrica cree que abandonó definitivamente su sueño presidencial.
Cuestiona Capel: “¿No le parece el colmo de la indignidad que Cyril Ramaphosa, fundador del sindicato minero más importante que haya existido en el país, sea accionista de Lonmin y miembro de su consejo de dirección? ¿Acaso no está enterado de los salarios tan bajos que se pagan a los mineros? ¿Acaso no sabe que la tercera parte de los mineros de Lonmin, entre otros los de Marikana, son subcontratados por intermediarios sin escrúpulos? ¿Acaso no conoce las condiciones de vida y trabajo de los mineros en general y de los migrantes en particular?”.
Apunta Van Wyk: “¿No le parece el colmo de las desfachatez que Ramaphosa se haya arreglado para que toda la prensa hablara de los dos millones de rands (poco más de 3 millones de pesos) que ofreció para los funerales de los mineros asesinados de Marikana?”
El origen del “apartheid”
En su informe de 180 páginas sobre la situación en las minas de platino de Rustenburg, Van Wyk insiste en el gravísimo problema de la subcontratación de los mineros. Estima que 30% de ellos son reclutados por intermediarios poco escrupulosos:
“Eso siempre existió en Sudáfrica. Empezó a finales del siglo XIX en las minas de oro y desde entonces sigue. Corresponde a la ‘necesidad’ de mano de obra barata de las empresas mineras y fue precisamente esa necesidad la que generó el apartheid.
“La segregación racial permitió aislar a la población negra, mantenerla en guetos para controlarla mejor y quitarle todo derecho para explotarla al máximo. La nueva Sudáfrica democrática no acabó con la subcontratación de nacionales e inmigrantes. Es un escándalo ético y una fuente inagotable de problemas de difícil solución.”
Larga es la lista de estos problemas.
Oficialmente la tasa de desempleo es de 31.3% en la zona de Rustenburg. Bench Marks y las asociaciones cívicas hablan de 60%, sobre todo entre los jóvenes sudafricanos. Estos manifiestan más y más violencia contra la compañías mineras que importan mano de obra privándolos a ellos de toda posibilidad de salir adelante. Desafortunadamente los jóvenes también lanzan ataques xenófobos contra sus competidores extranjeros, tan miserables como ellos.
Debido a las altas comisiones que cobran los intermediarios, los salarios de los mineros subcontratados son inferiores a los de los mineros contratados por la mina. Y ese estatus de “trabajadores de segunda categoría” es otra fuente de tensión.
Los subcontratados no tienen derecho alguno. No se les da acceso a los centros de salud de las minas. Acuden por lo tanto a los de las comunidades, que ya están saturados. Esa situación genera peleas entre los inmigrantes y la población local.
Los inmigrantes no tienen derecho a vivienda. Les quedan dos opciones: amontonarse en ciudades-miseria con techos de lámina o alquilar a precio exorbitante cuartos minúsculos construidos en los minúsculos patios de las humildes casas de los mineros sudafricanos.
La presencia de tantos hombres solos, alejados de su tierra y de su familia, cuya única distracción es emborracharse en patéticos shebeens (tabernas) es forzosamente peligrosa. Se multiplican las violaciones, peleas, ajustes de cuentas y crímenes en un clima de creciente xenofobia.
“Percibimos el odio para con los extranjeros en nuestro trabajo de campo. Es terrible”, dice Van Wyk, “y amenaza con provocar más catástrofes.”
Pero hay dos problemas “atroces” que quiere subrayar el experto de la Fundación Bench Marks.
“El primero tiene que ver con trata de mujeres”, advierte el investigador. “Varias redes de traficantes traen a muchachas de países vecinos, las encierran en sórdidos burdeles improvisados en los tugurios más insalubres y las ‘ofrecen’ a los mineros. Las jóvenes sólo hablan su lengua y son indocumentadas. Muy pronto están contaminadas por el sida. Pocas sobreviven”.
El segundo problema es el abuso de poder de los jefes tribales.
Explica Van Wyk: “Los directivos de las minas permiten que las autoridades tradicionales recluten parte del personal. En el caso de las mujeres, los jefes intercambian contratos por favores sexuales; en el caso de los hombres, por mordidas.”
Enfatiza Capel: “Las compañías mineras están obsesionadas por sus accionistas. Les debe asegurar beneficios máximos y costos mínimos. Aquí está el resultado: ataques sistemáticos contra centenares de miles de personas cuya vida gira alrededor de las minas… Es en ese contexto que se inscribe la tragedia de Marikana y no en el de un vil enfrentamiento intersindical”, insiste.
Deplora Van Wyk: “Aún nos falta hablar de los accidentes de trabajo que aumentaron últimamente en forma exponencial en Lonmin y en otras minas por culpa de recortes presupuestales, de la falta de escuelas técnicas para capacitar a los mineros, de las condiciones deplorables en las que trabajan las mujeres en las minas, de los ranchos de los campesinos negros que van desapareciendo unos tras otros mientras más se extiende el campo de acción de las compañías mineras”.
Y subraya: “En los elegantes catálogos de presentación de sus actividades que obsequian a sus inversionistas, las compañías mineras aseguran que cumplen con la Carta de las Minas que se les exigió firmar cuando acabó el apartheid. Pero la realidad es muy distinta. ¡Ojalá los magnates de las minas comprendan la lección de Marikana. Ojalá nuestros líderes políticos también lo hagan! Si no lo hacen, todo puede pasar en Sudáfrica. Somos un pueblo bronco y combativo”.
De origen afrikaner, Van Wyk sabe de lucha política. A los 18 años prestó su servicio militar. Pasó tres años en el ejército. Aprendió a reprimir y descubrió la realidad de Sudáfrica.
Al salir de las fuerzas armadas estudió sociología, antropología e historia africana en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. Rompió con su familia –que defendía el apartheid– y se metió de lleno en la lucha política en organizaciones de ultraizquierda. Se exilió en Zimbabue, en 1982, para no tener que servir un mes al año en el ejército, como debía hacerlo todo ciudadano sudafricano blanco hasta cumplir 65. Y también porque estaba en la mira de los servicios de inteligencia de sus país.
En Zimbabue estaba a cargo de las casas de seguridad de los combatientes del CNA. Regresó a Sudáfrica en 1993 y durante 10 años ocupó puestos de alta responsabilidad en el gobierno de la Provincia del Noroeste. Tenía una residencia cómoda, un Mercedes Benz y un salario de ensueño. Seguía creyendo en una profunda transformación de Sudáfrica, pero cada día se topaba con una realidad desalentadora y una burocracia desesperante.
“Entendí que ya no compartía los mismos valores que muchos de mis camaradas del CNA. Me sentí muy mal. Renuncié a todo y viví dos años de cuestionamiento terrible. En 2005 me integre a Bench Marks y de nuevo sé que la lucha nunca acaba. Lo mismo saben los mineros y todos los olvidados del sistema en Sudáfrica.”
