Con el regreso del PRI al gobierno –en este caso a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara– volvieron algunas de sus malas costumbres, entre las cuales destaca el exponencial y desordenado crecimiento del comercio ambulante que desde temprana hora y hasta ya noche satura calles, plazas y jardines. Tanto, que caminar por el Centro resulta difícil por la proliferación de puestos semifijos de inimaginables artículos, preponderantemente chinos. Esa multitud de vendedores –¿neocorporativismo?– es, claro, la gran reserva de votos del priismo. Por eso están ahí.
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Sin la menor pudicia, el gobernador Emilio González sigue con su reparto de notarías públicas. Tan no hay el menor recato en estas dádivas, que hasta su propio hijo, Emilio González Guzmán, y varios de sus colaboradores o excolaboradores han hecho exámenes o están por hacerlos para acceder al premio de una patente de fedatario aun cuando no reúnen los requisitos de ley: no estar en funciones, tener experiencia en el ramo o haber cursado un posgrado en derecho notarial. El martes 2, por ejemplo, lo presentaron Fernando Guzmán Pérez Peláez, exsecretario general de Gobierno y el procurador Tomás Coronado Olmos, quienes por cierto llegaron al Colegio de Notarios sin acompañantes ni guaruras, y se fueron por una puerta trasera. Como ya se ha señalado aquí, otros agraciados con notarías –se dice que “son minas de oro”– son el todavía presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González; el subsecretario Jurídico de Gobierno, Ricardo López Camarena; José Guillermo Meza García, magistrado del Tribunal Electoral de Jalisco; María Enriqueta Ortiz Guerrero,directora juridica de la Secretaría de Administración, y el juez civil de Tamazula, Guillermo Rentaría, más los que falten de recibir tan codiciado presente… con mucho futuro.
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Algo anda mal en las instituciones que organizan y juzgan las elecciones en Jalisco. Para muestra, dos botones: primero, y luego de que el sinuoso exdiputado local y ahora senador panista José María Martínez cabildeara entre los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) a favor de su hermana Faviola, logró que le dieran a ésta una diputación local por el principio representación proporcional. Todo con el argumento, por demás leguleyo y demagógico, de que por “equidad de género” alcazaba una curul en lugar de Alberto Esquer –también miembro del PAN–, quien estaba primero que ella en la lista correspondiente. Ante esta desazón y la inconformidad de Esquer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolvió que la decisión del IEPC estuvo equivocada. De manera unánime, los magistrados ordenaron que eliminara “de esa asignación todos los argumentos que tienen que ver con equidad o cuotas de género” y que simplemente se ajustara al Código Electoral del Estado de Jalisco.
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El segundo caso tuvo lugar cuando la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló en contra de la candidata a la presidencia municipal de Cuquío, Victoria Mercado Sánchez para favorecer al aspirante del PRI-PVEM, Carlos Gustavo Rodríguez Gutiérrez. Victoria Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), había ganado apretadamente la alcaldía en las elecciones de julio pasado en Cuquío. En este municipio se instalaron casillas electrónicas y el triunfo, aunque apretado, correspondió a la candidata y fue reconocido por el IEPC. Sin embargo, como falló una de las urnas electrónicas, el perdedor interpuso un recurso en la mencionada Sala Regional que no tardó en desconocer su triunfo de Victoria Mercado y revirtió el resultado en pro del aspirante tricolor “porque los votos no valieron”, pese a que la urna en cuestión fue sustituida y se reanudó la votación. No obstante, el MC apeló y cuando el priista se aprestaba a tomar posesión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en los últimos minutos a favor de la segunda. Lo anterior denota, entre quienes conforman las distintas instancias electorales, que, en algunos casos, o son muy ingenuos, débiles en sus convicciones o tienen algún otro tipo de intereses, por lo cual no pueden ser siempre del todo confiables y en el futuro eso alentará, por un lado, la abstención de la gente; por el otro, podría propiciar la corrupción.
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