MÉXICO, D.F. (apro).- México tiene un sistema penitenciario colapsado y de continuar con ese modelo, tendrá que construir un penal para 2 mil 500 personas cada año, advirtió hoy la coordinadora de proyecto de la Open Society Justice Initiative (OSJI), Ina Zoon.
Durante la presentación del “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, Zoon señaló que el uso excesivo de prisión preventiva y del arraigo es el reflejo de enfoque equivocado de las políticas públicas en materia de seguridad, que es muy similar al resto de los países de América.
“En lugar de ver los flujos de entrada en el sistema penitenciario, los estados intentan resolver el problema construyendo más cárceles y endureciendo la aplicación del derecho penal que es similar a intentar curar una enfermedad grave con paracetamol”, señaló la especialista.
En el evento la segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán, resaltó que en el caso de la Ciudad de México, la violencia en las cárceles es comparable con la de todos los centros penitenciarios de Colombia.
Salinas Durán destacó que en el periodo de análisis del documento (2005 a 2009), en Colombia ocurrieron 113 asesinatos en cárceles, y casi en el mismo periodo, en las del Distrito Federal hubo 98. Entre octubre y noviembre de 2004, en las cárceles de la Ciudad de México se registraron 313 riñas y dos homicidios.
En el documento en mención, se resalta que Venezuela ocupa el primer lugar de violencia en los centros penitenciaros en el periodo de referencia, con 4 mil 358 heridos y mil 865 muertos.
La segunda visitadora destacó que aunque el documento de la CIDH hace un análisis general de la situación de las cárceles en el continente, los temas y preocupaciones manejadas no son ajenas a lo que ocurre en el Distrito Federal, entre ellos el del hacinamiento de reos y el autogobierno.
Durán Salinas recalcó que lo que la CIDH llama “gobiernos compartidos” es común en cárceles “donde hay situaciones o relaciones de subordinación entre los internos que a veces sustituyen la oferta y las relaciones de trabajo que deberían satisfacerse desde la administración penitenciaria”.
En representación de la CIDH, el abogado Andrés Pizarro Sotomayor informó que los problemas más graves y generalizados en los sistemas penitenciarios del continente son el hacinamiento y la sobrepoblación, las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como de servicios básicos, los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades, así como la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de custodios.
En el análisis regional, desarrollado en 20 visitas a los Estados miembros de la OEA de 2004-2011, Pizarro Sotomayor destacó que los problemas del sistema penitenciario son el resultado de décadas de desatención de los gobiernos de los países y el desinterés de las sociedades. “Los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización en los que tradicionalmente ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia”, agregó.
En el informe, México fue incluido entre los países en los que se comete tortura dentro de las prisiones, junto con Paraguay, Ecuador, Brasil, y en la base naval de Guantánamo.
En los países señalados, continúa el documento, se encontraron como causas principales “la existencia de prácticas institucionales heredadas y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad del Estado; la impunidad en que se mantienen estos actos; la falta de capacitación, equipos y recursos necesarios ara que los cuerpos de seguridad encargados de investigar los delitos tengan las herramientas adecuadas para cumplir con sus funciones”.
También como condicionantes de las violaciones a derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, el informe de la CIDH enumera “las políticas de mano dura o tolerancia cero, y el conceder valor probatorio a las pruebas obtenidas bajo tortura”.
