MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) entregaron un documento a la Secretaría de Gobernación (Segob) en el que exigen que se atiendan los casos de las víctimas de la violencia en México, como se comprometió a hacerlo el presidente Felipe Calderón en los diálogos realizados en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
En una carta dirigida al titular de la dependencia, Alejandro Poiré, los familiares de las víctimas demandaron también igual trato al que se dio en el caso del asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador y exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, donde hubo, dijeron, prontitud para actuar y detener a los responsables del crimen.
“Venimos a exigirle cuentas de nuestros casos, señor Poiré, sabiendo que ninguno de nuestros hijos, esposos, hermanos, se apellidaba Beltrones, Peña Nieto o Mouriño, apellidos que de haber estado en nuestro lugar, seguramente hubiesen provocado una reacción similar a la del joven Moreira”, dice la misiva.
Los firmantes critican que hasta ahora el gobierno federal sólo ha mostrado la existencia de dos clases de justicia: una para la minoría de los integrantes de la clase política nacional y otra para los millones de mexicanos “que mendigamos justicia de puerta en puerta sin resultado alguno”.
En el caso de Nepomuceno Moreno, recuerdan, le solicitó directamente su apoyo al presidente de la República, y semanas más tarde fue acribillado sin protección oficial alguna. “Don Nepo no se apellidaba Moreira”, subrayan.
Lo mismo pasó con don Trino de Ostula, quien estaba amenazado de muerte y, pese a tener una recomendación de organismos internacionales para que el Estado mexicano le diera protección, fue secuestrado y después ejecutado. “Tampoco se apellidaba Moreira”, insisten.
En su documento, el MPJD también demandó que la información que se dé sobre los casos que les atañen directamente, así como sus avances, sea acompañada por la presencia y el testimonio de los titulares de dependencias federales y los representantes de los gobiernos estatales involucrados.
Y más: pidieron entablar una mesa de trabajo para intercambiar las observaciones presentadas a la Ley General de Víctimas, con la finalidad de poder revisar la postura del Ejecutivo al veto.
Demandaron que en esa mesa se les presente por escrito “la negativa a aceptar nuestra propuesta de memorial, así como se nos tomó en cuenta para dicho memorial”.
Además, exigieron que en dicho encuentro también se revisen y solucionen las medidas cautelares con las que cuentan varias de las familias de las víctimas, para que no vuelva a suceder lo ocurrido en los casos en que fueron asesinados quienes contaban con ellas.
