En el tramo final de su administración, el exalcalde zapopano Héctor Vielma autorizó que en la colonia Lomas del Valle, clasificada como de baja densidad, se construya una torre de departamentos que superará con mucho esta categoría, lo que provocará problemas de tránsito y de abastecimiento de agua. Por ahora, el problema para los vecinos es que la profunda excavación para cimentar la obra está fracturando sus casas y ninguna autoridad municipal ni estatal ha sido capaz de detener los trabajos.
Sin licencia de construcción ni aval de los vecinos, en violación al Plan Parcial de Desarrollo y con el solapamiento de las autoridades de Zapopan, se construye una torre de lujo de al menos 10 niveles en la avenida Pablo Neruda, colonia Lomas del Valle.
Las excavaciones han causado cuarteaduras, hundimientos, perforación de cisternas en varias casas, y los afectados temen que se debiliten y colapsen.
El 24 de abril de 2012 los vecinos enviaron al entonces presidente municipal, Héctor Vielma Ordóñez, un escrito para denunciar “la falta de ética” de sus subordinados, en especial del director de Control Territorial, Ramón Aguilar Navarro. Afirman que a él le informaron que en el terreno de Pablo Neruda 4281, entre el Callejón de las Bugambilias y Jacarandas se realizaba una excavación profunda.
En respuesta, Aguilar citó en dos ocasiones a los representantes del Grupo Imber, constructora de Agustín Espinosa. La primera reunión fue el 16 de abril y la empresa admitió ante la autoridad que no contaba con licencia de construcción, pero argumentó que tenía una de nivelación, que Aguilar admitió haber expedido.
La segunda reunión se efectuó tres días después para que la constructora presentara el proyecto. Ahí los vecinos se enteraron de que se levantaría una torre de 10 niveles con 38 departamentos, áreas verdes y de servicio, en un área de mil 600 metros cuadrados. En la última reunión, la constructora se comprometió a detener la excavación, a modificar el proyecto y atender los daños. Sólo cumplió el último punto.
En el escrito que enviaron los vecinos, encabezados por José Fernández de Castro Jenkins, le cuestionaron a Vielma la decisión de autorizar una torre cuando los planes parciales clasifican la zona como de baja densidad, pese a lo cual el plan de la empresa contempla “que una hectárea es para ocho departamentos, donde habitarían 40 personas”.
Le recordaron a Vielma que en ese punto de Pablo Neruda la avenida se estrecha y que el agua escasea. También, le advirtieron que no permitirían “el desorden urbano, ni las negociaciones de intereses mezquinos de unos cuantos”.
Ante el solapamiento de la autoridad, los vecinos decidieron solicitar la suspensión de la obra, por lo que presentaron un juicio civil sumario (expediente 673/2012, radicado en el Juzgado Octavo de lo Civil). En su exposición piden a la juez Rosa María del Carmen López Ortiz que no sólo suspenda la obra que realiza el Grupo Imber, sino que se restituya “las cosas al estado que guardaban antes de iniciar los trabajos de excavación y que la constructora responda por los daños y perjuicios ocasionados”.
Entre los vecinos afectados, además de Fernández de Castro se encuentran Carlos Antonio Rivero, Francisco Javier Hernández, Elisa Valencia y Lorena Sánchez Navarro.
Según sus testimonios, la excavación inició a finales de febrero; cuando preguntaron por qué había semejante movimiento de tierras les informaron que se trataba de una demolición y nivelación del predio, pero después se percataron de que ingresaron góndolas que después salían cargadas de tierra.
A cinco meses de que la obra comenzó, ya se promueve la torre nombrada Tribeca Lofts a través de internet. Los precios de los departamentos oscilan entre 3.8 y 4.3 millones de pesos, y cuentan con dos o tres recámaras, dos baños completos, cocina con barra para desayunar, cuarto de lavado, sala-comedor y dos cajones de estacionamiento. Además, el lugar contará con jardines, alberca, salón de eventos, gimnasio, terraza, dos elevadores de lujo de alta velocidad, y tres sótanos para estacionamientos.
El 1 de agosto pasado, el Juzgado Octavo de lo Civil admitió la demanda de los vecinos en contra del Grupo Imber, al considerar que la obra es peligrosa, por lo que se acordó que la juez inspeccione y dé fe de los señalamientos de los vecinos, y que decrete como medida provisional la suspensión de la obra y fije una fianza. Para conocer si la construcción es peligrosa se designó como perito a José Antonio Rocha López.
El 20 de septiembre la juez decretó la suspensión parcial de la obra en su lindero poniente, donde colinda con los vecinos inconformes y a éstos les fijó una fianza de un millón 570 mil pesos.
Cinco días después, los inconformes presentaron un recurso de apelación, pues consideran que “la suspensión parcial no garantiza la seguridad de las fincas contiguas, pues el movimiento de tierra que se genere en los linderos restantes pone en riesgo la estructura de las construcciones de nuestra propiedad”. Y le recalcaron a la juez que es necesario detener la obra por completo.
En dicho recurso se quejaron del elevado monto de la fianza porque “no existen elementos técnicos que hayan sido aportados por el perito auxiliar designado” para fijar dicha suma. Además, argumentan que “la detención de las excavaciones no genera ningún tipo de daño, ya que no existe construcción alguna que sufra afectación con la detención de los trabajos que ahí se realizan”, y piden que la fianza sea menor.
El 16 de agosto, los afectados también solicitaron al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito un amparo indirecto en contra del presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, y del entonces director de Obras públicas, Mario Bueno, a fin de proteger sus derechos.
Refieren que la autoridad violó los artículos constitucionales 1, 4, 16 y 17 que garantizan “el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, así como a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”.
Asimismo, en la solicitud de amparo acusaron a la autoridad de no proporcionarles “medidas de seguridad tendentes a salvaguardar la integridad física de las personas y de su patrimonio”, toda vez que las excavaciones ya provocaron daños en sus casas.
Autoridad omisa
Los vecinos afectados también acudieron a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), que en su oficio 574/12 informó a los vecinos que giró el oficio 575/12 y el 576/12 a las direcciones de Obras Públicas y de Inspección y Vigilancia, respectivamente, para indicarles que atendieran y analizaran la denuncia de los inconformes y, “en su caso, aplicar las medidas de seguridad correspondientes”.
La directora de Inspección, Ana Patricia Godínez, respondió a la Prodeur “que personal del área de construcción adscrito a esa dependencia realizó inspección a la finca marcada con el número 4281 de la calle Pablo Neruda, constatando que no había obra en proceso al momento de la visita”.
La señora Elisa Valencia, residente afectada, calificó la respuesta de la directora como una mentira, “ya que en realidad desde el mes de febrero ahí se encuentran personas trabajando en la excavación”.
De hecho, su casa ha sido la más dañada. El 16 de abril una de las máquinas golpeó fuertemente su vivienda y fracturó su estructura; una semana después, al momento de anclar la construcción por debajo de su propiedad, perforaron la cisterna. La señora Valencia llevó al notario 142, Eleuterio Valencia Carranza, para certificar estos hechos en la escritura pública 189.
El 15 de junio ella se quejó por escrito ante la Prodeur de los daños que le ocasionó la obra, pero sobre todo de la indiferencia de la autoridad zapopana, por lo que el 5 de julio la dependencia estatal envió los oficios 1084/12 y 1085/12, dirigidos a Vielma y a Bueno, solicitándoles que otra vez se inspeccionara el predio y se verificara si cuenta con licencia de edificación, dictámenes, proyecto de obra y demás documentación que debió presentar para construir. Además, pide que se constaten los daños sufridos en las propiedades privadas y se apliquen las medidas de seguridad necesarias.
La entonces síndico de Zapopan, Elke Tepper Tapia, respondió que la dirección de Protección Civil (mediante el oficio 2056/DICT-604/07/2012 dirigido a la directora de Inspección, María Fernanda Bosch), informó que en una verificación técnica al predio se localizó un corte de nueve metros de profundidad y la construcción de muros de concreto.
Protección Civil advirtió que la obra no cumple con los lineamientos que establecen las leyes y reglamentos en la materia, tanto del estado como del municipio, ni las disposiciones sobre obras públicas. Esa dirección admitió asimismo que las casas aledañas presentan afectaciones de leves a severas.
Ante lo que considera injusticia e incongruencia de las autoridades, Fernández de Castro supone que la constructora ha “derramado una gran cantidad de dinero” entre algunos funcionarios de la administración de Héctor Vielma, que posiblemente “ya se fueron con las bolsas llenas”.
Para colmo, dice que los vecinos ya se dieron cuenta de que la constructora está adquiriendo predios en la zona a fin de que, una vez autorizada la primera torre en la calle Pablo Neruda, comiencen a construir otras.
