RUSTENBURG, SUDÁFRICA.- Es difícil encontrar el “rostro humano” de la nueva Sudáfrica en las zonas mineras de esta localidad.
La reportera recorre el área junto con un grupo de jóvenes de la Bafokeng Land Buyers’ Association (BLBA) que investiga la situación de las comunidades de la región, en colaboración con la Fundación Bench Marks.
La primera defiende los intereses de las comunidades negras en complejos conflictos ligados a la propiedad de la tierra, que se remontan al periodo del apartheid y que las presiones actuales de las compañías mineras sobre el Congreso Nacional Africano (CNA) se agudizan más. La segunda monitorea la conducta de los grandes grupos mineros e industriales nacionales o trasnacionales en Sudáfrica y plasma los estragos sociales y ambientales de sus actividades en informes implacables.
La ciudad de Marikana fue fundada en los setenta del siglo XIX. Su actividad giraba alrededor de la agricultura y de la ganadería. A partir de 1960 toda la población negra fue desalojada de Marikana y reubicada en la inhóspita zona de Wonderkop, mientras que los rancheros blancos recibían subsidios estatales para desarrollar su actividad. Así lo dictaminaban las leyes raciales impuestas por el apartheid. Los estigmas de esa política aún sobreviven: 90% de las tierras agrícolas siguen en manos de los blancos, en su mayoría afrikaners (de origen holandés).
La explotación de las minas de platino a partir de 1976 cambió otra vez, incluso de manera más radical, el destino de Marikana.
“Fue un trastorno sumamente violento en toda la región de Rustenburg”, comenta Joel Jojannes Mputle, responsable de la BLBA. “Las compañías mineras impusieron su ley. Cambiaron nuestro paisaje, nuestra población, nuestra forma de vida. De la noche a la mañana llegaron miles de mineros y trabajadores de la construcción, muchos de la provincia de Cabo Oriental, dentro de Sudáfrica, pero también inmigrantes de Zimbabue, Mozambique y Lesotho.”
En tiempos del apartheid los mineros y sus familias estaban confinados en townships y los hombres solteros se apiñaban en los llamados hostels, dormitorios vergonzosos e insalubres. La llegada al poder del CNA despertó muchas esperanzas.
“No se creía que todo iba a cambiar de la noche a la mañana; se soñaba, sin embargo, con mejorías. Pero poco se ha logrado hasta ahora. Las compañías mineras siguen con su exigencia de mano de obra barata y crece la frustración de los mineros”, sostiene Mputle.
El minibús en el que viaja el equipo de monitoreo de la BLBA pasa por zonas de invasión y asentamientos humildes que crecieron como hongos en medio de la aridez.
Mputle desgrana sus nombres: Skierkerlik, Storm Huise, Brampie, Group Five, Donkerhoek, Big House, Phatsima, Erasmus, Mabhomvane, Madrateng, Meditlhokwa, Tshilong, Swart Koppoe, Wonderkop.
Todos ellos comparten la misma indigencia. Sus precarias casas oscilan entre muy pobres –las construidas a base de una mezcla de tierra y cemento barato o adobe– e infames –las de lámina acanalada–. Algunas zonas carecen de agua y luz, otras tienen depósitos de agua que comparten varias familias. La ausencia de un sistema de desagüe apropiado convierte a los sanitarios en un potencial foco de infección.
En el mejor de los casos existen “baños prefabricados” –en realidad fosas sépticas– repartidos a lo largo de los caseríos. Mputle admite que ese precario sistema dista de ser la panacea en los tugurios:
“Falla su mantenimiento. Se desbordan a cada rato. A partir de la seis de la tarde, cuando oscurece, mujeres y niñas no se atreven a visitarlos por temor a ser violadas. Sus puertas cierran mal y no se cuentan los casos de niños que casi se ahogan en los excrementos.”
Añade: “Las minas utilizan tanta agua que muchos pozos de la región ya están secos. Pero también vierten por doquier agua mezclada con nitrato y productos químicos diversos. Camiones cisterna abastecen de agua potable a los pobladores de los tugurios y de los asentamientos. Pero gente corrupta obstaculiza esa distribución para obligar a que la gente compre agua en lugar de tenerla de manera gratuita. Por lo demás, los habitantes de estas zonas usan agua contaminada para su aseo personal, lavar su ropa o limpiar sus casas”.
Al abandonar la corresponsal una de estas ciudades perdidas un grupo de niños juega en medio de cloacas y basura.
“Cuando hay demasiadas inmundicias los habitantes las queman. El humo negro de estas fogatas siniestras se mezcla con el polvo y los dióxidos de carbono y de azufre emitidos por las minas”, acusa Motele Olebogeng, dinámica integrante del equipo del BLBA.
Los caminos que llevan a los asentamientos de los mineros y las calles de sus tugurios son de tierra. En temporada de lluvias todo se vuelve lodo, lo que complica la circulación de los vehículos.
“No llegan las ambulancias y la gente se muere”, se indigna la joven. “También se tardan en llegar los camiones cisterna y los mineros se demoran mucho para ir a su trabajo.”
“La gente exigió caminos decentes. Para no gastar en asfalto los directivos de las minas y las autoridades municipales –precisa Mputle– optaron por cubrirlos con piedras pulverizadas que extraen de las minas y forman ‘lomas’ que desfiguran el veld (planicie). Fue un desastre. Entre estas piedras descubrimos cartuchos de explosivos activos, de los que usan los mineros para romper las rocas a miles de metros de profundidad, así como los productos químicos que se utilizan para la elaboración de los explosivos. Ya hemos documentado varios accidentes.”
Las explosiones que sacuden las entrañas del área de Marikana de día y de noche alteran de manera severa la vida cotidiana en la región. Además de ser ensordecedoras, abren profundas grietas en los muros de las casas.
“Tenemos un sinnúmero de expedientes de paredes y techos derrumbados, de viviendas dañadas que ponen en riesgo la vida de sus habitantes. Las asociaciones civiles de la zona minera de Rustenburg llevan años exigiendo a las compañías mineras el pago por los daños que provocan las explosiones Llegamos inclusive ante los tribunales. En vano.
“Los directivos de la corporaciones aducen que el problema no se debe a los explosivos sino a la mala calidad del material de construcción de las viviendas. Siempre se las arreglan para imponer su ley”, dice Mputle.
